El rescate financiero que negocia el Gobierno con Washington incluye exigencias sobre recursos estratégicos, lo que alimenta las críticas de quienes denuncian una entrega de soberanía a cambio de dólares.

El Gobierno nacional intensifica sus gestiones para obtener apoyo económico de Estados Unidos, pero la ayuda viene acompañada de condiciones que despiertan fuertes cuestionamientos. Detrás del salvavidas financiero aparece el interés norteamericano por los minerales críticos de Argentina, con el litio en primer plano.

Según trascendió, los acuerdos contemplan la apertura de licitaciones provinciales a empresas estadounidenses, exigencias de transparencia en los contratos y un rol de supervisión sobre la gobernabilidad interna. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el respaldo de Washington “es una decisión geopolítica” y admitió que el desembolso de fondos estará ligado a inversiones en el “sector real”.

La hoja de ruta no es nueva: en agosto de 2024 se firmó un Memorándum de Cooperación con EE.UU. que habilita a ese país a acceder a información sobre cadenas de suministro de minerales críticos. En la práctica, esto implica que las provincias deberán compartir datos sensibles de sus recursos, especialmente litio, tierras raras y cobre.

Especialistas advierten que Argentina, pese a poseer más del 50 % de las reservas mundiales de litio, solo obtiene alrededor del 10 % del valor agregado. El esquema que propone el acuerdo refuerza el lugar de proveedor subordinado de materia prima, mientras la transformación industrial y las mayores ganancias seguirán quedando fuera del país.

Otro aspecto polémico es la exigencia de “orden institucional” y de disciplina en el Congreso como condición para liberar fondos. Caputo confirmó que esta cláusula forma parte de las conversaciones, lo que en la práctica subordina decisiones políticas locales a la agenda de Washington.

En un contexto de vencimientos de deuda que superan los USD 65.000 millones entre 2026 y 2027, críticos sostienen que el Gobierno de Milei se coloca contra la pared y acepta concesiones que hipotecan soberanía sobre los recursos estratégicos.

Activistas internacionales que integran la Flotilla Global Samud alertaron sobre un posible ataque militar de Israel en las próximas 48 horas, en un intento por frenar el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La denuncia fue difundida en el canal oficial de Telegram del movimiento, que viaja en embarcaciones civiles hacia el enclave palestino con médicos, periodistas y defensores de derechos humanos a bordo. Según la información difundida, Israel podría emplear “armas capaces de hundir los barcos” y provocar muertes entre los tripulantes.

Los organizadores convocaron a una conferencia de prensa de urgencia para este jueves a las 13 GMT, con el objetivo de brindar detalles de la amenaza y reclamar la intervención inmediata de gobiernos y organismos internacionales. “La seguridad de civiles está en riesgo inminente”, subrayaron en su comunicado.

No es la primera vez que la flotilla denuncia hostigamiento en alta mar. En una misión anterior ya había sido atacada, en un episodio que reforzó las acusaciones de violación al derecho internacional por parte de Israel. La nueva advertencia llega en un contexto de fuertes críticas globales a la ofensiva militar de Benjamin Netanyahu sobre Gaza, donde organizaciones humanitarias contabilizan miles de víctimas civiles y denuncian crímenes de guerra.

Los activistas remarcaron que su acción tiene carácter pacífico y que su único objetivo es romper el bloqueo marítimo para garantizar el ingreso de ayuda humanitaria a una población asediada.

Las cadenas de autoservicios advierten que los proveedores trasladan subas anticipadas en aceites, yerba y galletitas, mientras el consumo sigue estancado en gran parte del país.

Los supermercadistas encendieron las alarmas frente a nuevas listas de precios enviadas por los proveedores, que reflejan incrementos de hasta un 7% en productos sensibles al dólar como aceites, yerbas y galletitas. La advertencia llega en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y ventas paralizadas.

Las cadenas nucleadas en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y en la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) señalan que estas subas son “especulativas” y reclaman retrotraer los precios a niveles anteriores. “No responden a aumentos reales de costos, sino a reacciones anticipadas”, advirtieron en un comunicado.

