En los primeros 18 meses del gobierno libertario, se perdieron más de 220 mil puestos de trabajo en blanco y el 3% de las firmas empleadoras bajaron sus persianas. El retroceso golpea especialmente a las pymes y a sectores como transporte, construcción e industria.

La política de estabilización económica aplicada por el presidente Javier Milei derivó en un fuerte retroceso del aparato productivo: en un año y medio cerraron 15.564 empresas y se destruyeron 223.537 empleos registrados, según cifras oficiales.

El ajuste sobre la economía real muestra que el 99,7% de las firmas que dejaron de operar eran pymes, lo que evidencia la vulnerabilidad del entramado productivo. La contracción alcanzó al 3% de los empleadores, con pérdidas concentradas en transporte y almacenamiento (-10,3% del empleo), servicios inmobiliarios (-8,8%) y construcción (-8%).

En términos absolutos, los sectores más golpeados fueron la administración pública (-98.653 puestos), la construcción (-80.873), el transporte y almacenamiento (-54.935) y la industria manufacturera (-39.016).

Dirigentes empresarios advierten que el programa económico “achica” el potencial de crecimiento de las pequeñas y medianas compañías. “Las pymes son empresas que tienden a expandirse, no a retraerse, y hoy están sin margen para sobrevivir”, planteó un representante sectorial.

La recesión responde, entre otros factores, a la apertura importadora, la reducción del consumo interno, el encarecimiento de costos y el desarme de organismos de apoyo como el INTA y el INTI.

Mientras el Ejecutivo celebra la desaceleración inflacionaria y el superávit fiscal, el impacto social se traduce en menos empresas, menos empleo y un horizonte de mayor precariedad laboral.

Ocho de cada diez hogares ajustaron sus hábitos alimentarios por la suba de precios. Crece el uso de la tarjeta de crédito en supermercados y se desploma el pago en efectivo.

La crisis económica está modificando de manera profunda el consumo de los argentinos, que no solo compran menos, sino que además optan por alimentos de menor calidad, según un relevamiento difundido por la consultora Management & Fitpolítica y un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (CentroRA) de la UBA.

El sondeo nacional muestra que ocho de cada diez hogares alteraron sus hábitos: la carne es el rubro más afectado, con familias que reducen su presencia en la mesa o la reemplazan por cortes más baratos. La sustitución de primeras marcas por segundas y terceras líneas también se extiende a productos de limpieza y cuidado personal.

El ajuste alcanza otros sectores como la indumentaria y el calzado, donde las compras se postergan o se reducen al mínimo. Casi la mitad de los encuestados (46,3%) admite que sus ingresos no cubren los gastos mensuales, mientras que un 29,6% llega “con dificultades” y un 16,7% lo hace con “grandes dificultades”.

En paralelo, un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierte que se incrementó de forma marcada el financiamiento con tarjeta de crédito para las compras en supermercados. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, este medio de pago pasó de representar el 39% al 46% de las operaciones.

El informe señala que el retroceso fue notorio en las tarjetas de débito, que bajaron del 34% al 27%, y en el uso de efectivo, que cayó del 20% al 16%. Los investigadores advierten que, pese a señales de reactivación económica en el segundo trimestre, “la demanda de bienes todavía no muestra un repunte consistente”.

El Ministerio de Economía oficializó el traspaso del 90% de las acciones de la empresa de agua y saneamiento del AMBA al sector privado. La medida se enmarca en el plan de privatizaciones del presidente Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la resolución que da inicio formal al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), compañía estatal que brinda servicios a más de 13 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Resolución 1198/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, fija un cronograma de ocho meses para transferir al sector privado el 90% del capital accionario. El plan contempla una primera etapa en la que un operador estratégico adquirirá al menos el 51% de la firma, mientras que el resto se colocará en los mercados bursátiles.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar la operación, con apoyo de un banco estatal que valuará la compañía y preparará la colocación en los mercados. A su vez, la Secretaría de Obras Públicas deberá elaborar la documentación contractual, incluyendo el nuevo esquema de concesión.

