La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo con fuertes declaraciones de la diputada nacional Lilia Lemoine contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de “traicionar” al presidente Javier Milei y de estar tejiendo alianzas con sectores del peronismo no alineado a Unión por la Patria con el objetivo de debilitarlo.

“Le encanta pactar con el kirchnerismo. Con ellos no vamos a pactar, y ella está con ellos”, afirmó Lemoine en declaraciones a TN, aunque luego matizó que en realidad se trataría de una facción peronista no kirchnerista. La diputada sostuvo que Villarruel aspira a reemplazar a Milei y por eso estaría dialogando con gobernadores y senadores del norte del país, entre ellos el radical Gerardo Zamora, con quien se reunió en Santiago del Estero.

La tensión entre el Presidente y su vice no es nueva, pero en las últimas semanas se intensificó tras la aprobación en el Senado —con apoyo de Villarruel— de proyectos como el aumento y la moratoria jubilatoria, fondos para discapacidad y reparto de ATN a provincias. Milei acusó públicamente a Villarruel de “traidora” y, en el evento DerechaFest, subió el tono al llamarla “bruta y traidora”.

Lemoine se sumó a esa línea y aseguró que la vicepresidenta “dinamitó la imagen del Presidente desde adentro”. Además, apuntó que “cuando alguien te traiciona, ya no es de los tuyos”, en consonancia con lo dicho por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien días atrás señaló que Villarruel “ya no forma parte del proyecto libertario”.

La diputada también alimentó una versión inquietante: que desde el entorno presidencial se teme una maniobra institucional para desplazar a Milei. “En el Senado, con dos tercios, se puede dictaminar sacar al Presidente. No es fácil, pero es posible”, advirtió.

Por otro lado, Lemoine hizo referencia a la polémica por la ausencia de Villarruel en la apertura de la Exposición Rural, evento al que —según la diputada— no asistió por haber exigido diez lugares en el palco oficial. “Claro que estaba invitada, pero tuvo el descaro de pedir diez lugares sin informar quiénes eran”, señaló.

El conflicto abierto entre la línea presidencial y la vicepresidenta deja al descubierto una fractura en el núcleo del poder libertario. Mientras Milei busca sostener su capital político en medio de un ajuste cada vez más impopular, la vice construye su propia agenda, con señales que generan incomodidad en la Casa Rosada.

Aunque el gobierno celebra la baja de la inflación como un logro central, una nueva encuesta revela que ese “orden macro” se sostiene a costa de un deterioro marcado en los ingresos de la población. El ajuste sobre salarios y jubilaciones empieza a mostrar sus límites: el malestar económico crece y ya impacta en el humor social, incluso entre votantes libertarios.

Según un estudio reciente de la consultora Zuban-Córdoba, el 63% de los encuestados percibe que su situación económica empeoró en los últimos seis meses. A eso se suma un 15,5% que dice estar igual de mal, lo que eleva a casi el 80% el porcentaje de personas que no notan mejoras en su economía personal.

La encuesta también deja al descubierto las fisuras en el relato oficial. El 58% afirma que los precios volvieron a subir, el 55% dice que no hay un plan económico visible y la mitad considera que el verdadero problema es la inflación en dólares, un fenómeno que el gobierno minimiza. La conclusión es contundente: el 63% admite que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes.

Un dato clave para entender el desgaste político: el 36% de quienes reconocen tener dificultades para cerrar el mes votaron a Javier Milei en el ballotage. El dato marca un posible punto de inflexión en el vínculo entre el gobierno y parte de su base electoral, en un contexto en que las promesas de recomposición siguen sin materializarse y la recesión empieza a generar tensiones incluso dentro del oficialismo.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quedó en el centro de una fuerte denuncia por presunto direccionamiento de fondos públicos a favor de su hijo. Según una investigación de El Disenso, replicada por el portal Diagonales, el municipio adjudicó durante 2024 al menos $261 millones a BigTree Studio SRL, una empresa donde trabaja Lucio Valenzuela, hijo del jefe comunal. La compañía también fue contratada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que le pagó US$252.000 por el desarrollo de un software, en una operación que compromete además al Gobierno nacional.

