Se trata de Eduardo Roust, quien había sido designado para tener contacto con periodistas. Su nombramiento aún no había sido formalizado.

El subsecretario de Comunicación del gobierno de Javier Milei, Eduardo Roust, encargado del contacto con periodistas, anunció que dejará la función para la que había sido convocado, tan sólo seis días después de iniciada la nueva administración.

Según detalló, la decisión obedece a “motivos personales” y habló de la exigencia de una “velocidad informativa sin precedentes”. En tanto, el consultor, que había empezado a ejercer las tareas del cargo el 10 de diciembre, nunca había sido nombrado formalmente.

“Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido. El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco “inhumano” y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida”, dijo. Y deslizó que en su opinión, la labor de los periodistas es “grandiosa”.

Con despacho en la planta baja de la Casa Rosada, el consultor formó parte del equipo que lidera la secretaria de Comunicación, Belén Stettler, y que está integrado también por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Con una larga trayectoria en el sector, durante la campaña de este año Roust había aconsejado durante sus respectivas carreras proselitistas al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, cuando estaban vigentes sus intenciones de ser candidato a Presidente, y antes al entonces gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que tenía la misma ambición.

El DNU regirá hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Gobierno nacional dispuso la emergencia del sector eléctrico en los segmentos de generación, transporte y distribución hasta el 31 de diciembre de 2024, dio continuidad a la intervención de los entes reguladores e iniciará el proceso de revisión tarifaria del servicio eléctrico.

Así se reflejó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lleva el número 55/2023 que fue publicado en las últimas horas del domingo en el Boletín Oficial, en el que sostiene que existe “una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada”. Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, “resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro”, destaca el texto en sus considerandos.

El DNU declara en su artículo 1 “la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.

La declaración de emergencia y las acciones que de ella deriven “tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024”, según sostiene el DNU firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los demás ministros.

El artículo 2 instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para “la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.

En ese sentido, determina a través del artículo 3 el “inicio de la revisión tarifaria” correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de “transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”, y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes “no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024”.

En el DNU también se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el mismo DNU.

Al respecto se faculta a la Secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas “realizar los procesos de revisión tarifaria” y “evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones” y eventuales anomalías.

Finalmente, el DNU dispone de un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.

El dirigente de Polo Obrero repudió el protocolo “anti piquetes” impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación.

Al comienzo de la enrtrevista, el dirigente social se refirió al llamado protocolo de mantenimiento del orden público e indicó: “Como complemento de los anuncios bestiales de Caputo sale el brazo armado del ajuste que es Patricia Bullrich”, manifestó.

En dialogó con la AM530-Somos Radio, Belliboni habló sobre los efectos de los anuncios económicos del gobierno y acerca del “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación y señaló: “La protesta tiene que estar garantizada para todo el mundo”.

Luego, el dirigente expresó que “a la gente se le va rápido el poder en la Argentina, sobre todo a los gobiernos que reprimen” y en ese sentido agregó: “No pueden adjudicarse el poder político total y decir ‘el Estado soy yo'”.

“Los regímenes que quieren ser dictatoriales crean climas para generar un sentido común de que no valen los derechos”, agregó el militante del Polo Obrero.

Al cierre de la entrevista, Belliboni habló sobre las mentiras manifestadas en campaña por parte de La Libertad Avanza y puntualizó: “Milei dijo que la crisis no la iban a pagar los trabajadores y está ocurriendo todo lo contrario”.

Para el organismo es una “remake recargada” del que presentó al mes de asumir el mismo cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. Nunca fue utilizado por ser ilegal.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) rechazó el “protocolo para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes, anunciado ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y adelantó que pedirá la “derogación por vía judicial”.

Para el organismo, el protocolo “es una remake recargada del que presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri, y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal”.

Desde la APDH se analizó que “la norma contraría totalmente nuestro ordenamiento jurídico y abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales encargadas de implementarlo reprimiendo a quienes participen de marchas y movilizaciones callejeras”.

Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el denominado “protocolo para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como “inconstitucional” y una “amenaza” ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.

Desde APDH, se evaluó que “el Estado, en todos sus estamentos, debe garantizar el respeto a los derechos a disentir y a reclamar” y se apuntó que “la fuerza pública debe utilizarse para que no se impida el ejercicio de esos derechos, jamás para reprimirlo”.

