Se espera un fuerte impacto en las boletas, con subas de hasta un 200 por ciento.

El Gobierno de Javier Milei oficializó la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas, lo que generará un fuerte impacto en las boletas de los sectores de ingresos medios y bajos. A partir de las Resoluciones 90/2024, 91/2024 y 92/2024, publicadas en el Boletín Oficial, siete de cada diez hogares verán reducidos sus topes de consumo subsidiado, con aumentos que podrían superar el 200%.

Suba del 200% en las boletas de luz y gas
La eliminación de los subsidios energéticos se traducirá en un incremento significativo en las facturas de luz y gas. Según las estimaciones del gobierno, las boletas finales para diferentes segmentos de ingresos presentarán aumentos sustanciales. La Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirilo, estimó los incrementos considerando consumos promedio residenciales de 260 KWh:

— Los hogares de ingresos altos (N1) pasarán de pagar 24.710 pesos a 30.355 pesos, un aumento del 22,8%.
— Los hogares de ingresos medios (N3) pasarán de pagar 6.585 pesos a 16.850 pesos, un aumento del 155,9%.

— Los hogares de ingresos bajos (N2) pasarán de pagar 6.295 pesos a 12.545 pesos, un aumento del 99,3%.

A partir de junio, los nuevos topes de consumo subsidiado afectarán directamente a los usuarios categorizados en los niveles N2 y N3. Para los usuarios N2, el límite del consumo base se fijó en 350 kWh/mes, mientras que para las zonas frías será de 700 kWh/mes. En el caso de los usuarios N3, el límite se estableció en 250 kWh/mes y para las zonas frías será de 500 kWh/mes.

El gobierno también estableció el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que se trasladará a las tarifas finales. Los usuarios de N1 (altos ingresos) continuarán pagando 4 dólares por millón de BTU, mientras que los usuarios N2 tendrán una bonificación del 64%, cubriendo 1,6 dólares por millón de BTU, lo que representa casi un 100% de aumento respecto a los 0,8 dólares que pagaban hasta abril. Los usuarios N3, con una bonificación del 55%, pagarán casi 2 dólares por millón de BTU, implicando una suba del 81% en comparación con los 1,1 dólares previos.

El impacto de esta medida afectará principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes ya enfrentan una presión económica significativa. «El gobierno de Javier Milei acaba de concretar el movimiento de pinza con el que terminará de liquidar el bolsillo de trabajadores, jubilados y sectores más postergados», expresó un analista económico.

La transición hacia un nuevo esquema de asistencia energética busca que, de manera progresiva, los usuarios paguen el precio completo de la energía, asistiendo únicamente a los sectores más vulnerables. Sin embargo, esta medida incrementará la carga económica para la mayoría de los hogares, quienes verán reflejados estos ajustes en sus próximas boletas.

El tarifazo en números

Eliminación de subsidios a tarifas de luz y gas oficializada por el Gobierno de Javier Milei.
Aumento de hasta el 200% en las boletas para sectores de ingresos medios y bajos.
Nuevos topes de consumo subsidiado: N2 (350 kWh/mes, 700 kWh/mes en zonas frías), N3 (250 kWh/mes, 500 kWh/mes en zonas frías).
Ajustes en el precio del gas natural: aumentos del 100% y 81% para usuarios N2 y N3, respectivamente.

Así lo reveló un informe de la consultora Focus Market, que detalló que los artículos que más aumentaron el mes pasado.

Los productos de consumo masivo registraron en mayo un aumento interanual de hasta el 462,9%, aunque en ese mes se registraron bajas de entre uno y dos dígitos en algunos artículos.

Así lo reveló un informe de la consultora Focus Market, que detalló que los artículos que más aumentaron en mayo de 2024 contra el mismo mes de 2023 fueron Puré +462,9%, Chocolatados +448%, Cremas dentales +441,8%, Detergente para ropa +435,7%, Desodorantes de ambiente +412%, Suavizantes +408,7%, Sales +399,9%, Maquinitas de afeitar +396,2% y Edulcorantes +381,3%. A contramano, los precios de los yogures cayeron 16,5%, también de manera interanual.