El marco regulatorio del sector ya había sido modificado mediante el DNU 493/2025, que introdujo dos cambios centrales: la autorización para interrumpir el servicio en caso de falta de pago y la actualización de tarifas en función de la inflación. Según fuentes oficiales, estas disposiciones buscan dar “certeza y atractivo” a los potenciales inversores.

AySA había sido estatizada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, tras el retiro de la concesionaria privada Aguas Argentinas. Actualmente la empresa emplea a 6.222 trabajadores, un 20% menos que en 2019.

La decisión genera preocupación en sindicatos y asociaciones de consumidores. Los primeros advierten por la estabilidad laboral, mientras que los segundos cuestionan la habilitación de cortes de servicio y el impacto de la indexación tarifaria.

Con esta medida, el Gobierno profundiza su programa de privatizaciones, que incluye además a empresas como Intercargo. El vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado en julio que el Ejecutivo buscaría “incorporar capital privado” en AySA, confirmando así los planes que hoy comienzan a ejecutarse.

El Ejecutivo nacional impulsa la recusación del magistrado federal Ernesto Kreplak, quien investiga las muertes por fentanilo adulterado, argumentando un conflicto de intereses por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense. La medida llega con la cifra de víctimas en ascenso y críticas sobre la respuesta oficial.

El Gobierno confirmó este jueves que solicitará el apartamiento del juez Kreplak de la causa que investiga el fallecimiento de 97 personas por consumo de fentanilo contaminado. Según la Casa Rosada, la relación del magistrado con su hermano Nicolás Kreplak —titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires— compromete la imparcialidad del proceso, ya que uno de los laboratorios bajo sospecha es proveedor de esa jurisdicción.

La decisión coincide con cuestionamientos de la oposición por la lentitud de las pericias y la posibilidad de que la tragedia tenga un alcance mayor al registrado oficialmente. Legisladores del PRO habían reclamado desde el inicio que el magistrado fuera reemplazado. “No podía investigar a su propio hermano”, sostuvo el diputado Alejandro Finocchiaro.

Mientras tanto, la investigación avanza en distintos frentes. El juzgado ordenó estudios en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata para determinar la fuente de la contaminación. Además, se analizan posibles casos en Córdoba, Formosa, Santa Fe y Bahía Blanca, lo que podría ampliar la magnitud de la crisis sanitaria.

La actuación de la ANMAT también quedó bajo revisión judicial por presuntas fallas de control sobre los laboratorios implicados en los últimos cinco años. Desde el sector empresarial, los dueños de HLB Pharma y otras firmas imputadas plantean la hipótesis de un sabotaje, señalando incluso a actores políticos, aunque esa línea de investigación no cuenta por ahora con respaldo probatorio.

En este contexto, el eventual desplazamiento del juez abre un nuevo capítulo en un expediente que ya combina un escenario de emergencia sanitaria con un alto voltaje político y judicial.

La liberalización de precios en la medicina privada y la crisis financiera de las obras sociales dejaron a la mayoría de los afiliados sin acceso pleno a las prestaciones esenciales. Expertos advierten que la falta de un piso uniforme de cobertura profundiza las desigualdades en el sistema.

El Programa Médico Obligatorio (PMO), creado hace más de tres décadas para garantizar un estándar mínimo de prestaciones de salud, atraviesa su mayor crisis desde su implementación. La desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei a fines de 2023 desató un alza acelerada en las cuotas de la medicina prepaga, la fragmentación de planes y la aplicación generalizada de copagos. Paralelamente, las obras sociales sindicales enfrentan un déficit estructural que impide sostener el nivel de servicios establecido por la norma.

