“El gobierno israelí utiliza la inanición de civiles como método de guerra en la Franja de Gaza ocupada, lo que constituye un crimen de guerra”, denunció en un informe la ong con sede en Nueva York.

Internacional Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno israelí de someter intencionadamente a la población civil de Gaza a una hambruna como parte de su ofensiva en el asediado territorio palestino, a lo que Israel le respondió a la organización no gubernamental acusándola de “antisemita y antiisraelí”.

“El gobierno israelí utiliza la inanición de civiles como método de guerra en la Franja de Gaza ocupada, lo que constituye un crimen de guerra”, denunció en un informe la ong con sede en Nueva York.

“Las fuerzas israelíes bloquean deliberadamente el suministro de agua, alimentos y combustible, al tiempo que impiden intencionadamente la ayuda humanitaria, arrasando aparentemente zonas agrícolas y privando a la población civil de objetos indispensables para su supervivencia”, añadió.

El ministerio de Salud de la Franja de Gaza afirmó que más de 18.800 personas, en su mayoría mujeres y menores de 18 años, han muerto por la ofensiva de Israel.

Tras meses de intensos bombardeos y combates, la mayor parte de la población de la Franja de Gaza se ha visto desplazada y sufre la escasez de alimentos, agua, combustible y medicinas.

Israel aprobó el viernes la entrega “temporal” de ayuda a través de su paso fronterizo de Kerem Shalom. Un primer convoy entró ayer, indicó un funcionario de la Media Luna Roja egipcia bajo condición de anonimato.

El gobernador bonaerense también solicitará que sigan las transferencias no automáticas, rechazará la idea de reinstalar el Impuesto a las Ganancias y reemplazarlo con otras alternativas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pedirá este martes al presidente Javier Milei los fondos para continuar con las obras públicas en marcha en territorio bonaerense, que mantenga los giros complementarios a la coparticipación federal de impuestos y ayuda para los municipios afectados por el temporal.

Entre los principales trabajos, destacan las 150 nuevas escuelas ya en construcción, la creación de más centros de atención primaria de la salud y de parques industriales, las mejoras en caminos rurales y -sobre todo- el último tramo de la obra del Río Salado.

A la vez, el gobernador reiterará el pedido de ayuda que hizo este lunes ante el Gobierno nacional para los 46 municipios bonaerenses afectados por el devastador temporal de viento y lluvia registrado el fin de semana que provocó voladuras de techos, caída de árboles, daños en viviendas e instituciones, muertos y heridos.

Por otro lado, Kicillof solicitará la continuidad las transferencias no automáticas. “Hasta ahora, de la totalidad de las transferencias no automáticas, la provincia de Buenos Aires recibió el 40%. No es casualidad: tenemos el 40% de la población del país, el 50% de la producción y aportamos 40% a la recaudación”, graficaron las fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense.

Aclararon que, además, Buenos Aires es la provincia que “menos gasta por habitante y la segunda provincia en menor cantidad de trabajadores estatales por habitante después de Córdoba”.

Así, expusieron que se pedirá que se mantengan los recursos que se giran en concepto del Fondo de Seguridad, la actualización por inflación del Consenso Fiscal, el Convenio Anual por Comedores y el dinero del programa MESA, entre otros, dado que “se trata de recursos esenciales para sostener servicios básicos para los ciudadanos”.

Paralelamente el gobernador rechazará la idea de reinstalar el Impuesto a las Ganancias y propondrá “sustituir o compensar” el impacto que tuvo esa medida en la masa de la coparticipación con otros instrumentos o alternativas.

Para Kicillof, se debe analizar la posibilidad de coparticipar el 50% del Impuesto al Cheque o coparticipar el aumento de las retenciones agropecuarias anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En simultáneo, en el Gabinete provincial consideraron que si la administración nacional insistiera con restablecer Ganancias, pedirán que sea sólo para los salarios más altos y no para la cuarta categoría.

La aplicación está siendo utilizada para extorsionar que participan en las movilizaciones.

