Estas cesantías pasan a formar parte de los 100 mil empleos registrados destruidos en el primer trimestre del año.

os 150 despidos denunciados en varias sucursales de Changomas, número que podrían llegar a 500 en las próximas horas, engrosan la lista que se viene gestando en estos últimos meses en las plantillas registradas de industrias como Acindar, PepsiCo, General Motors, Fate. Y en cadenas comerciales como Jumbo y Diarco.

Se suman a los 100 mil empleos registrados destruidos en el primer trimestre del año, según cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hechos a partir de la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo, vinculada a las bases del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La cadena Changomas lleva cesanteados 27 trabajadores y trabajadoras en San Justo. Otros 7 en La Tablada, y en el shopping Alto Avellaneda ya se cuentan 17. Y pueden agregarse más telegramas en la sucursal de Bahía Blanca.

La empresa aduce la caída de las ventas por la situación económica que atraviesa el país.

Hace unos días no más, Fate, una de las tres fábricas que producen neumáticos en la Argentina, anunció que despedirá a 97 empleados y que, consecuentemente, ajustará su estructura, para adecuar sus operaciones al contexto del negocio.

Hoy se llevó a cabo una asamblea en la planta de San Fernando convocada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

El grupo Arcelor Mittal, dueño de Acindar, paralizó por segunda vez este año su planta de Villa Constitución como respuesta al derrumbe en las ventas. Afecta a más de 3.000 operarios.

La capacidad instalada de Acindar es de un millón setecientas mil toneladas, el promedio de producción que tuvo es de un millón cuatrocientas mil y tienen apenas seiscientas mil toneladas para este año.

Por su parte, la multinacional Pepsico confirmó la semana pasada el despido de 36 de sus 400 trabajadores que se desempeñan en la planta instalada en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata.

La automotriz General Motors también achica su plantilla de personal a través de retiros voluntarios en la fábrica ubicada en la ciudad santafesina de Alvear, donde se produce la Chevrolet Tracker. Hasta fin de año asimismo fabricaba el modelo Cruze.

Frenó la actividad y cerró entre el lunes 22 y el 29 de abril.

Toyota abrió un proceso de retiros voluntarios para 400 trabajadores, mientras que Renault lo hizo para alrededor de 270.

La seguidilla empalmó con el panorama descripto por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) para el primer trimestre del año.

Con los 20.666 puestos de trabajo registrados perdidos en febrero, en el primer trimestre la caída totalizó 62.920 y para marzo proyectaban otros 34.166, a partir de la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo.

O sea, que fueron en total se contabilizan alrededor de 100 mil los empleos registrados resignados, lo cual se explica por la utilización del 53,4% de la capacidad instalada de las industrias durante marzo de 2024.

Los sectores de actividad que mayor pérdida de empleo sufrieron fueron construcción (-12.949), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-4.488) e industria (-2.013).

Pero en los primeros tres meses, el sector más afectado fue la construcción (-46.249).

El proyecto alentado por el Ejecutivo sigue acumulando objeciones a medida que avanza el debate en el plenario de comisiones de la Cámara alta.

Con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, corrida de las negociaciones, el oficialismo no hace pie para aprobar su Ley Bases en el Senado. Lo blanqueó el mismo Javier Milei cuando deslizó que el Pacto de Mayo podría patearse para “junio o julio”, atento a que todavía falta un buen trecho para poder llegar al recinto.

Las negociaciones están, aún, en estado embrionario. Los senadores opositores acumulan demandas y pedidos de modificaciones que Casa Rosada recién acaba de comenzar a receptar. No hay hoja de ruta: en La Libertad Avanza reconocen que aceptarán modificaciones en el RIGI y el impuesto a las Ganancias, pero no hay un interlocutor oficialista que centralice todos los reclamos. El escenario está verde y, por más que Casa Rosada pretende instalar lo contrario, lo más probable es que el jueves tampoco haya dictamen.

