Las automotrices remarcan sus listas en medio de la recesión, mientras el Gobierno se muestra incapaz de frenar la inflación que castiga también a los bienes durables. El aumento alcanza tanto a los modelos de entrada como a las pickups y SUV más vendidos.

El mercado automotor abrió octubre con nuevos incrementos que llegan hasta el 6% en los autos 0 km. Las principales terminales trasladaron a los consumidores los mayores costos de producción y la incertidumbre cambiaria, en un contexto donde la administración de Javier Milei insiste en recetas de ajuste que profundizan la caída del poder adquisitivo.

Los modelos de mayor circulación no quedaron al margen: el Cronos y el Pulse de Fiat, los utilitarios de Peugeot y Citroën, la Hilux de Toyota y el Corolla en todas sus versiones, entre otros, ya figuran con precios que subieron entre 2% y 8%. Chevrolet fue la marca con mayores aumentos, con un promedio de 6,1% en toda su gama, mientras Ford ajustó entre 1,3% y 5%.

El impacto se siente en las concesionarias, donde la demanda se retrae por el encarecimiento constante de los vehículos y las tasas de financiamiento que vuelven inalcanzable la compra para sectores medios. A la par, las terminales justifican los aumentos en “la presión de costos internos”, pero en el sector reconocen que la falta de un rumbo económico claro acentúa la inestabilidad de precios.

Con la inflación sin control, salarios rezagados y perspectivas de nuevas remarcaciones antes de fin de año, la posibilidad de acceder a un 0 km se convierte en un lujo para pocos. El gobierno de Milei, lejos de garantizar previsibilidad, consolida un escenario en el que hasta cambiar el auto se transforma en una carrera imposible contra los precios.

El oficialismo enfrenta tensiones internas luego de la débil actuación televisiva del candidato, que lejos de despejar dudas sobre sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico, profundizó el malestar dentro del propio gabinete. La Casa Rosada admite que la única defensa convincente fue la del propio Javier Milei.

La estrategia de blindar a José Luis Espert terminó en un boomerang para el gobierno libertario. Su aparición televisiva para explicar su relación con Fred Machado no solo no convenció, sino que dejó expuesta la fragilidad de la campaña oficialista en el principal distrito electoral del país. Funcionarios de primera línea criticaron la falta de firmeza en sus respuestas y admiten que “lo defendió mejor Milei que él mismo”.

En reuniones de gabinete se llegó a barajar la posibilidad de bajarlo de las listas en la provincia de Buenos Aires, pero el Presidente se impuso con su decisión de sostenerlo, aún a contramano del rechazo que genera en ministros y dirigentes de La Libertad Avanza. En paralelo, Espert acumula suspensiones de actos en municipios clave y evidencia incapacidad para recomponer su imagen pública.

La candidatura, sostenida únicamente por el respaldo personal de Milei, se convirtió en un foco de desgaste que amenaza con arrastrar a la campaña libertaria en territorio bonaerense. En el entorno oficial ya admiten que, lejos de disipar el escándalo, la performance del diputado consolidó la percepción de un gobierno atrapado en sus propias contradicciones y con candidatos incapaces de dar respuestas a la sociedad.

El Archivo Provincial de la Memoria impulsa junto a un equipo interdisciplinario un proyecto que recupera relatos y experiencias de comunidades originarias en esa provincia del Noroeste.

El Archivo Provincial de la Memoria de Salta, junto a un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Salta, desarrolla el proyecto “Memorias en Vuelo”, una investigación que busca rescatar las voces y experiencias de las comunidades originarias durante los años 60 y 80, atravesados por la violencia política y el Terrorismo de Estado.

La iniciativa, integrada por Julio Flores, Carla Isella y Evelyn Zerpa, con el acompañamiento de la directora del Archivo, Alba Fernández, y el realizador audiovisual Facundo Hessling, apunta a producir materiales sonoros que amplíen el abanico de narrativas históricas en torno a la última dictadura.

