La justicia argentina imputó al diputado de La Libertad Avanza por lavado de dinero tras confirmarse que recibió fondos de Federico “Fred” Machado, empresario que será extraditado a EE.UU por delitos vinculados al narcotráfico.
La justicia argentina imputó al diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero tras confirmarse que recibió fondos de Federico “Fred” Machado, empresario que será extraditado a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y fraude financiero. La causa expone conexiones que cruzan fronteras y cuestiona la ética de la campaña presidencial de 2019 del economista.
El diputado nacional José Luis Espert enfrenta una imputación penal por lavado de dinero en la Justicia Federal de San Isidro, luego de que se revelara que cobró u$s200.000 de Federico “Fred” Machado, empresario que será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico. La denuncia fue presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien denunció la procedencia ilícita de los fondos y la posible vinculación de Espert con la red internacional de Machado.
Según consta en el expediente, el dinero fue transferido en 2020, antes de que se conocieran públicamente las causas penales abiertas en Texas contra Machado. La operación está documentada en registros del Bank of America y aparece en un “libro contable secreto” de Machado, junto a su socia Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 por delitos vinculados al narcotráfico.
La imputación también apunta a la relación directa entre Espert y Machado durante la campaña presidencial de 2019. El economista habría utilizado un avión privado del empresario para actos de campaña, un dato que refuerza la sospecha de que la financiación provino de actividades ilícitas.
La Corte Suprema de Justicia confirmó recientemente la extradición de Machado a Estados Unidos, rechazando todos los planteos de su defensa y habilitando que sea juzgado por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. Con la extradición pendiente de la decisión del Poder Ejecutivo, el escándalo deja al descubierto el entramado de financiamiento internacional que involucraría a un dirigente político argentino de alto perfil.
El caso plantea serias dudas sobre la transparencia en la política argentina y el uso de recursos con presuntos orígenes ilícitos para sostener campañas electorales. Además, abre interrogantes sobre las conexiones transnacionales que vinculan a empresarios investigados por narcotráfico con figuras políticas locales, dejando un manto de cuestionamiento sobre la integridad de Espert y su entorno.
La Corte Suprema confirmó la entrega del empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero a la justicia estadounidense. El presidente Javier Milei deberá firmar la resolución definitiva, en medio de las revelaciones sobre sus vínculos con el acusado.
La Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos, donde el empresario argentino enfrenta múltiples cargos por narcotráfico, lavado de activos, asociación ilícita y fraude electrónico. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa y dejó firme el fallo del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén que había declarado procedente el pedido de la justicia norteamericana.
Machado, quien reconoció haber financiado la campaña de José Luis Espert en 2019, mantiene vínculos directos con el oficialismo actual. De hecho, el empresario comparte abogado con el propio presidente Javier Milei, que deberá ahora definir si autoriza o no la extradición.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que el pedido de cooperación judicial “se ajusta plenamente a los tratados vigentes” y descartó los argumentos de la defensa, que había invocado una supuesta vulneración del derecho a la igualdad y al debido proceso.
La Corte también valoró la nueva documentación remitida por la embajada de Estados Unidos, que confirmó las condenas de dos cómplices de Machado —Kayleigh Moffett y Debra Lynn Mercer Erwin—, desarticulando la estrategia de su defensa y dejando “disipadas las dudas planteadas”.
Con esta decisión, el expediente regresará al juzgado de origen para completar los trámites de entrega. La última palabra la tendrá el Poder Ejecutivo. En la práctica, será el propio Milei quien deba firmar la extradición de un empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero, cuya relación con su entorno político vuelve a quedar bajo la lupa.
El candidato de Fuerza Patria consideró que la dimisión de José Luis Espert “no limpia la podredumbre que atraviesa al gobierno libertario”. Acusó a Javier Milei de encubrir vínculos con el narcotráfico y denunció el uso de fondos públicos para reimprimir boletas.
El primer postulante a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, cuestionó duramente al oficialismo tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, al sostener que “la corrupción del gobierno no se borra con una renuncia televisada ni con un silencio de Balcarce 50”.
Taiana calificó la decisión de Espert como “una victoria del repudio popular frente a la impunidad y la connivencia con el delito”, en alusión a las acusaciones que vinculan al economista libertario con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado. “Milei sabía perfectamente con quién se estaba asociando. Si no lo sabía, es aún más grave”, afirmó.
