El gobierno libertario consiguió un gesto de apoyo financiero desde Washington, pero los indicadores oficiales confirman que la economía argentina atraviesa un proceso de contracción, con caída en la producción, consumo debilitado y señales de mayor desocupación en los próximos meses.

El alivio político que Javier Milei obtuvo tras el anuncio de respaldo de la administración Trump apenas alcanzó para calmar a los mercados. Bonos y acciones reaccionaron con leves mejoras, aunque sin lograr disipar las sombras que proyecta la economía real. El Indec anticipa un escenario de recesión abierta, con retrocesos en la actividad industrial, dificultades en el comercio y una tendencia preocupante en el empleo.

La Encuesta de Tendencia de Negocios refleja que casi un 23% de los empresarios industriales espera una baja en la producción entre septiembre y noviembre, mientras más de la mitad de las firmas reconoce que sus pedidos ya se ubican por debajo de lo normal. El panorama laboral tampoco es alentador: un 16,5% prevé recortes de personal frente a un exiguo 4% que espera contratar.

En el frente del consumo, supermercados y autoservicios mayoristas describen situaciones cada vez más deterioradas: más de un tercio admite atravesar un momento “malo” y casi un 40% reconoce dificultades crecientes para acceder al crédito. El Indec corroboró que en el segundo trimestre la economía retrocedió en todos sus frentes: caída del PBI, menor inversión, reducción del consumo y exportaciones en baja.

Aunque el gobierno destaca la desaceleración inflacionaria como uno de sus logros, el costo social de la estrategia es visible. Con el salario en retroceso y el endeudamiento de los hogares en alza, amplias franjas de la población se ven obligadas a financiar productos básicos o postergar consumos elementales.

En este marco, el “salvavidas” de Trump aparece como un recurso político más que como una respuesta concreta a la crisis estructural. Los analistas ya advierten que cualquier ayuda futura estará atada a condiciones duras, con riesgo de nuevas recetas de ajuste que podrían agudizar aún más la pérdida del poder adquisitivo.

El peronismo porteño prepara un acto en sur de la Capital Federal para dar inicio a su campaña, con la presentación de sus principales referentes y la apuesta de crecer en la Ciudad.

La alianza Fuerza Patria lanzará este viernes su campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires con un acto en el Polo Saldías, donde presentará a sus principales candidatos. Mariano Recalde encabezará la lista para el Senado, acompañado por Itai Hagman como primer postulante a la Cámara de Diputados.

El encuentro, que se realizará en el barrio de Barracas, marcará el inicio formal de una disputa en un distrito históricamente difícil para el peronismo, pero que la coalición busca disputar con una propuesta de unidad y renovación. Además de Recalde y Hagman, estarán presentes Kelly Olmos, Santiago Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Giacomini, quienes integran las listas legislativas.

La estrategia de Fuerza Patria apunta a consolidar un espacio competitivo en la Ciudad, en contraste con las candidaturas de La Libertad Avanza, que promueve a Patricia Bullrich para el Senado y al abogado Alejandro Fargosi en Diputados. En este escenario, el lanzamiento de Barracas pretende mostrar fuerza territorial y un mensaje de arraigo popular, con el objetivo de instalar a sus referentes en la agenda política porteña.

Washington aprobó la designación del empresario cubano-estadounidense Peter Lamelas como nuevo embajador en la Argentina, un nombramiento cuestionado por sus declaraciones contra el peronismo y por su alineamiento con la política exterior más agresiva de Donald Trump.

La confirmación de Lamelas llega tras meses de polémica, luego de que en su audiencia en Washington descalificara a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y afirmara que vigilaría de cerca a las provincias argentinas por supuestos vínculos con China. Sus dichos, que evocaron el viejo manual de injerencia de la diplomacia norteamericana en América Latina, despertaron un rechazo generalizado en el arco kirchnerista y entre varios gobernadores peronistas.

