A través de un proyecto presentado en el Congreso, legisladores de izquierda buscan impedir una eventual visita del primer ministro israelí, acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes en la Franja de Gaza.

El bloque del Frente de Izquierda presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que exige rechazar cualquier visita oficial del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien enfrenta órdenes de captura internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad.

La iniciativa, firmada por los diputados Christian Castillo, Alejandro Vilca, Mercedes De Mendieta, Juan Carlos Giordano y Vilma Ripoll, califica a Netanyahu como “persona no grata” y solicita al Ejecutivo cortar vínculos diplomáticos, comerciales y políticos con Israel.

El texto se fundamenta en las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional el 21 de noviembre de 2024, que responsabilizan al mandatario israelí por su accionar durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza. En ese contexto, el FIT reclama la “inmediata ruptura de relaciones” con el Estado israelí hasta que finalicen las acciones de ocupación y exterminio.

“Estamos ante un gobierno genocida que lleva adelante una limpieza étnica. La Argentina no puede prestarse a legitimar esa visita”, sostuvo el diputado Giordano, quien también acusó al presidente Javier Milei de alinearse con un Estado que promueve la guerra y el hambre.

Por su parte, Mercedes De Mendieta advirtió que la política exterior del actual gobierno “nos pone en riesgo” y llamó a sumarse a la campaña internacional por una Palestina libre.

El proyecto incluye referencias a denuncias realizadas por organizaciones israelíes como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, que documentaron el uso del hambre como arma de guerra, la destrucción sistemática de viviendas e infraestructura civil y el desplazamiento forzado de millones de personas.

Desde el FIT sostienen que impedir la entrada de Netanyahu al país no solo es una toma de posición frente al conflicto, sino también un gesto de soberanía y coherencia frente a las normas del derecho internacional.

Los contratos de alquiler que siguen vigentes bajo la ley anterior actualizan cada tres meses con el índice ICL, que combina inflación y salarios. El resultado: subas del 11,2% trimestral frente a una inflación del 6%.

Los inquilinos con contratos firmados entre julio de 2020 y octubre de 2023 enfrentan incrementos por encima del promedio inflacionario, producto de la fórmula mixta que regula sus actualizaciones. En el trimestre abril-julio de 2025, el Índice para Contratos de Locación (ICL) arrojó un aumento del 11,20%, mientras que el índice de inflación acumulada fue del 6,0%.

El ICL, utilizado en contratos amparados por la derogada Ley 27.551, combina en partes iguales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). En un contexto de salarios que suben por decreto o por inflación pasada, esta fórmula se vuelve más gravosa para quienes alquilan, incluso en períodos de desaceleración de precios.

Un ejemplo práctico: un alquiler de $700.000 ajustado por IPC puro aumentaría a $742.000 tras un trimestre; con el ICL, el mismo contrato sube a $778.400. La diferencia se multiplica al cabo de un año, generando una presión que afecta directamente la economía de los hogares.

En enero de 2025, los contratos ajustados por ICL registraron una suba anual del 190,69%, levemente por debajo del IPC del mismo período, que fue del 193%. Sin embargo, esta cercanía es engañosa: la fórmula mixta puede funcionar como un “piso móvil” en meses de inflación moderada, dificultando previsibilidad y negociación.

Tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU presidencial, los nuevos contratos no están obligados a usar ninguna fórmula específica. Aun así, el ICL sigue siendo una opción vigente para los acuerdos privados, con ajustes que pueden pactarse en forma trimestral, cuatrimestral o semestral.

Los datos oficiales muestran que cuanto más espaciada es la actualización, mayor es el salto:

• Trimestral: 11,20%
• Cuatrimestral: 13,96%
• Semestral: 20,60%

Aunque la inflación interanual muestra una desaceleración respecto del pico del 265% en julio de 2024 (pasó al 116,85% en abril de 2025), la carga que implica el ICL sigue siendo superior a la inflación corriente.

La paradoja del sistema mixto es que, al incorporar salarios —que en teoría deberían reflejar capacidad de pago— termina imponiendo subas más duras, en un país donde los ingresos corren siempre por detrás del costo de vida.

Trabajadores del hospital pediátrico convocan a una movilización simbólica con velas hacia el Obelisco. Denuncian despidos encubiertos, paritarias irrisorias y falta de insumos.

Bajo la consigna “El Garrahan no se apaga”, profesionales de la salud, pacientes y referentes culturales realizarán este jueves una caminata desde Callao y Corrientes hasta el Obelisco. La protesta busca visibilizar la crítica situación del Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país, que atraviesa una pérdida acelerada de personal y reducción de recursos esenciales.

