La norma obtuvo 62 votos a favor y solo ocho en contra, consolidando un nuevo revés legislativo para el Gobierno de Javier Milei.

El Senado aprobó por amplia mayoría la ley que declara la emergencia en pediatría, en una sesión que dejó en evidencia el aislamiento del oficialismo. La iniciativa, que apunta a garantizar atención médica infantil y mejorar las condiciones laborales del personal de salud, cosechó 62 votos afirmativos contra apenas ocho negativos.

El proyecto contó con el respaldo de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que el rechazo quedó circunscripto a La Libertad Avanza y dos senadores aliados, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero (PRO).

La normativa obliga al Estado a garantizar el funcionamiento de hospitales pediátricos, recomponer salarios del personal de salud –con una base no inferior al nivel real de noviembre de 2023– y eximir del impuesto a las Ganancias a quienes realicen guardias o tareas críticas. También faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas del Ministerio de Salud y utilizar fondos de emergencia sanitaria. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal será de $65.573 millones entre julio y diciembre de 2025.

Durante el debate, senadores de distintas bancadas coincidieron en la gravedad de la situación. Luis Juez (PRO) afirmó: “No hablo como opositor, hablo como padre: la esperanza está en hospitales como el Garrahan”. Alicia Kirchner (UxP) cuestionó la política económica del Gobierno: “La timba financiera no repara. El futuro del país es nuestra infancia”. Guadalupe Tagliaferri (PRO) subrayó: “Gobernar es resolver problemas, no seguir culpando al pasado”.

La sanción de esta ley refuerza la serie de derrotas legislativas que viene acumulando el Gobierno en un Congreso donde su margen de maniobra sigue siendo mínimo.

El saldo de la balanza comercial argentina sufrirá un fuerte recorte respecto a 2024, según cálculos de consultoras privadas. Las importaciones se expanden con fuerza y la menor liquidación del agro limita el ingreso de divisas.

El comercio exterior argentino enfrenta un panorama menos favorable en 2025. De acuerdo con proyecciones del sector privado, el superávit comercial rondará los US$ 6.000 millones, lejos de los casi US$ 19.000 millones que se habían anticipado a fines del año pasado.

La corrección obedece a la aceleración de las compras externas en un contexto de apertura gradual y mayores necesidades de insumos, mientras que las exportaciones se mantendrán prácticamente estancadas.

La consultora ACM advirtió que las importaciones podrían aumentar entre US$ 13.000 y US$ 16.000 millones en relación a 2024, mientras que el flujo exportador no mostraría variaciones de peso. Bajo este escenario, la balanza seguirá siendo positiva, pero con un margen mucho más estrecho.

En la misma línea, LCG alertó que la estacionalidad del segundo semestre y la reducción en la liquidación del complejo agroexportador presionarán sobre las cuentas externas y el tipo de cambio.

Las cifras oficiales acompañan esa tendencia: en julio, el superávit fue de US$ 988 millones, la mitad que un año atrás. En abril, las exportaciones sumaron US$ 6.664 millones, apenas 2,3% más que en 2024, mientras que las importaciones treparon 37,3% interanual hasta US$ 6.460 millones.

El retroceso en las proyecciones de superávit refleja tanto la recomposición de importaciones como el límite en la generación de divisas genuinas, lo que enciende alertas sobre la estabilidad cambiaria en la segunda mitad del año.

Las recientes elecciones presidenciales en Bolivia reconfiguraron el tablero político local y encendieron alertas sobre un posible rumbo autoritario en el país vecino.

*Por Vladimir Huarachi Copa/ El pasado 17 de agosto, ¿quién ganó realmente las elecciones presidenciales 2025 – 2030? Está claro que ninguno de aquellos candidatos que se veían ya sentados en la silla presidencial, amparados por encuestas infladas desde los medios tradicionales y avaladas por la institucionalidad electoral. El verdadero ganador de esta primera vuelta fue, sin duda, el voto en contra. Ese mismo voto que ya había sido determinante en anteriores comicios, aunque esta vez se mostró de manera más contundente y desnuda.

Para comprender el peso de este voto en contra, es necesario retroceder al turbulento periodo entre 2019 y 2020. Jeanine Áñez, quien tuvo en sus manos la posibilidad de revitalizar y reposicionar a la facción política que la llevó al poder, e incluso de ganar legítimamente las elecciones de entonces, terminó desperdiciando esa oportunidad. Sus propios errores al frente del Estado, atravesados por una corrupción inocultable, la arrastraron rápidamente al descrédito, pavimentando el camino hacia un segundo giro a la izquierda desde 2020.

