Una condena en Estados Unidos volvió a poner en foco los nexos entre el diputado nacional José Luis Espert y el empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de participar en una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.

La sentencia de 16 años contra la socia comercial de Machado en Texas destapó una trama que, según la justicia norteamericana, movió hasta 550 millones de dólares mediante operaciones con aeronaves y esquemas financieros fraudulentos. En ese circuito aparece el nombre de Machado, detenido en Argentina y a la espera de extradición, señalado como aportante clave a la campaña presidencial de Espert en 2019.

De acuerdo con testimonios y registros de vuelos, el empresario habría puesto a disposición un avión privado y una camioneta blindada para uso del candidato. Estos servicios, que debieron ser declarados como aportes de campaña, nunca aparecieron en los informes oficiales de financiamiento. Mensajes de operadores políticos posteriores a su detención lo identifican incluso como “el principal aportante” de esa candidatura.

Mientras la justicia estadounidense avanza con condenas firmes, en Argentina el proceso de extradición de Machado se demora y las investigaciones sobre el origen de los fondos y su destino en la política local permanecen sin resolución. Espert, hoy aliado de Javier Milei, evita dar explicaciones públicas sobre su vínculo con el empresario, pese a la magnitud de las acusaciones.

El caso exhibe las falencias de los controles sobre el financiamiento electoral y la fragilidad del sistema político frente a redes criminales internacionales que encuentran canales para incidir en campañas y candidaturas.

El jefe de Gabinete presenta el informe de gestión ante el Congreso en un clima político marcado por denuncias de coimas, muertes por drogas adulteradas y tensiones electorales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expone este miércoles ante la Cámara de Diputados para cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional. La sesión ocurre en un contexto crítico: el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la emergencia sanitaria por las más de 100 muertes vinculadas al fentanilo adulterado y la recta final de la campaña en la provincia de Buenos Aires.

Francos presentará el Informe de Gestión N°144 y responderá preguntas de los legisladores. Desde la Jefatura de Gabinete confirmaron que se recibieron 2957 consultas por escrito, que fueron unificadas en 1337 preguntas elaboradas por 101 diputados. La mayor parte corresponde a Unión por la Patria, que envió 787, seguida por la UCR (95), Democracia para Siempre (88) y Encuentro Federal (82). La Libertad Avanza, en contraste, no formuló ninguna.

Aunque el temario no incluye la denuncia por sobornos en la ANDIS, el tema domina el clima político tras la difusión de audios que implican a exfuncionarios y salpican a figuras cercanas al presidente Javier Milei. El martes, las comisiones de Acción Social, Salud Pública y Discapacidad habían convocado al ministro de Salud, Mario Lugones, y al interventor de la agencia, Alejandro Vilches, pero ambos faltaron a la citación.

Los bloques opositores anticiparon que buscarán interpelar a Francos sobre el alcance de la crisis y el plan oficial frente a las sospechas de corrupción y la emergencia sanitaria.

Un análisis de la consultora Horus sobre casi 10 mil comentarios en redes sociales reveló que la mayoría vincula a la hermana del Presidente con el escándalo de sobornos.

El 86% de los usuarios que comentaron publicaciones en Instagram y Facebook sobre el caso ANDIS considera que existe corrupción en el Gobierno nacional y señala a Karina Milei como una de las principales involucradas. Así lo indica un estudio realizado por la consultora Horus entre el 19 y el 24 de agosto, en el que se analizaron 9.800 comentarios.

Según el relevamiento, la indignación se intensifica porque los fondos presuntamente desviados tenían como destino a personas con discapacidad. Entre las frases detectadas, Horus citó: “Lo honesto… las máscaras comienzan a caer”. Otro segmento, equivalente al 11% de los comentarios, interpreta el caso como una operación contra Milei y defiende al Gobierno, alegando falta de pruebas.

La polémica se originó por audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se menciona el pago de comisiones a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem por contratos con laboratorios. La filtración derivó en una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón, que incluye al presidente Javier Milei y a otros funcionarios por presuntos delitos de cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita.

El abogado denunciante en la investigación por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad aseguró que el caso compromete al núcleo del oficialismo y anticipó derivaciones políticas.