Según datos del sector, solo el 19% de los beneficiarios recibe actualmente una cobertura ajustada al costo real del PMO. El resto depende de entidades con ingresos insuficientes, lo que limita el acceso a consultas, tratamientos y medicamentos esenciales. “Sin un piso común, tendremos un sistema con ciudadanos de primera y de segunda”, advirtió Juan Manuel Ibarguren, secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica.

En el ámbito privado, las empresas de medicina prepaga aprovecharon la liberalización para rediseñar sus planes y segmentar coberturas. Esto derivó en esquemas con cuotas base más bajas, pero con copagos variables que, en algunos casos, alcanzan el 100% de determinados tratamientos. El valor de un plan oscila hoy entre $80.000 y $200.000 mensuales por persona, con opciones “low cost” desde $50.000, pero con prestaciones restringidas.

La situación se replica en especialidades como la oftalmología, donde el PMO contempla únicamente intervenciones para patologías graves, dejando afuera controles rutinarios o tratamientos frecuentes. “No es un problema solo técnico, es una cuestión ética: se trata de garantizar salud como derecho efectivo”, remarcó Ibarguren.

Mientras tanto, la experiencia internacional muestra que países como Suiza, Francia o Reino Unido actualizan de manera periódica su cobertura básica, la financian con criterios solidarios y limitan los copagos a prestaciones de alta complejidad, garantizando así un acceso equitativo y sostenible para toda la población.

Por decreto, la Casa Rosada suprimió la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y transfirió sus funciones a la presidencia, en una medida que sortea el rechazo previo del Congreso y despierta críticas en el sector científico.

El Gobierno nacional dispuso este martes la eliminación de la Dirección Nacional del INTA y el traspaso de todas sus atribuciones a la presidencia del organismo, que encabeza Nicolás Bronzovich. La decisión, oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 571/2025, refuerza la centralización de la gestión y avanza sobre un área estratégica de la producción agropecuaria y la investigación tecnológica.

La resolución se produce apenas días después de que la Cámara de Diputados rechazara por amplia mayoría el decreto que planteaba una reforma integral del organismo, iniciativa que ahora aguarda tratamiento en el Senado. Pese a ese revés parlamentario, el Ejecutivo apeló a las facultades establecidas en el decreto-ley de creación del INTA para impulsar la supresión de la Dirección Nacional, argumentando superposición de funciones y falta de justificación operativa.

La Asociación del Personal del INTA (APINTA) había celebrado el rechazo legislativo a la reforma general y denunció que la nueva medida implica “un paso más en el desmantelamiento del organismo”. El gremio advirtió que insistirá con acciones para defender la autonomía institucional y evitar que el instituto pierda capacidad técnica y territorial.

El decreto establece que, hasta que se complete la reestructuración, se mantendrán transitoriamente las áreas operativas y el personal de la Dirección eliminada, aunque sin precisar plazos. La incertidumbre sobre el futuro del organismo preocupa a investigadores y referentes regionales, que advierten sobre el riesgo de pérdida de independencia y debilitamiento de las políticas de innovación agropecuaria.

La iniciativa se inscribe en la política de “racionalización del Estado” que impulsa la administración de Javier Milei y que ya alcanzó a otros organismos descentralizados.

En un plenario del Movimiento Derecho al Futuro, el gobernador bonaerense pidió redoblar la campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre y afirmó que Fuerza Patria es la única opción para “frenar el plan entreguista” del gobierno libertario.

Axel Kicillof encabezó este lunes un acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la capital bonaerense y pronunció un mensaje de fuerte contenido político, instando a la militancia a “no guardarse nada” en la recta final hacia los comicios provinciales.

“Más que nunca hay que militar, recorrer y explicar lo que está en juego”, dijo el mandatario, quien sostuvo que la boleta de Fuerza Patria “es la única que puede poner un freno a Javier Milei y defender el futuro de los bonaerenses”.

