De cara a las elecciones presidenciales que se realizarán el 17 de agosto próximo en esa nación sudamericana, el candidato de Alianza Popular se posiciona como la alternativa con mayor proyección, planteando, entre otras cosas, una nueva forma de hacer política.

Por Santiago Masetti/ Con una agenda que combina juventud, compromiso y planificación, Andrónico presentó una bateria de propuestas que buscan ampliar derechos para los bolivianos, donde destaca el acceso al trabajo, la alimentación, la salud, la educación, el crédito justo, el transporte digno y el desarrollo sostenible. La propuesta busca garantizar a cada boliviano “el derecho a no vivir endeudado” y a contar con un Estado eficiente, ético y al servicio del pueblo.

“La estabilidad no es una promesa, es una necesidad”, enfatiza el Plan de Acción Nacional, centrado en reencauzar el modelo económico plural boliviano, articulado entre el sector público, privado y social comunitario. Es en ese marco, que se ratifica el compromiso con una economía productiva, diversa, planificada y con soberanía nacional.

En el plano económico inmediato, su propuesta de Plan de Acción Inmediata Sostenible (PAIS) apunta a enfrentar los desequilibrios actuales con medidas concretas: abastecimiento de combustibles mediante una eliminación gradual y focalizada de subsidios, libre importación para grandes consumidores, y un sistema logístico que reduzca costos y evite intermediarios.

Para el frente cambiario, plantea la creación del fondo de divisas, la liquidación voluntaria (Lidivol) y acuerdos con sectores exportadores que permitan estabilizar el precio del dólar y asegurar la disponibilidad de divisas. En cuanto al precio de los alimentos, propone ampliar la oferta agrícola, impulsar mercados populares y aplicar una política de cero tolerancia a la especulación.

El déficit fiscal también está en la mira: Andrónico propone estabilizar el empleo público sin recortar el Estado, implementar una Ley de Consolidación Fiscal y fomentar una inversión pública inteligente, sin perder de vista la calidad del empleo y el rol estratégico de las industrias nacionales.

Su visión de país es clara: una Bolivia soberana, con industria propia, democrática y diversa. “El futuro no se improvisa”, se asegura, donde convoca a una ciudadanía activa a construir un Estado planificador, ético y profundamente humano.

Con un liderazgo joven y un discurso transformador, Andrónico encarna la renovación de Bolivia, apostando por más democracia, inclusión y unidad en la diversidad. En los tramos finales de la campaña, desde Alianza Popular proponen una nueva etapa de desarrollo con justicia social y, sobre todo, con visión de futuro.

Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio inicio al proceso para desprenderse de activos estratégicos en el sector energético. No habrá acciones para trabajadores ni tasación estatal. La operación, impulsada por Caputo, repite los métodos de los ’90.

En un nuevo paso hacia el desguace del Estado, el gobierno de Javier Milei oficializó el inicio de la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales compañías públicas del sector energético, clave en la generación y transporte de electricidad en el país.

A través de la Resolución 1050/2025 firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este viernes, se anunció la venta de las acciones que ENARSA posee en CITELEC S.A., sociedad que controla la mayoría accionaria de TRANSENER, operadora del sistema nacional de transporte de energía en alta tensión. En concreto, el Estado comenzará a desarmar su participación en una estructura crítica de soberanía energética.

El proceso, que se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional, será conducido por la llamada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, nuevo organismo creado al calor del ajuste. La licitación será ejecutada en un plazo de ocho meses y no contempla participación obrera ni reserva de acciones para los trabajadores, descartando cualquier atisbo de propiedad participada como preveía la ley de privatizaciones de 1989.

La tasación del paquete accionario no será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sino que se delegará a un banco público, bajo la excusa de que el valor se estima según “ingresos futuros”. Un mecanismo que, en los hechos, abre la puerta a ventas subvaluadas de activos estratégicos.

La decisión forma parte del plan de “reordenamiento” del Estado que impulsa el oficialismo, aunque en los hechos implica la cesión de estructuras claves al capital privado, en muchos casos extranjero. Mientras se recortan subsidios y se disparan las tarifas, el Ejecutivo liquida lo poco que queda de control estatal en un sistema energético que ya sufre apagones, desinversión y concentración.