El equipo sostiene que la represión de aquellos años no puede limitarse a la definición tradicional de “cívica, militar, eclesiástica y patriarcal”, sino que también debe reconocerse como racista, en tanto profundizó la larga historia de violencias sobre los pueblos indígenas desde la colonización.

“Las investigaciones en las Ciencias Sociales están al servicio del presente, desde nuevos enfoques y preguntas que estimulan el compromiso con el respeto a la Democracia, los Derechos Humanos y la No Repetición de los Crímenes de Lesa Humanidad”, remarcó Fernández.

El proyecto abre un nuevo capítulo en la disputa por la memoria: el de pensar a la Dictadura no solo como un plan económico y represivo contra la clase trabajadora y las organizaciones políticas, sino también como parte de una continuidad histórica de racismo estructural que buscó silenciar a los pueblos originarios.

La nueva restricción del Banco Central limita el acceso a los dólares financieros y castiga a pequeños ahorristas, mientras los analistas advierten que la presión se trasladará al mercado paralelo.

El Gobierno de Javier Milei volvió a cerrar el grifo cambiario con una norma que restringe aún más la operatoria de divisas para individuos. La Comunicación “A” 8336 del Banco Central inhabilita durante 90 días a toda persona que compre dólar oficial para operar con MEP o CCL, y viceversa. En la práctica, la medida acorrala a los pequeños ahorristas y empuja a miles de demandantes hacia el circuito informal.

Especialistas consultados señalan que la decisión reducirá la liquidez en los dólares financieros y abrirá la puerta a movimientos bruscos de precios, con un riesgo creciente de presión sobre el tipo de cambio oficial. La brecha cambiaria, advierten, quedará aún más atada a la dinámica del blue, que aparece como la única válvula de escape frente a un mercado formal cada vez más clausurado.

En agosto, las compras de particulares ya habían caído casi 40 % por el encarecimiento del “dólar ahorro” y las trabas crecientes. Ahora, la restricción se profundiza y consolida un esquema en el que la mayoría de la población queda excluida del acceso a divisas legales, mientras las grandes empresas encuentran resquicios para seguir operando.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, celebró la medida con la frase “se cortó un kiosco de unos pocos”. Sin embargo, el trasfondo muestra otra realidad: un gobierno que preserva las reservas a fuerza de castigar a los sectores medios, mientras la dolarización de la economía avanza por canales paralelos y sin control.

El rescate financiero que negocia el Gobierno con Washington incluye exigencias sobre recursos estratégicos, lo que alimenta las críticas de quienes denuncian una entrega de soberanía a cambio de dólares.

El Gobierno nacional intensifica sus gestiones para obtener apoyo económico de Estados Unidos, pero la ayuda viene acompañada de condiciones que despiertan fuertes cuestionamientos. Detrás del salvavidas financiero aparece el interés norteamericano por los minerales críticos de Argentina, con el litio en primer plano.

Según trascendió, los acuerdos contemplan la apertura de licitaciones provinciales a empresas estadounidenses, exigencias de transparencia en los contratos y un rol de supervisión sobre la gobernabilidad interna. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el respaldo de Washington “es una decisión geopolítica” y admitió que el desembolso de fondos estará ligado a inversiones en el “sector real”.

La hoja de ruta no es nueva: en agosto de 2024 se firmó un Memorándum de Cooperación con EE.UU. que habilita a ese país a acceder a información sobre cadenas de suministro de minerales críticos. En la práctica, esto implica que las provincias deberán compartir datos sensibles de sus recursos, especialmente litio, tierras raras y cobre.

Especialistas advierten que Argentina, pese a poseer más del 50 % de las reservas mundiales de litio, solo obtiene alrededor del 10 % del valor agregado. El esquema que propone el acuerdo refuerza el lugar de proveedor subordinado de materia prima, mientras la transformación industrial y las mayores ganancias seguirán quedando fuera del país.

Otro aspecto polémico es la exigencia de “orden institucional” y de disciplina en el Congreso como condición para liberar fondos. Caputo confirmó que esta cláusula forma parte de las conversaciones, lo que en la práctica subordina decisiones políticas locales a la agenda de Washington.