“La protesta social pacífica, en sus diferentes expresiones -movilizaciones, reuniones y también cortes de rutas y calles-, es parte de una expresión democrática porque la democracia, en sociedades diversas y desiguales como la nuestra, no reposa en los acuerdos sociales sino en los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo”, se sostuvo.

Para la Asamblea, “la libertad de expresión y los derechos que de ella se derivan son los que están más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional, y por ende los que todo gobierno debe defender con mayor energía y compromiso”.

En ese marco, se consideró que el protocolo es “inconstitucional y rotundamente antidemocrático”, y se aseguró que “la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos rechaza la deplorable decisión gubernamental, anuncia que postulará su derogación por vía judicial y reafirma su compromiso en defensa de las libertades y los derechos fundamentales que la norma pretende cercenar”.

El gobernador bonaerense se reunió con sus funcionarios. Son las primeras reacciones bonaerenses tras las medidas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación.

Que se muestren en territorio, en cada municipio y cerca de los vecinos e intendentes, como si estuvieran en campaña, fue el pedido que realizó Axel Kicillof a sus ministros en la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno tras la jura del mediodía en el Teatro Argentino. En conjunto, analizaron también el posible impacto de los anuncios de Luis Caputo en la provincia de Buenos Aires y se alistaron para recibir un bombardeo de críticas y recortes.

Pese a que el encuentro duró dos horas, no se dejó medidas para anunciar. “Falta saber más del plan macro y a largo plazo que pretende Javier Milei”, aseguraron desde Casa de Gobierno. Tampoco hay mayores precisiones sobre el presupuesto 2024 que, se espera, el Gobernador envíe a la Legislatura en los próximos días. Es que el mandatario provincial aguarda el detalle de las definiciones nacionales antes de aventurarse a negociar con los intendentes la Ley de Leyes, como así también a cerrar las posibles reformas impositivas.

“No hubo precisiones todavía si se va a prorrogar el presupuesto del año pasado, como ha trascendido”, afirmó Kicillof en conferencia de prensa. Tampoco se conoce el alcance de los recortes a los aportes del tesoro nacional (ATN) a las provincias, ni las posibles reformas a impuestos coparticipables. Pese a que el mandatario provincial mantiene el diálogo con Guillermo Francos, el Ministro del Interior no pudo facilitar la letra chica del programa económico mileísta.

Por eso los primeros pedidos de Kicillof a sus ministros para su “segundo tiempo” tienen que ver más con el trabajo en los barrios, donde impactarán de lleno las medidas económicas que tome el Gobierno Nacional. Aunque hizo gala de “equipo que gana no se toca”, para los cambios obligados sumó al gabinete a dirigentes “cercanos” a los vecinos. Es el caso de Gabriel Katopodis, quien reemplazó a Leonardo Nardini en Infraestructura y Obras Públicas. O el puesto honorario que le otorgó a Sergio Berni, quien dejó a uno de sus dirigentes de confianza al frente del Ministerio de Seguridad.

“Kato” fue uno de los funcionarios más elogiados del Frente de Todos, y durante la campaña destacó por su militancia en estaciones y vagones de trenes. No sólo eso, tras la derrota en el balotaje se mostró militante, vagón por vagón. La misma premisa busca el Gobernador para el resto de sus funcionarios.

Ponerle la cara al ajuste de Nación, que indefectiblemente repercutirá también en la Provincia, no será tarea fácil. Hubo ministros que hicieron saber su malestar por ese rol: entienden que no serán mariscales, como pretendían, sino que les tocará estar en la primera línea de fuego.

Aseguran que el paquete de medidas anunciado por el Gobierno ahoga al sector.

Las medidas que contemplan la implementación de retenciones a las economías regionales que anunció el ministro de Economía Luis Caputo, cayeron como una bomba entre los productor de la zona núcleo que por estas horas evalúan jornadas de protestas con cortes de ruta. Todo dependerá de la reunión que tendrán este jueves la Mesa de Enlace con el secretario de Bioeconomía Fernando Vilella.

El primer síntoma del malestar de los productores de advirtió este miércoles cuando se suspendió ese encuentro porque según dijeron fuentes de agricultura, el Secretario del área no tenía demasiadas respuestas para dar.

La bronca radica en que las entidades del campo se manifestaron en apoyo al nuevo gobierno y de las intenciones de Caputo de estabilizar la economía pero cuando se enteraron de las medidas y su fuerte impacto en las economías regionales, cayeron en la desesperación.