Enarbolando el discurso de eficiencia, Milei y Caputo replican el libreto privatizador de los años noventa, pero sin siquiera los matices institucionales de aquella época. A la vista, se consolida un esquema en el que las ganancias quedan en manos de privados y los costos, una vez más, los pagará la sociedad.

El Presidente celebró en redes sociales el entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional usando términos despectivos. El organismo elogió el “ancla fiscal” y el ajuste, mientras millones de argentinos siguen sumidos en la pobreza.

Javier Milei volvió a recurrir a su retórica provocadora para anunciar un nuevo hito en su política económica: la aprobación técnica por parte del FMI de la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas. “No apto para mandriles…”, escribió el mandatario en redes sociales, en una muestra más de desprecio por las voces críticas y la deliberación democrática.

El Fondo destacó en su comunicado el “fuerte arranque” del programa libertario, celebrando la desinflación, el acceso a mercados internacionales y la reducción de controles cambiarios. También elogió el ajuste fiscal y la contracción monetaria como pilares del modelo. Sin embargo, el diagnóstico contrasta con la realidad que atraviesan millones de argentinos: caída del poder adquisitivo, récords de pobreza y un mercado interno en recesión profunda.

La aprobación definitiva del acuerdo, que implicará un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares, queda ahora en manos del directorio ejecutivo del Fondo. El gobierno lo presenta como un logro, aunque a costa de un severo recorte del gasto público, congelamiento de salarios reales y profundización de la desigualdad.

Economistas independientes advierten que la euforia oficialista es peligrosa. “El FMI no elogia resultados sociales, sino disciplina fiscal. El crecimiento que mencionan no se ve en la calle”, explicó una fuente consultada. A su vez, distintos sectores sociales y sindicales advierten que el rumbo pactado con el organismo amenaza con consolidar un modelo económico excluyente.

Lejos de moderarse, Milei redobló su estilo confrontativo y celebró el acuerdo con descalificaciones. Mientras tanto, la Argentina real enfrenta un invierno sin reactivación, con tarifas en alza, alimentos inaccesibles y un futuro hipotecado.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, muestra que el 51% de los niños con padres trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria severa, el nivel más alto desde 2010. En plena recesión y con un Estado ausente, crece la marca indeleble del hambre.

La gestión de Javier Milei suma otro récord alarmante: el 51% de las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde los adultos tienen trabajos informales o precarios no acceden a una alimentación adecuada. El dato, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, expone una realidad brutal: en la Argentina 2024, tener empleo no garantiza comida.

El informe, revela que este nivel de inseguridad alimentaria es el más alto de, al menos, los últimos 15 años. Supera incluso los peores momentos de crisis recientes: 49% en la pandemia de 2020 y 43% durante la recesión de 2019. “La precarización laboral es el factor más decisivo en la reproducción de la pobreza estructural”, señala el trabajo.

La situación se agrava en hogares pobres, numerosos o monoparentales, aunque el denominador común es la informalidad: el 42% de los trabajadores argentinos no cuenta con empleo registrado y, de ellos, cinco de cada diez son pobres. Es decir, trabajan, pero no logran cubrir una canasta básica de bienes y servicios.

A lo largo del informe se destaca cómo “la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos afecta directamente la salud física, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje”. En términos concretos, 4 de cada 10 niños y adolescentes argentinos padecen algún nivel de inseguridad alimentaria; 4,3 millones de vidas marcadas por la privación cotidiana.

La situación es aún más crítica en hogares donde el jefe o jefa de hogar tiene empleo informal: allí, la inseguridad alimentaria llega al 51%, 15 puntos por encima del promedio nacional y más de 40 puntos por encima de los hogares con empleo formal.

El documento también evalúa el impacto de políticas como la AUH o la Tarjeta Alimentar, que logran reducir el riesgo, pero no lo resuelven. “Su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes”, advierten los especialistas. Desde 2018, el alcance de estos programas se amplió, pero la escalada inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo licúan su efecto protector.

