La medida se basa en violaciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. La provincia ya había imputado a Rappi por prácticas similares, sancionándola con una multa de $59 millones.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires sancionó a la empresa de delivery “PedidosYa”, que deberá devolver dinero a sus clientes bonaerenses, retirar de sus contratos una cláusula abusiva y pagar una multa de $ 62.400.000, informó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

En un comunicado, se indicó que el Poder Ejecutivo le ordenó a la empresa la devolución del dinero cobrado a usuarios y usuarias bonaerenses en concepto de “tarifa de servicio”, y le informó que deberá suprimir ese costo adicional en sus contratos.

“La Provincia había imputado en marzo a la empresa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, dándole la posibilidad de evitar la multa si retiraba ese extra, aunque la firma decidió no hacerlo“, se explicó.

La compañía, además del gasto por envío, cobra -y continúa cobrando- un cargo extra denominado “tarifa de servicio”, que no se informa con antelación y del que la persona consumidora se entera únicamente en el momento del pago.

Desde Producción se planteó que “se trata de un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias, a costas de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a las y los consumidores y usuarios”.

Se aclaró que en el procedimiento llevado a cabo por la la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, dependiente de la cartera productiva provincial, “se garantizó a PedidosYa su derecho de defensa”, y se planteó que “sin embargo, la empresa se negó a modificar su conducta por lo que, además de la multa, se le ordenó cesar el cobro y suprimir el concepto ‘tarifa de servicio’”.

Así, la Provincia ordenó a PedidosYa que arbitre los mecanismos adecuados para reintegrar a las y los consumidores bonaerenses los montos abonados por este concepto, que no existía hasta fines de 2021 y fue incluido en enero de 2022.

Ese dinero, actualizado a la fecha de hoy, deberá ser devuelto a usuarios y usuarias bonaerenses.

“No es en absoluto una actitud antiempresa, sino al contrario, se le dio a la empresa la posibilidad de corregir esa cláusula, pero decidió no corregirla y por eso llega la multa”, destacó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, Ariel Aguilar. Y agregó: “Si PedidosYa quitaba ese concepto, la multa no llegaba”.

En marzo de este año, la Provincia ya había imputado a las empresas Rappi y PedidosYa por presuntas prácticas abusivas detectadas por autoridades bonaerenses, a partir del cobro de cargos extra en los envíos, con apercibimiento de aplicarles multas por más de 400 millones de pesos, que en ese entonces era el máximo permitido por la ley.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores, la cartera productiva imputó a las empresas Rappi y PedidosYa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

En ese marco, la empresa Rappi fue sancionada en septiembre con una multa de 59 millones de pesos. Además, le fue ordenado retirar la “tarifa de servicio” y devolver a usuarios y usuarios de la Provincia lo cobrado por ese cargo.

En momentos de las imputaciones, se había detectado que las empresas no daban información detallada y precisa respecto de cuál era el motivo o la composición de la “tarifa por servicio” que aplicaban a sus usuarios y usuarias, y que obligaban a pagarlo para finalizar la compra, negando la posibilidad de rechazar el cargo.

De esta forma, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de las empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad, que deben estar a cargo de las respectivas plataformas.

La sanción a PedidosYa es un importante precedente para la defensa de los derechos de los consumidores en la provincia de Buenos Aires.

Así lo precisó el vocero presidencial, el DNU incluye además reformas en el régimen laboral, la derogación de varias leyes y ajustes en gastos y estructura del Estado, entre otras.

El presidente Javier Milei brindará este miércoles un mensaje por cadena nacional, el primero desde el inicio de su gestión el 10 de diciembre, en el que anunciará su plan de desregulación económica.

Según confirmó en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el mensaje presidencial se difundirá a las 21 y, luego, a la medianoche, se publicará en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con todos los detalles.

Adorni confirmó que el contenido del DNU fue uno de los temas que se trataron en la reunión de Gabinete Nacional que encabezó Milei este miércoles en la Casa Rosada, pero no quiso revelar detalles del mismo.

Según trascendió se trata de un texto extenso que establece una serie de desregulaciones económicas y reformas, que contemplan modificaciones en el régimen laboral, la derogación de varias leyes y ajustes en gastos y estructura del Estado.

En la rueda de prensa, el portavoz también confirmó que en los próximos días el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó el martes que se buscará “aprobar lo antes posible” el paquete de leyes que enviaría esta semana el Gobierno junto a la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Allí podría incluirse la reposición del Impuesto a las Ganancias por el plazo de un año, lo que dejará sin efecto la modificación de septiembre por la cual se eliminó ese tributo para los empleados que perciban hasta 15 salarios mínimos.

Así lo advirtió el referente de Camioneros a la hora de posicionarse sobre el plan de ajuste económico del Gobierno.

