El presidente Javier Milei habló en una cena en Puerto Madero que “la calle debería estar llena de cadáveres” si la gente no llegara a fin de mes. Fue en el marco de la cena de la Fundación Faro de Agustín Laje, una creación de Santiago Caputo y su hermano para recaudar fondos. Se vio a muchos empresarios que ganan mucha plata con la timba financiera…

A Milei se lo notó muy errático, como sedado: “No se dan cuenta de lo que dicen, sería bastante complicado caminar por las calles si no se llegara a fin de mes”.

Esta semana, el gobierno mostró en profundidad cuál es su modelo de país. Por un lado, vetó un aumento a jubilados y la declaración de emergencia de las personas con discapacidad. Mientras, le cedió dos mil millones de dólares de retenciones a la Sociedad Rural, que reúne a las familias más ricas de Argentina. Además, por la timba financiera, muchos bancos lograron ganancias extraordinarias. Ganadores y perdedores…

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó este martes en Comodoro Py una denuncia penal que sacudió al corazón del oficialismo: acusó por rebelión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y atentados contra el orden público a varios referentes del universo libertario, entre ellos Javier Negre, director del medio ultramileísta La Derecha Diario.

La presentación judicial, según confirmaron fuentes a Noticias Argentinas, fue realizada a título personal y quedó en manos del juez Sebastián Casanello, con intervención de los fiscales Franco Picardi y Guillermo Marijuan. Desde Ámbito aclararon que la denuncia no involucra formalmente su rol como titular del Senado, aunque el impacto político es inevitable.

La respuesta de La Derecha Diario no se hizo esperar: acusaron a Villarruel de utilizar el sistema judicial como herramienta de venganza, tras haber sido “expuesta por sus traiciones contra Milei”.

Lejos de calmar las aguas, la movida judicial encendió aún más la interna que desde hace semanas divide al Gobierno. La denuncia llega tras una serie de desplantes: a Villarruel le bloquearon el ingreso al acto de La Rural encabezado por el Presidente y el diputado José Luis Espert la tildó directamente de estar “fuera del proyecto”. La fractura ya no es silenciosa: se tramita en tribunales y a plena luz del día.

La crisis del turismo no encuentra freno y las vacaciones de invierno profundizaron una tendencia que ya se venía viendo, pero que ahora quedó expuesta con números alarmantes. El balance oficial muestra un desplome en todos los indicadores clave y pone bajo la lupa la gestión de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del gobierno nacional.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento turístico fue un 10,9% menor al del mismo período de 2024. La comparación con 2023 es aún peor: viajaron un 21,5% menos de personas y la estadía promedio cayó 13,3%. En total, se movilizaron apenas 4,3 millones de turistas que gastaron $1,5 billones, un impacto económico que se redujo un 11,2% en términos reales. La caída alcanzó a todas las provincias.

Detrás del desplome, los factores son múltiples pero conocidos: pérdida del poder adquisitivo, menor llegada de turistas internacionales por un tipo de cambio poco competitivo y una fuerte migración del turismo de mayores ingresos hacia el exterior. Los que sí viajaron dentro del país lo hicieron guiados por promociones y descuentos, en un escenario marcado por el ajuste.

El diagnóstico es claro: el turismo no sólo está en crisis, sino que carece de una estrategia oficial para revertirla. Y en ese contexto, la figura de Scioli –que desembarcó en el cargo con el respaldo de Javier Milei y promesas de reactivación– queda cada vez más desdibujada.

El presidente Javier Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentaban los ingresos para jubilados, recomponía la moratoria previsional y establecía la emergencia en discapacidad. Este lunes fue publicado mediante el Decreto 534/2025 en el Boletín Oficial. Fue una semana después de que la gestión libertaria le regalara 2 mil millones de dólares a la Sociedad Rural. Prioridades…

Se trata del segundo veto de Milei a aumentos jubilatorios en sus dos años de gestión. El Congreso tiene la facultad de insistir con las leyes, pero para eso necesita reunir los dos tercios de los votos en ambas Cámaras. La clave estará en la Cámara de Diputados: mientras que en el Senado los proyectos superaron ampliamente ese umbral, en Diputados los márgenes fueron más ajustados.

Por ahora, los proyectos no serán incluidos en la próxima sesión convocada para la Cámara de Diputados, el próximo 6 de agosto, donde se espera que la oposición impulse proyectos de financiamiento para las universidades y la salud pediátrica, en medio de las habituales movilizaciones de jubilados en las inmediaciones del Congreso.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, fue denunciado penalmente luego de la difusión de un video grabado con cámara oculta en Nueva York. En las imágenes, se lo ve ofreciéndole al exagente estadounidense Tim Ballard contactos con jueces, legisladores y medios argentinos, e incluso la posibilidad de impulsar “leyes a medida” para mejorar su imagen pública. Las denuncias, presentadas por el abogado Rodrigo Tripolone y la Fundación La Alameda, ya fueron radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py.