La marcha, que dará inicio a la campaña “Agosto por el Hospital Garrahan y las Infancias”, contará con la lectura pública de una carta a cargo de la actriz Cecilia Roth. Se trata de una acción artística y comunitaria que apunta a romper el cerco informativo y advertir sobre el vaciamiento de un hospital que atiende el 50% de los trasplantes infantiles del país y realiza más de 600 mil consultas anuales.

Según el gremio APyT, solo en 2024 ya renunciaron 236 trabajadores, desbordados por salarios que no cubren la canasta básica. La paritaria acordada por UPCN —apenas un 7% semestral en cuotas del 1%— fue calificada como “una burla” por los delegados.

Norma Lezana, secretaria general de APyT, denunció que “la sobrecarga laboral es insostenible” y que áreas críticas como enfermería operan con dotaciones mínimas. La falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, refuerza la sensación de abandono.

En paralelo a la caminata principal en la Ciudad de Buenos Aires, se realizarán acciones solidarias en distintos puntos del país. Con esta iniciativa, los trabajadores buscan reabrir canales de diálogo institucional y presionar al Congreso para que avance una ley de financiamiento que proteja el presupuesto del hospital frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Un relevamiento de Zuban Córdoba muestra un fuerte deterioro en la percepción económica: el 65% siente que está peor que hace seis meses, mientras más del 50% teme por su empleo o ingresos. Crece la expectativa de nuevas protestas sociales.

Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados arrojó resultados inquietantes para el gobierno nacional. El 65,1% de los encuestados manifestó que su situación económica personal se ha deteriorado en los últimos seis meses, mientras que un 54,2% aseguró no poder cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos actuales.

La percepción de malestar económico no se limita al presente: un 58,3% de los consultados cree que este clima podría derivar en manifestaciones o cacerolazos en el corto plazo. En tanto, el 64,8% opinó que la gestión de Javier Milei está profundizando la desigualdad social.

La encuesta también refleja un bajo nivel de ahorro entre la población: solo el 14,7% logra guardar dinero al final del mes. El resto debe destinar todo lo que gana al consumo o recurrir al endeudamiento.

En un contexto de aumentos sostenidos en alimentos, salud y servicios, el “ajuste virtuoso” promovido por el Ejecutivo parece haber perdido respaldo simbólico. El termómetro del humor social, hoy, pasa por el bolsillo.

El sindicato de trabajadores de la aerolínea low cost confirmó una huelga nacional por falta de avances salariales. Se verán afectados vuelos de cabotaje e internacionales.

La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSmart (ASTJ) anunció un paro total de actividades para el viernes 1º de agosto, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. La medida alcanzará tanto vuelos de cabotaje como internacionales, en un momento clave del recambio turístico por el cierre de las vacaciones de invierno.

Según el gremio, la decisión se tomó tras “meses sin avances concretos en las negociaciones” con la empresa. “La paciencia llegó a un límite”, aseguró Diego Bitschin, secretario general del sindicato y piloto de la compañía. El dirigente sostuvo que, pese a haber suspendido acciones gremiales durante un mes, JetSmart no presentó “una propuesta concreta que garantice un salario digno”.

En un comunicado, la ASTJ también expresó su rechazo al arribo de tripulaciones extranjeras para operar vuelos locales. “Siguen llegando tripulaciones de Chile y Perú con mejores condiciones laborales y salariales que las nuestras”, señalaron.

Desde JetSmart respondieron que mantienen la disposición al diálogo y afirmaron haber presentado propuestas “que buscan un punto de equilibrio”, aunque aún no fueron aceptadas por el gremio. “Nuestra intención es garantizar la sostenibilidad operativa en Argentina y en toda la región”, informó la empresa.

La medida de fuerza podría generar complicaciones operativas en los principales aeropuertos del país justo en el momento del regreso turístico y en plena temporada alta.

Se trata de Kristi Noem, quien es una funcionaria clave del trumpismo, de visita en el país compartió su modelo de control fronterizo y deportaciones masivas. Bullrich buscó replicar su enfoque migratorio.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó una visita oficial a la Argentina donde se reunió con el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich. La funcionaria republicana, conocida por su política migratoria de línea dura, llegó con el objetivo de fortalecer la cooperación en seguridad y control fronterizo.

Durante su paso por el país, Bullrich se interiorizó sobre el modelo estadounidense de vigilancia migratoria, especialmente los mecanismos de expulsión de migrantes y las campañas disuasorias. Noem mantiene en su cuenta de X una publicación donde promociona una “campaña publicitaria multimillonaria” para advertir a los inmigrantes indocumentados que deben abandonar EE.UU. “de inmediato”.

La funcionaria es una de las figuras más controversiales del gobierno republicano. Exgobernadora de Dakota del Sur y estrecha aliada de Donald Trump, Noem se destacó por haber rechazado el uso obligatorio de mascarillas durante la pandemia y por haber liderado el endurecimiento de los controles migratorios desde el Congreso.