Por regiones, la informalidad se ensaña con el norte argentino: el NOA y el NEA superan ampliamente el promedio nacional con tasas que rondan el 50%. La precarización no es solo una variable económica: es una política que deja huella.

El análisis del ODSA traza una línea clara entre el aumento de la informalidad, el abandono estatal y el deterioro social. La inseguridad alimentaria es solo una de sus expresiones más crudas. Mientras el Gobierno se aferra a su dogma de ajuste, las infancias pagan la cuenta del experimento libertario.

En una nueva avanzada privatizadora, el Ejecutivo confirmó la liquidación del material rodante del Belgrano Cargas y la concesión de vías, talleres e inmuebles, en medio de un ajuste feroz y sin plan productivo.

La Resolución 1049/2025 oficializó un nuevo capítulo del desguace estatal: el Gobierno nacional avanza con la privatización total del Belgrano Cargas y Logística S.A., incluyendo el remate de trenes y la concesión de toda la infraestructura ferroviaria. La medida responde a una lógica de ajuste que prioriza la venta de activos públicos para tapar urgencias fiscales, sin contemplar el impacto estratégico ni social del abandono del sistema ferroviario de cargas.

Con una economía debilitada y sin capacidad para sostener un rumbo productivo, la administración de Javier Milei insiste en desprenderse de empresas públicas a cualquier costo. En este caso, la operación incluye líneas clave como la General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Las tareas para ejecutar la privatización ya están en marcha: desde los inventarios del material hasta la organización de subastas digitales, todo apunta a una transferencia acelerada de funciones que históricamente pertenecieron al Estado.

La decisión, que se da apenas semanas después del anuncio sobre Aysa, consolida un modelo de desmantelamiento estatal en nombre de la “eficiencia”, pero que termina beneficiando a actores privados con bienes ya amortizados y financiados por décadas de inversión pública. El Belgrano Cargas, concebido como eje vertebral del desarrollo regional y la integración productiva, se transforma así en un símbolo más del retiro del Estado y de una política que prefiere rematar antes que construir.

La firma Tech Security S.R.L., vinculada a los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, recibió una adjudicación directa del Banco Nación por $3.900 millones. Denuncian tráfico de influencias y violación de deberes de funcionario público.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue denunciado penalmente por haber facilitado la adjudicación de un contrato por $3.900 millones a Tech Security S.R.L., una empresa de seguridad que estuvo a su nombre hasta diciembre de 2023 y que hoy pertenece a sus hermanos Adrián y Fernando Menem. La firma obtuvo una licitación directa del Banco Nación para brindar servicios en distintas dependencias de la entidad financiera.

La denuncia fue presentada por el dirigente Juan Ricardo Mussa y apunta también contra el titular del Banco Nación, Daniel Tillard, por su rol en la firma del contrato. El vínculo entre Menem y la empresa quedó documentado: hasta fines del año pasado, el diputado figuraba como accionista. Recién al asumir un rol de mayor exposición institucional, transfirió sus participaciones a sus familiares, en lo que se sospecha fue una maniobra preventiva frente a futuras incompatibilidades.

El contrato fue oficializado el 4 de julio en el Boletín Oficial, tiene una vigencia inicial de dos años y puede prorrogarse hasta 2029. La operación quedó bajo sospecha por no haberse realizado un concurso abierto ni una licitación pública. La presentación judicial menciona posibles delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La situación genera incomodidad en el propio oficialismo, no sólo por la figura de Menem, quien oficia como uno de los principales alfiles parlamentarios del presidente Javier Milei, sino también por lo que representa: un contrato millonario adjudicado en forma directa, en plena prédica libertaria contra la “casta política”.

Desde el entorno del Gobierno se evitó comentar públicamente, aunque en privado algunos funcionarios admiten que el caso recuerda al vínculo comercial entre Aerolíneas Argentinas y los hoteles de la familia Kirchner, que motivó años de causas judiciales y titulares mediáticos.

El episodio se suma a una serie de medidas económicas regresivas tomadas en nombre de la austeridad fiscal, como los recortes a jubilaciones, programas de discapacidad y partidas para el Hospital Garrahan, mientras el gasto público encuentra excepciones cuando se trata de favorecer a aliados internos.