El problema que tiene el gobierno nacional es que lo que esperaba que fuera un trámite exprés se convirtió, por el contrario, en un parto. La metáfora no es casual: en Diputados usaban la misma expresión para referirse al proceso de reescritura de la Ley Bases y el paquete fiscal. Y, ahora, los senadores —que sacan pecho y repiten que ellos no van a votar nada “a libro cerrado”— viven la misma experiencia de desencuentros y tiras y aflojes con interlocutores diversos con el objetivo de lograr introducir alguna modificación a dos proyectos faraónicos. Con una diferencia: en Diputados, Martín Menem trabajaba en equipo con Casa Rosada en la búsqueda de acuerdos, mientras que en el Senado, Victoria Villarruel ha sido desplazada.

La Vicepresidenta fue corrida (a la fuerza) de las negociaciones y, en su lugar, se mueven el presidente provisional, Bartolomé Abdala, y el jefe de bloque oficialista, Ezequiel Atauche. Dos senadores que intercalen diferentes interlocutores —Guillermo Francos, por un lado, y José Rolandi, por el otro— y se encrespan ante los cronogramas caprichosos de Casa Rosada. Ambos saben que no hay espacio para dictaminar el jueves y, por lo tanto, la posibilidad de sesionar antes del 25 de mayo se hace cada vez más remota. Ni hablar de que después falta la sesión en Diputados que definirá si acepta (o no) las modificaciones: para eso falta una vida.

En principio, los alfiles de LLA, junto a Rolandi, vienen receptando los primeros pedidos de modificación de los senadores opositores no peronistas. Necesitan de la firma de Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (entrerriano ex Frente de Todos) y José Carambia (Santa Cruz) para dictaminar y todavía no las tienen. Los senadores exigen, primero, que les concedan algunas modificaciones.

El radicalismo mantuvo una reunión el martes a la mañana para poner en común un pliego de demandas. No todos acompañarán todas las modificaciones y hay algunos más concesivos que otros —el jefe de bloque, Eduardo Vischi, quiere acompañar todo, mientras que Lousteau o Blanco muestran los dientes—, pero el objetivo es mostrar un frente un poco más unido que en Diputados. A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones: Lousteau reclama eliminar el artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el RIGI, así como medidas para proteger a la industria local frente a la apertura de importaciones (que el régimen incluye). También se reclama modificar el capítulo de blanqueo de capitales, de modo de incluir a los hermanos de funcionarios en listado de figuras que no pueden acogerse a los beneficios.

El listado es amplio y, al cierre de esta edición, todavía se está escribiendo. Hay algunos, como Blanco, que reclaman también modificar el capítulo de delegación de facultades o el artículo 111 que propone reducir hasta un 2 por ciento el gasto tributario (Blanco es fueguino y el régimen especial de Tierra del Fuego está en la mira). Propone, a su vez, introducir modificaciones en el capítulo de privatizaciones: quiere sacar Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino del listado y viene trabajando para conseguir dos tercios que le permitan blindar la modificación en Diputados.

Son varios los senadores patagónicos —como los rionegrinos o santacruceños— que no quieren saber nada con la privatización de la línea de bandera o el correo y, al igual que con la modificación de Ganancias, especulan con poder hacerse de una mayoría lo suficientemente amplia que, si LLA quiere ratificar la versión original del proyecto en Diputados, no pueda alcanzarlos con el número. Ya que si un artículo se modifica con dos tercios en el Senado, la Cámara de Diputados necesitará dos tercios si quiere ratificar su propuesta original (un número imposible de conseguir).

Tanto esta estrategia, como la reforma de Ganancias, necesita del acompañamiento de Unión por la Patria. Es decir que la oposición “dialoguista” necesita de los 33 votos del peronismo si quiere imponer modificaciones resistidas por el gobierno nacional (como el caso de privatizaciones). UxP, mientras tanto, aún no definió qué postura adoptará.