“Nos hacen mierda en un minuto”, dijo un productor del centro santafesino cuando se enteró de la reimplementación de las retenciones. El impacto lo sentirán sobre todo en el sector de la lechería, el cerdo y el maní. En consecuencia, los productores de Santa Fe y Córdoba están dispuestos a volver al corte de rutas si no hay una corrección del plan Caputo.

Desde el entorno del secretario Vilella, dijeron que entienden perfectamente la preocupación y por eso este jueves habrá una reunión con la Mesa de Enlace. Sin embargo, según pudo saber este medio de fuentes al tanto del área, a Vilella lo tomó de sorpresa los anuncios.

Esta situación tensó la relación entre Vilella con Caputo y con el mismo Milei a quien le reprochó no haberlo consultado previamente; “se enteró en el mismo momento que el resto del país”. Además, el flamante secretario se enojó porque los anuncios lo dejan en el centro de las críticas.

Es que las medidas de unificación cambiaria, flotación y un plan de disminución de retenciones no aparecieron, todo lo contrario, se profundizaron los problemas, reflexionan en la agroindustria.

De hecho, varios de los posibles funcionarios convocados por Vilella para formar el gabinete habrían tomado distancia hasta tanto no se aclare el rumbo que tomarán las políticas agrícolas para acceder al cargo.

Es que las economías regionales avizoran un panorama muy complejo: “vamos a exportar con un dólar con quita de retenciones y después tenemos que comprar insumos con un dólar inflado por el impuesto país”, se lamentaron.

Sin embargo, los derechos de exportación no son el principal problema de los anuncios hechos por Caputo ya que la disparada del precio del combustible se convierte en un factor aún más nocivo para el sector.

La iniciativa se encuentra en el paquete de medidas económicas adoptada por el Gobierno. La casta importadora de fiesta.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó la emisión de títulos públicos para importadores con deuda comercial pendientes de pago. Los papeles a colocar se suscribirán al tipo de cambio oficial mayorista y se pagarán en dólares con opción de rescate anticipado.

A través de la Comunicación A “7918”, la autoridad monetaria confirmó la creación de la Nota del BCRA denominada Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), con un plazo máximo de vencimiento previsto para el 31 de octubre de 2027.

De acuerdo a la información oficial, del instrumento sólo podrán hacerse los importadores de bienes y servicios con operaciones pendientes de pago.

La deuda comercial que las empresas mantienen con sus proveedores del exterior ha sido tema de discusión en los últimos meses.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) estimó semanas atrás que el pasivo superaría los US$55.000 millones considerando compras de insumos o servicios recibidos.

En tanto, la consultora Analytica señaló que “la deuda flotante con los importadores solo en bienes alcanzó en octubre USD 47.528 millones, unos USD 25.000 millones más respecto a su valor promedio de los últimos años”.

En la madrugada de este miércoles, en lo que fue el primer comunicado de la nueva gestión, los funcionarios de la autoridad monetaria habían adelantado que, “ante el récord histórico de endeudamiento comercial heredado, el BCRA se encuentra trabajando, en coordinación con la Secretaría de Comercio e Industria, para resolver la incertidumbre, asociada a los pagos y la cancelación de esta deuda con el exterior”.

Y anticiparon que “oportunamente se pondrán a disposición de los importadores uno o más instrumentos financieros emitidos por el BCRA y pagaderos en dólares que podrán suscribir voluntariamente en pesos para hacer frente al cumplimiento de sus compromisos comerciales”.

De esta forma, la suscripción al nuevo bono será en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación.

Y la moneda de pago será en dólares y la amortización también será en la divisa estadounidense con la posibilidad de que sea “íntegra al vencimiento o con esquema de amortizaciones parciales, según se defina oportunamente”.

La operatoria será la siguiente: los importadores comprarán los bonos con pesos pero, al venderlos o al vencimiento, recibirán dólares, con los que podrán ir saldando sus deudas.

La cancelación anticipada, por su parte, sólo podrá ser en pesos dollar linked; es decir, en moneda nacional pero atada a la cotización y variación de la divisa estadounidense.

La tasa nominal anual (TNA) máxima del bono será del 5%.

“Devengarán intereses sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno, a una tasa anual máxima del 5% a definir en el anuncio de la licitación, que podrá ser pagadera en forma trimestral o semestral en dólares estadounidenses”, precisó la comunicación oficial.

Respecto a la posibilidad de operar los títulos en el mercado secundario, la entidad informó que “en el anuncio de la subasta se definirá si estos instrumentos se negociarán o no en los ámbitos de BYMA/MAE, y mercados euroclearables. Al igual que si podrán o no ser utilizadas como colaterales para operaciones de REPO”.