Víctor Palpacelli, presidente de FASA, precisó que los incrementos no fueron homogéneos: mientras aceites y galletitas treparon hasta un 7%, las yerbas mostraron un rango de subas entre 2,7% y 7%. En contraste, algunos productos de cuidado personal redujeron sus valores como gesto de contención.

El comunicado conjunto pidió responsabilidad empresarial: “No se puede trasladar todo al consumidor. Si no se corrige, estas maniobras sólo agravarán la inflación y profundizarán la pérdida de ingresos de los hogares”.

En el interior, la situación preocupa especialmente. Las ventas se mantienen en niveles históricamente bajos y los supermercadistas advierten que cada suba expulsa a más familias del consumo básico. “La presión es doble: justificar precios y al mismo tiempo intentar sostener las ventas”, resumen desde el sector.

Los empresarios consideran que una corrección inmediata es clave para evitar un nuevo espiral inflacionario que golpee tanto a consumidores como a la propia cadena de comercialización.

El Frente Sindical por la Soberanía convocó a un acto en Plaza Flores con la participación de más de un centenar de gremios y del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en rechazo a la política exterior del Gobierno.

La movilización se realizará este jueves a las 18 horas bajo la consigna “Encuentro por la Paz”, en repudio al alineamiento automático de Javier Milei con Estados Unidos e Israel. Entre los principales convocantes se encuentran ATE, la CATT y las dos CTA, que alertaron sobre la pérdida de soberanía y la complicidad argentina frente al genocidio en Gaza.

“Este acto tiene que ser un severo llamado de atención. No podemos mirar para otro lado con lo que está pasando”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, al cuestionar el rumbo internacional de la Casa Rosada.

El Frente Sindical acusó al gobierno libertario de romper con las tradiciones diplomáticas argentinas y de subordinarse a las políticas de Benjamín Netanyahu. En un comunicado, remarcaron que “la matanza debe detenerse de manera urgente y efectiva” y advirtieron que el país “no puede ser cómplice de esta situación”.

La presencia de Pérez Esquivel buscará darle mayor visibilidad a un reclamo que combina rechazo al genocidio palestino y a los extremismos religiosos con una denuncia interna: que la Argentina está abandonando su histórica postura independiente en política exterior para convertirse en satélite de Washington y Tel Aviv.

La marcha en Plaza Flores se inscribe en un clima de creciente tensión social y gremial, donde el gobierno de Milei acumula frentes de conflicto mientras se aísla en el plano internacional detrás de alianzas que muchos consideran ajenas a los intereses nacionales.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich, salió a marcarle la cancha a Mauricio Macri y dejó en evidencia la incomodidad del Gobierno con la figura del expresidente, a quien consideran un lastre político en medio de la campaña.

En una entrevista televisiva, Bullrich advirtió que si Macri quiere hablar con el mandatario “tiene que hacerlo directamente”, en un mensaje que sonó más a portazo que a gesto de unidad. Mientras tanto, en la Casa Rosada bajaron la persiana a cualquier encuentro entre Milei y el líder del PRO, descartando fotos de campaña que, según fuentes oficiales, “no suman nada y pueden espantar votos”.

El oficialismo intenta sostener el relato de cambio y orden, pero en los hechos se ve obligado a administrar tensiones con un aliado cada vez más incómodo. Macri, que hace apenas un año era figura de consulta permanente en la oposición, hoy es señalado por su “alto nivel de imagen negativa” y relegado a un rol secundario que confirma su pérdida de peso político.

En este escenario, Bullrich busca capitalizar su alineamiento con Milei para reposicionarse dentro del PRO y en el tablero electoral, mientras la campaña libertaria intenta despegarse de un expresidente al que ya ni siquiera invitan a los actos. Una jugada que desnuda la fragilidad de las alianzas tejidas por el Gobierno y que anticipa más ruido que certidumbre rumbo a octubre.