El ex canciller también criticó los intentos del oficialismo por reimprimir boletas en la provincia de Buenos Aires, al advertir que implicaría un gasto millonario “para tapar un escándalo con dinero de los contribuyentes”. Según estimó, el costo rondaría los 15.000 millones de pesos. “Con eso se podría financiar un año entero del Garrahan”, ironizó.
Taiana reclamó, además, que Espert renuncie a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, cargo que —dijo— “ha mantenido paralizado y al servicio del ajuste”. En su declaración, sostuvo que la crisis del oficialismo “ya no se mide por encuestas, sino por el olor a corrupción que sale de sus oficinas”.
Para el candidato de Fuerza Patria, la renuncia de Espert “es apenas la punta de un iceberg que hunde el relato de transparencia del mileísmo”, y advirtió que “cuando la corrupción se vuelve política de Estado, ningún cambio de nombres alcanza para lavar las manos de un gobierno que se ha ensuciado solo”.
La doble renuncia del economista libertario expone el colapso interno del gobierno de Javier Milei, acorralado por el escándalo que lo vincula fuertemente con un empresario acusado de narcotráfico. La Casa Rosada intenta contener el daño mientras crece el malestar entre los aliados.
José Luis Espert formalizó su salida de la Comisión de Presupuesto y Hacienda apenas horas después de anunciar que no competiría como candidato por la provincia de Buenos Aires. El gesto, lejos de traer calma, aceleró la descomposición dentro del bloque oficialista, que enfrenta su primera gran crisis política y moral.
El caso, originado en las denuncias por presuntos aportes ilegales del empresario Fred Machado, dejó al desnudo los vínculos opacos entre el financiamiento político y figuras que el propio Milei presentaba como “estandartes de la transparencia”. Según las investigaciones, Espert habría recibido 200 mil dólares y realizado decenas de vuelos en aeronaves ligadas al empresario detenido.
Aunque el Gobierno intentó minimizar el impacto, en la práctica la renuncia de Espert simboliza el derrumbe del relato ético con el que el oficialismo buscaba diferenciarse. Desde sectores aliados admiten que el daño es “inmenso” y que la salida del diputado abre una grieta difícil de cerrar.
El episodio golpea especialmente al Presidente, que había respaldado a Espert como garante del ajuste fiscal y del orden presupuestario. Hoy, su renuncia deja vacante una de las comisiones clave del Congreso y evidencia el desconcierto de un gobierno que ya no puede controlar ni a sus propios voceros.
La certeza absoluta no es atributo de las ciencias sociales ni mucho menos del periodismo, cuanto más, los cronistas logramos ciertos puntos de convicción, tras interrogantes, atención a voces y documentos y procesos interpretativos. Serán entonces los hondureños los encargados de darnos una respuesta definitiva a la pregunta de nuestro título.
Sin embargo, encontramos serios indicios de que por los territorios de la práctica política, que nunca son llanos ni lineales, caminan con rumbo propio los actores y sujetos históricos los cuales ubican a Honduras en un rumbo que, de sostenerse, podría parir una épica que le está faltando a Nuestra América: un nuevo tiempo, un nuevo estar en el mundo.
Antes de avanzar con la idea, una confesión. Lo de inventar una nueva época lo tomé de “Inventé el tiempo”, una frase magistral de Fidel Castro. Tras su encuentro en 2009 con Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras y sin dudas líder del movimiento que sus protagonistas conceptualizan como de “resistencia y refundación”, Fidel se refirió a aquella reunión en una de sus frecuentes “reflexiones” que aparecían en la prensa de Cuba y de otros países: “Lo vi. No me quedaba otra alternativa. Inventé el tiempo”, escribió.
Esa expresión en un texto de Fidel Castro amerita no sólo un artículo, sino un seminario sobre narrativas políticas, incluso discernir con respecto a la relación existente entre la Historia y sus protagonistas, pero por ahora sólo pretendo utilizarla para entender los posibles y necesarios alcances regionales de la experiencia que vive Honduras tras su vuelta al régimen democrático con el gobierno de Xiomara Castro, consagrada presidente en 2022.
Hace pocos días, un artículo de la publicación digital argentina El cohete a la luna recordó el libro de Carina Miller, Influencia sin poder (2000), una obra pensada para analizar la política internacional desde Buenos Aires a principios de siglo.
Sin embargo, se trata de un texto que es de actualidad a la hora de observar el tablero latinoamericano y del Caribe, en nuestro caso el de Honduras.
