El Presidente rechazó por decreto las leyes que preveían mejoras en haberes previsionales y ayudas por discapacidad. El Gobierno ratificó su prioridad fiscal y mantendrá los valores definidos antes de la votación en el Congreso.

El presidente Javier Milei vetó este lunes dos leyes clave impulsadas por la oposición: una que establecía un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, y otra que declaraba la emergencia nacional en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso el pasado 10 de julio.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, con el argumento de que las iniciativas “afectan el equilibrio fiscal” y representan “una amenaza directa al superávit” que el Ejecutivo considera pilar central de su programa económico.

Tras el veto, los haberes jubilatorios recibirán en agosto únicamente el aumento del 1,6% anunciado previamente por el Gobierno, en base a la inflación informada por el INDEC. De este modo, la jubilación mínima será de $314.243,51, mientras que el haber máximo se mantendrá en $2.114.561,35.

También continuará vigente el bono mensual de $70.000 para jubilados que perciben la mínima. Aquellos que superen ese monto, pero no lleguen a $384.243,50, recibirán un refuerzo proporcional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $321.394,80 con el bono incluido, y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzarán los $289.970,45.

En cuanto al proyecto vetado sobre discapacidad, incluía la creación de una pensión no contributiva específica, mayores transferencias a prestadores y la declaración de emergencia hasta 2026. La medida fue rechazada también por razones fiscales.

Desde el Gobierno nacional sostienen que las leyes aprobadas por el Congreso constituían un “intento de desestabilización institucional”. En paralelo, distintas organizaciones de jubilados y personas con discapacidad anticiparon movilizaciones para exigir que se revierta el veto.

Con una suba del dólar que supera el 13% en julio, grandes compañías ajustaron precios entre un 3% y un 9% en productos de consumo masivo. Comerciantes y supermercados recibieron nuevas listas con incrementos generalizados.

La reciente escalada del tipo de cambio ya muestra impacto directo en los precios al consumidor. En los últimos días, empresas líderes del sector alimenticio, de higiene y limpieza enviaron nuevas listas de precios con aumentos que van del 3% al 9%, en respuesta a la suba del dólar libre, que en julio acumuló un alza superior al 13%.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) confirmó que los nuevos valores fueron comunicados a cadenas de supermercados y comercios minoristas. Entre los principales ajustes, Arcor aplicó subas de entre el 3% y el 5%, Mondelez entre el 7% y el 9%, y Unilever estableció un incremento promedio del 8%.

También se sumaron aumentos del 7% en productos de Softys (Elite, Babysec, Ladysoft) y del 4% al 5% en alimentos de marcas como La Serenísima (Mastellone) y Danone. Las aceiteras General Deheza y Cañuelas, por su parte, remarcaron un 5%.

A esto se agregan subas del 7% en artículos de limpieza de SC Johnson y un incremento en el precio de los cigarrillos en los comercios de barrio, que ronda el 8%. Panificados, galletitas y harinas también comenzaron a moverse al alza.

Desde el sector supermercadista anticiparon que buscarán negociar con los proveedores para moderar los aumentos y acercarlos al 5%, aunque admiten que el escenario cambiario complica cualquier intento de contención.

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, había advertido públicamente contra las remarcaciones, asegurando que los consumidores no convalidarían los nuevos precios. Sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio y la falta de señales claras en la política monetaria están acelerando la dinámica inflacionaria.

Las nuevas barreras comerciales anunciadas por el presidente estadounidense generaron una ola de ventas en bolsas internacionales. Los activos argentinos se hundieron en Wall Street.

El proteccionismo a Lo donald Trump marcó la agenda global y volvió a sacudir a los mercados este viernes. El presidente de Estados Unidos, anunció un nuevo esquema de aranceles recíprocos que impacta a más de 70 países, incluida la Argentina. La reacción fue inmediata: caídas generalizadas en las bolsas de Europa, Asia y Wall Street, y un marcado retroceso de acciones y bonos argentinos.

En Nueva York, los papeles de empresas nacionales operaron en rojo: Edenor cayó 3,4%, Transener y Grupo Supervielle retrocedieron 3,2% cada una. También se vieron afectadas Pampa Energía (-2,7%), Telecom (-2,6%) e YPF (-2,2%). En simultáneo, el índice S&P Merval bajó un 1,8% y cerró en 2.278.096 puntos.