Tras el anuncio de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre la política social, el Gobierno generó repudio al utilizar la aplicación Mi Argentina para advertir que los beneficiarios de planes sociales perderán sus beneficios si participan en movilizaciones o cortan el tránsito.

En una conferencia, Pettovello detalló los planes ministeriales para los sectores vulnerables, especialmente aquellos que reciben prestaciones estatales.

Siguiendo las directrices de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto al “protocolo antipiquetes”, Pettovello señaló a quienes protestan contra el ajuste en programas sociales.

“Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente: el que corta no cobra”, afirmó la ministra.

El mensaje se difundió en la aplicación Mi Argentina, asegurando a los beneficiarios que cumplir con la ley les garantizará la protección de sus beneficios. Además, insta a denunciar anónimamente cualquier intento de obligar a cortar vías bajo amenazas al número 134.

La publicación desató indignación, siendo criticada en redes sociales por utilizar una herramienta estatal para cuestionar la legitimidad de la protesta social. La medida revive el debate sobre el derecho a manifestarse y la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Así lo anunció la administración bonaerense a través del ministro de Gobierno.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires liderado por Axel Kicillof remarcó este martes que no formará parte del protocolo antipiquete anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para las movilizaciones que tengan corte de calles e impidan que la sociedad llegue a sus destinos en tiempo y forma.

“Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”, expresó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco por Radio La Red.

Y agregó: “Por supuesto que las protestas tienen que ser con cierto orden, pero lo que han hecho sobrepasa un límite que hemos tenido en todos estos años de democracia. Recién escuchaba cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal. Son cosas que habrá que analizar”.

El funcionario sostuvo que “nadie hace una protesta si no tiene una necesidad” y se mostró a favor en trabajar para que no haya desmanes ni caos en las calles.

“Nadie quiere una situación de violencia, de desmanes y de caos, por eso vamos a trabajar en la provincia para que no se produzcan ninguna de estas situaciones”, dijo.

Sobre las personas que se movilizarán este miércoles y que reciben planes sociales, Bianco afirmó que es una “cuestión persecutoria” la que hace el Gobierno Nacional con amenazar en quitarle los beneficios a los que marchen.

“Creemos que tienen que cobrar los programas que vinculan trabajo y distintas actividades laborales que se realizan en la provincia, lo tienen que pagar en tanto y en cuanto cumplan con sus obligaciones. Esto me parece una cuestión persecutoria. Nosotros, juntos con los municipios y las cooperativas, siempre trabajamos para que estos programas reciban lo que corresponda. Esa es nuestra posición”, explicó.

Mañana se espera una masiva marcha de agrupaciones sociales rumbo al Centro poreño para manifestarse en contra de las medidas económicas dispuestas por el Gobierno de Javier Milei y pedir una ampliación en los fondos destinados a planes sociales.

Se percibirá en dos cuotas de 50 mil en los días previos a Navidad, y la otra parte durante enero.

El intendente del municipio bonaerense de Lanús, Julián Álvarez, anunció este sábado que ese distrito otorgará un bono de 100.000 pesos para los trabajadores municipales, que se cobrará en dos cuotas de 50.000 en los días previos a Navidad, y la otra parte en el mes de enero.

“Las medidas de ajuste que ha dispuesto el Gobierno nacional golpea fuertemente el bolsillo de la familia municipal y afectan negativamente los ingresos de este municipio”, dijo en un video publicado en su cuenta de X el jefe comunal camporista, al argumentar el pago de un bono adicional de fin de año.

Anunciamos un bono de 100 mil pesos para las y los trabajadores municipales, que se pagará en dos cuotas de 50 mil pesos cada una. Haremos el mayor esfuerzo para dignificar la tarea que realizan todos los días.#LaCiudadQueNosMerecemos pic.twitter.com/E7DtCIVaUK

El flamante intendente de Lanús aseguró que los vecinos de ese distrito del sur del conurbano bonaerense “saben que no venimos al municipio a especular” y añadió: “Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para dignificar la tarea que realizan ustedes -los municipales- todos los días”.