El secretario general del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró hoy que la CGT tendrá “una reacción de forma inmediata” al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que será publicado en las próximas horas, con una desregulación de la economía y modificaciones y reformas a varias leyes de trabajo, y dijo que desde la central obrera se analizará el texto de la iniciativa para “judicializar” la norma.

“Seguramente va a haber una reacción de forma inmediata para judicializar el DNU y ver qué medidas se pueden tomar. Buscarán reformar las indemnizaciones y volver al impuesto a las Ganancias. Escucharemos lo que se anuncie y seguramente se reunirán distintas organizaciones sindicales para analizar a través de abogados y se verán las medidas a tomar”, aseguró el líder camionero en declaraciones a la radio AM750.

Sobre la posibilidad de que el DNU incluya cambios en las indemnizaciones, Moyano afirmó que “nadie va a quedarse de brazos cruzados mientras se van los derechos y las indemnizaciones” y recordó que pagar la indemnización “es una facultad del empresario”.

Por otro lado, el dirigente camionero informó que ayer la CGT se reunió con los ocho gobernadores de la liga peronista, que habían estado previamente reunidos con el presidente Javier Milei, y se pronunciaron en un comunicado contra la reversión del impuesto a las Ganancias.

Se trata de los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

“Es siempre en contra de los trabajadores, estuvimos 13 años peleando. Parece que fuera un castigo que un laburante se lleve un mango más a su casa”, dijo Moyano.

En tanto, anticipó que la CGT se reunirá mañana con los bloques de senadores y diputados del PJ para “rechazar cualquier intento y proyecto en contra de los laburantes“.

“No se ha anunciado nada con respecto a las paritaria, es un descontrol lo que estamos viviendo“, advirtió.

En esa línea, aseguró que desde la central obrera continuarán en “reuniones permanentes” con otras centrales sindicales, diputados, gobernadores y representantes del movimiento obrero para “analizar lo que van a judicializar” del DNU que se conocerá en las próximas horas.

Finalmente, se refirió al protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad y que será aplicado hoy en la movilización prevista por la Unidad Piquetera que marchará del Congreso a la Plaza de Mayo.

Para Moyano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca “demostrar a Estados Unidos que este gobierno está en contra de los que menos tienen”.

“Con los grandes cambios se hicieron en la calle, quiere demostrar a sus mandantes un poder de represión para llevar adelante un modelo económico que va a fracasar porque serán perjudicados los que menos tienen“, concluyó.

A pesar de las amenazas realizadas por el Gobierno a los manifestantes y bajo la consigna de “frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI”.

Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán este miércoles la primera movilización “contra el ajuste económico” del gobierno de Javier Milei, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y que se convertirá en la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad.

La puesta en vigencia del protocolo “antipiquete” anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue ratificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16.30, se desplazará desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra “en absoluta paz” y en el marco de un “estricto cumplimiento de la ley”.

“Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña”, afirmó Adorni en conferencia desde la Casa Rosada.

El portavoz presidencial ratificó además que quien participe el miércoles de algún corte de calle “dejará de percibir el plan social”, tal como advirtió ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para “recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario”.

Adorni reafirmó que, para el gobierno nacional, la “decisión está tomada y es hacer cumplir la ley” en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Ejecutivo, que será aplicado mañana por primera vez durante la movilización de la UP.

Para “frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI” y “defender el derecho a la protesta”, es la consigna de la marcha que protagonizarán los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.

Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas:

Una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo donde se leerá un documento acordado entre las distintas agrupaciones.

“El gobierno israelí utiliza la inanición de civiles como método de guerra en la Franja de Gaza ocupada, lo que constituye un crimen de guerra”, denunció en un informe la ong con sede en Nueva York.

Internacional Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno israelí de someter intencionadamente a la población civil de Gaza a una hambruna como parte de su ofensiva en el asediado territorio palestino, a lo que Israel le respondió a la organización no gubernamental acusándola de “antisemita y antiisraelí”.

“El gobierno israelí utiliza la inanición de civiles como método de guerra en la Franja de Gaza ocupada, lo que constituye un crimen de guerra”, denunció en un informe la ong con sede en Nueva York.

“Las fuerzas israelíes bloquean deliberadamente el suministro de agua, alimentos y combustible, al tiempo que impiden intencionadamente la ayuda humanitaria, arrasando aparentemente zonas agrícolas y privando a la población civil de objetos indispensables para su supervivencia”, añadió.

El ministerio de Salud de la Franja de Gaza afirmó que más de 18.800 personas, en su mayoría mujeres y menores de 18 años, han muerto por la ofensiva de Israel.

Tras meses de intensos bombardeos y combates, la mayor parte de la población de la Franja de Gaza se ha visto desplazada y sufre la escasez de alimentos, agua, combustible y medicinas.