Asimismo, se podrá considerar “la alternativa de incluir cláusulas de rescate anticipado en favor de los Titulares. En ese caso, de manera simultánea a la licitación del título se incluirán derechos de rescate sobre dichos instrumentos en los plazos y en las proporciones que defina oportunamente el BCRA”.

De esta manera se suman a las subas del 30% del fin de semana pasado, acumulando un alza del 64% desde noviembre.

La petrolera estatal YPF se sumó este jueves a los aumentos en los precios de los combustibles de las compañías privadas y sus estaciones de servicio amanecieron con subas de hasta 37% con respecto a los precios que regían hasta ayer.

El nuevo incremento se da tras las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluyeron una devaluación del 54% del tipo de cambio oficial, y se suma a la actualización del 30% que habían hecho las petroleras durante el fin de semana pasado.

Con este último ajuste, los combustibles acumulan una suba del 64% desde noviembre, cuando llegó a su fin el programa “Precios Justos”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el precio de referencia de la nafta súper pasó de $449 a $615, el de la nafta premium de $529 a $739 y el del gasoil de $479 a $645.

Lo promulgó el presidente de la vecina nación. Pagarán las inversiones en fondos personalizados y las empresas offshores, entre otras.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó hoy la ley que por primera vez le cobrará impuestos a las inversiones de los llamados superricos en fondos personalizados y las empresas offshore, con la cual el Gobierno pretende recaudar el equivalente a 6.000 millones de dólares hasta 2025.

La sanción de la ley fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Unión y fue producto de una amplia negociación en el Congreso, donde la centroderecha conocida como el “Centrao” bajó las expectativas de recaudación pero permitió una inédita tributación impositiva que para el ministro de Economía, Fernando Haddad, permite evitar un ajuste en las cuentas públicas.

El texto cambia una serie de leyes, entre ellas el Código Civil, para poder tributar o aumentar las tasas que se cobran sobre fondos exclusivos, como son conocidos los fondos de inversión personalizados para personas de altos ingresos, y sobre las aplicaciones financieras en offshores.

Con la nueva ley, la tributación se realizará una vez al año, el 31 de diciembre, y será del 15%.

Los contribuyentes individuales tendrán que declarar por separado los ingresos del capital invertido en el extranjero, ya sean inversiones financieras, ganancias o dividendos de entidades controladas.

Según la ley, los fondos exclusivos se gravarán dos veces al año, cada seis meses.

De acuerdo con los cálculos hechos por el Congreso, existen 2.500 brasileños con recursos en los fondos exclusivos, que requieren como mínimo una inversión de 2 millones para ingresar.

Según el ministro Haddad, el cobro de impuestos a los superricos compensará la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias prometida por el presidente Lula.

Desde la Municipalidad de ese distrito de la Quinta Sección lanzaron un comunicado lamentándose por la paralización de 208 obras de viviendas.

Desde que se conoció el triunfo de Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre, los tiempos de ajuste están cada vez más cerca. En el municipio bonaerense de Castelli comenzaron los primeros coletazos, con despidos y paralizaciones de obras.

Desde la Municipalidad del distrito de la Quinta lanzaron un comunicado a través de su cuenta de Facebook lamentando que la empresa SZCZECH S.A abandonó la obra del Desarrollo Urbanístico ProCrear II de la localidad.

Este abandono por parte de la empresa provocó 150 despidos y la paralización de alrededor de 208 obras de vivienda que estaban en pleno desarrollo.

En un punto del comunicado, el municipio señaló: “Nos duele como gestión que se paralice esta obra que tanto nos costó y que se encontraba en un estado de avance importante”. “Producto de esta decisión del flamante gobierno nacional, 97 vecinos de Castelli quedarán sin empleo, y 208 familias no podrán cumplir con el sueño de la casa propia. Esto impacta de manera directa y negativa en nuestra economía y en el comercio local. Son 150 trabajadores y trabajadores que perderán su trabajo”, continuó el escrito en redes sociales.

Lo paradójico es que el intendente reelecto del distrito, Francisco Echarren, semanas atrás vaticinó lo que podía llegar a ocurrir con el gobierno de Javier Milei en su cuenta de Twitter, cuando pidió que intendentes alcen la voz para que no se “frene la obra pública en la Provincia”. Al trascender el despido de 150 trabajadores de su distrito, también volvió a manifestarse vía Twitter: “No era miedo, era verdad. Cuanta tristeza”, sentenció.