En ese sentido, precisó que “al sueldo y al aguinaldo que se cobrará este mes de diciembre, le adicionaremos un bono de cien mil pesos que será pagado en dos cuotas de 50 mil. Una en el transcurso de este mes y la siguiente en la primera semana de enero”.

Julián Álvarez asumió el pasado 10 de diciembre en el Ejecutivo local tras 8 años de gobierno del PRO con el ex intendente Néstor Grindetti.

Lo confirmó el ministro de Infraestructura. “Nuestra orientación, el vector con el cual trabajamos, es que todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga”, dijo.

El ministro de Infraestructura nacional, Guillermo Ferraro, ratificó este sábado el plan del Gobierno de Javier Milei para privatizar las empresas de trenes.

“Nuestra orientación, el vector con el cual trabajamos, es que todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga, y retirar al Estado de la economía”, afirmó Ferraro en diálogo con Radio Mitre, al responder una consulta sobre el proyecto que tiene la actual administración en torno del sistema ferroviario.

En este sentido, remarcó que “hay distintas formas de hacerlo y distintas actividades e industrias que atañen al ferrocarril”.

“Una cosa es el ferrocarril que transporta pasajeros y otra es el de carga”, refirió el ministro, tras lo cual destacó que “también está una estructura que se quiso hacer en los 90”.

Sobre esto último, Ferraro se explayó: “Fíjese lo que es el Estado, este monstruo que crece solo, que cuando se privatizaron se trató de llevar a Argentina el modelo europeo, por el cual se creó una empresa que administre la infraestructura ferroviaria, esto es las vías y señalizaciones, y otra que administre la operación ferroviaria”.

“Eso quedó abierto para que las unidades de negocios sean claramente diferenciadas hacia un sistema open access, por lo cual también se avanzó entre 2015 y 2016 mediante una Ley, pero nunca se implementó”, añadió.

En relación con el sistema open access, el funcionario graficó: “Esto es que las vías estén a cargo de una empresa, ADIF -mencionó-, y que por ello cobre un canon a quien las use, tanto operadores de pasajeros como de cargas”.

“Así quedan definidos dos modelos de negocios con dos objetivos y dos performances: el que administra la infraestructura tiene la obligación y vende el servicio de mantener las vías bajo un régimen de carga y velocidad adecuados y por eso cobra un canon; el que opera el pasajero tiene un modelo de negocio y el de carga otro”, distinguió, aunque reiteró que “nunca se implementó” ello.

En cambio, señaló que “hoy está todo mezclado, y sobre esas dos estructuras, más otras que se crearon, se quedaron empresas de empresas y sobre eso una empresa madre, Ferrocarriles Argentinos S.A., que funciona como holding”, evaluó Ferraro sobre el actual modelo de los trenes en el país.

“Todo eso que está por arriba de estas dos estructuras es burocracia que se ha creado de manera inútil y que encarece todo el sistema”, cerró el funcionario.

Se trata de Eduardo Roust, quien había sido designado para tener contacto con periodistas. Su nombramiento aún no había sido formalizado.

El subsecretario de Comunicación del gobierno de Javier Milei, Eduardo Roust, encargado del contacto con periodistas, anunció que dejará la función para la que había sido convocado, tan sólo seis días después de iniciada la nueva administración.

Según detalló, la decisión obedece a “motivos personales” y habló de la exigencia de una “velocidad informativa sin precedentes”. En tanto, el consultor, que había empezado a ejercer las tareas del cargo el 10 de diciembre, nunca había sido nombrado formalmente.

“Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido. El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco “inhumano” y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida”, dijo. Y deslizó que en su opinión, la labor de los periodistas es “grandiosa”.

Con despacho en la planta baja de la Casa Rosada, el consultor formó parte del equipo que lidera la secretaria de Comunicación, Belén Stettler, y que está integrado también por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Con una larga trayectoria en el sector, durante la campaña de este año Roust había aconsejado durante sus respectivas carreras proselitistas al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, cuando estaban vigentes sus intenciones de ser candidato a Presidente, y antes al entonces gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que tenía la misma ambición.