Ese giro no significó un respaldo firme al MAS, sino más bien un rechazo al gobierno transitorio de Áñez, señalado como responsable de la ruptura del orden constitucional en 2019. El 55% que obtuvo Luis Arce puede leerse menos como un voto de adhesión que como un rechazo al pasado inmediato. Una cifra que expresa más hartazgo que identidad política.

En este marco, el evismo volvió a apostar a la debilidad de la oposición. Su estrategia se centró en esperar que la llamada “oposición funcional” a Evo Morales cometiera errores y que Andrónico Rodríguez perdiera las elecciones. El plan era claro: preparar el terreno para una eventual revocatoria que reposicione a Morales como el “salvador” de cara a los comicios de 2030, o incluso antes, mediante un referéndum, capitalizando otra vez ese mismo voto en contra que antes encumbró a Arce.

Sin embargo, los resultados de esta primera vuelta sorprendieron a analistas y comentaristas. Rodrigo Paz y Edmand Lara irrumpieron como ganadores inesperados, dejando a los demás candidatos con el desconcierto de quien se enfrenta a un electorado desencantado, cansado de los mismos rostros y de las crisis que arrastran al país al borde del colapso.

Bajo esta luz, que el voto en contra se haya convertido en el verdadero vencedor de estas elecciones 2025 – 2030 no debería sorprendernos. Ese voto dirigido contra el establishment político es una respuesta lógica al desgaste acumulado. Lo inquietante, sin embargo, es lo que puede venir después. Con la fuerza electoral alcanzada por el Partido Demócrata Cristiano y la dupla Paz – Lara, existe el riesgo de que el futuro inmediato nos confronte con un Estado policial-militar, acompañado de un autoritarismo neopopulista. Un desenlace que podría convertir al voto en contra, nuevamente, en el preludio de un nuevo desencanto nacional.

*Politólogo boliviano.

La Cámara baja discute una agenda cargada de proyectos que van desde la reforma jubilatoria hasta la emergencia en discapacidad, con el trasfondo de fuertes movilizaciones en las calles y tensiones con el Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles en una jornada que se anticipa extensa y de alto voltaje político, al poner en consideración los vetos presidenciales a dos iniciativas que habían reunido amplio consenso opositor: la reforma previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

La convocatoria, impulsada por un bloque de legisladores opositores con respaldo transversal, también incluye la discusión de proyectos vinculados a los recursos provinciales, como el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos (ICL), además de la emergencia en Bahía Blanca y la modificación del Régimen Penal Tributario.

En paralelo, se definirá la integración de la comisión investigadora del caso conocido como “$LIBRA”, con el objetivo de establecer un nuevo esquema de funcionamiento para evitar parálisis en el tratamiento de la causa.

Desde el oficialismo, los diputados libertarios se preparan para sostener la validez de los vetos dictados por Javier Milei, bajo el argumento de que resultan necesarios para mantener la disciplina fiscal. En la vereda opositora, en cambio, aseguran que buscarán “poner un límite” a lo que describen como un “ajuste sobre los sectores más vulnerables”.

La sesión se desarrolla en medio de una protesta “multisectorial” en los alrededores del Congreso. Jubilados, gremios estatales y organizaciones de la CTA confluyeron con familiares y personas con discapacidad, que reclaman la anulación de los vetos y la aplicación efectiva de las leyes sancionadas por el Parlamento.

Con un temario amplio y votaciones que pueden modificar el clima político de las próximas semanas, la jornada se perfila como una de las más decisivas del año legislativo.

En los primeros 18 meses del gobierno libertario, se perdieron más de 220 mil puestos de trabajo en blanco y el 3% de las firmas empleadoras bajaron sus persianas. El retroceso golpea especialmente a las pymes y a sectores como transporte, construcción e industria.

La política de estabilización económica aplicada por el presidente Javier Milei derivó en un fuerte retroceso del aparato productivo: en un año y medio cerraron 15.564 empresas y se destruyeron 223.537 empleos registrados, según cifras oficiales.

El ajuste sobre la economía real muestra que el 99,7% de las firmas que dejaron de operar eran pymes, lo que evidencia la vulnerabilidad del entramado productivo. La contracción alcanzó al 3% de los empleadores, con pérdidas concentradas en transporte y almacenamiento (-10,3% del empleo), servicios inmobiliarios (-8,8%) y construcción (-8%).

En términos absolutos, los sectores más golpeados fueron la administración pública (-98.653 puestos), la construcción (-80.873), el transporte y almacenamiento (-54.935) y la industria manufacturera (-39.016).

Dirigentes empresarios advierten que el programa económico “achica” el potencial de crecimiento de las pequeñas y medianas compañías. “Las pymes son empresas que tienden a expandirse, no a retraerse, y hoy están sin margen para sobrevivir”, planteó un representante sectorial.

