Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, miles de personas se movilizan desde el santuario de Liniers hasta Plaza de Mayo. Denuncian despidos, pobreza y destrucción del empleo.

El Día de San Cayetano volvió a ser el escenario de una protesta nacional contra el ajuste económico del gobierno. Desde temprano, columnas de la CGT, las CTA y la UTEP marcharon desde Liniers hacia el centro porteño, combinando la tradicional devoción religiosa con un reclamo político y social que se amplía.

La consigna que unifica la jornada es “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, y refleja el descontento de sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles, jubilados y organismos de derechos humanos. A lo largo del recorrido y en la Plaza de Mayo, se oyeron críticas al modelo económico libertario por el aumento de la pobreza, los despidos y la desindustrialización.

“Esta movilización tiene que ser la antesala de un nuevo paro general”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en medio de un clima de creciente presión sindical.

Desde la CGT también participaron gremios que, hasta ahora, se habían mostrado más moderados. Entre ellos, la UATRE, que afirmó acompañar “en unidad con los movimientos sociales y en apoyo a los reclamos legítimos del movimiento obrero”.

Por su parte, la UTEP —liderada por Alejandro Gramajo— denunció la “destrucción sistemática de la economía popular” y la “ola de despidos en el sector público y privado”.

Mientras tanto, miles de fieles llegaron al santuario de San Cayetano en Liniers para agradecer y pedir trabajo. La misa central fue encabezada por el arzobispo Jorge García Cuerva, quien pidió “esperanza y compromiso” ante la crisis.

Las expresiones religiosas y sociales se entrelazaron una vez más en una jornada que, lejos de ser solo conmemorativa, volvió a mostrar el pulso de la protesta callejera.

La mayor planta industrial de la ciudad bonaerense anunció un parate total de actividades por tiempo indefinido, producto de la caída sostenida en las ventas. Es la segunda vez en el año que la firma frena operaciones.

La siderúrgica Acerbrag suspendió toda su actividad industrial por tiempo indefinido, en medio de una fuerte retracción de la demanda. La decisión deja en vilo a más de 600 trabajadores y genera alarma en Bragado, una ciudad cuya economía depende en gran parte de la planta.

La firma, propiedad de un grupo brasileño y emplazada en el Parque Industrial local, ya había interrumpido parte de sus operaciones a comienzos de año. Esta vez, la paralización es total y sin horizonte claro de reactivación.

“Frente a la falta de expectativas de mejoras en la demanda y ante la sostenida crisis industrial que sigue golpeando al sector siderúrgico y particularmente a Acerbrag, la empresa deberá parar nuevamente sus operaciones”, señalaron voceros de la compañía al canal Bragado TV.

Con una población de 46.000 habitantes, la ciudad sufre el impacto económico y social de la medida, que afecta no solo a los trabajadores directos, sino también a proveedores y comercios vinculados a la actividad siderúrgica.

La vicepresidenta denunció una operación de desgaste impulsada por el entorno más cercano al Presidente. “No quieren unidad, buscan conflicto”, advirtió.

En medio de crecientes tensiones dentro del oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel denunció que un sector “leal” al presidente Javier Milei intenta forzar su renuncia a través de una estrategia de desgaste. Según afirmó, el objetivo es desplazarla del Gobierno por su postura crítica frente a decisiones internas.

“Hay un sector que no quiere la unidad y que está más interesado en la confrontación interna que en la estabilidad del país”, expresó Villarruel, al apuntar contra figuras cercanas al mandatario sin dar nombres. La vicepresidenta aseguró que viene recibiendo presiones y que las operaciones mediáticas en su contra se intensificaron en las últimas semanas.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política y económica. Mientras el oficialismo defiende su programa de ajuste, crecen los cuestionamientos por la falta de resultados y la interna libertaria comienza a exhibir fisuras públicas.

Desde el entorno presidencial no hubo respuestas directas, pero voceros remarcaron la necesidad de mantener la unidad dentro de La Libertad Avanza. La línea más dura del mileísmo considera que Villarruel toma distancia del rumbo trazado por el Ejecutivo y que su postura genera “ruido innecesario” en la gestión.

En tanto, sectores de la oposición señalaron que los roces en la cúpula del Gobierno exponen un deterioro en la cohesión interna. “Esto muestra que Milei no logra contener ni siquiera a los suyos”, deslizó un dirigente del radicalismo.