Confirmada como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional a fines de enero con apoyo bipartidista, Noem reafirmó su intención de “empoderar a las fuerzas del orden” para la deportación de extranjeros en situación irregular. Su eslogan —“autodepórtense”— provocó fuerte rechazo en organizaciones de derechos humanos y medios estadounidenses, que la bautizaron como la “cazadora de migrantes”.

Su visita a Argentina marcó un posible alineamiento del gobierno de Milei con el modelo de seguridad trumpista, en momentos en que Bullrich impulsa una reforma migratoria con énfasis en la “seguridad nacional” y los controles en pasos fronterizos.

De cara a las elecciones presidenciales que se realizarán el 17 de agosto próximo en esa nación sudamericana, el candidato de Alianza Popular se posiciona como la alternativa con mayor proyección, planteando, entre otras cosas, una nueva forma de hacer política.

Por Santiago Masetti/ Con una agenda que combina juventud, compromiso y planificación, Andrónico presentó una bateria de propuestas que buscan ampliar derechos para los bolivianos, donde destaca el acceso al trabajo, la alimentación, la salud, la educación, el crédito justo, el transporte digno y el desarrollo sostenible. La propuesta busca garantizar a cada boliviano “el derecho a no vivir endeudado” y a contar con un Estado eficiente, ético y al servicio del pueblo.

“La estabilidad no es una promesa, es una necesidad”, enfatiza el Plan de Acción Nacional, centrado en reencauzar el modelo económico plural boliviano, articulado entre el sector público, privado y social comunitario. Es en ese marco, que se ratifica el compromiso con una economía productiva, diversa, planificada y con soberanía nacional.

En el plano económico inmediato, su propuesta de Plan de Acción Inmediata Sostenible (PAIS) apunta a enfrentar los desequilibrios actuales con medidas concretas: abastecimiento de combustibles mediante una eliminación gradual y focalizada de subsidios, libre importación para grandes consumidores, y un sistema logístico que reduzca costos y evite intermediarios.

Para el frente cambiario, plantea la creación del fondo de divisas, la liquidación voluntaria (Lidivol) y acuerdos con sectores exportadores que permitan estabilizar el precio del dólar y asegurar la disponibilidad de divisas. En cuanto al precio de los alimentos, propone ampliar la oferta agrícola, impulsar mercados populares y aplicar una política de cero tolerancia a la especulación.

El déficit fiscal también está en la mira: Andrónico propone estabilizar el empleo público sin recortar el Estado, implementar una Ley de Consolidación Fiscal y fomentar una inversión pública inteligente, sin perder de vista la calidad del empleo y el rol estratégico de las industrias nacionales.

Su visión de país es clara: una Bolivia soberana, con industria propia, democrática y diversa. “El futuro no se improvisa”, se asegura, donde convoca a una ciudadanía activa a construir un Estado planificador, ético y profundamente humano.

Con un liderazgo joven y un discurso transformador, Andrónico encarna la renovación de Bolivia, apostando por más democracia, inclusión y unidad en la diversidad. En los tramos finales de la campaña, desde Alianza Popular proponen una nueva etapa de desarrollo con justicia social y, sobre todo, con visión de futuro.

Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio inicio al proceso para desprenderse de activos estratégicos en el sector energético. No habrá acciones para trabajadores ni tasación estatal. La operación, impulsada por Caputo, repite los métodos de los ’90.

En un nuevo paso hacia el desguace del Estado, el gobierno de Javier Milei oficializó el inicio de la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales compañías públicas del sector energético, clave en la generación y transporte de electricidad en el país.

A través de la Resolución 1050/2025 firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este viernes, se anunció la venta de las acciones que ENARSA posee en CITELEC S.A., sociedad que controla la mayoría accionaria de TRANSENER, operadora del sistema nacional de transporte de energía en alta tensión. En concreto, el Estado comenzará a desarmar su participación en una estructura crítica de soberanía energética.

El proceso, que se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional, será conducido por la llamada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, nuevo organismo creado al calor del ajuste. La licitación será ejecutada en un plazo de ocho meses y no contempla participación obrera ni reserva de acciones para los trabajadores, descartando cualquier atisbo de propiedad participada como preveía la ley de privatizaciones de 1989.

La tasación del paquete accionario no será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sino que se delegará a un banco público, bajo la excusa de que el valor se estima según “ingresos futuros”. Un mecanismo que, en los hechos, abre la puerta a ventas subvaluadas de activos estratégicos.