El plan es votar en contra de la ley en general y, después, evitar la mayor cantidad de agentes libres en la votación en particular (en RIGI, por ejemplo, ya reconocen que el catamarqueño Alejandro Andrada y la tucumana Sandra Mendoza votarán a favor). La lucha por las modificaciones resistidas por Milei, en cambio, aún no está resuelta. Pero más de uno se entusiasma con contribuir a armar una mayoría opositora de dos tercios que le genere fuertes dolores de cabeza al gobierno.

Los directivos de las instituciones piden que se les transfiera el mismo monto de dinero que a la Universidad de Buenos Aires.

A un mes del punto más álgido en el conflicto por el presupuesto educativo entre el Gobierno y las universidades nacionales, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comunicó que llegó a acuerdo por los fondos y, en consecuencia, levantó el estado de emergencia que regía en el establecimiento. No obstante, la disputa todavía continúa: en las instituciones del resto del país reclaman que ellos aún no alcanzaron ningún arreglo con las autoridades y piden que se les transfiera la misma plata que la arreglada para la Universidad de Buenos Aires.

Se trata de al menos 60 institutos los que insisten en la necesidad y urgencia de que el Estado les transfiera el monto de dinero requerido para garantizar su normal funcionamiento y el dictado de clases. “Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, adelantó a Infobae Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Horas más tarde, desde el CIN emitieron un comunicado enfatizando su malestar y calificando de “inadmisible y provocadora” la medida adoptada para la UBA.

Las negociaciones por las que protestan están a cargo de la Secretaría de Educación, liderada por Carlos Torrendell, y del Ministerio de Capital Humano, administrado por Sandra Pettovello, quienes se mostraron abiertos a dialogar con rectores y vicerrectores luego de la masiva marcha federal universitaria llevada a cabo el pasado 23 de abril.

Sin embargo, habiendo pasado más de tres semanas desde aquella fecha, solo la Universidad de Buenos Aires logró acordar una suma acorde a sus necesidades. Se trata de $26.016.488.265 que el Gobierno les transferirá con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros $35.436.785.336,00 para sostener los niveles de atención de la salud, sin perjudicar el resto de las funciones que llevan adelante.

La medida fue resuelta por el secretario de educación este martes y comunicada este miércoles por la UBA a través de un comunicado. En el mismo, contaron que en los últimos días se concretó una serie de reuniones con las autoridades en el que llegaron a un acuerdo y anunciaron el fin de la emergencia presupuestaria activada a principios de abril.

La novedad provocó la reacción del resto de las universidades nacionales que, ante esta resolución, remarcan que con ellos todavía no avanzaron las tratativas y que no recibieron ninguna trasferencia de fondos. En este sentido, subrayan que existe una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno y piden que se aceleren las negociaciones.

A través de un comunicado emitido en la tarde del miércoles, desde el Comité Ejecutivo del CIN señalaron: “La actualización en un 270 por ciento del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 por ciento para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año”.

Asimismo, calificaron como “inadmisible y provocador” que se reconozca este aumento solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 establecimientos.

“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, continuó el documento.

Este concluyó con la resolución adoptada por las autoridades universitarias ante esta situación: “Reunido en la sede del CIN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Comité Ejecutivo resuelve quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina”.

El oficialismo no logró sumar los votos de la UCR, el PRO y los bloques provinciales.

El oficialismo no logró ni siquiera el respaldo de legisladores aliados y, por eso, se llamó a un cuarto intermedio y la discusión se pospuso hasta la semana que viene.

En medio de la jornada de paro general que impulsó la CGT, a partir de las 10:30 comenzaron a llegar los senadores Juan Carlos Romero y Andrea Cristina (Cambio Federal), los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau, Victor Zimmerman y Flavio Fama, Guadalupe Tagliaferri (PRO), Alejandra Vigo (Unidad Federal), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Ezequiel Atauche (LLA).