El Gobierno modificó el régimen legal que protegía el carácter estatal de la empresa y abrió la puerta al ingreso de capitales privados. Organizaciones advierten que la medida pone en riesgo el acceso universal al agua en el AMBA.

El Gobierno nacional formalizó este martes, a través del DNU 493/2025, el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa que brinda servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La norma no sólo habilita la venta de acciones estatales, sino que también autoriza los cortes de suministro en caso de falta de pago.

La medida fue justificada por el Poder Ejecutivo en función de “la necesidad de promover inversiones y eficiencia” en un contexto de crisis fiscal. Con la reforma, se eliminó el tope que impedía transferir más del 10% del capital accionario de la empresa, abriendo paso a una privatización total o parcial.

Según lo dispuesto, AySA podrá interrumpir el servicio por mora y usar los fondos recaudados como garantía para futuras inversiones privadas. También se le otorgan nuevas atribuciones para auditar obras e intervenir en procesos técnicos dentro del área regulada.

La iniciativa generó fuerte preocupación entre especialistas y organizaciones sociales, que advierten que el acceso al agua potable —reconocido como un derecho humano por organismos internacionales— podría quedar supeditado a criterios de rentabilidad.

“La combinación de tarifas altas y riesgo de corte del servicio es incompatible con una mirada de justicia social y equidad territorial”, señalaron desde la Fundación Agua Segura. También advirtieron que zonas vulnerables del conurbano bonaerense podrían quedar relegadas en los planes de expansión.

La modificación al decreto 304/06 implica un cambio estructural en el modelo de gestión del agua en Argentina. A partir de ahora, la lógica del mercado podrá definir no sólo cómo se presta el servicio, sino también a quiénes llega y bajo qué condiciones.

El jefe del Gabinete de Asesores abandonó su cargo tras sus polémicas declaraciones. Continúa al frente de Nucleoeléctrica, mientras crecen las versiones de reacomodamientos internos en la mesa chica del gobierno.

Demian Reidel presentó su renuncia como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia, una salida que se da en medio de un clima de tensión interna en el oficialismo. El funcionario había sido protagonista meses atrás por su frase incendiaria ante empresarios extranjeros: “El problema de Argentina es que está poblada por argentinos”.

El Ejecutivo oficializó su salida este lunes a través del decreto 481/2025, aunque la dimisión tiene vigencia desde el 17 de julio. No se dieron explicaciones públicas ni se nombró aún a su reemplazo. Reidel, sin embargo, seguirá al frente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), clave en el desarrollo del plan nuclear nacional.

A través de sus redes sociales, el economista intentó mostrar un perfil técnico y comprometido: anunció que se abocará de lleno a la ejecución del “Plan Nuclear Argentino”, que incluye un reactor modular y una nueva empresa, YPF Nuclear. También insistió en que su “compromiso con el gobierno es total”, pese al cambio de funciones.

El perfil de Reidel, formado en Harvard y con pasado en JP Morgan, venía siendo promocionado por Javier Milei como uno de sus cerebros económicos. Pero sus declaraciones altisonantes, sumadas al desgaste interno, aceleraron su salida. Su frase despectiva sobre los argentinos generó fuerte rechazo en sectores sociales y sindicales, que lo acusaron de “despreciar al pueblo que gobierna”.

El alejamiento se produce poco después de que Santiago Caputo fuera corrido de los centros de decisión. En ese contexto, crecen los rumores de que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, estaría consolidando su poder en la cúpula libertaria y promoviendo un rediseño del círculo presidencial.

La renuncia de Reidel se suma a la ya larga lista de bajas y recambios en menos de ocho meses de gestión. El gabinete de Milei, cada vez más reducido y volátil, enfrenta así nuevas señales de inestabilidad política mientras intenta sostener su discurso de “refundación” del Estado.

Tras años de dilaciones, el Tribunal Oral Federal ratificó su competencia territorial y despejó los obstáculos legales que impedían el inicio del proceso oral por el hundimiento del submarino argentino en 2017.