En un contexto de vencimientos de deuda que superan los USD 65.000 millones entre 2026 y 2027, críticos sostienen que el Gobierno de Milei se coloca contra la pared y acepta concesiones que hipotecan soberanía sobre los recursos estratégicos.

Activistas internacionales que integran la Flotilla Global Samud alertaron sobre un posible ataque militar de Israel en las próximas 48 horas, en un intento por frenar el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La denuncia fue difundida en el canal oficial de Telegram del movimiento, que viaja en embarcaciones civiles hacia el enclave palestino con médicos, periodistas y defensores de derechos humanos a bordo. Según la información difundida, Israel podría emplear “armas capaces de hundir los barcos” y provocar muertes entre los tripulantes.

Los organizadores convocaron a una conferencia de prensa de urgencia para este jueves a las 13 GMT, con el objetivo de brindar detalles de la amenaza y reclamar la intervención inmediata de gobiernos y organismos internacionales. “La seguridad de civiles está en riesgo inminente”, subrayaron en su comunicado.

No es la primera vez que la flotilla denuncia hostigamiento en alta mar. En una misión anterior ya había sido atacada, en un episodio que reforzó las acusaciones de violación al derecho internacional por parte de Israel. La nueva advertencia llega en un contexto de fuertes críticas globales a la ofensiva militar de Benjamin Netanyahu sobre Gaza, donde organizaciones humanitarias contabilizan miles de víctimas civiles y denuncian crímenes de guerra.

Los activistas remarcaron que su acción tiene carácter pacífico y que su único objetivo es romper el bloqueo marítimo para garantizar el ingreso de ayuda humanitaria a una población asediada.

Las cadenas de autoservicios advierten que los proveedores trasladan subas anticipadas en aceites, yerba y galletitas, mientras el consumo sigue estancado en gran parte del país.

Los supermercadistas encendieron las alarmas frente a nuevas listas de precios enviadas por los proveedores, que reflejan incrementos de hasta un 7% en productos sensibles al dólar como aceites, yerbas y galletitas. La advertencia llega en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y ventas paralizadas.

Las cadenas nucleadas en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y en la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) señalan que estas subas son “especulativas” y reclaman retrotraer los precios a niveles anteriores. “No responden a aumentos reales de costos, sino a reacciones anticipadas”, advirtieron en un comunicado.

Víctor Palpacelli, presidente de FASA, precisó que los incrementos no fueron homogéneos: mientras aceites y galletitas treparon hasta un 7%, las yerbas mostraron un rango de subas entre 2,7% y 7%. En contraste, algunos productos de cuidado personal redujeron sus valores como gesto de contención.

El comunicado conjunto pidió responsabilidad empresarial: “No se puede trasladar todo al consumidor. Si no se corrige, estas maniobras sólo agravarán la inflación y profundizarán la pérdida de ingresos de los hogares”.

En el interior, la situación preocupa especialmente. Las ventas se mantienen en niveles históricamente bajos y los supermercadistas advierten que cada suba expulsa a más familias del consumo básico. “La presión es doble: justificar precios y al mismo tiempo intentar sostener las ventas”, resumen desde el sector.

Los empresarios consideran que una corrección inmediata es clave para evitar un nuevo espiral inflacionario que golpee tanto a consumidores como a la propia cadena de comercialización.

El Frente Sindical por la Soberanía convocó a un acto en Plaza Flores con la participación de más de un centenar de gremios y del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en rechazo a la política exterior del Gobierno.

La movilización se realizará este jueves a las 18 horas bajo la consigna “Encuentro por la Paz”, en repudio al alineamiento automático de Javier Milei con Estados Unidos e Israel. Entre los principales convocantes se encuentran ATE, la CATT y las dos CTA, que alertaron sobre la pérdida de soberanía y la complicidad argentina frente al genocidio en Gaza.

“Este acto tiene que ser un severo llamado de atención. No podemos mirar para otro lado con lo que está pasando”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, al cuestionar el rumbo internacional de la Casa Rosada.