Pese al silencio presidencial, la tensión quedó expuesta. Villarruel —una de las figuras fundacionales del espacio libertario— comienza a marcar cada vez más distancia del núcleo duro de Milei, en medio de un gobierno que enfrenta su primer gran test de estabilidad política.

Será en rechazo al veto presidencial, por mejoras salariales y en defensa de instituciones clave como el Hospital Garrahan y el Banco Nacional de Datos Genéticos. El Gobierno anticipó que no apoyará ninguna ley con impacto fiscal.

Desde las 15, jubilados y pensionados volverán a concentrarse frente al Palacio Legislativo para exigir la aplicación de la ley vetada por Javier Milei, que establecía un aumento del 7,2% en los haberes, un bono mensual de $110.000 y fondos para las cajas previsionales provinciales. La semana pasada, una movilización similar terminó con represión y siete detenidos.

Horas antes, a las 11, trabajadores del Hospital Garrahan llegarán al Congreso en reclamo de una ley de emergencia pediátrica. La iniciativa busca garantizar recursos, recomposición salarial y el fin de la precarización laboral, especialmente en el régimen de becas para residentes. “El Congreso le dio la espalda a los reclamos populares”, advirtió Alejandro Lipcovich, referente de ATE en el hospital.

También se espera la presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo, que convocaron a movilizar desde las 12 en defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos. La organización advirtió que peligra la continuidad de esta herramienta esencial para la restitución de identidad de nietos apropiados durante el terrorismo de Estado.

En paralelo, el Congreso sesionará con una agenda centrada en el financiamiento universitario y el sistema de salud. Desde el oficialismo ya adelantaron su rechazo a cualquier propuesta que implique aumentar el gasto público. La oposición, por su parte, buscará avanzar con proyectos que desafían el ajuste del Gobierno.

Mientras tanto, en la calle, se prepara un fuerte operativo de seguridad para contener las protestas. Los manifestantes, en cambio, anuncian una jornada pacífica y multitudinaria en defensa de los derechos sociales y la memoria histórica.

Mientras Economía pide no convalidar subas superiores al 4%, supermercadistas admiten remarcaciones inminentes y llaman a reemplazar primeras marcas por alternativas más baratas.

En un intento por frenar la inflación en plena campaña electoral, el gobierno nacional pidió a los supermercadistas que no avalen los aumentos de precios anunciados por las grandes proveedoras de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, desde el sector reconocen que los incrementos ya fueron informados y advierten sobre un escenario de ajuste silencioso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la Secretaría de Comercio, instó a no convalidar subas superiores al 4%, a pesar de que la devaluación acumulada supera el 14% en las últimas semanas. Las empresas, por su parte, enviaron listas con aumentos que van del 3% al 9%, lo que anticipa un impacto directo en el IPC de agosto.

En Rosario, el presidente de la Cámara de Supermercados, Sergio Casinerio, respaldó públicamente la postura del Gobierno y aseguró que no realizarán pedidos de productos que lleguen con aumentos. “Vamos a dar pelea”, dijo, aunque reconoció que “todavía no llegaron las listas, pero se habla de subas del 4%, 6% y 9%”.

El propio Casinerio admitió un cambio profundo en los hábitos de consumo. “La gente elige según el precio y su salario. Están apareciendo segundas marcas de PyMEs que reemplazan a las líderes”, señaló. Según su análisis, estas marcas alternativas crecieron en ventas y se consolidan como opción en un mercado donde el poder adquisitivo se achica mes a mes.

También informó una caída en la compra de productos de limpieza —con excepción de la lavandina— y un vuelco hacia el consumo de carne de cerdo y pollo por sobre la vacuna, ante el encarecimiento sostenido de esta última.

En paralelo, las principales cadenas ya están aplicando los aumentos, en un contexto donde el gobierno intenta postergar el impacto inflacionario hasta después de las elecciones clave. Pero ni el llamado oficial a la “racionalidad empresaria” ni el congelamiento de precios parecen detener una tendencia que se profundiza: más recorte, menos marcas y un consumo en modo supervivencia.

Agrupaciones de personas con discapacidad se movilizarán en todo el país para rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Denuncian una crisis estructural en el sector y exigen una respuesta urgente del Estado.