La Justicia federal resolvió mantener en la provincia de Santa Cruz el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, decisión que representa un paso decisivo en una causa marcada por años de demoras judiciales, controversias de competencia y reclamos de familiares.

El fallo, dictado por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, rechazó los pedidos de trasladar el expediente a Mar del Plata o a la Ciudad de Buenos Aires. Con esta resolución, se destraba el proceso oral contra los mandos navales imputados por su presunta responsabilidad en la tragedia que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

El tribunal sostuvo que el lugar de los hechos —una zona del Atlántico Sur próxima al límite entre Chubut y Santa Cruz— es clave para definir la jurisdicción. También subrayó que fue el Juzgado Federal de Caleta Olivia el que intervino desde el comienzo, a partir de la denuncia que realizó la propia Armada Argentina.

Los acusados son el contraalmirante Luis López Mazzeo, los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Alonso, y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Están imputados por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado. Según la investigación, habrían desoído alertas técnicas sobre las condiciones del submarino antes de su última zarpada.

El tribunal integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto también valoró que cualquier cambio de jurisdicción en esta etapa implicaría nuevos retrasos y afectaría a las familias que desde hace casi siete años esperan respuestas judiciales. La querella encabezada por la abogada Valeria Carreras había advertido sobre el riesgo de una “revictimización” si se desplazaba el proceso a otra ciudad.

Aún no hay fecha confirmada para el inicio del juicio oral, pero la decisión judicial allana el camino para avanzar con un proceso largamente esperado por los familiares y por la sociedad argentina.

La limitación operativa de los aviones adquiridos a Dinamarca por pedido del Reino Unido, sumada al giro diplomático del Gobierno en el reclamo de soberanía, agita críticas internas y cuestionamientos sobre la política de defensa nacional.

El malestar entre las filas militares volvió a encenderse tras conocerse que los 24 aviones F-16 que el Gobierno argentino compró a Dinamarca vendrán con limitaciones impuestas por el Reino Unido, en especial la reducción del alcance de sus radares, supuestamente para “no representar una amenaza” para las fuerzas británicas en las Islas Malvinas.

La decisión, avalada por el ministro de Defensa, Luis Petri, expuso un nuevo foco de tensión entre la Casa Rosada y sectores tradicionalmente ligados a la defensa nacional, incluyendo figuras cercanas a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según trascendidos, el radar de tiro de las aeronaves estará restringido a un radio de 60 millas, lo que las haría inoperantes ante cualquier intento de aproximación a las islas ocupadas, donde el Reino Unido dispone de armamento con alcance superior a las 200 millas.

La compra, además de contradictoria con la retórica de “austeridad” del gobierno de Javier Milei, representa —según voces castrenses— una cesión explícita de soberanía técnica ante intereses extranjeros. “Estos aviones no tienen piezas británicas, pero igual se aceptaron las condiciones de un miembro de la OTAN. Es una entrega disfrazada de modernización”, criticó un alto oficial en reserva.

Petri, por su parte, defendió la adquisición argumentando que permitirá “modernizar la Fuerza Aérea” y aseguró que la empresa danesa Terma Global brindará mejoras sustanciales en los sistemas electrónicos. Pero los cuestionamientos no cesan: se cuestiona que la compra fue pactada sin una hipótesis de conflicto clara, y se advierte que la subordinación operativa a requerimientos de otra potencia mina cualquier estrategia defensiva real.

La medida también coincide con otros gestos diplomáticos del Ejecutivo que generaron rechazo, como el abandono del reclamo por la soberanía de Malvinas en foros internacionales y la aceptación tácita del “derecho a la autodeterminación” de los isleños. Para muchos analistas, el Gobierno prioriza su alineamiento geopolítico con potencias anglosajonas por encima de los intereses históricos de la Nación.

El episodio deja a la vista una grieta dentro del oficialismo entre el ala internacionalista del presidente Milei —obsesionado con su figura global— y una base militar e ideológica que ve con recelo el abandono de valores ligados a la defensa nacional. En tiempos de ajuste brutal y con un Estado replegado de funciones esenciales, el debate por la soberanía vuelve a ocupar un lugar incómodo, pero inevitable.