El fiscal Franco Picardi levantó el secreto de sumario en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Karina Milei desistió de la cautelar que bloqueaba la difusión de audios atribuidos a su voz.

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro este jueves con la decisión del fiscal federal Franco Picardi de levantar el secreto de sumario. La medida habilita el acceso de las partes a pruebas sensibles: grabaciones, registros de countries y pericias sobre teléfonos celulares.

El caso, que forzó la salida de Diego Spagnuolo al frente de ANDIS, involucra un presunto esquema de coimas y beneficios irregulares que salpica a funcionarios del oficialismo. Según fuentes judiciales, los nuevos testimonios incorporados al expediente confirman parte de las denuncias del exdirector del organismo, quien había señalado la existencia de pagos ilegales vinculados a prestaciones para personas con discapacidad.

En paralelo, Karina Milei —secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei— desistió de la cautelar que le permitía frenar la difusión de audios que la vinculan al expediente. Su decisión abre la puerta a que esas grabaciones puedan ser utilizadas como prueba en el avance de la investigación.

La Justicia ordenó además allanamientos en domicilios vinculados a Spagnuolo y no descarta nuevas medidas. Con la causa en etapa de apertura, el escándalo conocido como “Karina-Gate” se instala como un nuevo frente de desgaste para el Gobierno, que enfrenta crecientes cuestionamientos por falta de transparencia y controles en áreas sensibles del Estado.

Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires y de facultades de la UBA ocuparon sus sedes en rechazo a la decisión de Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto suma adhesión sindical y promete una multitudinaria marcha al Congreso.

La tensión en el sistema universitario crece tras el veto del Gobierno a la Ley de Financiamiento Universitario. En las últimas horas, el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) quedó bajo control de sus estudiantes, que decidieron la toma en asamblea, mientras que facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) replicaron la medida con ocupaciones y pernoctes.

León Rodríguez, presidente del centro de estudiantes del CNBA, sostuvo que la decisión responde a los “ataques constantes del Gobierno a la educación pública” y calificó el veto como “un punto final a una serie de ajustes que venimos sufriendo desde el año pasado”. En la UNA, más de 350 estudiantes de Artes Dramáticas aprobaron por unanimidad la ocupación de la sede.

En paralelo, Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA confirmaron que se sumarán con tomas nocturnas desde este martes, en la antesala de la Marcha Federal Universitaria convocada para el miércoles 17 de septiembre. Ese día, las universidades públicas realizarán un paro total de actividades con el respaldo de Conadu, Conadu Histórica, Feduba, Fatun y otros gremios.

El reclamo trascendió el ámbito académico: la CGT anunció que marchará bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”, mientras que la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y ATE confirmaron medidas de fuerza para acompañar la protesta. La jornada se perfila como una demostración masiva contra la política educativa del Gobierno, en un frente común que unifica a sindicatos, estudiantes y docentes.

La UIA y los empresarios pymes coincidieron en reclamar al Gobierno medidas urgentes para evitar que el ajuste fiscal y la apertura económica profundicen la recesión en la industria y en el mercado interno.

El discurso presidencial en torno al Presupuesto 2026 generó señales encontradas en el sector productivo. Si bien la Unión Industrial Argentina (UIA) valoró la reducción del déficit y la promesa de estabilidad macroeconómica, remarcó que el equilibrio fiscal por sí solo no alcanza para sostener a la industria nacional.

El titular de la UIA, Martín Rappallini, alertó que una apertura acelerada de la economía, sin reformas que reduzcan el llamado “costo argentino”, podría poner en riesgo al entramado productivo local. Entre los puntos reclamados mencionó modernización laboral, menor presión tributaria, infraestructura, financiamiento accesible y capacitación de calidad. “No se trata solo de ordenar las cuentas, sino de garantizar igualdad de condiciones frente a la competencia externa”, señaló.

Desde el sector pyme, el tono fue más crítico. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que el plan económico “no tiene como ingrediente la industria, las exportaciones ni el mercado interno” y pidió un diálogo real con los empresarios para dar sustentabilidad a la producción. “Valoramos el objetivo del superávit, pero hay errores que no son negociables: la industria es la generadora de riqueza y debe ser parte de la transformación”, afirmó.

Un informe de coyuntura elaborado por el IPA mostró que, si bien la actividad económica creció en términos interanuales, el repunte responde más a un rebote estadístico que a una reactivación genuina. El consumo interno sigue débil, la producción industrial no alcanza los niveles previos a la crisis y las pymes enfrentan graves problemas de financiamiento.

La advertencia es clara: sin medidas específicas para apuntalar la economía real, el plan oficial corre el riesgo de reducir la industria argentina a un rol marginal en medio de la recesión.

La Cámara Nacional Electoral anuló la resolución que mantenía habilitada a la expresidenta para votar y ratificó su exclusión, en un fallo que refuerza el clima de persecución política contra la principal figura de la política argentina.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a quedar en el centro de la escena tras la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que resolvió de manera unánime revocar la habilitación que le permitía ejercer su derecho al voto. El fallo, basado en criterios formales y precedentes de la Corte Suprema, deja a la exmandataria fuera del padrón, pese a las críticas de sectores políticos y sociales que lo consideran un nuevo paso en el camino de la proscripción.