El castigo alcanzó también a los bonos soberanos en dólares. Las emisiones Global 2046, 2041 y 2035 descendieron entre 0,9% y 1%, en un contexto de creciente incertidumbre financiera y sin señales claras de estabilización cambiaria.

A nivel local, la tensión cambiaria continuó: el dólar oficial se acercó a los $1.400, pese a los intentos del ministro Luis Caputo y del presidente Javier Milei por llevar calma. Ambos funcionarios culparon a la oposición por el clima de inestabilidad, pero los inversores mantuvieron una postura defensiva.

El cimbronazo fue global. En Europa, el Eurostoxx 50 cayó 1,9%, el CAC 40 francés perdió 2,1% y el DAX alemán 1,9%. En Asia, el Nikkei japonés bajó 0,57% y el Hang Seng de Hong Kong cedió 1,07%. Wall Street también arrancó en terreno negativo: el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq sufrieron retrocesos de hasta el 1,4%.

Ni siquiera las criptomonedas escaparon a la ola de ventas: el Bitcoin cayó 2,6% y Ethereum perdió 5,1%. La reacción generalizada refleja el efecto dominó de las decisiones de Trump, que reinstalan la lógica de bloques y disputas comerciales, afectando especialmente a países como Argentina, que ya operan en terreno frágil.

Se trata de Maximiliano Cobas dejó su candidatura a concejal luego de ser imputado por agredir a su ex pareja. Quedó marginado de las elecciones del 7 de septiembre próximo.

La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Lobos atraviesa una crisis interna tras la renuncia de uno de sus candidatos. Maximiliano Cobas, quien ocupaba el quinto lugar en la lista para el Concejo Deliberante, presentó su dimisión luego de que se viralizara un video en el que se lo ve ejerciendo violencia física contra su ex pareja, una mujer de 37 años que ya había radicado una denuncia penal.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando Cobas ingresó por la fuerza a una vivienda ubicada en la calle Soldado Azcárate al 1100, en presencia de dos menores. La situación motivó la intervención policial y dio lugar a la apertura de una causa judicial en la que el excandidato fue imputado. Además, la Justicia dictó medidas de protección a favor de la víctima.

Tras la difusión del video y la repercusión pública, el partido emitió un comunicado en el que confirmó la renuncia “voluntaria e indeclinable” de Cobas y expresó su rechazo a cualquier tipo de violencia. “Sostenemos los principios de la vida, la libertad y la propiedad privada, y exigimos a nuestros integrantes un compromiso ético con las normas de convivencia republicana”, señalaron desde LLA Lobos.

La lista continuará sin modificaciones en su composición general: Sergio Estrada, primer concejal suplente, pasará a ocupar el quinto lugar en la boleta para las elecciones municipales del 7 de septiembre.

A través de un proyecto presentado en el Congreso, legisladores de izquierda buscan impedir una eventual visita del primer ministro israelí, acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes en la Franja de Gaza.

El bloque del Frente de Izquierda presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que exige rechazar cualquier visita oficial del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien enfrenta órdenes de captura internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad.

La iniciativa, firmada por los diputados Christian Castillo, Alejandro Vilca, Mercedes De Mendieta, Juan Carlos Giordano y Vilma Ripoll, califica a Netanyahu como “persona no grata” y solicita al Ejecutivo cortar vínculos diplomáticos, comerciales y políticos con Israel.

El texto se fundamenta en las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional el 21 de noviembre de 2024, que responsabilizan al mandatario israelí por su accionar durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza. En ese contexto, el FIT reclama la “inmediata ruptura de relaciones” con el Estado israelí hasta que finalicen las acciones de ocupación y exterminio.

“Estamos ante un gobierno genocida que lleva adelante una limpieza étnica. La Argentina no puede prestarse a legitimar esa visita”, sostuvo el diputado Giordano, quien también acusó al presidente Javier Milei de alinearse con un Estado que promueve la guerra y el hambre.

Por su parte, Mercedes De Mendieta advirtió que la política exterior del actual gobierno “nos pone en riesgo” y llamó a sumarse a la campaña internacional por una Palestina libre.

El proyecto incluye referencias a denuncias realizadas por organizaciones israelíes como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, que documentaron el uso del hambre como arma de guerra, la destrucción sistemática de viviendas e infraestructura civil y el desplazamiento forzado de millones de personas.