La recesión responde, entre otros factores, a la apertura importadora, la reducción del consumo interno, el encarecimiento de costos y el desarme de organismos de apoyo como el INTA y el INTI.

Mientras el Ejecutivo celebra la desaceleración inflacionaria y el superávit fiscal, el impacto social se traduce en menos empresas, menos empleo y un horizonte de mayor precariedad laboral.

Ocho de cada diez hogares ajustaron sus hábitos alimentarios por la suba de precios. Crece el uso de la tarjeta de crédito en supermercados y se desploma el pago en efectivo.

La crisis económica está modificando de manera profunda el consumo de los argentinos, que no solo compran menos, sino que además optan por alimentos de menor calidad, según un relevamiento difundido por la consultora Management & Fitpolítica y un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (CentroRA) de la UBA.

El sondeo nacional muestra que ocho de cada diez hogares alteraron sus hábitos: la carne es el rubro más afectado, con familias que reducen su presencia en la mesa o la reemplazan por cortes más baratos. La sustitución de primeras marcas por segundas y terceras líneas también se extiende a productos de limpieza y cuidado personal.

El ajuste alcanza otros sectores como la indumentaria y el calzado, donde las compras se postergan o se reducen al mínimo. Casi la mitad de los encuestados (46,3%) admite que sus ingresos no cubren los gastos mensuales, mientras que un 29,6% llega “con dificultades” y un 16,7% lo hace con “grandes dificultades”.

En paralelo, un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierte que se incrementó de forma marcada el financiamiento con tarjeta de crédito para las compras en supermercados. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, este medio de pago pasó de representar el 39% al 46% de las operaciones.

El informe señala que el retroceso fue notorio en las tarjetas de débito, que bajaron del 34% al 27%, y en el uso de efectivo, que cayó del 20% al 16%. Los investigadores advierten que, pese a señales de reactivación económica en el segundo trimestre, “la demanda de bienes todavía no muestra un repunte consistente”.

El Ministerio de Economía oficializó el traspaso del 90% de las acciones de la empresa de agua y saneamiento del AMBA al sector privado. La medida se enmarca en el plan de privatizaciones del presidente Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la resolución que da inicio formal al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), compañía estatal que brinda servicios a más de 13 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Resolución 1198/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, fija un cronograma de ocho meses para transferir al sector privado el 90% del capital accionario. El plan contempla una primera etapa en la que un operador estratégico adquirirá al menos el 51% de la firma, mientras que el resto se colocará en los mercados bursátiles.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar la operación, con apoyo de un banco estatal que valuará la compañía y preparará la colocación en los mercados. A su vez, la Secretaría de Obras Públicas deberá elaborar la documentación contractual, incluyendo el nuevo esquema de concesión.

El marco regulatorio del sector ya había sido modificado mediante el DNU 493/2025, que introdujo dos cambios centrales: la autorización para interrumpir el servicio en caso de falta de pago y la actualización de tarifas en función de la inflación. Según fuentes oficiales, estas disposiciones buscan dar “certeza y atractivo” a los potenciales inversores.

AySA había sido estatizada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, tras el retiro de la concesionaria privada Aguas Argentinas. Actualmente la empresa emplea a 6.222 trabajadores, un 20% menos que en 2019.

La decisión genera preocupación en sindicatos y asociaciones de consumidores. Los primeros advierten por la estabilidad laboral, mientras que los segundos cuestionan la habilitación de cortes de servicio y el impacto de la indexación tarifaria.

Con esta medida, el Gobierno profundiza su programa de privatizaciones, que incluye además a empresas como Intercargo. El vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado en julio que el Ejecutivo buscaría “incorporar capital privado” en AySA, confirmando así los planes que hoy comienzan a ejecutarse.

El Ejecutivo nacional impulsa la recusación del magistrado federal Ernesto Kreplak, quien investiga las muertes por fentanilo adulterado, argumentando un conflicto de intereses por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense. La medida llega con la cifra de víctimas en ascenso y críticas sobre la respuesta oficial.

El Gobierno confirmó este jueves que solicitará el apartamiento del juez Kreplak de la causa que investiga el fallecimiento de 97 personas por consumo de fentanilo contaminado. Según la Casa Rosada, la relación del magistrado con su hermano Nicolás Kreplak —titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires— compromete la imparcialidad del proceso, ya que uno de los laboratorios bajo sospecha es proveedor de esa jurisdicción.

La decisión coincide con cuestionamientos de la oposición por la lentitud de las pericias y la posibilidad de que la tragedia tenga un alcance mayor al registrado oficialmente. Legisladores del PRO habían reclamado desde el inicio que el magistrado fuera reemplazado. “No podía investigar a su propio hermano”, sostuvo el diputado Alejandro Finocchiaro.