El tribunal, integrado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, anuló la decisión de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, quien había declarado inconstitucionales los artículos que imponen la inhabilitación absoluta a quienes tienen condenas firmes.

La resolución se sostiene en tecnicismos judiciales que, según la CNE, no se habrían cumplido en el fallo de primera instancia: la magistrada actuó de oficio y no a pedido expreso de la interesada, y no evaluó la “viabilidad jurídica y fáctica” del derecho al voto en función de la condena. De esta forma, los camaristas marcaron que no se cumplían las condiciones fijadas en el precedente “Orazi” de la Corte.

Condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, Cristina Kirchner no podrá votar en las próximas elecciones. Sin embargo, mantiene plena actividad política y liderazgo dentro del peronismo, en un escenario que para muchos recuerda los intentos históricos de proscripción sufridos por líderes populares en Argentina.

Los títulos públicos en dólares caen hasta 3% y las acciones retroceden más de 2% en Wall Street y Buenos Aires, en medio de la escalada del tipo de cambio y crecientes dudas sobre la capacidad de pago del Gobierno.

Los mercados argentinos iniciaron la semana con números en rojo, reflejando el clima de desconfianza que domina a los inversores. Bonos soberanos en dólares y acciones de empresas locales profundizaron sus caídas este lunes, en un escenario marcado por la presión cambiaria y la expectativa en torno a la presentación del Presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei anunciará esta noche.

En la apertura, el dólar superó el techo de la banda de intervención, forzando al Banco Central a ofertar divisas en un intento por contener la suba. Sin embargo, la debilidad de las reservas pone en duda la capacidad oficial de sostener la estrategia. Al cierre del viernes, la divisa ya había rozado los 1.465 pesos, apenas por debajo del límite fijado en 1.472.

La incertidumbre se trasladó con fuerza al mercado financiero: los bonos nominados en dólares retrocedieron hasta 3,4%, con papeles como el AE38 y el AL35 entre los más castigados. En Wall Street, los ADRs de bancos argentinos se desplomaron hasta 5,4%, mientras el riesgo país trepaba 9% para ubicarse en 1.140 puntos básicos.

Las acciones locales no escaparon a la tendencia: YPF cayó 1,19%, Banco Macro 2,18% y BBVA 2,64%, mientras que Metrogas y Transener cedieron 2,83% y 2,72%, respectivamente. Solo algunos papeles como Aluar y Pampa Energía lograron cerrar con leves alzas.

El deterioro refleja un doble frente: por un lado, la escasez de dólares para afrontar vencimientos de deuda; por otro, la debilidad de la economía real, con un consumo retraído y balances empresariales que exhiben la contracción del primer semestre. La suma de ambos factores alimenta los temores de los inversores, que ya negocian activos argentinos a valores de remate.

El vocero presidencial reconoció fallas de comunicación tras la derrota en Buenos Aires, pero afirmó que el Ejecutivo no alterará su rumbo económico ni político, a pesar de la disconformidad social.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció este miércoles que el Gobierno cometió “errores” en la comunicación de sus políticas tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, aunque aseguró que la administración de Javier Milei mantendrá su rumbo económico y político.

En declaraciones a A24, Adorni calificó de “error político” la manera en que se transmitieron las medidas oficiales y defendió el legado del Ejecutivo: “Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo. No vamos a ceder a volvernos Venezuela”.

El funcionario señaló que, pese a la caída en las urnas, el oficialismo confía en consolidar su apoyo para las elecciones de octubre. “La gente nos va a acompañar. En octubre vamos a ganar, pero no solo ganar, queremos arrasar”, afirmó.

Adorni también responsabilizó al oficialismo provincial por los resultados y cuestionó el sistema electoral bonaerense, criticando la negativa a implementar la Boleta Única de Papel. Además, cuestionó al gobernador Axel Kicillof por la reciente aplicación de un impuesto sobre Mercado Pago, que afecta a comerciantes e informales.

En materia económica, el vocero reconoció que hay sectores que enfrentan dificultades y admitió que la gestión “no logró explicar de manera sencilla” algunos logros, como la reducción de la pobreza. Sin embargo, reiteró que las políticas del Ejecutivo continuarán “con el sacrificio que un montón de gente viene haciendo, hacia un país próspero, sin inflación y con mejores salarios”.

Un contingente de connacionales llegó esta madrugada desde Texas bajo un operativo estadounidense que los dejó en situación de vulnerabilidad. El retorno reaviva críticas a la política migratoria de Washington.

Diez ciudadanos argentinos fueron deportados desde Estados Unidos y arribaron en la madrugada de este miércoles al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de la empresa Omni Air International procedente de Texas. El operativo, parte de la política de expulsiones masivas aplicada por Washington, los dejó en condiciones precarias y con escasa asistencia estatal tras el reencuentro con sus familias.

