Las organizaciones exigen al Gobierno que se haga cargo de la crisis social y que garantice la asistencia alimentaria a las familias más vulnerables. La infantería de la Policía rodeó a los manifestantes.

Los movimientos sociales nucleados en la Unidad Piquetera (UP) y del Frente de Lucha Piquetero, protestaban esta mañana en uno de los ingresos principales al ministerio de Capital Humano, portando ollas vacías de alimentos y en reclamo de “una audiencia urgente” con la titular de esa cartera, Sandra Pettovello.

“Las organizaciones del Frente de Lucha y Unidad Piquetera estamos frente al (ex) ministerio de Desarrollo Social, concurriremos con las ollas vacías y hacemos el pedido reiterado de reunión urgente, con la ministra Pettovello, que hicimos el martes pasado”, informaron las organizaciones a través de un comunicado de prensa conjunto.

En ese marco, explicaron que “la situación en los comedores populares no podría ser peor, no hay comida en los comedores hace un mes y medio y los tradicionales productos navideños que suele entregar el Ministerio de Desarrollo Social tampoco han llegado”.

La protesta contaba además con la presencia de referentes de organizaciones sociales de zona norte de la provincia de Buenos Aires y del Movimiento de Organizaciones de Tierra y Vivienda, entre otros.

El peronismo de la Provincia convocó a empresarios, políticos y dirigentes para plantarse al decreto antidemocrático impulsado por el Presidente.

En medio del revuelo social y político por la presentación de un súper DNU por parte del presidente Javier Milei para “desregular la economía”, desde el PJ bonaerense salieron a plantar la bandera del rechazo a las medidas y convocaron a presentar resistencia no solo en el Congreso, sino también en las calles.

Desde la organización que comanda Máximo Kirchner, señalaron que el gobierno de Milei “tiene una serie de desafíos por delante que decidió encarar de la peor forma: de manera inconstitucional, de espaldas al pueblo y a sus representantes en el Congreso, pretende imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que no tiene una sola coma de novedoso”.

“No por casualidad los personajes de la foto son los mismos que llevaron a la Argentina al desastre con los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri”, sentenciaron.

En ese plano, señalaron que el DNU “inconstitucional” del presidente Milei “agrava todos y cada uno de los problemas que dice buscar resolver: la pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo; la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional; la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado”.

“El resultado de la aplicación de estas medidas no va a ser distinto al que tuvo la Argentina cada vez que experimentó este tipo de recetas fracasadas: la destrucción del empleo y el entramado PyME, la pérdida de soberanía sobre nuestro territorio y sus bienes naturales comunes, el quiebre del sistema de protección y cuidado sobre nuestra gente”, aseveraron.

“La sociedad argentina eligió como presidente a Javier Milei y su decisión debe ser respetada en el marco de las reglas democráticas. Pero su mandato es tan legítimo como el del Congreso de la Nación y la plena vigencia de la Constitución Nacional”, subrayaron.

Por eso, desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires rechazaron tanto el decreto como el contenido de estas medidas, las que, aseguraron, vienen a “desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente y la casa común que habitamos para garantizar y hacer crecer la ganancia de un pequeño grupo”.

Finalmente, convocaron a “todos los actores y sectores de nuestra vida política y social, a los partidos políticos, los sindicatos, a los empresarios y representantes de las PyMES, a los movimientos sociales y los bloques en el Congreso de la Nación a rechazar las medidas propuestas por el presidente Milei y trabajar en conjunto, de cara a la sociedad, con la responsabilidad necesaria que el tiempo histórico y nuestro pueblo nos demanda”.

Bajo la consigna “No se vende”, los trabajadores de la entidad financiera se movilizan hacia la sede del Ejecutivo.

Trabajadores del Banco Nación realizan un abrazo simbólico por la no privatización de la entidad, después de la derogación impulsada por el Gobierno sobre el artículo de la ley que impedía la venta de la principal entidad estatal financiera del país a privados, tras el anuncio del DNU

Al grito generalizado de “No se vende”, los trabajadores del Banco Nación se encuentran marchando hacia la Casa Rosada en reclamo de la medida publicada en el Boletín Oficial.

Cabe aclarar que el Banco Nación es la institución bancaria más grande del país en cantidad de depósitos, de clientes, de sucursales y presencia territorial.

Por medio del DNU de Desregulación, quedó derogado el Artículo 2 de la Ley 21.799, cuyo texto es el siguiente:

“Los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argentina, excepto en jurisdicción de la Capital Federal donde únicamente se depositarán los que al respecto determine la ley que rija en esa materia. También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina, los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del Banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”.

Así, el Banco Nación pierde la exclusividad de los depósitos judiciales y de los realizados en moneda extranjera por los organismos nacionales.