La novedad fue que se ausentaron los integrantes del bloque Unión por la Patria, Eduardo De Pedro, Jesús Fernando Rejal, Carlos Alberto Linares, Juan Manzur, María Teresa González y Antonio Rodas.

La decisión de continuar con las comisiones se tomó ayer por la tarde-noche, con la opinión de la mayoría de los bloques y Unión por la Patria evitó emitir opinión. Hoy se observó vacío el espacio destinado para UP.

Tanto en la intimidad como en las conversaciones públicas había legisladores del radicalismo, del PRO y de los partidos provinciales que adelantaban que no estaban en condiciones de firmar el dictamen porque entendían que había muchos cambios para introducir.

“Hay legisladores que no quieren la delegación de facultades, los patagónicos rechazan la privatización de Aerolíneas Argentinas, la presentación que se hizo sobre el blanqueo de capitales que hizo Guberman fue un desastre para el oficialismo; los senadores del radicalismo (entre ellos Martín Lousteau), PRO y las provincias se iban turnando para destrozarlo”, explicó un operador de uno de los bloques que mantiene diálogo con referentes parlamentarios que responden a Javier Milei.

En La Libertad Avanza entonces empezaron a dar por descontado que no iban a tener dictamen hasta la semana que viene. “Hoy no alcanzamos”, reconoció un senador libertario a la salida del Salón Azul. “No tenemos el número para las firmas”, agregó. “Todo pasa para la otra semana, hoy no se puede dictaminar”, apuntó el presidente del bloque PRO, Luis Juez, frente a los periodistas.

Los comercios y las industrias recibirán incrementos mayores a los residenciales.

Las próximas facturas de gas natural comenzarán a llegar este mes con fuertes aumentos que en el caso de los usuarios residenciales superan el 500% respecto a lo que pagaban el año pasado y para los comercios e industrias se encuentran por encima del 1.000%, incrementos que podrían ser mayores en el período invernal.

El ajuste en los primeros meses del presidente Javier Milei llevó las tarifas de este servicio público a niveles cercanos a los de 2019, tras las subas durante la gestión de Mauricio Macri, para los hogares de altos ingresos. Distinto es el caso de los usuarios de ingresos bajos y medios, que aún mantienen una gran parte del costo subsidiado.

Es en ese marco que el ministro de Economía, Luis Caputo, definió postergar hasta nuevo aviso los aumentos previstos para mayo con el objetivo de apuntalar la desaceleración de la inflación y no cargar con más gastos a la clase media. La decisión, explicó, se apoyó en el superávit fiscal conseguido durante el primer trimestres.

Sin embargo, la Secretaría de Energía postergó la implementación de un nuevo esquema más restrictivo de subsidios que pensaba aplicar desde abril, luego mayo, después junio y ahora sin una fecha precisa. El gasto en las tarifas es uno de los temas del déficit que mayor dificultad generan y generaron durante los últimos años. Actualmente, se evalúa una quita más “progresiva” que la prevista originalmente.

Las boletas de gas se componen de cuatro ítems: costo de generación, transporte, distribución y, sobre eso, se aplican los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). El Gobierno cubre con subsidios la diferencia entre el precio de producir gas y lo que pagan los diferentes usuarios.

Desde el Centro de Excombatientes de La Plata expresaron su repudio por los dichos del Presidente alabando a la ex primera ministra del Reino Unido.

Después de que Javier Milei elogiara nuevamente la exprimera ministra británica Margaret Thatcher —”Ella fue brillante”, dijo—, el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes (CECIM) de La Plata, Ernesto Alonso, salió al cruce del Presidente: “Parece que vivimos una ficción cada vez que lo escuchamos”, señaló este martes en AM750.