En su intervención, el gobernador cargó contra la administración nacional, a la que acusó de ejecutar “un plan entreguista y cruel” y de aplicar “la motosierra” sobre derechos adquiridos. “En esta elección se juegan la Patria, la soberanía y la democracia”, afirmó.

Kicillof reivindicó las políticas públicas provinciales y advirtió que el ajuste fiscal amenaza a la industria, la producción y la universidad pública. “El 7 de septiembre vamos a defender a los pibes, a los jubilados y a nuestra provincia, en las urnas y en las calles”, remarcó.

Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, acompañó el mensaje y pidió un “contundente rechazo” al rumbo económico del gobierno nacional. “Los bonaerenses queremos un futuro mejor con más derechos”, señaló.

El encuentro del MDF se dio en el marco de la reorganización del peronismo provincial, donde Kicillof busca consolidar su espacio y unificar el voto opositor en torno a Fuerza Patria.

A una semana de las elecciones presidenciales en Bolivia, la colectividad boliviana en Buenos Aires movilizó sus fuerzas con una caravana en respaldo al candidato de Alianza Popular, reafirmando su compromiso con un cambio profundo y rechazando el llamado al voto nulo que beneficia a la derecha.

Con banderas, música y consignas, integrantes de la colectividad boliviana en la capital argentina participaron este domingo de una caravana electoral en apoyo a Andrónico Rodríguez. La actividad buscó reafirmar la consigna: “Unidad, fuerza y compromiso. Por Bolivia y por Andrónico”.

De cara a los sufragios en esa nación sudamericana, dentro de la colectividad hay confianza en que Rodríguez resultará triunfador en la primera vuelta de los comicios del 17 de agosto y que, en un hipotético balotaje, se enfrentará al derechista, neoliberal y empresario Doria Medina. En ese sentido, los militantes reunidos en el centro porteño señalaron que el apoyo desde el exterior es clave para consolidar esa proyección electoral.

Mientras se esperaba el inicio de la actividad y al calor de los motores que comenzaban a hacer sus primeros ruidos, no se comprende el llamado al voto nulo por parte del expresidente Evo Morales, al que consideran una posición que “solo beneficia a la derecha y a los proyectos coloniales de entrega del patrimonio de todos los bolivianos”.

La movilización comenzó al mediodía en Plaza Viamonte y Lavalle, frente al Obelisco, donde se concentraron delegaciones llegadas de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Desde allí, la caravana de autos, camionetas y motos recorrió el centro porteño, registrando imágenes y videos que fueron enviados en tiempo real a Bolivia.

El recorrido incluyó una parada en la Villa 1-11-14 (Bonorino), con saludos a vecinos y registros audiovisuales, y otra en Villa Lugano, donde se repartieron panfletos, remeras y gorros con la imagen de Andrónico. La caravana finalizó en Villa Celina, en la casa de Don Israel, sede local del comando de campaña, con una reunión para intercambiar ideas y reforzar la organización.

Durante el encuentro, uno de los referentes de la colectividad, Wilson Rojas Torrico, tomó la palabra para ratificar su compromiso con el proyecto político que impulsa Rodríguez. “Es el proyecto que Bolivia necesita en este momento, y la comunidad migrante lo respalda con fuerza”, afirmó ante los presentes.

Por su parte, José Zambrana, otro referente de la colectividad boliviana, subrayó que “la unidad de los bolivianos en Argentina es una señal clara para Bolivia: no vamos a dejar que el país retroceda ni que se entreguen sus recursos”.

Con un clima de fiesta popular y convicción política, los asistentes coincidieron en que la elección del próximo domingo definirá el rumbo de Bolivia para los próximos años. “No es solo una campaña, es la defensa de un proyecto de patria que nace del pueblo y vuelve al pueblo”, resumió uno de los organizadores mientras las banderas se guardaban, pero el entusiasmo seguía intacto.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó este jueves la breve visita del presidente Javier Milei a La Matanza y sostuvo que el mandatario “no recorre los barrios porque se encontraría con fábricas cerradas y trabajadores que no llegan a fin de mes”.