En el “top 10” de los artículos que más subieron con relación a abril de este año se encuentran: Caldos +16,8%, Detergente para ropa +15,3%, Toallas femeninas +14,6%, Cervezas +8,9%, Manteca +8,7%, Detergente +8,5%, Te +6,6%, Maquinitas de afeitar +6,4% y Condimentos +6,4%.

“La inflación en consumo masivo en mayo de 2024 fue del 2,5%, con una variación de precios en la categoría alimentos 2% y limpieza del 1,5%. Por su parte, el aumento promedio de bebidas ha sido 4,8% y cuidado personal 7,7% acelerándose su variación de precios respecto de abril 2024. En el acumulado del año la variación de precios de la canasta de consumo masivo se ubica en un 50% por debajo del promedio de variación de precios de la economía” , señaló el director de Focus Market, Damián Di Pace.

A su criterio, “mientras la confianza del consumidor mejora acorde al menor ritmo de aumento de los precios en la economía, el consumo desacelera su caída pero aún en un signo negativo de dos dígitos. El bolsillo comienza lentamente a estar por encima de la variación de precios mensual de la economía, aunque aún lejos de recuperar el poder adquisitivo”.

Para Di Pace, las promociones, ofertas y descuentos se mantienen firmes en los supermercados, lo mismo que los congelamientos de precios por hasta cinco meses, “lo cual se traduce en un exceso de stock en depósitos y almacenes que es necesario liberar, incentivando el consumo”.

Así lo resolvió el sindicato, tras realizar un Congreso federal. Además habrá otras medida de fuerza para la última semana de junio.

En un multitudinario Congreso Nacional con participación de dirigentes de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso de la Nación el día que se trate la Ley Bases en el Senado, y también una medida de fuerza con paros y movilizaciones para la última semana de junio ante la amenaza de despido de miles de trabajadores.

“Si la Ley Bases es aprobada, será una tragedia para los trabajadores. Esta iniciativa que va a ser llevada al recinto contiene una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos, y particularmente en el empleo público contempla un retroceso de manera directa y sin escalas a la última dictadura militar. Se trata de una norma que intenta habilitar el saqueo sin límites de todas las riquezas de nuestro país”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, y agregó: “El día que se debata, nos vamos a movilizar de manera masiva al Congreso para exigirle a los senadores su completo rechazo”.

Además, el sindicato ya definió nuevas medidas de fuerza ante la amenaza de nuevos despidos el 30 de junio anunciados por el Gobierno: “Tenemos que impedir que el Gobierno cumpla con su amenaza de una nueva ola de despidos a fin de junio. Por eso, vamos a realizar una medida de fuerza nacional en los días previos al vencimiento de todos los contratos. El Gobierno sigue empecinado en destruir el empleo público y nosotros lo tenemos que evitar”.

Se trata de más de 60 mil los trabajadores de la planta transitoria del Estado cuyos vínculos laborales fueron renovados tan sólo por 90 días y finalizan a fines de junio por decisión del Gobierno.

Entre otras resoluciones, el sindicato también decidió por unanimidad realizar una nueva Jornada Nacional de Lucha con movilización al Ministerio de Defensa, a Agricultura Familiar y a Expoagro, con fechas a definir.

El jueves 30 de mayo ATE realizó su 67° Congreso Ordinario y, al finalizar, el 56° Congreso Extraordinario. El cónclave se celebró en el teatro Margarita Xirgu, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, lugar donde hace 40 años se comenzaba a consolidar la recuperación del sindicato de las manos de la dictadura.

El evento se realizó en nombre de la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, quien falleció durante el desarrollo del mismo. ATE recordó su firme compromiso por la lucha de los trabajadores en general y de los estatales en particular, participando en más de una ocasión en las actividades realizadas por el sindicato.

Cabe recordar que la Ley Bases incluye entre sus artículos una reforma del Estado que pone en disponibilidad incluso a los trabajadores de la planta permanente, incumpliendo con todas las normas de estabilidad laboral contempladas en la Constitución Nacional.