El flamante embajador, de perfil empresarial y cercano al expresidente Trump, ya anticipó que enfocará su gestión en limitar la influencia de potencias rivales de Washington en la región. En su discurso incluyó a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y China como “amenazas”, instalando un tono de confrontación que reaviva tensiones históricas en la relación bilateral.

Mientras desde la embajada estadounidense celebraron su confirmación, en Buenos Aires predomina la cautela. Para el oficialismo y parte de la oposición, la llegada de Lamelas plantea interrogantes sobre el respeto a la soberanía argentina y la posibilidad de que se repita un ciclo de tutelaje político al estilo de la Guerra Fría.

El Congreso rechazó los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, dejando en evidencia el aislamiento político del Gobierno y las fisuras en su alianza con el macrismo.

La Cámara de Diputados asestó este miércoles un duro golpe al oficialismo al rechazar los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan. Con amplias mayorías, el recinto impuso la voluntad del Congreso frente al Poder Ejecutivo, en una votación que expuso el aislamiento de La Libertad Avanza y las divisiones internas dentro del PRO, su principal socio político.

El presidente reaccionó con ataques en redes sociales contra opositores y aliados que no acompañaron su postura, a quienes calificó como parte del “Partido del Estado”. “Votar a cualquier versión del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos. Ya sabemos cómo termina”, escribió en su cuenta de X, reafirmando su estilo confrontativo tras el revés legislativo.

Los números marcaron la magnitud de la derrota: 181 diputados respaldaron la insistencia en la ley del Garrahan, contra 60 que apoyaron la posición presidencial y una abstención. En el caso de la norma de financiamiento universitario, el resultado fue 174 a 67, con dos abstenciones.

La votación dejó al descubierto la fractura del PRO, donde nueve legisladores —entre ellos María Eugenia Vidal, Silvia Lospenatto y Héctor Baldassi— se sumaron a la oposición para garantizar fondos a universidades y hospitales. Otros 21 se mantuvieron alineados con el oficialismo y una diputada optó por abstenerse.

La división del macrismo tensiona la estrategia parlamentaria del Gobierno, que ve debilitado su frente legislativo en temas sensibles para la sociedad. En medio de una crisis educativa y sanitaria, la falta de cohesión entre libertarios y PRO acentúa la debilidad política del presidente Milei en el Congreso.

El fiscal Franco Picardi levantó el secreto de sumario en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Karina Milei desistió de la cautelar que bloqueaba la difusión de audios atribuidos a su voz.

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro este jueves con la decisión del fiscal federal Franco Picardi de levantar el secreto de sumario. La medida habilita el acceso de las partes a pruebas sensibles: grabaciones, registros de countries y pericias sobre teléfonos celulares.

El caso, que forzó la salida de Diego Spagnuolo al frente de ANDIS, involucra un presunto esquema de coimas y beneficios irregulares que salpica a funcionarios del oficialismo. Según fuentes judiciales, los nuevos testimonios incorporados al expediente confirman parte de las denuncias del exdirector del organismo, quien había señalado la existencia de pagos ilegales vinculados a prestaciones para personas con discapacidad.

En paralelo, Karina Milei —secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei— desistió de la cautelar que le permitía frenar la difusión de audios que la vinculan al expediente. Su decisión abre la puerta a que esas grabaciones puedan ser utilizadas como prueba en el avance de la investigación.

La Justicia ordenó además allanamientos en domicilios vinculados a Spagnuolo y no descarta nuevas medidas. Con la causa en etapa de apertura, el escándalo conocido como “Karina-Gate” se instala como un nuevo frente de desgaste para el Gobierno, que enfrenta crecientes cuestionamientos por falta de transparencia y controles en áreas sensibles del Estado.

Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires y de facultades de la UBA ocuparon sus sedes en rechazo a la decisión de Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto suma adhesión sindical y promete una multitudinaria marcha al Congreso.