El avión, un Boeing 767-300, despegó de Perot Field (Texas) y realizó escalas en Bogotá y Belo Horizonte antes de tocar suelo argentino cerca de las 3.15. Entre los deportados figuran Daniel Rodrigo Céspedes, Maximiliano García, Luciana Lopresti y Sandra Márquez, junto a otros seis compatriotas que pasaron de ser “números” en el sistema migratorio norteamericano a historias de desarraigo en su regreso forzoso.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron que la política migratoria de EE.UU. “castiga a los más vulnerables” y que estas deportaciones constituyen una práctica rutinaria que desconoce los vínculos familiares y las trayectorias personales de los expulsados.

Desde el Gobierno argentino se activó un dispositivo de recepción limitado, sin anuncios de programas de reinserción ni medidas específicas para acompañar a los deportados en su retorno. La ausencia de políticas de contención refuerza el escenario de incertidumbre y marginación para quienes llegan con lo puesto.

El operativo de anoche vuelve a colocar en debate el alcance de la soberanía estatal frente a decisiones unilaterales de Washington y abre interrogantes sobre la capacidad de la Argentina para proteger a sus ciudadanos en procesos migratorios marcados por arbitrariedades y desequilibrios de poder.

El gremio de profesionales del hospital y la comunidad universitaria advirtieron que no permitirán el retroceso en salud y educación pública.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan lanzó una advertencia directa al presidente Javier Milei: si veta la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario, ambos sectores se movilizarán de manera conjunta en una Marcha Federal.

La secretaria general del gremio, Norma Lezana, sostuvo que el resultado electoral del 7 de septiembre fue un mensaje claro que el Gobierno desconoce: “El pueblo ya votó y pidió cuidar al Garrahan y a la universidad pública. Si Milei veta esas leyes, nosotros lo vamos a vetar en la calle”.

La decisión de la Casa Rosada de avanzar contra las normas aprobadas en el Congreso genera un escenario de alta tensión. En el hospital y en las universidades aseguran que no se trata solo de un recorte presupuestario, sino de un ataque directo a dos pilares del Estado: la salud pediátrica y la educación pública.

El próximo lunes se realizará una conferencia de prensa frente al Congreso con la participación de médicos, enfermeros, docentes y estudiantes. Allí se anunciarán medidas de fuerza y se convocará a una movilización nacional en rechazo a los vetos.

“El Garrahan y la universidad pública son una sola causa: no se vetan”, concluyó Lezana.

En agosto, una familia necesitó más de $1,1 millones para no ser pobre. El dato reaviva críticas al Gobierno por la distancia entre los números oficiales y la realidad de los hogares.

El INDEC informó que en agosto una familia tipo requirió $1.160.780 para no caer bajo la línea de pobreza. El monto representa un alza del 1% mensual y del 23,5% interanual.

La canasta básica alimentaria, que mide la indigencia, trepó a $520.529. Ese es el valor mínimo para cubrir solo alimentos esenciales. Para un hogar de tres personas la pobreza se fijó en $924.116. Para cinco, en $1.220.885.

El dato llega junto al índice de inflación, que marcó 1,9% en agosto. Transporte, salud y educación fueron los rubros con mayores subas.

Encuestas privadas señalan que siete de cada diez argentinos desconfían de los números oficiales. Sostienen que la inflación real se siente más fuerte en alimentos, tarifas y servicios básicos.

Los salarios crecen muy por debajo de estos valores. Cada mes más familias caen bajo las líneas de pobreza e indigencia, mientras el Gobierno insiste en que la inflación está bajo control.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad se siente abandonado por el Gobierno y no descarta convertirse en “arrepentido” para reducir su exposición judicial. La posibilidad genera tensión en la Casa Rosada y en el círculo íntimo de Karina Milei y los Menem.

Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), atraviesa un escenario de aislamiento político y temor judicial, luego de la difusión de audios que lo vinculan con un esquema de sobornos en la compra de medicamentos. Según fuentes cercanas, analiza presentarse como imputado colaborador para atenuar las consecuencias de la investigación.

En los tribunales federales, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello llevan adelante la pesquisa mientras se levantan los secretos bancario y fiscal. Aunque no existen gestiones formales, en Comodoro Py crecen las versiones sobre un posible acuerdo. “Está asustado, no confía en nadie y siente que lo van a dejar solo”, describió un allegado.

El exfuncionario sospecha que el oficialismo busca responsabilizarlo en soledad. Su malestar apunta a la secretaria general Karina Milei, a su primo Eduardo “Lule” Menem y a la ministra Sandra Pettovello. En privado, habría advertido: “Si hablo, se arma un escándalo político”.

La Casa Rosada reaccionó con la difusión de una auditoría exprés que lo señala por haber autorizado compras con sobreprecios de hasta 30% en medicamentos, en un intento de aislar su figura del resto del Ejecutivo. Sin embargo, analistas consideran que si Spagnuolo se convierte en colaborador, podría comprometer al entorno presidencial y a referentes del oficialismo con vínculos en el negocio farmacéutico.

El caso se desarrolla en plena campaña electoral y a pocas semanas de las legislativas, en un momento de fragilidad política para Javier Milei tras el revés en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, el testimonio del exdirector de ANDIS podría convertirse en una bomba de tiempo para el Gobierno.