Al comentar el libro citado, el autor del artículo, el académico argentino Luciano Anzelini, destaca la siguiente idea: los “Estados medianos” pueden ejercer su influjo en el sistema internacional, a pesar de no contar con una cuantiosa disposición de atributos de poder.
La categoría “Estados medianos” puede asimilarse en términos políticos al de países periféricos y, salvo excepciones, con superficies y demografía menores respecto de las naciones desarrolladas y centrales el sistema capitalista imperialista global.
Para Carina Miller, los estados medianos “deben aprovechar los recursos que los foros internacionales les ofrecen para aumentar su impacto más allá de lo que cabría esperar dado su limitado peso económico o militar…La estrategia para ejercer esta influencia consiste en recurrir a los foros multilaterales a los fines de desarrollar estándares normativos y obtener pronunciamientos consistentes con los intereses propios”.
El planteo suena interesante, aunque no tiene en cuenta la fragilidad instrumental de esos organismos internacionales, conforme indica la experiencia histórica, y obvia dos elementos estratégicos: la fortaleza del consenso social y político interno que tengan los gobiernos de esos Estados intermedios y, en la actualidad, la capacidad de esos gobiernos y de los contingentes sociales que lo apoyan para organizar y producir un aparato comunicacional mediático y no mediático eficaz en orden a la creación de sentidos de disputa frente al poder simbólico hegemónico.
El caso hondureño es un espacio con potenciales específicos para convertirse en un protagonista de la escena regional y en ese sentido debería ser seguido por las izquierdas y los progresismos latinoamericanos, tan expuestos ante sus propios errores y las ofensivas de las derechas y ultraderechas soliviantadas en la era Donald Trump.
¿Por qué afirmo lo que acaban de leer? A continuación propongo algunos porqués.
La gestión del partido Libre, de “resistencia y refundación”, que encabeza Xiomara Castro, se apresta a continuar con la presidencia de la actual candidata, Rixi Moncada, favorita para las elecciones del 30 de noviembre próximo.
Las estimaciones más prudentes de encuestadores, analistas y de hasta los propios candidatos de la derecha hondureña desflecada, la ubican al menos con 10 puntos porcentuales por encima de sus oponentes.
Es que Libre, con un renovado y dinámico carácter movimientista y frentista, cuenta con algunas fortalezas paradigmáticas.
Un desarrollado trabajo político y social en los territorios, y una suerte de dialéctico liderazgo ejercido por Manuel Zelaya, sintetizador de las corrientes que lo integran y en pleno ejercicio intelectual destinado a darle sustentabilidad a un programa de democracia económica y original planteo de independencia respecto del núcleo central de bloque capitalista imperialista hegemónico: las corporaciones financieras y sus maniobras predatorias.
Quienes dialogan con frecuencia con Zelaya dan cuenta de que el ex presidente debate y traza líneas de acción política tendientes a preservar y ampliar su frente interno partidario, de forma tal que el proceso de construcción de consensos y mayorías se multiplique.
Y en ese plan de acción no es menor el trabajo que realiza la dirección de Libre para el logro de alianzas regionales e internacionales desde las cuales puedan apoyarse con la inteligencia que demanda la coyuntura global y sus postulados contrahegemónicos.
El equilibrio logrado en la complicada agenda de relaciones con Estados Unidos, en el contexto agresivo y provocador de la administración Trump, habla de la vocación con la que trabaja el proyecto político que encarnan Libre, su dirección y su militancia.
Y para el final, quizás lo decisivo: el plexo de políticas públicas desplegadas por la administración de Xiomara Castro, pese a todas las dificultades que debió sortear.
Una de ellas. y no menor. fueron las maniobras legislativas de la derecha que obturaron proyectos capitales como el de la Reforma Tributaria. Seguramente Rixi Moncada acometerá con lo mismo, con la renovada fortaleza que le otorgará el resultado de las urnas en noviembre próximo.
La portentosa concreción de obras públicas estructurales y de desarrollo social en las áreas salud y educación pública, la preocupación por la conservación del poder adquisitivo de los ingresos populares y el fomento a la producción en sectores estratégicos del PBI, como el apoyo a los productores del café de alta gama que exporta Honduras, entre otras iniciativas, fueron de una contundencia tal que pudieron mucho más que las campañas con intenciones destructivas de las derechas oligárquicas.