La tensión en el sistema universitario crece tras el veto del Gobierno a la Ley de Financiamiento Universitario. En las últimas horas, el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) quedó bajo control de sus estudiantes, que decidieron la toma en asamblea, mientras que facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) replicaron la medida con ocupaciones y pernoctes.

León Rodríguez, presidente del centro de estudiantes del CNBA, sostuvo que la decisión responde a los “ataques constantes del Gobierno a la educación pública” y calificó el veto como “un punto final a una serie de ajustes que venimos sufriendo desde el año pasado”. En la UNA, más de 350 estudiantes de Artes Dramáticas aprobaron por unanimidad la ocupación de la sede.

En paralelo, Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA confirmaron que se sumarán con tomas nocturnas desde este martes, en la antesala de la Marcha Federal Universitaria convocada para el miércoles 17 de septiembre. Ese día, las universidades públicas realizarán un paro total de actividades con el respaldo de Conadu, Conadu Histórica, Feduba, Fatun y otros gremios.

El reclamo trascendió el ámbito académico: la CGT anunció que marchará bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”, mientras que la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y ATE confirmaron medidas de fuerza para acompañar la protesta. La jornada se perfila como una demostración masiva contra la política educativa del Gobierno, en un frente común que unifica a sindicatos, estudiantes y docentes.

La UIA y los empresarios pymes coincidieron en reclamar al Gobierno medidas urgentes para evitar que el ajuste fiscal y la apertura económica profundicen la recesión en la industria y en el mercado interno.

El discurso presidencial en torno al Presupuesto 2026 generó señales encontradas en el sector productivo. Si bien la Unión Industrial Argentina (UIA) valoró la reducción del déficit y la promesa de estabilidad macroeconómica, remarcó que el equilibrio fiscal por sí solo no alcanza para sostener a la industria nacional.

El titular de la UIA, Martín Rappallini, alertó que una apertura acelerada de la economía, sin reformas que reduzcan el llamado “costo argentino”, podría poner en riesgo al entramado productivo local. Entre los puntos reclamados mencionó modernización laboral, menor presión tributaria, infraestructura, financiamiento accesible y capacitación de calidad. “No se trata solo de ordenar las cuentas, sino de garantizar igualdad de condiciones frente a la competencia externa”, señaló.

Desde el sector pyme, el tono fue más crítico. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que el plan económico “no tiene como ingrediente la industria, las exportaciones ni el mercado interno” y pidió un diálogo real con los empresarios para dar sustentabilidad a la producción. “Valoramos el objetivo del superávit, pero hay errores que no son negociables: la industria es la generadora de riqueza y debe ser parte de la transformación”, afirmó.

Un informe de coyuntura elaborado por el IPA mostró que, si bien la actividad económica creció en términos interanuales, el repunte responde más a un rebote estadístico que a una reactivación genuina. El consumo interno sigue débil, la producción industrial no alcanza los niveles previos a la crisis y las pymes enfrentan graves problemas de financiamiento.

La advertencia es clara: sin medidas específicas para apuntalar la economía real, el plan oficial corre el riesgo de reducir la industria argentina a un rol marginal en medio de la recesión.

La Cámara Nacional Electoral anuló la resolución que mantenía habilitada a la expresidenta para votar y ratificó su exclusión, en un fallo que refuerza el clima de persecución política contra la principal figura de la política argentina.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a quedar en el centro de la escena tras la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que resolvió de manera unánime revocar la habilitación que le permitía ejercer su derecho al voto. El fallo, basado en criterios formales y precedentes de la Corte Suprema, deja a la exmandataria fuera del padrón, pese a las críticas de sectores políticos y sociales que lo consideran un nuevo paso en el camino de la proscripción.

El tribunal, integrado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, anuló la decisión de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, quien había declarado inconstitucionales los artículos que imponen la inhabilitación absoluta a quienes tienen condenas firmes.