Por otra parte, el Banco queda ahora expuesto a la política de privatizaciones que habilitó el DNU para todas las empresas públicas.

El sector sindical bancario ya está en alerta y movilizado, con la Asociación Bancaria y Sergio Palazzo a la cabeza.

Alberto Lamas, Delegado General de la Gremial Interna de Banco Nación de la Seccional Buenos Aires, por su parte, explicó que se organizó una “gran asamblea en el Banco, y luego hicimos una marcha y abrazo simbólico rodeando el banco, estuvo nuestro secretario general y diputado nacional Sergio Palazzo, se quedó en seguir organizando la resistencia y la pelea al decreto que nos quieren privatizar”.

“Más allá de que el decreto habla de convertir al banco en sociedad anónima, en el fondo es una privatización similar a la que quiso hacer Carlos Menem en la década del 90. Así que ahí hay un paralelismo que nos preocupa porque privatizar al banco significa sacarlo de la esfera pública y convertirlo en un banco más del sistema financiero, chiquito y que poco tenga que ver en la incidencia que tenga en el sistema financiero”, agregó.

El intendente de Pehuajó apuntó contra el decreto del Presidente. Pidió a los Diputados que no lo avalen y advirtió que quién lo haga será un traidor a la Patria.

En cadena nacional, el presidente Javier Milei enumeró los principales artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia que deroga 300 leyes entre ellas la de Alquileres, de Góndolas, Compre Nacional y Abastecimiento. También avanza hacia la privatización de empresas pública, la cesión del paquete accionario de Aerolíneas y la llegada de las SA al fútbol e incluye cambios en la medicina prepaga y las obras sociales.

Desde sus redes sociales, el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, cruzó el anuncio del DNU. “¡Que lindo anuncio de la casta! Estamos en presencia de otro enorme perjuicio al pueblo argentino”, dijo .

Y pidió “¡POR FAVOR Diputados no avalen este avasallamiento! El que avale esto será un traidor a la Patria”.

En las 83 páginas donde se derogan más de 300 leyes no se explicó a partir de cuándo entran en vigencia las medidas. Para salvar la situación, el Gobierno dictará un nuevo decreto en las próximas horas.

El presidente de la Nación, Javier Milei, prepara un nuevo DNU de carácter correctivo. El motivo: se olvidó de establecer en el Decreto de Necesidad y Urgencia que la norma rige desde hoy mismo.

Es un contrasentido y un error, dado que el DNU es una norma de urgencia y siempre se dicta para que se ponga en marcha de manera inmediata.

El Código Civil establece en el artículo 5 que las medidas rigen a partir de los ocho días de su publicación -desde 2 de enero-, salvo que la propia norma establezca otra cosa.

Milei ya fue advertido por sus colaboradores y se espera que hoy mismo se publique un decreto para corregir la omisión. En cadena nacional, el mandatario anunció este miércoles un paquete de medidas orientadas a implementar la desregulación económica y reforma del Estado.

El asesor presidencial defendió el decreto del Ejecutivo y cuestionó las protestas que se desarrollaron anoche tras la difusión de la cadena nacional del mandatario.

El asesor presidencial Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios encargados de la redacción del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el Gobierno nacional, defendió hoy la iniciativa, dijo que busca “marcar un cambio de rumbo” y cuestionó las protestas que se desarrollaron anoche tras la difusión de la cadena nacional del presidente Javier Milei.

“El DNU es un mecanismo institucional, Alberto Fernández no sé cuántos emitió, es un mecanismo que está en la Constitución”, afirmó Sturzenegger esta mañana en declaraciones a radio Mitre, en las que agregó que el DNU “exige una emergencia y la emergencia que vio el Presidente es la necesidad de marcar un cambio de rumbo”.

En cuanto a los cacerolazos y protestas con epicentro en la Plaza Congreso, que se registraron anoche, Sturzenegger dijo irónicamente estar “impactado” por lo “rápido” que los manifestantes leyeron el DNU.

“Argentina es un país demasiado estable en su sistema de casta: si vemos los actores de la política, el sindicalismo o los empresarios, podemos sacarles una foto y ver que son los mismos personajes año tras año”, dijo.

Asimismo indicó que la clave del decreto es fomentar la “competencia” y, en este sentido, consideró que “el cambio que propone Milei no le dice a los sindicatos que no tengan obras sociales, sino que compitan, porque la competencia los hará mejores”.

Al dar otro ejemplo de los contenidos del decreto, expresó que “cuando decimos que se receten genéricos le estamos diciendo a los laboratorios que van a competir, y cuando decimos cielos abiertos no le decimos a Aerolíneas (Argentinas) que dejen de volar, sino que compitan”.