Mientras tanto, la investigación avanza en distintos frentes. El juzgado ordenó estudios en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata para determinar la fuente de la contaminación. Además, se analizan posibles casos en Córdoba, Formosa, Santa Fe y Bahía Blanca, lo que podría ampliar la magnitud de la crisis sanitaria.

La actuación de la ANMAT también quedó bajo revisión judicial por presuntas fallas de control sobre los laboratorios implicados en los últimos cinco años. Desde el sector empresarial, los dueños de HLB Pharma y otras firmas imputadas plantean la hipótesis de un sabotaje, señalando incluso a actores políticos, aunque esa línea de investigación no cuenta por ahora con respaldo probatorio.

En este contexto, el eventual desplazamiento del juez abre un nuevo capítulo en un expediente que ya combina un escenario de emergencia sanitaria con un alto voltaje político y judicial.

La liberalización de precios en la medicina privada y la crisis financiera de las obras sociales dejaron a la mayoría de los afiliados sin acceso pleno a las prestaciones esenciales. Expertos advierten que la falta de un piso uniforme de cobertura profundiza las desigualdades en el sistema.

El Programa Médico Obligatorio (PMO), creado hace más de tres décadas para garantizar un estándar mínimo de prestaciones de salud, atraviesa su mayor crisis desde su implementación. La desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei a fines de 2023 desató un alza acelerada en las cuotas de la medicina prepaga, la fragmentación de planes y la aplicación generalizada de copagos. Paralelamente, las obras sociales sindicales enfrentan un déficit estructural que impide sostener el nivel de servicios establecido por la norma.

Según datos del sector, solo el 19% de los beneficiarios recibe actualmente una cobertura ajustada al costo real del PMO. El resto depende de entidades con ingresos insuficientes, lo que limita el acceso a consultas, tratamientos y medicamentos esenciales. “Sin un piso común, tendremos un sistema con ciudadanos de primera y de segunda”, advirtió Juan Manuel Ibarguren, secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica.

En el ámbito privado, las empresas de medicina prepaga aprovecharon la liberalización para rediseñar sus planes y segmentar coberturas. Esto derivó en esquemas con cuotas base más bajas, pero con copagos variables que, en algunos casos, alcanzan el 100% de determinados tratamientos. El valor de un plan oscila hoy entre $80.000 y $200.000 mensuales por persona, con opciones “low cost” desde $50.000, pero con prestaciones restringidas.

La situación se replica en especialidades como la oftalmología, donde el PMO contempla únicamente intervenciones para patologías graves, dejando afuera controles rutinarios o tratamientos frecuentes. “No es un problema solo técnico, es una cuestión ética: se trata de garantizar salud como derecho efectivo”, remarcó Ibarguren.

Mientras tanto, la experiencia internacional muestra que países como Suiza, Francia o Reino Unido actualizan de manera periódica su cobertura básica, la financian con criterios solidarios y limitan los copagos a prestaciones de alta complejidad, garantizando así un acceso equitativo y sostenible para toda la población.

Por decreto, la Casa Rosada suprimió la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y transfirió sus funciones a la presidencia, en una medida que sortea el rechazo previo del Congreso y despierta críticas en el sector científico.

El Gobierno nacional dispuso este martes la eliminación de la Dirección Nacional del INTA y el traspaso de todas sus atribuciones a la presidencia del organismo, que encabeza Nicolás Bronzovich. La decisión, oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 571/2025, refuerza la centralización de la gestión y avanza sobre un área estratégica de la producción agropecuaria y la investigación tecnológica.

La resolución se produce apenas días después de que la Cámara de Diputados rechazara por amplia mayoría el decreto que planteaba una reforma integral del organismo, iniciativa que ahora aguarda tratamiento en el Senado. Pese a ese revés parlamentario, el Ejecutivo apeló a las facultades establecidas en el decreto-ley de creación del INTA para impulsar la supresión de la Dirección Nacional, argumentando superposición de funciones y falta de justificación operativa.

La Asociación del Personal del INTA (APINTA) había celebrado el rechazo legislativo a la reforma general y denunció que la nueva medida implica “un paso más en el desmantelamiento del organismo”. El gremio advirtió que insistirá con acciones para defender la autonomía institucional y evitar que el instituto pierda capacidad técnica y territorial.

El decreto establece que, hasta que se complete la reestructuración, se mantendrán transitoriamente las áreas operativas y el personal de la Dirección eliminada, aunque sin precisar plazos. La incertidumbre sobre el futuro del organismo preocupa a investigadores y referentes regionales, que advierten sobre el riesgo de pérdida de independencia y debilitamiento de las políticas de innovación agropecuaria.

La iniciativa se inscribe en la política de “racionalización del Estado” que impulsa la administración de Javier Milei y que ya alcanzó a otros organismos descentralizados.