La resolución se sostiene en tecnicismos judiciales que, según la CNE, no se habrían cumplido en el fallo de primera instancia: la magistrada actuó de oficio y no a pedido expreso de la interesada, y no evaluó la “viabilidad jurídica y fáctica” del derecho al voto en función de la condena. De esta forma, los camaristas marcaron que no se cumplían las condiciones fijadas en el precedente “Orazi” de la Corte.

Condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, Cristina Kirchner no podrá votar en las próximas elecciones. Sin embargo, mantiene plena actividad política y liderazgo dentro del peronismo, en un escenario que para muchos recuerda los intentos históricos de proscripción sufridos por líderes populares en Argentina.

Los títulos públicos en dólares caen hasta 3% y las acciones retroceden más de 2% en Wall Street y Buenos Aires, en medio de la escalada del tipo de cambio y crecientes dudas sobre la capacidad de pago del Gobierno.

Los mercados argentinos iniciaron la semana con números en rojo, reflejando el clima de desconfianza que domina a los inversores. Bonos soberanos en dólares y acciones de empresas locales profundizaron sus caídas este lunes, en un escenario marcado por la presión cambiaria y la expectativa en torno a la presentación del Presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei anunciará esta noche.

En la apertura, el dólar superó el techo de la banda de intervención, forzando al Banco Central a ofertar divisas en un intento por contener la suba. Sin embargo, la debilidad de las reservas pone en duda la capacidad oficial de sostener la estrategia. Al cierre del viernes, la divisa ya había rozado los 1.465 pesos, apenas por debajo del límite fijado en 1.472.

La incertidumbre se trasladó con fuerza al mercado financiero: los bonos nominados en dólares retrocedieron hasta 3,4%, con papeles como el AE38 y el AL35 entre los más castigados. En Wall Street, los ADRs de bancos argentinos se desplomaron hasta 5,4%, mientras el riesgo país trepaba 9% para ubicarse en 1.140 puntos básicos.

Las acciones locales no escaparon a la tendencia: YPF cayó 1,19%, Banco Macro 2,18% y BBVA 2,64%, mientras que Metrogas y Transener cedieron 2,83% y 2,72%, respectivamente. Solo algunos papeles como Aluar y Pampa Energía lograron cerrar con leves alzas.

El deterioro refleja un doble frente: por un lado, la escasez de dólares para afrontar vencimientos de deuda; por otro, la debilidad de la economía real, con un consumo retraído y balances empresariales que exhiben la contracción del primer semestre. La suma de ambos factores alimenta los temores de los inversores, que ya negocian activos argentinos a valores de remate.

El vocero presidencial reconoció fallas de comunicación tras la derrota en Buenos Aires, pero afirmó que el Ejecutivo no alterará su rumbo económico ni político, a pesar de la disconformidad social.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció este miércoles que el Gobierno cometió “errores” en la comunicación de sus políticas tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, aunque aseguró que la administración de Javier Milei mantendrá su rumbo económico y político.

En declaraciones a A24, Adorni calificó de “error político” la manera en que se transmitieron las medidas oficiales y defendió el legado del Ejecutivo: “Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo. No vamos a ceder a volvernos Venezuela”.

El funcionario señaló que, pese a la caída en las urnas, el oficialismo confía en consolidar su apoyo para las elecciones de octubre. “La gente nos va a acompañar. En octubre vamos a ganar, pero no solo ganar, queremos arrasar”, afirmó.

Adorni también responsabilizó al oficialismo provincial por los resultados y cuestionó el sistema electoral bonaerense, criticando la negativa a implementar la Boleta Única de Papel. Además, cuestionó al gobernador Axel Kicillof por la reciente aplicación de un impuesto sobre Mercado Pago, que afecta a comerciantes e informales.

En materia económica, el vocero reconoció que hay sectores que enfrentan dificultades y admitió que la gestión “no logró explicar de manera sencilla” algunos logros, como la reducción de la pobreza. Sin embargo, reiteró que las políticas del Ejecutivo continuarán “con el sacrificio que un montón de gente viene haciendo, hacia un país próspero, sin inflación y con mejores salarios”.