Desde el FIT sostienen que impedir la entrada de Netanyahu al país no solo es una toma de posición frente al conflicto, sino también un gesto de soberanía y coherencia frente a las normas del derecho internacional.

Los contratos de alquiler que siguen vigentes bajo la ley anterior actualizan cada tres meses con el índice ICL, que combina inflación y salarios. El resultado: subas del 11,2% trimestral frente a una inflación del 6%.

Los inquilinos con contratos firmados entre julio de 2020 y octubre de 2023 enfrentan incrementos por encima del promedio inflacionario, producto de la fórmula mixta que regula sus actualizaciones. En el trimestre abril-julio de 2025, el Índice para Contratos de Locación (ICL) arrojó un aumento del 11,20%, mientras que el índice de inflación acumulada fue del 6,0%.

El ICL, utilizado en contratos amparados por la derogada Ley 27.551, combina en partes iguales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). En un contexto de salarios que suben por decreto o por inflación pasada, esta fórmula se vuelve más gravosa para quienes alquilan, incluso en períodos de desaceleración de precios.

Un ejemplo práctico: un alquiler de $700.000 ajustado por IPC puro aumentaría a $742.000 tras un trimestre; con el ICL, el mismo contrato sube a $778.400. La diferencia se multiplica al cabo de un año, generando una presión que afecta directamente la economía de los hogares.

En enero de 2025, los contratos ajustados por ICL registraron una suba anual del 190,69%, levemente por debajo del IPC del mismo período, que fue del 193%. Sin embargo, esta cercanía es engañosa: la fórmula mixta puede funcionar como un “piso móvil” en meses de inflación moderada, dificultando previsibilidad y negociación.

Tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU presidencial, los nuevos contratos no están obligados a usar ninguna fórmula específica. Aun así, el ICL sigue siendo una opción vigente para los acuerdos privados, con ajustes que pueden pactarse en forma trimestral, cuatrimestral o semestral.

Los datos oficiales muestran que cuanto más espaciada es la actualización, mayor es el salto:

• Trimestral: 11,20%
• Cuatrimestral: 13,96%
• Semestral: 20,60%

Aunque la inflación interanual muestra una desaceleración respecto del pico del 265% en julio de 2024 (pasó al 116,85% en abril de 2025), la carga que implica el ICL sigue siendo superior a la inflación corriente.

La paradoja del sistema mixto es que, al incorporar salarios —que en teoría deberían reflejar capacidad de pago— termina imponiendo subas más duras, en un país donde los ingresos corren siempre por detrás del costo de vida.

Trabajadores del hospital pediátrico convocan a una movilización simbólica con velas hacia el Obelisco. Denuncian despidos encubiertos, paritarias irrisorias y falta de insumos.

Bajo la consigna “El Garrahan no se apaga”, profesionales de la salud, pacientes y referentes culturales realizarán este jueves una caminata desde Callao y Corrientes hasta el Obelisco. La protesta busca visibilizar la crítica situación del Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país, que atraviesa una pérdida acelerada de personal y reducción de recursos esenciales.

La marcha, que dará inicio a la campaña “Agosto por el Hospital Garrahan y las Infancias”, contará con la lectura pública de una carta a cargo de la actriz Cecilia Roth. Se trata de una acción artística y comunitaria que apunta a romper el cerco informativo y advertir sobre el vaciamiento de un hospital que atiende el 50% de los trasplantes infantiles del país y realiza más de 600 mil consultas anuales.

Según el gremio APyT, solo en 2024 ya renunciaron 236 trabajadores, desbordados por salarios que no cubren la canasta básica. La paritaria acordada por UPCN —apenas un 7% semestral en cuotas del 1%— fue calificada como “una burla” por los delegados.

Norma Lezana, secretaria general de APyT, denunció que “la sobrecarga laboral es insostenible” y que áreas críticas como enfermería operan con dotaciones mínimas. La falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, refuerza la sensación de abandono.

En paralelo a la caminata principal en la Ciudad de Buenos Aires, se realizarán acciones solidarias en distintos puntos del país. Con esta iniciativa, los trabajadores buscan reabrir canales de diálogo institucional y presionar al Congreso para que avance una ley de financiamiento que proteja el presupuesto del hospital frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Un relevamiento de Zuban Córdoba muestra un fuerte deterioro en la percepción económica: el 65% siente que está peor que hace seis meses, mientras más del 50% teme por su empleo o ingresos. Crece la expectativa de nuevas protestas sociales.

Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados arrojó resultados inquietantes para el gobierno nacional. El 65,1% de los encuestados manifestó que su situación económica personal se ha deteriorado en los últimos seis meses, mientras que un 54,2% aseguró no poder cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos actuales.

La percepción de malestar económico no se limita al presente: un 58,3% de los consultados cree que este clima podría derivar en manifestaciones o cacerolazos en el corto plazo. En tanto, el 64,8% opinó que la gestión de Javier Milei está profundizando la desigualdad social.

La encuesta también refleja un bajo nivel de ahorro entre la población: solo el 14,7% logra guardar dinero al final del mes. El resto debe destinar todo lo que gana al consumo o recurrir al endeudamiento.

En un contexto de aumentos sostenidos en alimentos, salud y servicios, el “ajuste virtuoso” promovido por el Ejecutivo parece haber perdido respaldo simbólico. El termómetro del humor social, hoy, pasa por el bolsillo.

El sindicato de trabajadores de la aerolínea low cost confirmó una huelga nacional por falta de avances salariales. Se verán afectados vuelos de cabotaje e internacionales.

La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSmart (ASTJ) anunció un paro total de actividades para el viernes 1º de agosto, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. La medida alcanzará tanto vuelos de cabotaje como internacionales, en un momento clave del recambio turístico por el cierre de las vacaciones de invierno.

Según el gremio, la decisión se tomó tras “meses sin avances concretos en las negociaciones” con la empresa. “La paciencia llegó a un límite”, aseguró Diego Bitschin, secretario general del sindicato y piloto de la compañía. El dirigente sostuvo que, pese a haber suspendido acciones gremiales durante un mes, JetSmart no presentó “una propuesta concreta que garantice un salario digno”.

En un comunicado, la ASTJ también expresó su rechazo al arribo de tripulaciones extranjeras para operar vuelos locales. “Siguen llegando tripulaciones de Chile y Perú con mejores condiciones laborales y salariales que las nuestras”, señalaron.

Desde JetSmart respondieron que mantienen la disposición al diálogo y afirmaron haber presentado propuestas “que buscan un punto de equilibrio”, aunque aún no fueron aceptadas por el gremio. “Nuestra intención es garantizar la sostenibilidad operativa en Argentina y en toda la región”, informó la empresa.

La medida de fuerza podría generar complicaciones operativas en los principales aeropuertos del país justo en el momento del regreso turístico y en plena temporada alta.

Se trata de Kristi Noem, quien es una funcionaria clave del trumpismo, de visita en el país compartió su modelo de control fronterizo y deportaciones masivas. Bullrich buscó replicar su enfoque migratorio.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó una visita oficial a la Argentina donde se reunió con el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich. La funcionaria republicana, conocida por su política migratoria de línea dura, llegó con el objetivo de fortalecer la cooperación en seguridad y control fronterizo.

Durante su paso por el país, Bullrich se interiorizó sobre el modelo estadounidense de vigilancia migratoria, especialmente los mecanismos de expulsión de migrantes y las campañas disuasorias. Noem mantiene en su cuenta de X una publicación donde promociona una “campaña publicitaria multimillonaria” para advertir a los inmigrantes indocumentados que deben abandonar EE.UU. “de inmediato”.

La funcionaria es una de las figuras más controversiales del gobierno republicano. Exgobernadora de Dakota del Sur y estrecha aliada de Donald Trump, Noem se destacó por haber rechazado el uso obligatorio de mascarillas durante la pandemia y por haber liderado el endurecimiento de los controles migratorios desde el Congreso.

Confirmada como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional a fines de enero con apoyo bipartidista, Noem reafirmó su intención de “empoderar a las fuerzas del orden” para la deportación de extranjeros en situación irregular. Su eslogan —“autodepórtense”— provocó fuerte rechazo en organizaciones de derechos humanos y medios estadounidenses, que la bautizaron como la “cazadora de migrantes”.

Su visita a Argentina marcó un posible alineamiento del gobierno de Milei con el modelo de seguridad trumpista, en momentos en que Bullrich impulsa una reforma migratoria con énfasis en la “seguridad nacional” y los controles en pasos fronterizos.