Valenzuela, que lleva casi diez años al frente del municipio y recientemente abandonó el PRO para sumarse a La Libertad Avanza, se perfila como uno de los principales candidatos del oficialismo para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Su cercanía con la Casa Rosada, reforzada en los últimos meses, fue evidente en su participación en distintas reuniones con el presidente Javier Milei y funcionarios nacionales, aunque evitó aparecer en la foto protocolar tras la firma del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad con Axel Kicillof.

De acuerdo con la denuncia, BigTree Studio ya había recibido contrataciones por parte del Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, pero los vínculos con el Estado se profundizaron desde que Valenzuela alineó su figura con el oficialismo libertario. El escándalo puso en agenda posibles conflictos de interés, ya que los contratos acumulados por la empresa vinculada a su familia superarían los $500 millones, sumando fondos municipales y nacionales.

La revelación generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición local y provincial, que pidió explicaciones públicas y una investigación formal sobre el manejo de los recursos públicos. En medio de su proyección política como referente bonaerense del oficialismo, el intendente enfrenta ahora acusaciones que podrían afectar su estrategia electoral y su imagen ante la ciudadanía.

“Somos una empresa nacional y el gobierno de Israel nos prohíbe ser dueños de activos fuera del país”, informaron desde la firma estatal de agua de Israel, Mekorot.

La empresa estatal de agua de Israel, Mekorot, desmintió públicamente su posible desembarco en AySA y dejó en una situación incómoda al gobierno de Javier Milei, que en los últimos días había alentado versiones sobre una eventual privatización de la compañía argentina con participación israelí. Aclaración importante: en Israel, modelo defendido por Milei, es el Estado el que se ocupa de un servicio esencial como el agua.

“Somos una empresa nacional y el gobierno de Israel nos prohíbe ser dueños de activos fuera del país”, sostuvo Diego Berger, coordinador de proyectos especiales en el exterior de Mekorot, en declaraciones a Radio Jai. “No solo no estamos interesados, sino que directamente no podemos comprar AySA. Está totalmente prohibido para nosotros participar o comprar cualquier cosa en el exterior”, remarcó el funcionario.

El episodio dejó en evidencia el apuro del oficialismo en presentar avances concretos en su plan de privatizaciones, en este caso sin el debido respaldo de los actores involucrados. Mekorot es una compañía pública dependiente del Estado de Israel y considerada estratégica en términos de seguridad hídrica, por lo que sus operaciones están sujetas a fuertes restricciones normativas en el plano internacional.

Desesperado por los dólares, Milei quiere prácticamente regalar la empresa que gestiona el agua y las cloacas en CABA y Gran Buenos Aires. Podría lograr solo un ingreso de 500 millones de dólares pero la desesperación es total. En la década de 1990 AYSA fue privatizada con logros pésimos que obligaron a su reestatización unos años después.

El gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de AySA y todas las miradas apuntan a Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel, como principal candidata para quedarse con el control de la compañía. Las conversaciones entre ambas partes, según indicaron fuentes al tanto de las negociaciones, comenzaron durante el reciente viaje presidencial a Israel y se intensificaron en las últimas semanas, en paralelo con una aceleración del proceso privatizador.

Este miércoles, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto que autoriza la venta del 90% del paquete accionario de AySA, y un día antes había reformulado por decreto el marco regulatorio del servicio, incluyendo la habilitación para realizar cortes por falta de pago. Las medidas se suman a la fuerte recomposición tarifaria aplicada desde diciembre, que elevó sustancialmente los ingresos de la empresa. Con ese nuevo escenario, el paquete accionario se vuelve más atractivo para inversores extranjeros.