“Lo que pasó en el ’82 todavía nos duele. Y siguen militarizando el Atlántico Sur. Las expresiones cada día confirma lo que venimos repitiendo, que es que (Milei) vino a poner a Argentina un cartel de venta al peor postor. Y cuando lo escuchamos decir las barbaridades y afirmaciones con respecto al tema del conflicto armado, que afirma que hubo una guerra y nos tocó perder, como si la guerra otorgara derechos. Ni siquiera alguien le dijo que hay una resolución después del hecho bélico, la 379, que instó a los Gobiernos a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica. Hace una afirmación que va en contra de los intereses de los argentinos”, agregó el veterano de Malvinas en diálogo con Gustavo Campana.

Confeso admirador de la exjefa de gobierno del Reino Unido, que en la década del 80 aplicó con mano de hierro políticas de ajuste y que lideró la ofensiva militar en la Guerra de Malvinas, el Presidente argentino no pierde oportunidad de elogiarla cada vez que puede. El súmmum de la pleitesía hacia la denominada Dama de Hierro se dio durante el debate presidencial con Sergio Massa, en noviembre pasado.

“Yo creo que es el primer Presidente que no toma el tema de Malvinas. Y está violando la Constitución Nacional. Si hubo un hecho importantísimo dentro de lo que fue la diplomacia argentina fue esa resolución que reconoce el conflicto y que (Milei) está tirando por la ventana. ¿Cómo nos está mirando la comunidad internacional cuando Milei dice que no le importa que (David) Cameron visite las Malvinas porque están ocupadas?”, se lamentó uno de los referentes del CECIM La Plata, el centro que en marzo pasado logró que la Justicia dictaminara sobre el artículo del DNU que derogaba la Ley de tierras y permitía la extranjerización.

“Es un mensaje a los capitales, diciéndoles que vengan a hacer lo que quieran en Argentina. Porque él se anima a decir estas barbaridades sobre la cuestión Malvinas. Si estamos evaluando la magnitud de estos dichos, dice que venga la narco-economía. Y con las RIGI, que nos han tomado como la región para quedarse con las joyas de la abuela, nuevamente”, concluyó Alonso.

Fue al inaugurar el Salón de las Mujeres en el Instituto Patria.

La expresidenta de la Nación y referente de Unión por la Patria, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a cuestionar la Ley Bases del Gobierno nacional, al afirmar que uno de sus artículos contempla un “estatuto legal del coloniaje del siglo XXI“.

En ese sentido, Cristina Kirchner se refirió al título de la Ley Bases que crea el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). “El objetivo es que a la inversión extranjera directa a partir del tercer año la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del Banco Central, entonces ¿con qué dólares van a pagar al FMI y sostener el desarrollo de las industrias?“, cuestionó.

Cabe destacar que, el RIGI propuesto en la Ley Bases busca generar “seguridad jurídica” mediante incentivos en materia tributaria y fiscal para desembolsos que superen los USD 200 millones en diferentes sectores. A su vez, dispone la invalidez de cualquier otra norma preexistente que sea contraria a las exenciones que crea el nuevo régimen.

Durante los casi 30 minutos de discurso en el Instituto Patria, Cristina Kirchner le pidió a Milei que recapacité sobre las políticas que lleva adelante y cuestionó la mirada del Jefe de Estado sobre “un mundo que no existe”. “Cuando habla de comunismo, ¿de qué me habla?. El Muro de Berlín se cayó en 1989”, enfatizó.

“Cuando asumió el Presidente, le dije que cuando se siente en el Sillón de Rivadavia se le van a caer unos cuantos prejuicios, como se le caen todos los días. Todo lo que dan como una verdad absoluta no tiene conexión con la realidad“, sostuvo la expresidenta.

Por otra parte, Cristina Kirchner cargó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al afirmar que, al igual que durante la gestión de Macri, “vuelve a convertir deuda en pesos en dólares, es decir gastos corrientes nuevamente dolarizados“, al hacer referencia al reordenamiento del cronograma de pagos para saldar la deuda que mantiene la Compañía Eléctrica Cammesa.

En tanto, y sin definirse como “militante feminista”, Cristina Kirchner manifestó su deseo de que el Salón de las Mujeres vuelva a ser parte de la Casa de Gobierno, de donde lo sacó el actual gestión. “Queríamos inaugurar este salón, con el optimismo de que algún día volverán a la Casa Rosada”, manifestó.