Sobre la aerolínea de bandera, aclaró que el decreto no establece un traslado del paquete accionario de la empresa a los trabajadores, pero dijo que “prepara el marco legal por si Milei quiere avanzar en ese sentido”.

“Las sociedades del Estado -amplió- se transforman en anónimas, pasan a tener las características de cualquier sociedad”.

Al respecto, señaló que “en la década del 80′ YPF concentraba la mitad de la deuda del país, y cuando YPF empieza a cotizar en bolsa ya no tiene ese problema”.

Sobre la posibilidad de que los empleados de empresas públicas pasen a manejar esas compañías en el futuro expresó que “las leyes que están asociadas a la estatización de Aerolíneas decían que los empleados pueden tener el 10 por ciento de las acciones, y el decreto prepara el terreno legal por si el Presidente quiere avanzar en ese territorio y permite que los empleados puedan tener el 100 por ciento de esas acciones”.

Sin embargo, reiteró Sturzenegger, “no es una decisión tomada darle Aerolíneas a sus trabajadores”.

Al señalar cuál es el cambio más importante que establece el DNU a su criterio, el asesor presidencial señaló el cambio en el artículo 958 del Código Civil y Comercial, que permite “recuperar la libertad de comerciar, de pactar contratos entre las partes”.

La medida se basa en violaciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. La provincia ya había imputado a Rappi por prácticas similares, sancionándola con una multa de $59 millones.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires sancionó a la empresa de delivery “PedidosYa”, que deberá devolver dinero a sus clientes bonaerenses, retirar de sus contratos una cláusula abusiva y pagar una multa de $ 62.400.000, informó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

En un comunicado, se indicó que el Poder Ejecutivo le ordenó a la empresa la devolución del dinero cobrado a usuarios y usuarias bonaerenses en concepto de “tarifa de servicio”, y le informó que deberá suprimir ese costo adicional en sus contratos.

“La Provincia había imputado en marzo a la empresa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, dándole la posibilidad de evitar la multa si retiraba ese extra, aunque la firma decidió no hacerlo“, se explicó.

La compañía, además del gasto por envío, cobra -y continúa cobrando- un cargo extra denominado “tarifa de servicio”, que no se informa con antelación y del que la persona consumidora se entera únicamente en el momento del pago.

Desde Producción se planteó que “se trata de un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias, a costas de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a las y los consumidores y usuarios”.

Se aclaró que en el procedimiento llevado a cabo por la la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, dependiente de la cartera productiva provincial, “se garantizó a PedidosYa su derecho de defensa”, y se planteó que “sin embargo, la empresa se negó a modificar su conducta por lo que, además de la multa, se le ordenó cesar el cobro y suprimir el concepto ‘tarifa de servicio’”.

Así, la Provincia ordenó a PedidosYa que arbitre los mecanismos adecuados para reintegrar a las y los consumidores bonaerenses los montos abonados por este concepto, que no existía hasta fines de 2021 y fue incluido en enero de 2022.

Ese dinero, actualizado a la fecha de hoy, deberá ser devuelto a usuarios y usuarias bonaerenses.

“No es en absoluto una actitud antiempresa, sino al contrario, se le dio a la empresa la posibilidad de corregir esa cláusula, pero decidió no corregirla y por eso llega la multa”, destacó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, Ariel Aguilar. Y agregó: “Si PedidosYa quitaba ese concepto, la multa no llegaba”.

En marzo de este año, la Provincia ya había imputado a las empresas Rappi y PedidosYa por presuntas prácticas abusivas detectadas por autoridades bonaerenses, a partir del cobro de cargos extra en los envíos, con apercibimiento de aplicarles multas por más de 400 millones de pesos, que en ese entonces era el máximo permitido por la ley.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores, la cartera productiva imputó a las empresas Rappi y PedidosYa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

En ese marco, la empresa Rappi fue sancionada en septiembre con una multa de 59 millones de pesos. Además, le fue ordenado retirar la “tarifa de servicio” y devolver a usuarios y usuarios de la Provincia lo cobrado por ese cargo.

En momentos de las imputaciones, se había detectado que las empresas no daban información detallada y precisa respecto de cuál era el motivo o la composición de la “tarifa por servicio” que aplicaban a sus usuarios y usuarias, y que obligaban a pagarlo para finalizar la compra, negando la posibilidad de rechazar el cargo.

De esta forma, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de las empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad, que deben estar a cargo de las respectivas plataformas.

La sanción a PedidosYa es un importante precedente para la defensa de los derechos de los consumidores en la provincia de Buenos Aires.

Así lo precisó el vocero presidencial, el DNU incluye además reformas en el régimen laboral, la derogación de varias leyes y ajustes en gastos y estructura del Estado, entre otras.