Un informe del IARAF advierte que la decisión oficial costará al Estado cerca de US$ 1.000 millones en 2025, una cifra que equivale a casi la mitad del superávit previsto y que compromete las metas firmadas con el Fondo Monetario Internacional.

La administración de Javier Milei anunció la eliminación de retenciones al complejo oleaginoso y cerealero hasta octubre de 2025 en busca de acelerar la liquidación de divisas, pero la medida amenaza con dinamitar el delicado esquema fiscal que el propio Gobierno había presentado como su principal logro. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo ascendería a 0,15% del PBI, lo que equivale a unos US$ 1.000 millones, cifra equivalente al 46% del superávit comprometido para el año próximo.

El estudio calcula que, dependiendo del nivel de liquidación de soja y maíz, la pérdida de recursos podría escalar hasta los US$ 1.600 millones, comprometiendo de lleno los compromisos asumidos con el FMI. Aunque parte de ese agujero se compensaría con mayor recaudación de ganancias e IVA, el impacto neto seguiría siendo negativo y dejaría al Tesoro con menos margen para sostener el ajuste.

En los hechos, la decisión representa una transferencia directa de renta desde el Estado hacia el núcleo más concentrado del agroexportador, en un país donde la mayoría de la población enfrenta caída del poder adquisitivo, recesión y dificultades crecientes para cubrir gastos básicos. El Gobierno eligió beneficiar al sector con mayor capacidad de presión, aun a costa de hipotecar el equilibrio de las cuentas públicas que prometía preservar.

Con este giro, Milei no solo pone en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales, sino que exhibe la contradicción central de su programa: recorta jubilaciones, subsidios y gasto social, mientras otorga a los grandes exportadores una concesión que erosiona el mismo superávit que usa como bandera.

El gobierno libertario consiguió un gesto de apoyo financiero desde Washington, pero los indicadores oficiales confirman que la economía argentina atraviesa un proceso de contracción, con caída en la producción, consumo debilitado y señales de mayor desocupación en los próximos meses.

El alivio político que Javier Milei obtuvo tras el anuncio de respaldo de la administración Trump apenas alcanzó para calmar a los mercados. Bonos y acciones reaccionaron con leves mejoras, aunque sin lograr disipar las sombras que proyecta la economía real. El Indec anticipa un escenario de recesión abierta, con retrocesos en la actividad industrial, dificultades en el comercio y una tendencia preocupante en el empleo.

La Encuesta de Tendencia de Negocios refleja que casi un 23% de los empresarios industriales espera una baja en la producción entre septiembre y noviembre, mientras más de la mitad de las firmas reconoce que sus pedidos ya se ubican por debajo de lo normal. El panorama laboral tampoco es alentador: un 16,5% prevé recortes de personal frente a un exiguo 4% que espera contratar.

En el frente del consumo, supermercados y autoservicios mayoristas describen situaciones cada vez más deterioradas: más de un tercio admite atravesar un momento “malo” y casi un 40% reconoce dificultades crecientes para acceder al crédito. El Indec corroboró que en el segundo trimestre la economía retrocedió en todos sus frentes: caída del PBI, menor inversión, reducción del consumo y exportaciones en baja.

Aunque el gobierno destaca la desaceleración inflacionaria como uno de sus logros, el costo social de la estrategia es visible. Con el salario en retroceso y el endeudamiento de los hogares en alza, amplias franjas de la población se ven obligadas a financiar productos básicos o postergar consumos elementales.

En este marco, el “salvavidas” de Trump aparece como un recurso político más que como una respuesta concreta a la crisis estructural. Los analistas ya advierten que cualquier ayuda futura estará atada a condiciones duras, con riesgo de nuevas recetas de ajuste que podrían agudizar aún más la pérdida del poder adquisitivo.

El peronismo porteño prepara un acto en sur de la Capital Federal para dar inicio a su campaña, con la presentación de sus principales referentes y la apuesta de crecer en la Ciudad.