El nombre de Mekorot no es nuevo en América Latina: la compañía, que opera desde 1937, ha intentado desembarcar en distintos países de la región promoviendo su experiencia en gestión de recursos hídricos en contextos de estrés climático, pero también ha sido cuestionada por su rol en los territorios ocupados de Palestina, donde ha sido denunciada por organizaciones internacionales por implementar un sistema desigual de distribución de agua entre comunidades israelíes y palestinas. En 2013, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires canceló un contrato con la empresa tras la presión de organizaciones de derechos humanos.

En Israel, Mekorot es una firma estratégica: controla cerca del 80% del abastecimiento de agua potable, gestiona la red nacional de acueductos y opera con un modelo de planificación centralizada que integra recursos superficiales, subterráneos y desalinizados. En la última década, se ha posicionado como una exportadora de tecnología hídrica, promoviendo soluciones de riego por goteo, reciclaje y eficiencia en zonas áridas. Su eventual desembarco en Argentina implicaría no solo una transferencia de control empresarial, sino también la incorporación de un actor con fuerte ligazón al Estado israelí y, por lo tanto, a su política exterior.

De concretarse la operación, Mekorot no llegaría sola. Se barajan posibles socios locales, entre ellos el empresario farmacéutico Daniel Sielecki —vinculado al oficialismo por la designación de su sobrino como embajador en Francia y por su intento de adquirir Telefé junto al hijo del canciller Werthein— y Mauricio Filiberti, dueño del grupo Transclor, con históricos vínculos con AySA.

La privatización de la empresa estatal de agua se inscribe en la lógica general de desguace del Estado promovida por el gobierno libertario. Pero la posible participación de una empresa extranjera con denuncias por su accionar en territorios ocupados abre un nuevo frente de debate, que excede lo económico y se proyecta hacia el terreno diplomático y de los derechos humanos.

En el marco del festival libertario “Derecha Fest” realizado en Córdoba, el presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, acusándola de ser una “bruta traidora”. La jornada, que también incluyó la expulsión de una periodista del evento y manifestaciones en las calles, reflejó el clima político tenso que atraviesa el oficialismo.

Durante su intervención, Milei alentó a sus seguidores a fiscalizar en las próximas elecciones y anticipó que “muchos se van a sorprender con los resultados de octubre”. En ese contexto, cargó contra la vicepresidenta: “La bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30”.

También se refirió a las jubilaciones: defendió los niveles actuales al asegurar que “los que se quejan son los que la dejaron en 80 dólares”, y agregó: “Hoy está arriba de los 350, en una economía más abierta. Por ende, cada dólar compra más que antes”, mintió el mandatario.

El Banco Central impulsa las LEFI (Letras de Regulación Monetaria) como principal herramienta para absorber pesos del mercado y contener la inflación. Pero detrás del aparente éxito inicial, crece la preocupación entre economistas que advierten que estas letras podrían convertirse en una bomba de tiempo para el Gobierno.

El instrumento paga una tasa efectiva mensual del 4,2%, lo que implica un rendimiento anual superior al 60%. En un contexto de inflación en baja, esto significa una rentabilidad real muy alta, que atrae a grandes inversores como fondos comunes de inversión y aseguradoras. El desarme de las LEFI pone mayor tensión sobre el valor del dólar, que no deja de crecer hace semanas.

Aunque se hace para reducir la emisión monetaria, el problema —según advierten varios analistas— es que el stock de deuda en pesos del BCRA crece aceleradamente y a un costo elevado, similar a lo que ocurrió con las Leliq. Es decir, al final del día hay más emisión, no menos. Otro relato libertario que se cae.

“Es una bola de nieve. Si se pierde la confianza y los fondos deciden salir, el impacto sobre el dólar y la inflación puede ser explosivo”, resumió un economista del sector privado.

El Gobierno celebra la absorción de pesos, pero los especialistas alertan: sin reactivación económica ni una salida ordenada, las LEFI podrían ser el germen de una futura crisis financiera.