La esperanza de que Honduras invente un nuevo tiempo latinoamericano y del Caribe es fundada, y como señalara antes en este texto, las fuerzas progresistas y de izquierda de la región deben hacer los deberes y estudiar lo que está sucediendo en ese país centroamericano.
Y dicho o escrito sea de paso, con la intención de una mejor memoria, en el país de Francisco Morazán (1792-1842), el líder independentista que concretó el sueño de unidad, presidiendo la República Federal Centroamericana entre 1830 y 1839.
Las automotrices remarcan sus listas en medio de la recesión, mientras el Gobierno se muestra incapaz de frenar la inflación que castiga también a los bienes durables. El aumento alcanza tanto a los modelos de entrada como a las pickups y SUV más vendidos.
El mercado automotor abrió octubre con nuevos incrementos que llegan hasta el 6% en los autos 0 km. Las principales terminales trasladaron a los consumidores los mayores costos de producción y la incertidumbre cambiaria, en un contexto donde la administración de Javier Milei insiste en recetas de ajuste que profundizan la caída del poder adquisitivo.
Los modelos de mayor circulación no quedaron al margen: el Cronos y el Pulse de Fiat, los utilitarios de Peugeot y Citroën, la Hilux de Toyota y el Corolla en todas sus versiones, entre otros, ya figuran con precios que subieron entre 2% y 8%. Chevrolet fue la marca con mayores aumentos, con un promedio de 6,1% en toda su gama, mientras Ford ajustó entre 1,3% y 5%.
El impacto se siente en las concesionarias, donde la demanda se retrae por el encarecimiento constante de los vehículos y las tasas de financiamiento que vuelven inalcanzable la compra para sectores medios. A la par, las terminales justifican los aumentos en “la presión de costos internos”, pero en el sector reconocen que la falta de un rumbo económico claro acentúa la inestabilidad de precios.
Con la inflación sin control, salarios rezagados y perspectivas de nuevas remarcaciones antes de fin de año, la posibilidad de acceder a un 0 km se convierte en un lujo para pocos. El gobierno de Milei, lejos de garantizar previsibilidad, consolida un escenario en el que hasta cambiar el auto se transforma en una carrera imposible contra los precios.
El oficialismo enfrenta tensiones internas luego de la débil actuación televisiva del candidato, que lejos de despejar dudas sobre sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico, profundizó el malestar dentro del propio gabinete. La Casa Rosada admite que la única defensa convincente fue la del propio Javier Milei.
La estrategia de blindar a José Luis Espert terminó en un boomerang para el gobierno libertario. Su aparición televisiva para explicar su relación con Fred Machado no solo no convenció, sino que dejó expuesta la fragilidad de la campaña oficialista en el principal distrito electoral del país. Funcionarios de primera línea criticaron la falta de firmeza en sus respuestas y admiten que “lo defendió mejor Milei que él mismo”.
En reuniones de gabinete se llegó a barajar la posibilidad de bajarlo de las listas en la provincia de Buenos Aires, pero el Presidente se impuso con su decisión de sostenerlo, aún a contramano del rechazo que genera en ministros y dirigentes de La Libertad Avanza. En paralelo, Espert acumula suspensiones de actos en municipios clave y evidencia incapacidad para recomponer su imagen pública.
La candidatura, sostenida únicamente por el respaldo personal de Milei, se convirtió en un foco de desgaste que amenaza con arrastrar a la campaña libertaria en territorio bonaerense. En el entorno oficial ya admiten que, lejos de disipar el escándalo, la performance del diputado consolidó la percepción de un gobierno atrapado en sus propias contradicciones y con candidatos incapaces de dar respuestas a la sociedad.
El Archivo Provincial de la Memoria impulsa junto a un equipo interdisciplinario un proyecto que recupera relatos y experiencias de comunidades originarias en esa provincia del Noroeste.
El Archivo Provincial de la Memoria de Salta, junto a un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Salta, desarrolla el proyecto “Memorias en Vuelo”, una investigación que busca rescatar las voces y experiencias de las comunidades originarias durante los años 60 y 80, atravesados por la violencia política y el Terrorismo de Estado.
La iniciativa, integrada por Julio Flores, Carla Isella y Evelyn Zerpa, con el acompañamiento de la directora del Archivo, Alba Fernández, y el realizador audiovisual Facundo Hessling, apunta a producir materiales sonoros que amplíen el abanico de narrativas históricas en torno a la última dictadura.