El DNU regirá hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Gobierno nacional dispuso la emergencia del sector eléctrico en los segmentos de generación, transporte y distribución hasta el 31 de diciembre de 2024, dio continuidad a la intervención de los entes reguladores e iniciará el proceso de revisión tarifaria del servicio eléctrico.

Así se reflejó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lleva el número 55/2023 que fue publicado en las últimas horas del domingo en el Boletín Oficial, en el que sostiene que existe “una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada”. Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, “resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro”, destaca el texto en sus considerandos.

El DNU declara en su artículo 1 “la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.

La declaración de emergencia y las acciones que de ella deriven “tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024”, según sostiene el DNU firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los demás ministros.

El artículo 2 instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para “la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.

En ese sentido, determina a través del artículo 3 el “inicio de la revisión tarifaria” correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de “transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”, y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes “no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024”.

En el DNU también se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el mismo DNU.

Al respecto se faculta a la Secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas “realizar los procesos de revisión tarifaria” y “evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones” y eventuales anomalías.

Finalmente, el DNU dispone de un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.

El dirigente de Polo Obrero repudió el protocolo “anti piquetes” impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación.

Al comienzo de la enrtrevista, el dirigente social se refirió al llamado protocolo de mantenimiento del orden público e indicó: “Como complemento de los anuncios bestiales de Caputo sale el brazo armado del ajuste que es Patricia Bullrich”, manifestó.

En dialogó con la AM530-Somos Radio, Belliboni habló sobre los efectos de los anuncios económicos del gobierno y acerca del “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación y señaló: “La protesta tiene que estar garantizada para todo el mundo”.

Luego, el dirigente expresó que “a la gente se le va rápido el poder en la Argentina, sobre todo a los gobiernos que reprimen” y en ese sentido agregó: “No pueden adjudicarse el poder político total y decir ‘el Estado soy yo'”.

“Los regímenes que quieren ser dictatoriales crean climas para generar un sentido común de que no valen los derechos”, agregó el militante del Polo Obrero.

Al cierre de la entrevista, Belliboni habló sobre las mentiras manifestadas en campaña por parte de La Libertad Avanza y puntualizó: “Milei dijo que la crisis no la iban a pagar los trabajadores y está ocurriendo todo lo contrario”.

Para el organismo es una “remake recargada” del que presentó al mes de asumir el mismo cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. Nunca fue utilizado por ser ilegal.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) rechazó el “protocolo para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes, anunciado ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y adelantó que pedirá la “derogación por vía judicial”.

Para el organismo, el protocolo “es una remake recargada del que presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri, y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal”.

Desde la APDH se analizó que “la norma contraría totalmente nuestro ordenamiento jurídico y abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales encargadas de implementarlo reprimiendo a quienes participen de marchas y movilizaciones callejeras”.

Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el denominado “protocolo para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como “inconstitucional” y una “amenaza” ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.

Desde APDH, se evaluó que “el Estado, en todos sus estamentos, debe garantizar el respeto a los derechos a disentir y a reclamar” y se apuntó que “la fuerza pública debe utilizarse para que no se impida el ejercicio de esos derechos, jamás para reprimirlo”.

“La protesta social pacífica, en sus diferentes expresiones -movilizaciones, reuniones y también cortes de rutas y calles-, es parte de una expresión democrática porque la democracia, en sociedades diversas y desiguales como la nuestra, no reposa en los acuerdos sociales sino en los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo”, se sostuvo.

Para la Asamblea, “la libertad de expresión y los derechos que de ella se derivan son los que están más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional, y por ende los que todo gobierno debe defender con mayor energía y compromiso”.

En ese marco, se consideró que el protocolo es “inconstitucional y rotundamente antidemocrático”, y se aseguró que “la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos rechaza la deplorable decisión gubernamental, anuncia que postulará su derogación por vía judicial y reafirma su compromiso en defensa de las libertades y los derechos fundamentales que la norma pretende cercenar”.