Los gobernadores de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de La Pampa, Sergio Ziliotto, y de La Rioja, Ricardo Quintela, salieron al cruce de las declaraciones del futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien cuestionó que las provincias argentinas mantengan vínculos directos con China.

Durante una intervención reciente, Lamelas sugirió que su país debería entablar diálogo directo con los mandatarios provinciales para evitar que concreten acuerdos con el gobierno chino. Argumentó que “los chinos podrían hacer proyectos en las provincias” que eventualmente podrían derivar en casos de corrupción.

Gustavo Melella expresó su rechazo a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde afirmó: “En Tierra del Fuego no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio”.

Por su parte, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto calificó como una “amenaza colonialista” los dichos de Lamelas. También por redes sociales, escribió: “Imposible callarnos ante tamaña amenaza colonialista del designado embajador de EE.UU. en nuestro país”. Y recordó que, gracias a la Constitución Nacional, las provincias tienen autonomía para decidir con quién dialogar o cooperar. “En La Pampa no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos”, sentenció.

En la misma línea, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue categórico: “Es inaceptable que pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal”. Además, señaló que tanto Lamelas como el actual gobierno nacional “desconocen la Constitución Nacional y las autonomías que ella establece para cada provincia, y su capacidad para tener relaciones diplomáticas o comerciales con el país que sea necesario y conveniente para la gente”.

La interna del oficialismo digital volvió a quedar expuesta. Daniel “Gordo Dan” Parisini, una de las figuras más activas del aparato online libertario, se despegó públicamente de su socio Fran Fijap, luego de que la periodista Julia Mengolini presentara una denuncia penal por hostigamiento virtual contra el presidente Javier Milei y una red de cuentas anónimas. Al Gordo Dan le salieron todas mal: también quería ser candidato por el oficialismo pero Karina Milei decidió dejarlo afuera.

El quiebre se hizo evidente durante una transmisión del programa de streaming Carajo, donde Parisini tomó distancia y apuntó directamente a Fijap: “De los tuits de Fran Fijap no me hago cargo. Hay que saber tuitear. Hay gente que sabe y hay gente que no sabe”, afirmó, dejando clara la ruptura.

La declaración llega apenas horas después de que Mengolini formalizara su denuncia en tribunales, centrando la atención judicial sobre los operadores digitales que, amparados en el anonimato, coordinan campañas de difamación e intimidación contra figuras críticas del gobierno.

No es la primera señal de tensión: semanas atrás, Parisini había obligado a Fijap a eliminar un tuit ofensivo en vivo, llamándolo “pelotudo” al aire. A medida que avanzan las investigaciones judiciales y crece el escrutinio mediático, la cohesión del núcleo digital libertario parece resquebrajarse.

Con la causa penal en curso, Parisini parece haber optado por blindarse legalmente y dejar solo a su compañero de batallas virtuales, reflejando el clima de “sálvese quien pueda” que se instala en el entorno mileísta.

Santiago Caputo dio señales de que su rol en el gobierno cambiará luego del fuerte revés que sufrió en el cierre de listas, en el que Karina Milei tomó el control total de la estrategia electoral. Tras este episodio, Caputo habría optado por volcarse a la “gestión”, en un intento por contener daños y preservar su influencia en áreas clave de la administración.

A pesar del desplazamiento en la arena política, Caputo sigue al mando de estructuras de poder relevantes como YPF, la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE), la Aduana y el Ministerio de Salud.

El periodista Alejandro Fantino, cercano a Javier Milei, reveló que Caputo incluso amenazó con renunciar este lunes, aunque finalmente decidió continuar en funciones. Según Fantino, su nuevo rol será el de “estratega”, apartado de la política territorial que quedará en manos de Karina Milei y de los Menem.

“Me dijeron que Caputo se quedaría con la estrategia no terrenal de la política, que no sé qué es eso”, ironizó Fantino durante su programa de streaming Carnaval.