La grabación, difundida el 29 de julio, muestra al ministro conversando con Ballard —fundador de la ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), hoy desvinculada de su figura— y proponiéndole utilizar estructuras del Estado argentino para revertir el impacto de las múltiples denuncias por abuso sexual que pesan sobre él. “Ese accionar inadmisible en un Estado de Derecho socava la imparcialidad judicial y legislativa”, señalaron desde La Alameda.

Tripolone, abogado y querellante, explicó que llegó al caso Ballard tras conocer su nombre en una denuncia mediática. “Así me entero quién es. Luego aparece él vinculado al caso Loan. Fue fuente de Viviana Canosa y también tuvo relación con Nicolás Soria, porque vino en representación de su ONG”, detalló. A partir de esa información, presentó una denuncia contra Cúneo Libarona por abuso de autoridad.

El abogado también aseguró que Ballard firmó en 2023 un convenio con el procurador general bonaerense Julio Conte Grand, y que “participaba de allanamientos como si estuviera a cargo de las filmaciones”. “Hay registros donde se los ve manipulando documentación. Cualquier abogado defensor puede pedir la nulidad de esos procedimientos”, advirtió. Según Tripolone, Ballard creía que su cercanía con las autoridades lo habilitaba a intervenir en el caso por la desaparición de Loan Peña.

En su presentación judicial, La Alameda —que encabeza Gustavo Vera— acusó al ministro de incurrir en abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, de acuerdo con los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal. “Solicitamos que se impulse la acción penal y que se proteja la institucionalidad democrática”, reclamaron.

Ballard, que se presenta como experto en trata de personas, enfrenta numerosas demandas civiles en Utah y California, además de una denuncia federal por violar la Trafficking Victims Protection Act (TVPA). “Lo que dice combatir es lo que está fomentando”, sentenció Tripolone. Según explicó, representa legalmente a dos presuntas víctimas de Ballard, una de las cuales habría sido su secretaria y lo acusa por delitos cometidos en América Latina.

A fines de mayo, cuando todavía regía el esquema de bandas cambiarias que el Gobierno había pactado con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Javier Milei aseguraba que “si el mercado quiere llevar el dólar a $600 o menos, lo puede hacer”. “El dólar va a estar más cerca del piso de la banda”, mintió el mandatario. Ayer cerró a casi 1400 pesos.

La frase no fue casual ni ingenua. En un contexto de recesión profunda, atraso cambiario y desconfianza creciente, el Presidente deslizaba la posibilidad de perforar el piso que su propio equipo económico había acordado. En otras palabras, amagaba con romper las reglas de su propio juego.

Pero la realidad terminó por desmentirlo. El dólar nunca bajó a $600. De hecho, en julio, el Gobierno tuvo que abandonar el sistema de bandas y convalidar una especie de devaluación encubierta del tipo de cambio oficial. Ayer cerró a casi 1400 pesos. Ya nadie piensa en bandas, porque no hay forma de que la divisa baje de ese precio.

El mercado de futuros del dólar está desbordado y expone los límites de la estrategia oficial. Los contratos con vencimiento en diciembre ya tocaron el techo de la banda, a pesar de que el Banco Central viene ofreciendo posiciones a precios artificialmente bajos —incluso por debajo del dólar contado— en un intento desesperado por calmar las expectativas. Pero el termómetro del mercado marca otra cosa: desconfianza.

Entre abril y mayo, el BCRA pasó de no tener prácticamente exposición en futuros a cerrar mayo con una posición vendedora de casi USD 1.950 millones. Y para fines de julio, analistas de la City estiman que ese número ya se duplicó, superando los USD 4.000 millones. Una aceleración que revela el nivel de tensión cambiaria y la falta de herramientas genuinas para controlarla.

El problema es que esta maniobra no sale gratis. Con tasas implícitas negativas, cada salto del tipo de cambio obliga al Banco Central a pagar la diferencia en pesos. En otras palabras, se compromete a emitir si el dólar sube. El ejemplo es sencillo pero alarmante: si el Central vende a $1.290 y el oficial cierra a $1.300, debe poner $10 por contrato. Y con un vencimiento fuerte como el de julio en el horizonte inmediato, el riesgo de emisión se vuelve inminente.

El Gobierno apuesta a contener la presión cambiaria con parches financieros que solo ganan tiempo, pero no despejan las dudas de fondo. La gran pregunta —sin respuesta hasta ahora— es de dónde saldrán los pesos para enfrentar esos pagos, si no es con más emisión y, por lo tanto, más inflación. La fragilidad del esquema económico vuelve a quedar expuesta.

El tipo de cambio oficial dio un salto de $25 este miércoles y cerró a $1.325 para la venta en el Banco Nación, en una jornada en la que volvieron a aflorar las dudas del mercado sobre la política monetaria y cambiaria del Gobierno. La suba se produjo a pesar de que el equipo económico convalidó una tasa efectiva anual del 65% en su intento por absorber más de $9 billones en pesos que circulan en la plaza financiera.

En el segmento mayorista, que suele funcionar como referencia para el resto de las cotizaciones, el dólar también mostró un fuerte movimiento alcista y terminó en $1.315 por unidad. Las intervenciones del Banco Central en los contratos de futuros, combinadas con una política de tasas altas, habían logrado contener la escalada el martes. Sin embargo, ese freno resultó efímero.