El Frente Sindical acusó al gobierno libertario de romper con las tradiciones diplomáticas argentinas y de subordinarse a las políticas de Benjamín Netanyahu. En un comunicado, remarcaron que “la matanza debe detenerse de manera urgente y efectiva” y advirtieron que el país “no puede ser cómplice de esta situación”.

La presencia de Pérez Esquivel buscará darle mayor visibilidad a un reclamo que combina rechazo al genocidio palestino y a los extremismos religiosos con una denuncia interna: que la Argentina está abandonando su histórica postura independiente en política exterior para convertirse en satélite de Washington y Tel Aviv.

La marcha en Plaza Flores se inscribe en un clima de creciente tensión social y gremial, donde el gobierno de Milei acumula frentes de conflicto mientras se aísla en el plano internacional detrás de alianzas que muchos consideran ajenas a los intereses nacionales.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich, salió a marcarle la cancha a Mauricio Macri y dejó en evidencia la incomodidad del Gobierno con la figura del expresidente, a quien consideran un lastre político en medio de la campaña.

En una entrevista televisiva, Bullrich advirtió que si Macri quiere hablar con el mandatario “tiene que hacerlo directamente”, en un mensaje que sonó más a portazo que a gesto de unidad. Mientras tanto, en la Casa Rosada bajaron la persiana a cualquier encuentro entre Milei y el líder del PRO, descartando fotos de campaña que, según fuentes oficiales, “no suman nada y pueden espantar votos”.

El oficialismo intenta sostener el relato de cambio y orden, pero en los hechos se ve obligado a administrar tensiones con un aliado cada vez más incómodo. Macri, que hace apenas un año era figura de consulta permanente en la oposición, hoy es señalado por su “alto nivel de imagen negativa” y relegado a un rol secundario que confirma su pérdida de peso político.

En este escenario, Bullrich busca capitalizar su alineamiento con Milei para reposicionarse dentro del PRO y en el tablero electoral, mientras la campaña libertaria intenta despegarse de un expresidente al que ya ni siquiera invitan a los actos. Una jugada que desnuda la fragilidad de las alianzas tejidas por el Gobierno y que anticipa más ruido que certidumbre rumbo a octubre.

Un informe del IARAF advierte que la decisión oficial costará al Estado cerca de US$ 1.000 millones en 2025, una cifra que equivale a casi la mitad del superávit previsto y que compromete las metas firmadas con el Fondo Monetario Internacional.

La administración de Javier Milei anunció la eliminación de retenciones al complejo oleaginoso y cerealero hasta octubre de 2025 en busca de acelerar la liquidación de divisas, pero la medida amenaza con dinamitar el delicado esquema fiscal que el propio Gobierno había presentado como su principal logro. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo ascendería a 0,15% del PBI, lo que equivale a unos US$ 1.000 millones, cifra equivalente al 46% del superávit comprometido para el año próximo.

El estudio calcula que, dependiendo del nivel de liquidación de soja y maíz, la pérdida de recursos podría escalar hasta los US$ 1.600 millones, comprometiendo de lleno los compromisos asumidos con el FMI. Aunque parte de ese agujero se compensaría con mayor recaudación de ganancias e IVA, el impacto neto seguiría siendo negativo y dejaría al Tesoro con menos margen para sostener el ajuste.

En los hechos, la decisión representa una transferencia directa de renta desde el Estado hacia el núcleo más concentrado del agroexportador, en un país donde la mayoría de la población enfrenta caída del poder adquisitivo, recesión y dificultades crecientes para cubrir gastos básicos. El Gobierno eligió beneficiar al sector con mayor capacidad de presión, aun a costa de hipotecar el equilibrio de las cuentas públicas que prometía preservar.

Con este giro, Milei no solo pone en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales, sino que exhibe la contradicción central de su programa: recorta jubilaciones, subsidios y gasto social, mientras otorga a los grandes exportadores una concesión que erosiona el mismo superávit que usa como bandera.