Gregorio Dalbón, impulsor de la denuncia que derivó en la investigación sobre un circuito de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), afirmó que el caso representa “una causa de Estado” y lo comparó con el histórico escándalo Watergate. “Estamos ante un Gobierno coimero y corrupto”, sostuvo el letrado en declaraciones radiales.

Dalbón señaló que la maniobra investigada por la Justicia no es aislada y apuntó contra figuras cercanas al presidente Javier Milei: “El funcionario clave era Diego Spagnuolo, quizás el que manejaba más dinero para Javier y Karina Milei”. También cargó contra el entorno libertario: “Los Menem están metidos en esto, nunca dejaron la corrupción”.

La causa, que instruye el juez Sebastián Casanello, analiza audios que darían cuenta de pedidos de coimas a proveedores vinculados a la compra de medicamentos. Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, fue ubicado el viernes en una propiedad de Pilar, donde se secuestró su teléfono celular, aunque no quedó detenido.

“El hallazgo de sobres separados con dinero muestra que había que pagar peaje a varias personas”, advirtió Dalbón, quien subrayó el impacto social del caso: “Estamos hablando de medicamentos y prótesis para personas con discapacidad, algo que conmueve a cualquier juez”.

El presidente de la Cámara de Diputados respaldó a la secretaria general de la Presidencia y a su primo Eduardo Menem en el caso ANDIS. Negó irregularidades y atribuyó las acusaciones a la campaña electoral.

Martín Menem salió este lunes a rechazar las denuncias que involucran a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem en una presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”, afirmó el titular de la Cámara baja en declaraciones radiales, donde calificó el caso como “una monumental operación política a dos semanas de las elecciones bonaerenses”.

El legislador libertario apuntó contra la oposición y sugirió que las acusaciones buscan alterar el escenario electoral. “Probablemente jubilemos a una parte de la política y eso genera tensiones. No tienen cómo atacarnos por la gestión, porque han sido un mamarracho durante 20 años”, sostuvo.

La investigación judicial, a cargo del juez Sebastián Casanello, se centra en supuestos contratos irregulares con una farmacéutica que habrían implicado pagos millonarios y un circuito de recaudación ilegal. Entre las pruebas figuran audios que mencionan a funcionarios del entorno presidencial. El magistrado dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados y ordenó allanamientos en busca de pruebas.

El caso se convirtió en el primer escándalo de corrupción que alcanza al círculo íntimo del presidente Javier Milei. En medio de la polémica, ni Karina Milei ni Eduardo Menem emitieron declaraciones públicas, mientras crece la presión sobre el Gobierno para dar respuestas en plena campaña electoral.

Renuncia del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y filtraciones que salpican a Karina Milei y “Lule” Menem desatan alarma en Casa Rosada en plena campaña electoral.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo golpe político tras la salida de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en medio de un escándalo por presuntas irregularidades que involucran a figuras clave del oficialismo. La filtración de audios que comprometerían a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem encendió las alarmas en Balcarce 50, donde calificaron la jornada como “uno de los días más negros” de la gestión.

La crisis estalló mientras el Ejecutivo sufría una derrota parlamentaria con la aprobación de la emergencia en discapacidad, un revés que se suma a tensiones con gobernadores y negociaciones fallidas en Diputados. Dentro del oficialismo reconocen que el caso “puede ser más explosivo que $LIBRA”, el escándalo que ya había sacudido al Gobierno meses atrás.

En un intento por contener el daño, se reunió el núcleo duro libertario integrado por Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo. “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, declaró el jefe de Gabinete durante un encuentro en el Council of the Americas, en un gesto que no logró disipar el clima de desconfianza.

El impacto político se proyecta directamente sobre la campaña nacional. Los audios filtrados circulan en la recta final hacia las elecciones de octubre y salpican al denominado “triángulo de hierro” libertario. En paralelo, la Casa Rosada intenta frenar el avance legislativo opositor y cerrar filas para evitar que la crisis se transforme en un factor de desgaste irreversible.