Así lo aseguró un informe elaborado por la Iglesia. En el tercer trimestre del año pasado afectaba al 44,7% de la población.

En el primer trimestre de 2024, en coincidencia con la gestión del presidente Javier Milei, la pobreza afectó al 55% de la población de la Argentina (más de 25 millones de personas) y la indigencia trepó al 17,5% (8 millones).

Así se desprende del informe que presentó Cáritas Argentina denominado “Radiografía de la pobreza en la Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza”, que marca el fuerte crecimiento de las urgencias sociales registrado en los últimos nueve meses.

De acuerdo al estudio del que participó también el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) de la Universidad Católica Argentina, se estima que unos 5 millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza, si se toma como referencia el tercer trimestre de 2023, cuando este organismo mostraba un 44,7% de pobreza y un 9,6% de indigencia.

Estos incrementos se atribuyen en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses, que saltó tras la devaluación impulsada en diciembre por Milei, y a la suba principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad.

El mismo estudio asegura que unos 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA).

La inseguridad alimentaria es una de las consecuencias más directas de esta crisis. El 24,7% de las personas en áreas urbanas enfrentan inseguridad alimentaria total, afectando al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. La situación es más grave en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde estos porcentajes son aún mayores. La inseguridad alimentaria severa alcanza al 10,9% de las personas, al 8,8% de los hogares y al 13,9% de los niños, niñas y adolescentes en el país, con cifras que aumentan en el AMBA.

La pobreza también se refleja en la falta de acceso a servicios básicos y en la alta dependencia de las ayudas del Estado. El informe detalla que el 42,6% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentaria. Además, el 50% de los menores asisten a comedores escolares, el 36,7% reciben cajas o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% de comedores no escolares.

En cuanto a la mortalidad infantil, el informe señala que, aunque ha habido mejoras generales en las últimas décadas, persisten importantes disparidades entre provincias, con los niveles más altos de mortalidad infantil correlacionándose con mayores índices de indigencia monetaria.

El déficit educativo es otro aspecto crítico. El 23% de los niños de 3 a 5 años no asisten a establecimientos educativos formales, el 9,1% de los niños y adolescentes de 6 a 12 años asisten con sobreedad a la escuela primaria, y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no han terminado la secundaria. Estos datos reflejan el impacto negativo de la pobreza en la educación, a pesar del apoyo del sistema de gestión pública y privada.

La “Radiografía de la pobreza”, que expone un severo deterioro en el campo social, se dio a conocer en los días previos a la colecta anual de Cáritas, que se desarrollará el sábado y el domingo próximo en todo el país, para generar conciencia y reunir fondos para sostener programas de comedores, asistencia alimentaria y distintos proyectos de promoción humana que desarrolla la institución. El lema de la colecta, que se hará en las iglesias y colegios, además de la vía digital, es “Tu solidaridad es esperanza”.

Así lo aseguró el ministro de gobierno bonaerense para describir los recortes del Ejecutivo nacional a la Provincia.

En diálogo con AM530-Somos Radio, Carlos Bianco explicó que el principal área afectada por el ajuste del Gobierno de Javier Milei en el territorio bonaerense fue la obra pública. “Tenemos un recorte de Nación a Provincia de 5.8 billones de pesos”, denunció.

Luego, el ministro de gobierno bonaerense se refirió a la situación en las cárceles de la provincia de buenos Aires y señaló: “Debemos mejorar el horroroso índice de sobrepoblación carcelaria”.

“Hay muchos programas de educación y cultura que se descontinuaron por completo sin los fondos nacionales”, agregó Bianco, quien luego calificó al ajuste de Milei como “un ajuste asesino en la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, el alto funcionario bonaerense indicó que el gobierno nacional “no nos atienden el teléfono y que es imposible imaginar que nos manden fondos”, para más tarde informar: “Todos los pedidos de fondos fueron pedidos de manera formal”.

Es por ello que Bianco denunció “una discriminación muy clara de parte del gobierno nacional contra la provincia de Buenos Aires por cuestiones políticas” y siguiendo esa lógica argumentativa puntualizó: “No le están quitando fondos al gobernador, le están sacando fondos a la gente”.