Las declaraciones se produjeron durante la inauguración de la Escuela Primaria N°218, en un acto que compartió con la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, el titular de Cultura y Educación Alberto Sileoni y el intendente local Fernando Espinoza.

“Vino un rato para la foto y se fue. No quiere caminar los barrios porque allí está la realidad que su gobierno no quiere ver: comercios sin ventas, industrias que bajan la persiana y familias que no llegan a fin de mes”, afirmó Kicillof ante vecinos y funcionarios.

En clave electoral, el gobernador ligó sus críticas al escenario político: “El 7 de septiembre tenemos la oportunidad de elegir el camino de más escuelas, más asfalto y mejores salarios, con la boleta de Fuerza Patria”, expresó.

Wilson Rojas Torrico, dirigente de la colectividad boliviana en Buenos Aires, afirmó que la candidatura de Andrónico Rodríguez representa “la reserva moral” del país y llamó a la comunidad migrante a respaldarlo en las elecciones presidenciales de Bolivia para impedir el regreso de “la derecha neoliberal” al poder.

Rojas, reconocido por su trayectoria en organizaciones sociales y culturales de la comunidad boliviana en Argentina, sostuvo que el candidato a Presidente de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, encarna “la honestidad para enfrentar a los dinosaurios políticos que saquearon nuestras riquezas naturales” y que es “el futuro de las juventudes, estudiantes, campesinos, obreros, mineros y trabajadores humildes”.

En diálogo con Primerenando las noticias, subrayó que “es el único candidato que respetará la dignidad del pueblo y la integridad territorial frente a la intromisión del imperio yanqui”, diferenciándolo de figuras como Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina o Manfred Reyes Villa, a quienes acusó de “vendepatrias serviles del imperio” que gobernaron en épocas de golpes de Estado.

El referente advirtió que, en estos comicios, Bolivia “se juega la democracia” y cuestionó el llamado al voto nulo impulsado por Evo Morales, al considerar que “favorecería el regreso de la derecha” y provocaría “consecuencias fatales para el pueblo”. “Quedan pocas horas para que Evo pueda recapacitar y apoyar a Andrónico, que es el único representante de la clase humilde”, sostuvo.

Rojas recordó que su compromiso político comenzó en la juventud: “De estudiante milité en un partido liderado por el general Juan José Torres, quien formó la Alianza de Izquierda Nacional. Esa convicción nunca la abandoné, ni en mi ideología ni en mis principios”. En ese sentido, alertó que “Bolivia necesita una orientación sobre qué rumbo tomar contra la derecha y la ultraderecha, que ahora intentan llegar al poder como siempre: a base de mentiras, engaños y traición”.

“Se ponen los ponchos y se disfrazan para convencer, pero al día siguiente de las elecciones no dan ni un saludo. Estamos seguros de que nuestro candidato, Andrónico, puede darnos una sorpresa y ganar en primera vuelta”, remarcó.

Una vida de compromiso social y política
Nacido en Bolivia, Wilson Rojas Torrico emigró a Argentina en la década del 90. Desde entonces, se integró de lleno a las asociaciones de residentes bolivianos en Buenos Aires, donde fue impulsor de eventos culturales, festivales patrios y actividades solidarias. Ha encabezado campañas de ayuda para familias en situación de vulnerabilidad y proyectos de fortalecimiento de la identidad cultural boliviana en el exterior.

Además, fue organizador y orador en múltiples actos conmemorativos del proceso de cambio en Bolivia, y participó activamente en espacios de coordinación política de migrantes. Su militancia lo convirtió en un puente entre la colectividad y autoridades locales, así como en una voz permanente en la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes.

“Estamos cooperando por convicción para que Andrónico sea presidente”, resumió Rojas, convencido de que el dirigente cocalero “es una necesidad urgente de cambio para Bolivia”.