El escándalo llega en un momento de máxima fragilidad para el oficialismo, que apuesta a mejorar su posición en el Congreso, mientras enfrenta una interna cada vez más expuesta y una opinión pública atenta a los signos de corrupción en un Gobierno que hizo de la transparencia una de sus banderas.

La norma obtuvo 62 votos a favor y solo ocho en contra, consolidando un nuevo revés legislativo para el Gobierno de Javier Milei.

El Senado aprobó por amplia mayoría la ley que declara la emergencia en pediatría, en una sesión que dejó en evidencia el aislamiento del oficialismo. La iniciativa, que apunta a garantizar atención médica infantil y mejorar las condiciones laborales del personal de salud, cosechó 62 votos afirmativos contra apenas ocho negativos.

El proyecto contó con el respaldo de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que el rechazo quedó circunscripto a La Libertad Avanza y dos senadores aliados, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero (PRO).

La normativa obliga al Estado a garantizar el funcionamiento de hospitales pediátricos, recomponer salarios del personal de salud –con una base no inferior al nivel real de noviembre de 2023– y eximir del impuesto a las Ganancias a quienes realicen guardias o tareas críticas. También faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas del Ministerio de Salud y utilizar fondos de emergencia sanitaria. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal será de $65.573 millones entre julio y diciembre de 2025.

Durante el debate, senadores de distintas bancadas coincidieron en la gravedad de la situación. Luis Juez (PRO) afirmó: “No hablo como opositor, hablo como padre: la esperanza está en hospitales como el Garrahan”. Alicia Kirchner (UxP) cuestionó la política económica del Gobierno: “La timba financiera no repara. El futuro del país es nuestra infancia”. Guadalupe Tagliaferri (PRO) subrayó: “Gobernar es resolver problemas, no seguir culpando al pasado”.

La sanción de esta ley refuerza la serie de derrotas legislativas que viene acumulando el Gobierno en un Congreso donde su margen de maniobra sigue siendo mínimo.

El saldo de la balanza comercial argentina sufrirá un fuerte recorte respecto a 2024, según cálculos de consultoras privadas. Las importaciones se expanden con fuerza y la menor liquidación del agro limita el ingreso de divisas.

El comercio exterior argentino enfrenta un panorama menos favorable en 2025. De acuerdo con proyecciones del sector privado, el superávit comercial rondará los US$ 6.000 millones, lejos de los casi US$ 19.000 millones que se habían anticipado a fines del año pasado.

La corrección obedece a la aceleración de las compras externas en un contexto de apertura gradual y mayores necesidades de insumos, mientras que las exportaciones se mantendrán prácticamente estancadas.

La consultora ACM advirtió que las importaciones podrían aumentar entre US$ 13.000 y US$ 16.000 millones en relación a 2024, mientras que el flujo exportador no mostraría variaciones de peso. Bajo este escenario, la balanza seguirá siendo positiva, pero con un margen mucho más estrecho.

En la misma línea, LCG alertó que la estacionalidad del segundo semestre y la reducción en la liquidación del complejo agroexportador presionarán sobre las cuentas externas y el tipo de cambio.

Las cifras oficiales acompañan esa tendencia: en julio, el superávit fue de US$ 988 millones, la mitad que un año atrás. En abril, las exportaciones sumaron US$ 6.664 millones, apenas 2,3% más que en 2024, mientras que las importaciones treparon 37,3% interanual hasta US$ 6.460 millones.

El retroceso en las proyecciones de superávit refleja tanto la recomposición de importaciones como el límite en la generación de divisas genuinas, lo que enciende alertas sobre la estabilidad cambiaria en la segunda mitad del año.

Las recientes elecciones presidenciales en Bolivia reconfiguraron el tablero político local y encendieron alertas sobre un posible rumbo autoritario en el país vecino.

*Por Vladimir Huarachi Copa/ El pasado 17 de agosto, ¿quién ganó realmente las elecciones presidenciales 2025 – 2030? Está claro que ninguno de aquellos candidatos que se veían ya sentados en la silla presidencial, amparados por encuestas infladas desde los medios tradicionales y avaladas por la institucionalidad electoral. El verdadero ganador de esta primera vuelta fue, sin duda, el voto en contra. Ese mismo voto que ya había sido determinante en anteriores comicios, aunque esta vez se mostró de manera más contundente y desnuda.