El dólar blue, en cambio, se mantuvo sin cambios en $1.320, mientras que las cotizaciones bursátiles acompañaron con subas más moderadas: el MEP avanzó 0,1% hasta los $1.297,58, y el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.297,53. A pesar de las maniobras oficiales, los tipos de cambio paralelos siguen reflejando la incertidumbre que atraviesa al mercado.

Dos organizaciones de derechos humanos israelíes denunciaron públicamente a su propio gobierno por estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Se trata de B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI) que expusieron en una conferencia de prensa un informe en el que señalan que la ofensiva militar en el enclave palestino cumple con los elementos que configuran ese crimen según la Convención de Ginebra.

“Es crucial que llamemos a las cosas por su nombre en este momento”, sostuvo la doctora Daphna Shochat, de PHRI, al presentar el trabajo. El hecho sucede mientras el gobierno de Javier Milei respalda el genocidio que Israel lleva adelante sobre la población civil de Gaza.

El pronunciamiento coincide con la implementación de las primeras pausas humanitarias anunciadas por el Ejército israelí, que permiten el ingreso diario de ayuda durante diez horas. Sin embargo, desde el terreno aseguran que las medidas no alcanzan para contener el colapso humanitario.

Las ONG alertaron que los esfuerzos de asistencia son limitados y, según testigos, solo una parte de la ayuda lanzada por aire llegó efectivamente a destino. Para Médicos Sin Fronteras, esta estrategia es “ineficaz y peligrosa”, al obligar a la población a moverse por zonas militarizadas para conseguir comida.

El informe presentado por PHRI describe un colapso absoluto del sistema de salud, mientras que B’Tselem acompaña con una recopilación de declaraciones de altos funcionarios israelíes que, según el documento, evidencian la intención deliberada de destruir a la sociedad palestina. La directora ejecutiva de B’Tselem, Yuli Novak, expresó que “nada te prepara para darte cuenta de que sos parte de una sociedad que comete genocidio”. Y lamentó: “Este es un momento profundamente doloroso para nosotros”.

Aunque Israel negó sistemáticamente que esté provocando una hambruna, organizaciones internacionales y gobiernos aliados empiezan a expresar reservas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en una aparición pública que “esos niños se ven muy hambrientos”. Sin embargo, atribuyó la responsabilidad a Hamas. También el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la situación como “una absoluta catástrofe humanitaria”.

La crítica de las ONG israelíes también advierte que el silencio y la falta de acción frente a la tragedia en Gaza son parte del problema. “Hay una combinación aterradora de circunstancias”, explicó Novak, que van desde políticas de asfixia económica hasta bombardeos sobre infraestructura civil. El documento concluye que el Estado de Israel lleva adelante una política destinada a “destruir intencionadamente la sociedad palestina”.

El gobierno israelí rechazó las acusaciones. Su portavoz, David Mencer, sostuvo que no tienen “ningún sentido” si se toma en cuenta que se han enviado “1,9 millones de toneladas de ayuda”. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu reafirmó que la ofensiva continuará “hasta eliminar a Hamas y traer de regreso a nuestros rehenes”, insistiendo en que ambos objetivos son inseparables.

Si bien organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya habían acusado a Israel de cometer actos genocidas, las acusaciones provenientes desde el seno de Israel adquieren mayor peso. La Corte Internacional de Justicia mantiene abierto un proceso contra el Estado israelí, iniciado por Sudáfrica, mientras la cifra de víctimas y el colapso humanitario siguen en ascenso.

Con tasas que llegaron hasta el 65,3% anual, el Ministerio de Economía —a cargo de Luis Caputo— adjudicó alrededor de $9 billones en letras y bonos en la última licitación de julio. El objetivo era cubrir vencimientos por más de $11 billones, por lo que la colocación logró refinanciar el 76% de los compromisos. El interés del mercado fue moderado: las ofertas superaron apenas en $400.000 millones el monto finalmente tomado por el Tesoro.

Lejos quedó la propuesta de Javier Milei de cerrar el Banco Central. No solo no se cierra sino que emite pesos más que nunca. Además, toma deuda en pesos y en dólares como nunca antes. ¿Bomba explosiva?

La operación sirvió para cerrar un mes marcado por la tensión financiera, tras la decisión oficial de discontinuar las LEFI, un instrumento clave que había funcionado como válvula de liquidez diaria para los bancos.

Pero el frente financiero continúa abierto y se vuelve más exigente: entre agosto y octubre, el Tesoro enfrenta vencimientos por unos $70 billones. Ese volumen plantea un doble desafío para el Gobierno: sostener el financiamiento en pesos sin convalidar tasas cada vez más altas y, al mismo tiempo, evitar una nueva escalada de tensiones cambiarias e inflacionarias. En un contexto donde el mercado ya descuenta un escenario de devaluación tras las elecciones de octubre, cada licitación se vuelve una prueba de fuego.