El presidente Javier Milei brindará este miércoles un mensaje por cadena nacional, el primero desde el inicio de su gestión el 10 de diciembre, en el que anunciará su plan de desregulación económica.

Según confirmó en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el mensaje presidencial se difundirá a las 21 y, luego, a la medianoche, se publicará en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con todos los detalles.

Adorni confirmó que el contenido del DNU fue uno de los temas que se trataron en la reunión de Gabinete Nacional que encabezó Milei este miércoles en la Casa Rosada, pero no quiso revelar detalles del mismo.

Según trascendió se trata de un texto extenso que establece una serie de desregulaciones económicas y reformas, que contemplan modificaciones en el régimen laboral, la derogación de varias leyes y ajustes en gastos y estructura del Estado.

En la rueda de prensa, el portavoz también confirmó que en los próximos días el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó el martes que se buscará “aprobar lo antes posible” el paquete de leyes que enviaría esta semana el Gobierno junto a la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Allí podría incluirse la reposición del Impuesto a las Ganancias por el plazo de un año, lo que dejará sin efecto la modificación de septiembre por la cual se eliminó ese tributo para los empleados que perciban hasta 15 salarios mínimos.

Así lo advirtió el referente de Camioneros a la hora de posicionarse sobre el plan de ajuste económico del Gobierno.

El secretario general del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró hoy que la CGT tendrá “una reacción de forma inmediata” al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que será publicado en las próximas horas, con una desregulación de la economía y modificaciones y reformas a varias leyes de trabajo, y dijo que desde la central obrera se analizará el texto de la iniciativa para “judicializar” la norma.

“Seguramente va a haber una reacción de forma inmediata para judicializar el DNU y ver qué medidas se pueden tomar. Buscarán reformar las indemnizaciones y volver al impuesto a las Ganancias. Escucharemos lo que se anuncie y seguramente se reunirán distintas organizaciones sindicales para analizar a través de abogados y se verán las medidas a tomar”, aseguró el líder camionero en declaraciones a la radio AM750.

Sobre la posibilidad de que el DNU incluya cambios en las indemnizaciones, Moyano afirmó que “nadie va a quedarse de brazos cruzados mientras se van los derechos y las indemnizaciones” y recordó que pagar la indemnización “es una facultad del empresario”.

Por otro lado, el dirigente camionero informó que ayer la CGT se reunió con los ocho gobernadores de la liga peronista, que habían estado previamente reunidos con el presidente Javier Milei, y se pronunciaron en un comunicado contra la reversión del impuesto a las Ganancias.

Se trata de los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

“Es siempre en contra de los trabajadores, estuvimos 13 años peleando. Parece que fuera un castigo que un laburante se lleve un mango más a su casa”, dijo Moyano.

En tanto, anticipó que la CGT se reunirá mañana con los bloques de senadores y diputados del PJ para “rechazar cualquier intento y proyecto en contra de los laburantes“.

“No se ha anunciado nada con respecto a las paritaria, es un descontrol lo que estamos viviendo“, advirtió.

En esa línea, aseguró que desde la central obrera continuarán en “reuniones permanentes” con otras centrales sindicales, diputados, gobernadores y representantes del movimiento obrero para “analizar lo que van a judicializar” del DNU que se conocerá en las próximas horas.

Finalmente, se refirió al protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad y que será aplicado hoy en la movilización prevista por la Unidad Piquetera que marchará del Congreso a la Plaza de Mayo.

Para Moyano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca “demostrar a Estados Unidos que este gobierno está en contra de los que menos tienen”.

“Con los grandes cambios se hicieron en la calle, quiere demostrar a sus mandantes un poder de represión para llevar adelante un modelo económico que va a fracasar porque serán perjudicados los que menos tienen“, concluyó.

A pesar de las amenazas realizadas por el Gobierno a los manifestantes y bajo la consigna de “frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI”.

Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán este miércoles la primera movilización “contra el ajuste económico” del gobierno de Javier Milei, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y que se convertirá en la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad.

La puesta en vigencia del protocolo “antipiquete” anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue ratificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16.30, se desplazará desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra “en absoluta paz” y en el marco de un “estricto cumplimiento de la ley”.

“Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña”, afirmó Adorni en conferencia desde la Casa Rosada.

El portavoz presidencial ratificó además que quien participe el miércoles de algún corte de calle “dejará de percibir el plan social”, tal como advirtió ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para “recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario”.

Adorni reafirmó que, para el gobierno nacional, la “decisión está tomada y es hacer cumplir la ley” en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Ejecutivo, que será aplicado mañana por primera vez durante la movilización de la UP.

Para “frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI” y “defender el derecho a la protesta”, es la consigna de la marcha que protagonizarán los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.

Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas:

Una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo donde se leerá un documento acordado entre las distintas agrupaciones.