“Habían programas que para nosotros eran muy importantes que hoy no lo podemos hacer”, se lamentó el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien luego apeló a la sensatez e indicó: “Nosotros esperamos que en algún momento el gobierno se de cuenta que hay que gobernar para la gente”.

Al cierre de la entrevista, Bianco criticó a la administración libertaria y aseguró: “No se gobierna sobre un excel, se gobierna para la gente” y a continuación reclamó: “Solo pedimos lo que nos corresponde”.

El cónclave del gremio estatal se realizará este jueves en el teatro Margarita Xirgu de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara en conferencia de prensa que se vendrá una nueva ola de despidos en el sector público a fines de junio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un Congreso Nacional para este jueves en el que se definirán nuevas medidas de fuerza.

“Están empecinados en destruir el empleo público pero no van a poder. La gente empieza a notar que no tienen capacidad ni siquiera para administrar una junta vecinal y que son unos verdaderos mentirosos. Pierden legitimidad”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. En este marco, el dirigente profundizó: “La amenaza de una nueva ola de despidos en el Estado muestra crueldad. Además, utilizan un lenguaje perverso. Tienen que saber que a los estatales no nos van a doblegar. Vamos a seguir profundizando nuestro plan de acción”.

“Este Gobierno aumentó drásticamente la pobreza y duplicó la indigencia, y todavía pretenden seguir dejando gente sin trabajo y en la calle. El combo de hambre y desempleo nadie lo va a tolerar. Lo que pasó esta semana es una señal. Llegó el 25 de Mayo, no hubo Ley Bases, no hubo pacto, y lo que tuvimos fue un devaluado acto. Se derrumba el apoyo popular al Presidente”, indicó Aguiar.

El Congreso Nacional de ATE se realizará el jueves 30 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Margarita Xirgu, ubicado en Chacabuco 875 del barrio porteño de San Telmo. Allí se reunirán dirigentes de todo el país para definir la continuidad del plan de acción en los próximos días, además de tratar la memoria y balance del periodo 2023.

El acuerdo trata de una mejora salarial y una amnistía que deja de lado sanciones administrativas a los agentes activos que participaron de la protesta, entre otros.

Finalmente los policías llegaron a un acuerdo con el gobierno de Misiones por la situación salarial y levantaron el acampe que mantenían hace 12 días frente al Comando Radioeléctrico de Posadas.

El acuerdo incluyó una mejora salarial, una amnistía que deja de lado sanciones administrativas a los agentes activos que participaron de la movida y el reconocimiento de una Mesa de diálogo con facultad de paritaria entre representantes de la fuerza y el Gobierno.

Anoche, el suboficial Mayor retirado Ramón Amarilla, comunicó que Sandro Martínez, Jefe de la fuerza, los había convocado para hacerles una nueva propuesta salarial, oferta que tuvo el visto bueno y cuya acta fue firmada por los delegados tras la reunión.

Aunque resulta llamativo, en el acta firmada por las partes se acordó un aumento de apenas $15.521 que se agregará al básico de los agentes a partir de junio y se aplicará de manera proporcional a las demás jerarquías, incluidos los cadetes.

La suba llevará el sueldo inicial de un agente de Posadas a $ 520.000.

De todas maneras, funcionarios del gobernador Hugo Passalacqua y los referentes de la policía también acordaron reunirse otra vez en julio para volver a analizar la escala salarial.

“El gobierno entendió que la Policía de Misiones y el Servicio Penitenciario Policial somos los garantes de la seguridad en Misiones y tuvimos una reunión positiva con el ministro coordinador y el jefe de la policía de Misiones. Se levanta el acampe”, comunicó Ramón Amarilla, vocero de la policía.

Añadió que “todas las medidas se retrotraen al 1 de enero. Nos reconocen como ente para discutir los temas salariales y laborales. Logramos $ 15.521 para la liquidación del mes de junio al básico y seguimos discutiendo para los próximos meses. Nos volvemos a juntar en Julio”.