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, trabajadores del área y organizaciones de derechos humanos realizarán este martes una jornada nacional de protesta tras el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada previamente por el Congreso. La convocatoria principal será frente al Congreso Nacional, desde las 11.30, y se replicará en plazas de distintas ciudades del país.

La medida incluirá también la suspensión de actividades vinculadas al sector, en señal de alerta por lo que consideran una situación crítica agravada por el desfinanciamiento, la falta de políticas públicas y el aumento de la precariedad.

El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las entidades convocantes, denunció que el veto presidencial “no responde a un criterio de austeridad, sino de exclusión”. “Gobernar es asumir responsabilidades con todos los sectores, no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”, señalaron en un comunicado.

Los manifestantes exigen al gobierno nacional que dé marcha atrás con la medida y atienda de manera urgente las demandas del sector, que incluyen desde la actualización de aranceles para prestadores hasta el acceso a pensiones no contributivas y dispositivos de apoyo para una vida autónoma.

“¿Cómo se transita una vida digna sin trabajo, sin ingresos y sin apoyos?”, plantearon desde las organizaciones. También remarcaron que muchas personas con discapacidad perciben ingresos muy por debajo del umbral de pobreza, como los $28.000 mensuales en los talleres protegidos, y que numerosos prestadores están al borde del cierre por falta de financiamiento.

La protesta apunta a visibilizar lo que califican como una política de abandono estructural. “El desafío real es construir una sociedad donde nadie quede excluido ni solo”, concluyeron.

El Presidente rechazó por decreto las leyes que preveían mejoras en haberes previsionales y ayudas por discapacidad. El Gobierno ratificó su prioridad fiscal y mantendrá los valores definidos antes de la votación en el Congreso.

El presidente Javier Milei vetó este lunes dos leyes clave impulsadas por la oposición: una que establecía un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, y otra que declaraba la emergencia nacional en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso el pasado 10 de julio.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, con el argumento de que las iniciativas “afectan el equilibrio fiscal” y representan “una amenaza directa al superávit” que el Ejecutivo considera pilar central de su programa económico.

Tras el veto, los haberes jubilatorios recibirán en agosto únicamente el aumento del 1,6% anunciado previamente por el Gobierno, en base a la inflación informada por el INDEC. De este modo, la jubilación mínima será de $314.243,51, mientras que el haber máximo se mantendrá en $2.114.561,35.

También continuará vigente el bono mensual de $70.000 para jubilados que perciben la mínima. Aquellos que superen ese monto, pero no lleguen a $384.243,50, recibirán un refuerzo proporcional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $321.394,80 con el bono incluido, y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzarán los $289.970,45.

En cuanto al proyecto vetado sobre discapacidad, incluía la creación de una pensión no contributiva específica, mayores transferencias a prestadores y la declaración de emergencia hasta 2026. La medida fue rechazada también por razones fiscales.

Desde el Gobierno nacional sostienen que las leyes aprobadas por el Congreso constituían un “intento de desestabilización institucional”. En paralelo, distintas organizaciones de jubilados y personas con discapacidad anticiparon movilizaciones para exigir que se revierta el veto.

Con una suba del dólar que supera el 13% en julio, grandes compañías ajustaron precios entre un 3% y un 9% en productos de consumo masivo. Comerciantes y supermercados recibieron nuevas listas con incrementos generalizados.

La reciente escalada del tipo de cambio ya muestra impacto directo en los precios al consumidor. En los últimos días, empresas líderes del sector alimenticio, de higiene y limpieza enviaron nuevas listas de precios con aumentos que van del 3% al 9%, en respuesta a la suba del dólar libre, que en julio acumuló un alza superior al 13%.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) confirmó que los nuevos valores fueron comunicados a cadenas de supermercados y comercios minoristas. Entre los principales ajustes, Arcor aplicó subas de entre el 3% y el 5%, Mondelez entre el 7% y el 9%, y Unilever estableció un incremento promedio del 8%.

También se sumaron aumentos del 7% en productos de Softys (Elite, Babysec, Ladysoft) y del 4% al 5% en alimentos de marcas como La Serenísima (Mastellone) y Danone. Las aceiteras General Deheza y Cañuelas, por su parte, remarcaron un 5%.