La alianza Fuerza Patria lanzará este viernes su campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires con un acto en el Polo Saldías, donde presentará a sus principales candidatos. Mariano Recalde encabezará la lista para el Senado, acompañado por Itai Hagman como primer postulante a la Cámara de Diputados.

El encuentro, que se realizará en el barrio de Barracas, marcará el inicio formal de una disputa en un distrito históricamente difícil para el peronismo, pero que la coalición busca disputar con una propuesta de unidad y renovación. Además de Recalde y Hagman, estarán presentes Kelly Olmos, Santiago Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Giacomini, quienes integran las listas legislativas.

La estrategia de Fuerza Patria apunta a consolidar un espacio competitivo en la Ciudad, en contraste con las candidaturas de La Libertad Avanza, que promueve a Patricia Bullrich para el Senado y al abogado Alejandro Fargosi en Diputados. En este escenario, el lanzamiento de Barracas pretende mostrar fuerza territorial y un mensaje de arraigo popular, con el objetivo de instalar a sus referentes en la agenda política porteña.

Washington aprobó la designación del empresario cubano-estadounidense Peter Lamelas como nuevo embajador en la Argentina, un nombramiento cuestionado por sus declaraciones contra el peronismo y por su alineamiento con la política exterior más agresiva de Donald Trump.

La confirmación de Lamelas llega tras meses de polémica, luego de que en su audiencia en Washington descalificara a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y afirmara que vigilaría de cerca a las provincias argentinas por supuestos vínculos con China. Sus dichos, que evocaron el viejo manual de injerencia de la diplomacia norteamericana en América Latina, despertaron un rechazo generalizado en el arco kirchnerista y entre varios gobernadores peronistas.

El flamante embajador, de perfil empresarial y cercano al expresidente Trump, ya anticipó que enfocará su gestión en limitar la influencia de potencias rivales de Washington en la región. En su discurso incluyó a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y China como “amenazas”, instalando un tono de confrontación que reaviva tensiones históricas en la relación bilateral.

Mientras desde la embajada estadounidense celebraron su confirmación, en Buenos Aires predomina la cautela. Para el oficialismo y parte de la oposición, la llegada de Lamelas plantea interrogantes sobre el respeto a la soberanía argentina y la posibilidad de que se repita un ciclo de tutelaje político al estilo de la Guerra Fría.

El Congreso rechazó los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, dejando en evidencia el aislamiento político del Gobierno y las fisuras en su alianza con el macrismo.

La Cámara de Diputados asestó este miércoles un duro golpe al oficialismo al rechazar los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan. Con amplias mayorías, el recinto impuso la voluntad del Congreso frente al Poder Ejecutivo, en una votación que expuso el aislamiento de La Libertad Avanza y las divisiones internas dentro del PRO, su principal socio político.

El presidente reaccionó con ataques en redes sociales contra opositores y aliados que no acompañaron su postura, a quienes calificó como parte del “Partido del Estado”. “Votar a cualquier versión del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos. Ya sabemos cómo termina”, escribió en su cuenta de X, reafirmando su estilo confrontativo tras el revés legislativo.

Los números marcaron la magnitud de la derrota: 181 diputados respaldaron la insistencia en la ley del Garrahan, contra 60 que apoyaron la posición presidencial y una abstención. En el caso de la norma de financiamiento universitario, el resultado fue 174 a 67, con dos abstenciones.

La votación dejó al descubierto la fractura del PRO, donde nueve legisladores —entre ellos María Eugenia Vidal, Silvia Lospenatto y Héctor Baldassi— se sumaron a la oposición para garantizar fondos a universidades y hospitales. Otros 21 se mantuvieron alineados con el oficialismo y una diputada optó por abstenerse.

La división del macrismo tensiona la estrategia parlamentaria del Gobierno, que ve debilitado su frente legislativo en temas sensibles para la sociedad. En medio de una crisis educativa y sanitaria, la falta de cohesión entre libertarios y PRO acentúa la debilidad política del presidente Milei en el Congreso.