El conflicto comenzó durante la madrugada del viernes 17 de mayo, cuando cerca de 100 policías se atrincheraron en el cuartel, quemaron gomas en las inmediaciones y encendieron las sirenas despertando a los vecinos. Con el correr de las horas y los días, la tensión escaló.

En un primer momento, fueron cacerolazos y piquetes, pero luego la medida de protesta tomó más fuerza y sumó más adhesión, ya que los docentes y personal sanitario se sumaron a los reclamos, con cortes de rutas y manifestaciones. De hecho, los trabajadores de la salud tomaron la sede del Ministerio.

Una vez que inició el conflicto, el Gobierno nacional conformó un comité de crisis para poder hacer frente a esta situación, mientras que la Provincia advirtió severas sanciones sobre los policías que formaban parte de la medida de fuerza. En ese sentido, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, aseguró que “la sublevación es inadmisible”, por lo que había indicado que los agentes que participaron de las protestas serían pasados a disponibilidad o dados de baja del servicio. Sin embargo, tras varios convenios fallidos, ambas partes acordaron que se daría marcha atrás con las medidas disciplinarias ordenadas.

Fue por la decisión del Secretario de Deportes de reducir disciplinas y categorías en esa competencia.

Luego del ajuste que efectuó el Gobierno nacional a los Juegos Evita, competición que es organizada por la Casa Rosada desde 1949 y que ahora el presidente Javier Milei busca cambiarle el nombre por “Juegos de Alto Rendimiento” y recortar gran parte de su presupuesto, un municipio bonaerense sentó posición y declaró “persona no grata” al secretario de Deportes, Daniel Scioli.

“Declaramos públicamente nuestro enérgico repudio al actual secretario de Deportes del nefasto gobierno nacional Daniel Scioli por su accionar de eliminación de los Juegos Evita, reemplazándolo con el nombre de “Juegos de Alto Rendimiento”, fustigaron desde el Partido Justicialista del municipio de Mar Chiquita.

Es que, el pasado lunes la Secretaría de Deportes que conduce Scioli anunció que en los Juegos Evita 2024 se reducirán las disciplinas y categorías, por lo que habrán menos deportistas participantes. Además, el organismo también aclaró que a partir de ahora los gastos deberán ser abonados por los Gobiernos provinciales y no por Nación.

“No solo es el cambio del nombramiento de un torneo histórico de más de 75 años, sino que es su nefasta política de ajuste, cercenando en un 70% los recursos de viajes, alojamiento y comida de cientos de miles de jóvenes deportistas de todo el país”, apuntó el PJ marchiquitense.

Si bien los cambios en los Juegos Evita afectan a todos los Ejecutivos provinciales, para los Gobiernos del interior las modificaciones pegan más fuertes ya que las finales de la contienda deportiva suceden en varias zonas de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, salvo la categoría para Personas Mayores que se realiza en Santiago del Estero.

El proceso de seis meses le da amplias facultades a la administración de Javier Milei para empezar con las subas para la clase media y los usuarios de ingresos bajos.

El Gobierno creó por decreto un “Período de Transición” para pasar de los subsidios generalizados hacia otro de subsidios focalizados en las tarifas de luz y gas. El proceso de seis meses, prorrogable por única vez, le da amplias facultades a la administración de Javier Milei para empezar con las subas para la clase media y los usuarios de ingresos bajos.

El cambio es para dejar atrás la segmentación en base a niveles socioeconómicos N1, N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) que el Gobierno aplica en la actualidad. Y el objetivo, de acuerdo al decreto 465/2024 publicado en el Boletín oficial, es asegurar una implementación gradual, ordenada y previsible de precios de mercado y tarifas basadas en los costos reales de la energía.

La eliminación de la ayuda del Estado será gradual desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y se podrá prorrogar por otros seis meses. Así, finalmente se pondrá en marcha la prometida Canasta Básica Energética (CBE), pero en el camino la Secretaría de Energía tendrá amplias facultades para aplicar cambios en las boletas que pagan los usuarios.