A esto se agregan subas del 7% en artículos de limpieza de SC Johnson y un incremento en el precio de los cigarrillos en los comercios de barrio, que ronda el 8%. Panificados, galletitas y harinas también comenzaron a moverse al alza.

Desde el sector supermercadista anticiparon que buscarán negociar con los proveedores para moderar los aumentos y acercarlos al 5%, aunque admiten que el escenario cambiario complica cualquier intento de contención.

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, había advertido públicamente contra las remarcaciones, asegurando que los consumidores no convalidarían los nuevos precios. Sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio y la falta de señales claras en la política monetaria están acelerando la dinámica inflacionaria.

Las nuevas barreras comerciales anunciadas por el presidente estadounidense generaron una ola de ventas en bolsas internacionales. Los activos argentinos se hundieron en Wall Street.

El proteccionismo a Lo donald Trump marcó la agenda global y volvió a sacudir a los mercados este viernes. El presidente de Estados Unidos, anunció un nuevo esquema de aranceles recíprocos que impacta a más de 70 países, incluida la Argentina. La reacción fue inmediata: caídas generalizadas en las bolsas de Europa, Asia y Wall Street, y un marcado retroceso de acciones y bonos argentinos.

En Nueva York, los papeles de empresas nacionales operaron en rojo: Edenor cayó 3,4%, Transener y Grupo Supervielle retrocedieron 3,2% cada una. También se vieron afectadas Pampa Energía (-2,7%), Telecom (-2,6%) e YPF (-2,2%). En simultáneo, el índice S&P Merval bajó un 1,8% y cerró en 2.278.096 puntos.

El castigo alcanzó también a los bonos soberanos en dólares. Las emisiones Global 2046, 2041 y 2035 descendieron entre 0,9% y 1%, en un contexto de creciente incertidumbre financiera y sin señales claras de estabilización cambiaria.

A nivel local, la tensión cambiaria continuó: el dólar oficial se acercó a los $1.400, pese a los intentos del ministro Luis Caputo y del presidente Javier Milei por llevar calma. Ambos funcionarios culparon a la oposición por el clima de inestabilidad, pero los inversores mantuvieron una postura defensiva.

El cimbronazo fue global. En Europa, el Eurostoxx 50 cayó 1,9%, el CAC 40 francés perdió 2,1% y el DAX alemán 1,9%. En Asia, el Nikkei japonés bajó 0,57% y el Hang Seng de Hong Kong cedió 1,07%. Wall Street también arrancó en terreno negativo: el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq sufrieron retrocesos de hasta el 1,4%.

Ni siquiera las criptomonedas escaparon a la ola de ventas: el Bitcoin cayó 2,6% y Ethereum perdió 5,1%. La reacción generalizada refleja el efecto dominó de las decisiones de Trump, que reinstalan la lógica de bloques y disputas comerciales, afectando especialmente a países como Argentina, que ya operan en terreno frágil.

Se trata de Maximiliano Cobas dejó su candidatura a concejal luego de ser imputado por agredir a su ex pareja. Quedó marginado de las elecciones del 7 de septiembre próximo.

La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Lobos atraviesa una crisis interna tras la renuncia de uno de sus candidatos. Maximiliano Cobas, quien ocupaba el quinto lugar en la lista para el Concejo Deliberante, presentó su dimisión luego de que se viralizara un video en el que se lo ve ejerciendo violencia física contra su ex pareja, una mujer de 37 años que ya había radicado una denuncia penal.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando Cobas ingresó por la fuerza a una vivienda ubicada en la calle Soldado Azcárate al 1100, en presencia de dos menores. La situación motivó la intervención policial y dio lugar a la apertura de una causa judicial en la que el excandidato fue imputado. Además, la Justicia dictó medidas de protección a favor de la víctima.

Tras la difusión del video y la repercusión pública, el partido emitió un comunicado en el que confirmó la renuncia “voluntaria e indeclinable” de Cobas y expresó su rechazo a cualquier tipo de violencia. “Sostenemos los principios de la vida, la libertad y la propiedad privada, y exigimos a nuestros integrantes un compromiso ético con las normas de convivencia republicana”, señalaron desde LLA Lobos.

La lista continuará sin modificaciones en su composición general: Sergio Estrada, primer concejal suplente, pasará a ocupar el quinto lugar en la boleta para las elecciones municipales del 7 de septiembre.