Para comprender el peso de este voto en contra, es necesario retroceder al turbulento periodo entre 2019 y 2020. Jeanine Áñez, quien tuvo en sus manos la posibilidad de revitalizar y reposicionar a la facción política que la llevó al poder, e incluso de ganar legítimamente las elecciones de entonces, terminó desperdiciando esa oportunidad. Sus propios errores al frente del Estado, atravesados por una corrupción inocultable, la arrastraron rápidamente al descrédito, pavimentando el camino hacia un segundo giro a la izquierda desde 2020.

Ese giro no significó un respaldo firme al MAS, sino más bien un rechazo al gobierno transitorio de Áñez, señalado como responsable de la ruptura del orden constitucional en 2019. El 55% que obtuvo Luis Arce puede leerse menos como un voto de adhesión que como un rechazo al pasado inmediato. Una cifra que expresa más hartazgo que identidad política.

En este marco, el evismo volvió a apostar a la debilidad de la oposición. Su estrategia se centró en esperar que la llamada “oposición funcional” a Evo Morales cometiera errores y que Andrónico Rodríguez perdiera las elecciones. El plan era claro: preparar el terreno para una eventual revocatoria que reposicione a Morales como el “salvador” de cara a los comicios de 2030, o incluso antes, mediante un referéndum, capitalizando otra vez ese mismo voto en contra que antes encumbró a Arce.

Sin embargo, los resultados de esta primera vuelta sorprendieron a analistas y comentaristas. Rodrigo Paz y Edmand Lara irrumpieron como ganadores inesperados, dejando a los demás candidatos con el desconcierto de quien se enfrenta a un electorado desencantado, cansado de los mismos rostros y de las crisis que arrastran al país al borde del colapso.

Bajo esta luz, que el voto en contra se haya convertido en el verdadero vencedor de estas elecciones 2025 – 2030 no debería sorprendernos. Ese voto dirigido contra el establishment político es una respuesta lógica al desgaste acumulado. Lo inquietante, sin embargo, es lo que puede venir después. Con la fuerza electoral alcanzada por el Partido Demócrata Cristiano y la dupla Paz – Lara, existe el riesgo de que el futuro inmediato nos confronte con un Estado policial-militar, acompañado de un autoritarismo neopopulista. Un desenlace que podría convertir al voto en contra, nuevamente, en el preludio de un nuevo desencanto nacional.

*Politólogo boliviano.

La Cámara baja discute una agenda cargada de proyectos que van desde la reforma jubilatoria hasta la emergencia en discapacidad, con el trasfondo de fuertes movilizaciones en las calles y tensiones con el Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles en una jornada que se anticipa extensa y de alto voltaje político, al poner en consideración los vetos presidenciales a dos iniciativas que habían reunido amplio consenso opositor: la reforma previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

La convocatoria, impulsada por un bloque de legisladores opositores con respaldo transversal, también incluye la discusión de proyectos vinculados a los recursos provinciales, como el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos (ICL), además de la emergencia en Bahía Blanca y la modificación del Régimen Penal Tributario.

En paralelo, se definirá la integración de la comisión investigadora del caso conocido como “$LIBRA”, con el objetivo de establecer un nuevo esquema de funcionamiento para evitar parálisis en el tratamiento de la causa.

Desde el oficialismo, los diputados libertarios se preparan para sostener la validez de los vetos dictados por Javier Milei, bajo el argumento de que resultan necesarios para mantener la disciplina fiscal. En la vereda opositora, en cambio, aseguran que buscarán “poner un límite” a lo que describen como un “ajuste sobre los sectores más vulnerables”.

La sesión se desarrolla en medio de una protesta “multisectorial” en los alrededores del Congreso. Jubilados, gremios estatales y organizaciones de la CTA confluyeron con familiares y personas con discapacidad, que reclaman la anulación de los vetos y la aplicación efectiva de las leyes sancionadas por el Parlamento.

Con un temario amplio y votaciones que pueden modificar el clima político de las próximas semanas, la jornada se perfila como una de las más decisivas del año legislativo.