Entre ellas se destacan la posibilidad de determinar los volúmenes máximos de consumo subsidiable para todas las categorías y segmentos residenciales de electricidad y gas. Pero también considerar el criterio de consumo indispensable, la zona bioambiental y la época del año para fijar estos topes.

Asimismo, Energía podrá fijar descuentos aplicables a los usuarios de las categorías N2 y N3, y disponer que los consumos en exceso a los volúmenes máximos subsidiables sean abonados a precios mayoristas de gas natural y energía eléctrica. Además, revisará los volúmenes de consumo máximo a subsidiar y los montos o porcentajes de los descuentos sobre el componente de energía.

Además, en el decreto el Gobierno invita a todos los usuarios residenciales (hogares) a reempadronarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que hoy tiene tres niveles de segmentación. Y paralelamente, realizará cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales para actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar errores de inclusión y exclusión.

Según se explicó en los considerandos, la “reestructuración de los regímenes de subsidios” tiene como principal objetivo trasladar a los usuarios los costos reales de la generación, producción y las importaciones de energía eléctrica y gas natural, además de promover la eficiencia energética y focalizar los recursos del Estado en la población más vulnerable.

Gremios nucleados en la CGT y la CTA denuncian que el Gobierno prometió dar respuesta a los reclamos pero nunca volvió a comunicarse con los representantes.

Este jueves rige un paro nacional docente como parte de las medidas de fuerza organizadas por los gremios del área para darle volumen al reclamo salarial, de condiciones laborales y de financiamiento de la educación pública.

Convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y los gremios nucleados en la CGT, la medida abarca a profesionales de la educación de todos los niveles en todo el país, agravando el conclicto con el Gobierno de Javier Milei.

Como parte de las demandas se exige la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya suspensión implica una disminución salarial de entre un 10 y un 20%.

Además, piden mayor presupuesto educativo para escuelas y universidades públicas y el envío de fondos para infraestructura, comedores escolares y Programas Educativos.

El traspaso de las Cajas Provinciales a la Nación y la modificación de los Regímenes Jubilatorios Docentes Nacionales y Provinciales es otro de los puntos de conflicto que rechazan los sindicatos dodentes. Por último, piden el cese de los despidos y reincorporación de todos los trabajadores despedidos en las áreas educativas de la Nación.

Además de la recomposición salarial, los docentes exigen un financiamiento para las escuelas y universidades públicas acorde a la inflación, recursos para infraestructura escolar, fondos para comedores escolares y programas educativos.

También solicitan un aumento de emergencia para los docentes jubilados, la no modificación de los regímenes jubilatorios y que concluyan los despidos en el sector educativo.

La medida de fuerza fue convocada por UDA, AMET, CEA y SADOP, sindicatos nucleados en la CGT, y también por la CTERA afiliada en la CTA, tras el estancamiento de las negociaciones entre los representantes obreros y la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Denuncian que la ministra Sandra Pettovello y el secretario Carlos Torrendell prometieron el pasado 6 de mayo dar respuesta a los reclamos salariales, incluyendo la convocatoria a la mesa paritaria nacional, pero no se volvieron a contactar con los líderes sindicales del sector educativo.

“La falta de respuestas han ocasionado pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios – desde diciembre de 2023 hay docentes con salarios de 250 mil pesos -,desfinanciamiento educativo en todas las áreas, ocasionando y profundizando los conflictos provinciales, ante la ausencia del Estado como garante del piso salarial docente y los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema educativo”, anunció CTERA.

Por su parte, Sergio Romero, el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), sostuvo que la “educación debe ser política de Estado y debe estar primera en la agenda de cualquier gobierno democrático que tiene interés por la formación de los jóvenes para incorporarlos al mundo del trabajo”.

Al respecto, sostuvo: “Lamentablemente me hubiese gustado hacer una conferencia de prensa para decir que los docentes ganamos bien, que los jóvenes están dentro de las unidades escolares pero no lo podemos decir y el responsable de esto es el Gobierno nacional. Tienen que asumir la responsabilidad. No le han podido dar respuesta al colectivo de trabajadores de la educación y al sistema educativo en su conjunto”.