Es preciso señalar que, en el nuevo Salón de las Mujeres del Bicentenario fueron homenajeadas figuras como Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Malvinas.

De esta manera, con el gesto de reinaugurar en el Instituto Patria el Salón de las Mujeres del Bicentenario, al que el gobierno libertario decidió cambiarle el nombre el 8 de marzo pasado, Cristina Kirchner volvió a posicionarse en el tablero político como la principal opositora de la administración libertaria.

Es que, el pasado 8 de marzo, el mismo día que se celebra la jornada mundial que reivindica el derecho de igualdad de las mujeres, el gobierno de Javier Milei decidió cambiarle el nombre por Salón de los Próceres.

En concreto, la decisión la tomó la secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, quien decidió reemplazar los retratos de Eva Perón, Alicia Moreau de Justo, Mercedes Sosa, entre otros, por los de Juan Bautista Alberdi; Julio Argentino Roca; Domingo Faustino Sarmiento; Manuel Belgrano; José de San Martín; Martín Miguel de Güemes; y Bartolomé Mitre.

También se encuentran Mariano Moreno, Justo José de Urquiza, Juan Bautista Cabral, Bernardino Rivadavia, Cornelio Saavedra, Francisco Moreno, Hipólito Bouchard, Facundo Quiroga, Guillermo Brown y Victorino de la Plaza.

Además, como novedad, desde la administración libertaria, incluyeron como personaje de la historia reciente, la imagen del ex presidente Carlos Saúl Menem, cuya gestión fue elogiada en varias oportunidades por el actual mandatario.

“Nosotros venimos a honrar a los próceres de nuestra historia, a los que hicieron de la Argentina un país grande, muchos de los cuales fueron ocultados y ninguneados por los últimos gobiernos”, manifestó Karina Milei en un spot donde se mostró cómo quedó el ex Salón de las Mujeres.

Tras la media sanción en general de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, se llamó a la realización de esa medida de fuerza.

En las últimas horas, después de la aprobación en general de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid, confirmó que realizarán un paro nacional el próximo lunes 6 de mayo, en rechazo al proyecto oficialista.

“Vamos a realizar asambleas simultáneas el día 6 en casi todos los modos de transporte, en el rango de las 8 a las 11 de la mañana”, detalló Schmid, que explicó que el paro de transporte afectará “subterráneos, aviones, transporte de carga y toda la operatoria, el suministro de los hidrocarburos, los embarques de granos y los servicios de dragado y balizamiento”.

Es preciso mencionar que, además de rechazar la Ley Bases, el sindicato, que convocó al paro de transporte, rechazó el punto del paquete fiscal que habla del regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, por lo que el paro de transporte del 6 de mayo afectará a los servicios aéreos, terrestres, marítimos y portuarios del país.

“Hemos batallado por diez años, creemos que el salario no debe ser gravado”, remarcó Schmid, sobre el Impuesto a las Ganancias, que también recordó que, desde la CATT, “históricamente” rechazaron el tributo a la cuarta categoría.

En ese marco, el dirigente gremial agregó que no solamente está en juego el punto sobre el Impuesto a las Ganancias sino que aseguró que desde el sector consideran que el “trazado económico no es el adecuado”, y detalló que “el recorte sobre las cuentas fiscales es sobre uno solo de los sectores, que son los asalariados, los jubilados y los sectores más vulnerables del país”.

En detalle, la CATT, que convocó al paro de transporte, es una central de trabajadores que nuclea a una treintena de sindicatos de transporte, encabezada por el titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, que incluye a los gremios de Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), a la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASSIM), al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y los capitanes de ultramar.