El equipo sostiene que la represión de aquellos años no puede limitarse a la definición tradicional de “cívica, militar, eclesiástica y patriarcal”, sino que también debe reconocerse como racista, en tanto profundizó la larga historia de violencias sobre los pueblos indígenas desde la colonización.
“Las investigaciones en las Ciencias Sociales están al servicio del presente, desde nuevos enfoques y preguntas que estimulan el compromiso con el respeto a la Democracia, los Derechos Humanos y la No Repetición de los Crímenes de Lesa Humanidad”, remarcó Fernández.
El proyecto abre un nuevo capítulo en la disputa por la memoria: el de pensar a la Dictadura no solo como un plan económico y represivo contra la clase trabajadora y las organizaciones políticas, sino también como parte de una continuidad histórica de racismo estructural que buscó silenciar a los pueblos originarios.
La nueva restricción del Banco Central limita el acceso a los dólares financieros y castiga a pequeños ahorristas, mientras los analistas advierten que la presión se trasladará al mercado paralelo.
El Gobierno de Javier Milei volvió a cerrar el grifo cambiario con una norma que restringe aún más la operatoria de divisas para individuos. La Comunicación “A” 8336 del Banco Central inhabilita durante 90 días a toda persona que compre dólar oficial para operar con MEP o CCL, y viceversa. En la práctica, la medida acorrala a los pequeños ahorristas y empuja a miles de demandantes hacia el circuito informal.
Especialistas consultados señalan que la decisión reducirá la liquidez en los dólares financieros y abrirá la puerta a movimientos bruscos de precios, con un riesgo creciente de presión sobre el tipo de cambio oficial. La brecha cambiaria, advierten, quedará aún más atada a la dinámica del blue, que aparece como la única válvula de escape frente a un mercado formal cada vez más clausurado.
En agosto, las compras de particulares ya habían caído casi 40 % por el encarecimiento del “dólar ahorro” y las trabas crecientes. Ahora, la restricción se profundiza y consolida un esquema en el que la mayoría de la población queda excluida del acceso a divisas legales, mientras las grandes empresas encuentran resquicios para seguir operando.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, celebró la medida con la frase “se cortó un kiosco de unos pocos”. Sin embargo, el trasfondo muestra otra realidad: un gobierno que preserva las reservas a fuerza de castigar a los sectores medios, mientras la dolarización de la economía avanza por canales paralelos y sin control.
El rescate financiero que negocia el Gobierno con Washington incluye exigencias sobre recursos estratégicos, lo que alimenta las críticas de quienes denuncian una entrega de soberanía a cambio de dólares.
El Gobierno nacional intensifica sus gestiones para obtener apoyo económico de Estados Unidos, pero la ayuda viene acompañada de condiciones que despiertan fuertes cuestionamientos. Detrás del salvavidas financiero aparece el interés norteamericano por los minerales críticos de Argentina, con el litio en primer plano.
Según trascendió, los acuerdos contemplan la apertura de licitaciones provinciales a empresas estadounidenses, exigencias de transparencia en los contratos y un rol de supervisión sobre la gobernabilidad interna. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el respaldo de Washington “es una decisión geopolítica” y admitió que el desembolso de fondos estará ligado a inversiones en el “sector real”.
La hoja de ruta no es nueva: en agosto de 2024 se firmó un Memorándum de Cooperación con EE.UU. que habilita a ese país a acceder a información sobre cadenas de suministro de minerales críticos. En la práctica, esto implica que las provincias deberán compartir datos sensibles de sus recursos, especialmente litio, tierras raras y cobre.
Especialistas advierten que Argentina, pese a poseer más del 50 % de las reservas mundiales de litio, solo obtiene alrededor del 10 % del valor agregado. El esquema que propone el acuerdo refuerza el lugar de proveedor subordinado de materia prima, mientras la transformación industrial y las mayores ganancias seguirán quedando fuera del país.
Otro aspecto polémico es la exigencia de “orden institucional” y de disciplina en el Congreso como condición para liberar fondos. Caputo confirmó que esta cláusula forma parte de las conversaciones, lo que en la práctica subordina decisiones políticas locales a la agenda de Washington.
En un contexto de vencimientos de deuda que superan los USD 65.000 millones entre 2026 y 2027, críticos sostienen que el Gobierno de Milei se coloca contra la pared y acepta concesiones que hipotecan soberanía sobre los recursos estratégicos.