Israel aprobó el viernes la entrega “temporal” de ayuda a través de su paso fronterizo de Kerem Shalom. Un primer convoy entró ayer, indicó un funcionario de la Media Luna Roja egipcia bajo condición de anonimato.

El gobernador bonaerense también solicitará que sigan las transferencias no automáticas, rechazará la idea de reinstalar el Impuesto a las Ganancias y reemplazarlo con otras alternativas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pedirá este martes al presidente Javier Milei los fondos para continuar con las obras públicas en marcha en territorio bonaerense, que mantenga los giros complementarios a la coparticipación federal de impuestos y ayuda para los municipios afectados por el temporal.

Entre los principales trabajos, destacan las 150 nuevas escuelas ya en construcción, la creación de más centros de atención primaria de la salud y de parques industriales, las mejoras en caminos rurales y -sobre todo- el último tramo de la obra del Río Salado.

A la vez, el gobernador reiterará el pedido de ayuda que hizo este lunes ante el Gobierno nacional para los 46 municipios bonaerenses afectados por el devastador temporal de viento y lluvia registrado el fin de semana que provocó voladuras de techos, caída de árboles, daños en viviendas e instituciones, muertos y heridos.

Por otro lado, Kicillof solicitará la continuidad las transferencias no automáticas. “Hasta ahora, de la totalidad de las transferencias no automáticas, la provincia de Buenos Aires recibió el 40%. No es casualidad: tenemos el 40% de la población del país, el 50% de la producción y aportamos 40% a la recaudación”, graficaron las fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense.

Aclararon que, además, Buenos Aires es la provincia que “menos gasta por habitante y la segunda provincia en menor cantidad de trabajadores estatales por habitante después de Córdoba”.

Así, expusieron que se pedirá que se mantengan los recursos que se giran en concepto del Fondo de Seguridad, la actualización por inflación del Consenso Fiscal, el Convenio Anual por Comedores y el dinero del programa MESA, entre otros, dado que “se trata de recursos esenciales para sostener servicios básicos para los ciudadanos”.

Paralelamente el gobernador rechazará la idea de reinstalar el Impuesto a las Ganancias y propondrá “sustituir o compensar” el impacto que tuvo esa medida en la masa de la coparticipación con otros instrumentos o alternativas.

Para Kicillof, se debe analizar la posibilidad de coparticipar el 50% del Impuesto al Cheque o coparticipar el aumento de las retenciones agropecuarias anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En simultáneo, en el Gabinete provincial consideraron que si la administración nacional insistiera con restablecer Ganancias, pedirán que sea sólo para los salarios más altos y no para la cuarta categoría.

La aplicación está siendo utilizada para extorsionar que participan en las movilizaciones.

Tras el anuncio de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre la política social, el Gobierno generó repudio al utilizar la aplicación Mi Argentina para advertir que los beneficiarios de planes sociales perderán sus beneficios si participan en movilizaciones o cortan el tránsito.

En una conferencia, Pettovello detalló los planes ministeriales para los sectores vulnerables, especialmente aquellos que reciben prestaciones estatales.

Siguiendo las directrices de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto al “protocolo antipiquetes”, Pettovello señaló a quienes protestan contra el ajuste en programas sociales.

“Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente: el que corta no cobra”, afirmó la ministra.

El mensaje se difundió en la aplicación Mi Argentina, asegurando a los beneficiarios que cumplir con la ley les garantizará la protección de sus beneficios. Además, insta a denunciar anónimamente cualquier intento de obligar a cortar vías bajo amenazas al número 134.

La publicación desató indignación, siendo criticada en redes sociales por utilizar una herramienta estatal para cuestionar la legitimidad de la protesta social. La medida revive el debate sobre el derecho a manifestarse y la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Así lo anunció la administración bonaerense a través del ministro de Gobierno.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires liderado por Axel Kicillof remarcó este martes que no formará parte del protocolo antipiquete anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para las movilizaciones que tengan corte de calles e impidan que la sociedad llegue a sus destinos en tiempo y forma.

“Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”, expresó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco por Radio La Red.

Y agregó: “Por supuesto que las protestas tienen que ser con cierto orden, pero lo que han hecho sobrepasa un límite que hemos tenido en todos estos años de democracia. Recién escuchaba cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal. Son cosas que habrá que analizar”.

El funcionario sostuvo que “nadie hace una protesta si no tiene una necesidad” y se mostró a favor en trabajar para que no haya desmanes ni caos en las calles.

“Nadie quiere una situación de violencia, de desmanes y de caos, por eso vamos a trabajar en la provincia para que no se produzcan ninguna de estas situaciones”, dijo.

Sobre las personas que se movilizarán este miércoles y que reciben planes sociales, Bianco afirmó que es una “cuestión persecutoria” la que hace el Gobierno Nacional con amenazar en quitarle los beneficios a los que marchen.