La decisión forma parte del plan de “reordenamiento” del Estado que impulsa el oficialismo, aunque en los hechos implica la cesión de estructuras claves al capital privado, en muchos casos extranjero. Mientras se recortan subsidios y se disparan las tarifas, el Ejecutivo liquida lo poco que queda de control estatal en un sistema energético que ya sufre apagones, desinversión y concentración.

Enarbolando el discurso de eficiencia, Milei y Caputo replican el libreto privatizador de los años noventa, pero sin siquiera los matices institucionales de aquella época. A la vista, se consolida un esquema en el que las ganancias quedan en manos de privados y los costos, una vez más, los pagará la sociedad.

El Presidente celebró en redes sociales el entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional usando términos despectivos. El organismo elogió el “ancla fiscal” y el ajuste, mientras millones de argentinos siguen sumidos en la pobreza.

Javier Milei volvió a recurrir a su retórica provocadora para anunciar un nuevo hito en su política económica: la aprobación técnica por parte del FMI de la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas. “No apto para mandriles…”, escribió el mandatario en redes sociales, en una muestra más de desprecio por las voces críticas y la deliberación democrática.

El Fondo destacó en su comunicado el “fuerte arranque” del programa libertario, celebrando la desinflación, el acceso a mercados internacionales y la reducción de controles cambiarios. También elogió el ajuste fiscal y la contracción monetaria como pilares del modelo. Sin embargo, el diagnóstico contrasta con la realidad que atraviesan millones de argentinos: caída del poder adquisitivo, récords de pobreza y un mercado interno en recesión profunda.

La aprobación definitiva del acuerdo, que implicará un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares, queda ahora en manos del directorio ejecutivo del Fondo. El gobierno lo presenta como un logro, aunque a costa de un severo recorte del gasto público, congelamiento de salarios reales y profundización de la desigualdad.

Economistas independientes advierten que la euforia oficialista es peligrosa. “El FMI no elogia resultados sociales, sino disciplina fiscal. El crecimiento que mencionan no se ve en la calle”, explicó una fuente consultada. A su vez, distintos sectores sociales y sindicales advierten que el rumbo pactado con el organismo amenaza con consolidar un modelo económico excluyente.

Lejos de moderarse, Milei redobló su estilo confrontativo y celebró el acuerdo con descalificaciones. Mientras tanto, la Argentina real enfrenta un invierno sin reactivación, con tarifas en alza, alimentos inaccesibles y un futuro hipotecado.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, muestra que el 51% de los niños con padres trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria severa, el nivel más alto desde 2010. En plena recesión y con un Estado ausente, crece la marca indeleble del hambre.

La gestión de Javier Milei suma otro récord alarmante: el 51% de las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde los adultos tienen trabajos informales o precarios no acceden a una alimentación adecuada. El dato, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, expone una realidad brutal: en la Argentina 2024, tener empleo no garantiza comida.

El informe, revela que este nivel de inseguridad alimentaria es el más alto de, al menos, los últimos 15 años. Supera incluso los peores momentos de crisis recientes: 49% en la pandemia de 2020 y 43% durante la recesión de 2019. “La precarización laboral es el factor más decisivo en la reproducción de la pobreza estructural”, señala el trabajo.

La situación se agrava en hogares pobres, numerosos o monoparentales, aunque el denominador común es la informalidad: el 42% de los trabajadores argentinos no cuenta con empleo registrado y, de ellos, cinco de cada diez son pobres. Es decir, trabajan, pero no logran cubrir una canasta básica de bienes y servicios.

A lo largo del informe se destaca cómo “la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos afecta directamente la salud física, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje”. En términos concretos, 4 de cada 10 niños y adolescentes argentinos padecen algún nivel de inseguridad alimentaria; 4,3 millones de vidas marcadas por la privación cotidiana.

La situación es aún más crítica en hogares donde el jefe o jefa de hogar tiene empleo informal: allí, la inseguridad alimentaria llega al 51%, 15 puntos por encima del promedio nacional y más de 40 puntos por encima de los hogares con empleo formal.

El documento también evalúa el impacto de políticas como la AUH o la Tarjeta Alimentar, que logran reducir el riesgo, pero no lo resuelven. “Su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes”, advierten los especialistas. Desde 2018, el alcance de estos programas se amplió, pero la escalada inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo licúan su efecto protector.

Por regiones, la informalidad se ensaña con el norte argentino: el NOA y el NEA superan ampliamente el promedio nacional con tasas que rondan el 50%. La precarización no es solo una variable económica: es una política que deja huella.

El análisis del ODSA traza una línea clara entre el aumento de la informalidad, el abandono estatal y el deterioro social. La inseguridad alimentaria es solo una de sus expresiones más crudas. Mientras el Gobierno se aferra a su dogma de ajuste, las infancias pagan la cuenta del experimento libertario.