Asimismo, la central de transporte agrupa a los trabajadores de peajes (SUTPA), los Sindicato Empleados Portuarios Argentinos (SUPA), así como también a los empleados de la marina mercante, los obreros navales, el dragado y balizamiento, los guincheros, los señaleros, los trabajadores viales y los metrodelegados del subte, entre otros.

Cabe destacar que, el paro de transporte del próximo 6 de mayo, forma parte de la agenda sindicalista que prevé una movilización en Plaza de Mayo para el miércoles, en el marco del Día Internacional del Trabajador, y una huelga nacional para el 9 de mayo, convocadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA) y los movimientos sociales.

La Cámara baja dio luz verde a las reformas que impulsó el gobierno de Milei y se definen los artículos.

Tras más de 20 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en general, con 142 votos positivos, el proyecto de Ley Bases promovido por la gestión de Javier Milei.Hubo 106 votos negativos y cinco abstenciones.

Luego de la aprobación, los legisladores se abocaron a la discusión en particular del articulado, instancia en la que se prevé una votación más ajustada en los puntos más conflictivos.

Después de resolver el articulado, el proyecto deberá ser discutido en el Senado, donde el oficialismo está en desventaja y ya sufrió el revés para validar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

Es por el DNU que derogó la ley de alquileres, se ajustan por el índice de locación. Siempre pierde el inquilino.

En medio de fuertes aumentos en toda la economía, los inquilinos que suscribieron contratos bajo la Ley de Alquileres de 2020 (derogada posteriormente por el DNU del actual Gobierno), se preparan para enfrentar un aumento récord en mayo.

Estos contratos, sujetos a una actualización anual mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL), experimentarán un incremento del 221%.

Como resultado de esta medida, los inquilinos que pagaban $100.000 hasta este mes, ahora deberán abonar aproximadamente $321.000 hasta abril de 2025.

Aquellos que abonaban $200.000 deberán ajustarse a un nuevo monto de $642.000, también hasta abril del próximo año.

El ajuste consiste en multiplicar el valor que pagaban desde hace un año por 3,21; el valor resultante es el valor locativo que regirá desde mayo de 2024 hasta abril de 2025, inclusive.

El ICL creado por la Ley de Alquileres en 2020, combina las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de la Remuneración Imponible Promedio de Los Trabajadores Estables (Ripte) en partes iguales.

Debido a la constante escalada inflacionaria, el ICL viene subiendo con fuerza continuamente, aunque sigue siendo menor que la inflación.

El ICL, elaborado por el Banco Central, refleja datos de la inflación entre diciembre de 2023 y febrero último.

Para mayo próximo, el ICL anualizado es del 221%, mientras que la inflación anualizada por IPC a marzo de 2024 fue del 287,9%, lo que muestra una brecha significativa entre el aumento del ICL y la inflación.

Esto indica que los salarios han perdido poder adquisitivo en relación con la inflación promedio.

Para calcular los nuevos montos de alquiler, según el momento de ajuste que corresponda, se debe multiplicar la cantidad previa al ajuste por el coeficiente correspondiente.

A pesar de que en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires los precios de los departamentos de tres y cuatro ambientes comenzaron a descender para los nuevos contratos posteriores al DNU, los valores iniciales siguen siendo elevados.

Esto dificulta la situación económica de los hogares que deben afrontar altos costos para mantener su vivienda.

La oferta de alquileres continúa en aumento, con un crecimiento del 134% desde principios de año, según datos de la Mesa del Observatorio Estadístico del Colegio Profesional Inmobiliario.

Se estima que actualmente hay cerca de 15.000 inmuebles disponibles en varios portales especializados.

Aunque el 50% de las opciones se ofrece en dólares, ahora hay departamentos en casi todos los barrios de CABA cuando en noviembre último reinaba la escasez.

Incluso en áreas como Villa Soldati, donde un monoambiente de 40 m2 en la zona de la Villa Olímpica se alquila por $200.000 al mes, y en Parque Avellaneda, un departamento de dos ambientes a estrenar en General Eugenio Garzón al 3700 vale $380.000 mensuales.