“Creemos que tienen que cobrar los programas que vinculan trabajo y distintas actividades laborales que se realizan en la provincia, lo tienen que pagar en tanto y en cuanto cumplan con sus obligaciones. Esto me parece una cuestión persecutoria. Nosotros, juntos con los municipios y las cooperativas, siempre trabajamos para que estos programas reciban lo que corresponda. Esa es nuestra posición”, explicó.

Mañana se espera una masiva marcha de agrupaciones sociales rumbo al Centro poreño para manifestarse en contra de las medidas económicas dispuestas por el Gobierno de Javier Milei y pedir una ampliación en los fondos destinados a planes sociales.

Se percibirá en dos cuotas de 50 mil en los días previos a Navidad, y la otra parte durante enero.

El intendente del municipio bonaerense de Lanús, Julián Álvarez, anunció este sábado que ese distrito otorgará un bono de 100.000 pesos para los trabajadores municipales, que se cobrará en dos cuotas de 50.000 en los días previos a Navidad, y la otra parte en el mes de enero.

“Las medidas de ajuste que ha dispuesto el Gobierno nacional golpea fuertemente el bolsillo de la familia municipal y afectan negativamente los ingresos de este municipio”, dijo en un video publicado en su cuenta de X el jefe comunal camporista, al argumentar el pago de un bono adicional de fin de año.

Anunciamos un bono de 100 mil pesos para las y los trabajadores municipales, que se pagará en dos cuotas de 50 mil pesos cada una. Haremos el mayor esfuerzo para dignificar la tarea que realizan todos los días.#LaCiudadQueNosMerecemos pic.twitter.com/E7DtCIVaUK

El flamante intendente de Lanús aseguró que los vecinos de ese distrito del sur del conurbano bonaerense “saben que no venimos al municipio a especular” y añadió: “Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para dignificar la tarea que realizan ustedes -los municipales- todos los días”.

En ese sentido, precisó que “al sueldo y al aguinaldo que se cobrará este mes de diciembre, le adicionaremos un bono de cien mil pesos que será pagado en dos cuotas de 50 mil. Una en el transcurso de este mes y la siguiente en la primera semana de enero”.

Julián Álvarez asumió el pasado 10 de diciembre en el Ejecutivo local tras 8 años de gobierno del PRO con el ex intendente Néstor Grindetti.

Lo confirmó el ministro de Infraestructura. “Nuestra orientación, el vector con el cual trabajamos, es que todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga”, dijo.

El ministro de Infraestructura nacional, Guillermo Ferraro, ratificó este sábado el plan del Gobierno de Javier Milei para privatizar las empresas de trenes.

“Nuestra orientación, el vector con el cual trabajamos, es que todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga, y retirar al Estado de la economía”, afirmó Ferraro en diálogo con Radio Mitre, al responder una consulta sobre el proyecto que tiene la actual administración en torno del sistema ferroviario.

En este sentido, remarcó que “hay distintas formas de hacerlo y distintas actividades e industrias que atañen al ferrocarril”.

“Una cosa es el ferrocarril que transporta pasajeros y otra es el de carga”, refirió el ministro, tras lo cual destacó que “también está una estructura que se quiso hacer en los 90”.

Sobre esto último, Ferraro se explayó: “Fíjese lo que es el Estado, este monstruo que crece solo, que cuando se privatizaron se trató de llevar a Argentina el modelo europeo, por el cual se creó una empresa que administre la infraestructura ferroviaria, esto es las vías y señalizaciones, y otra que administre la operación ferroviaria”.

“Eso quedó abierto para que las unidades de negocios sean claramente diferenciadas hacia un sistema open access, por lo cual también se avanzó entre 2015 y 2016 mediante una Ley, pero nunca se implementó”, añadió.

En relación con el sistema open access, el funcionario graficó: “Esto es que las vías estén a cargo de una empresa, ADIF -mencionó-, y que por ello cobre un canon a quien las use, tanto operadores de pasajeros como de cargas”.

“Así quedan definidos dos modelos de negocios con dos objetivos y dos performances: el que administra la infraestructura tiene la obligación y vende el servicio de mantener las vías bajo un régimen de carga y velocidad adecuados y por eso cobra un canon; el que opera el pasajero tiene un modelo de negocio y el de carga otro”, distinguió, aunque reiteró que “nunca se implementó” ello.

En cambio, señaló que “hoy está todo mezclado, y sobre esas dos estructuras, más otras que se crearon, se quedaron empresas de empresas y sobre eso una empresa madre, Ferrocarriles Argentinos S.A., que funciona como holding”, evaluó Ferraro sobre el actual modelo de los trenes en el país.

“Todo eso que está por arriba de estas dos estructuras es burocracia que se ha creado de manera inútil y que encarece todo el sistema”, cerró el funcionario.