Fue a través de un comunicado titulado “Salvajes” de la Asociación Bancaria.

La Asociación Bancaria (AB) advirtió hoy que las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo, son de una “violencia inusitada sobre la clase trabajadora” y representan “lisa y llanamente una confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de millones de argentinos”.

En un comunicado titulado “Salvajes”, la AB -que encabeza el diputado nacional por el Frente de Todos Sergio Palazzo- indicó que las medidas “son de una violencia inusitada para la clase trabajadora en general” y agregó: “Coincidimos que se trata lisa y llanamente de una confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de millones de argentinos”.

“Son los que tienen incorporado como parte de su salario diferido los subsidios a los servicios públicos y transportes públicos, los que ya no pagan impuesto a las ganancias cuarta categoría y los que van a ver violentado su patrimonio por la brutal devaluación”, agregaron en el texto.

“La devaluación de más del 100 por ciento provocará un encarecimiento aún mayor de los servicios, los despidos masivos en el Estado dejan sin trabajo a miles de empleados estatales, la eliminación de obra pública excluye a más de 250 mil trabajadores, pymes y prestadores de esta actividad”, detallaron en el comunicado.

Además, el sindicato de los bancarios advirtió que medidas como “la reversión de la reforma por ganancias, que implica que un millón de trabajadores vuelvan a pagar ganancias, la quita de los subsidios al transporte y energía afectará directamente a los trabajadores y al pueblo en general, sumado a que se eliminan las fórmulas de movilidad de las jubilaciones y actualizaran por decreto”.

“Invitamos y llamamos a la reflexión de las nuevas autoridades, que las medidas de ajuste las hagan con el poder económico real, con la verdadera casta, con los poderosos que históricamente vivieron del Estado, ahí tienen que buscar los recursos y no castigando a trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, que viven de un ingreso”, concluyó el comunicado gremial.

El vocero presidencial afirmó que el objetivo es “el equilibrio de las cuentas públicas” y aseguró que el Banco Central “no va a financiar un solo peso del Tesoro”.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anticipó este miercoles que la reducción de subsidios a las tarifas se implementará “a partir del 1 de enero” del año próximo, al tiempo que adelantó que en las próximas semanas el Gobierno presentará un plan de reformas estructurales.

“Ese esquema se va a dar a conocer en los próximos días, hay algunas cuestiones que requieren algún tiempo más por las cuestiones operativas, pero entendemos que este esquema de cambio en materia de subsidios va a ser a partir del 1 de enero”, precisó Adorni respecto del transporte y los servicios públicos, durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, la tercera desde que comenzó el gobierno del presidente Javier Milei.

El esquema de subsidios económicos, según lo comunicado el martes por la noche a través de la cuenta del Ministerio de Economía en X (ex Twitter), prevé una reducción del 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI).

En el Salón de los Pueblos Originarios, Adorni reconoció que hay una “inequidad” en la distribución de los subsidios entre el AMBA y el resto del país, tal como lo hizo este mertes durante los anuncios el ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que asumió que se evalúa “un cambio de esquema para dejar de subsidiar de esta forma y mejorar la equidad entre provincias”.

En cuanto al transporte, la reducción de subsidios, dijo, estará enfocado en asistir a la demanda y no la oferta, como sucede actualmente, eliminando la inequidad entre el Amba y el interior, y en energía en los servicios de luz y gas.

En su intercambio matutino con la prensa, antes de la reunión de Gabinete de Milei con su equipo de gobierno, Adorni adelantó también que en las próximas semanas se va a conocer el “plan de reformas estructurales pensado, diagramado y trazado para los próximos años y que van a cambiar el rumbo de la Argentina”.

Respecto a las medidas anunciadas y a las que se irán informando, el portavoz presidencial resumió: “Son necesarias e inevitables”.

“Es una paquete de medidas urgentes, que consideramos inevitables para evitar la catástrofe y la hiperinflación. El escenario de hiperinflación es más gravoso que el que existía en 1989 y 1990, cuando el aumento en el costo de la vida llegó a un 3000% anual”, explicó.

El paquete anunciado por el ministro Caputo se concentra en diez medidas, entre las que destacan el aumento del tipo de cambio a 800 pesos por dólar, el fin del gasto en obra pública, la reducción de subsidios a la energía y el transporte, y un incremento en la ayuda social vía Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

Adorni insistió en que el “norte más urgente” del Gobierno “es alcanzar el déficit cero”, un meta que definió como “la madre de todas las batallas”.

“No se puede gastar más de lo que no se tiene y de lo que ingresa. Eso no es negociable porque deriva en una crisis de deuda o en una inflación como la que estamos viviendo ahora. Es algo que viene desde hace más de 20 años”, consignó.

Al igual que el ministro Caputo, Adorni fue tajante al hacer un diagnóstico de cómo encontró el actual gobierno al país: “Hemos encontrado un paciente en terapia a punto de morirse, y no estamos dispuestos a permitir que ese paciente se muera”.

“Nuestra premisa es el déficit cero”, insistió, y señaló que “el paquete de medidas que anunció Caputo dan por tierra el déficit fiscal” y “apunta al superávit o equilibrio de las cuentas públicas”.

Para alcanzar el déficit cero el gobierno prevé una mejora en los ingresos a través del Impuesto País, retenciones adicionales para las exportaciones, reversión en la reforma de Ganancias, una moratoria impositiva y un blanqueo de capitales. Se estima que la suma de estos nuevos ingresos se ubicarán en torno al 2,2% del PBI.

También se anunció el capítulo de reducción de gastos, que se estiman en 2,9% del PBI con intervenciones en jubilaciones y pensiones, transferencias corrientes a provincias, subsidios, gasto de capital, programas sociales con intermediarios y gastos de funcionamiento.

“No se puede gastar más de lo que ingresa. Eso no es negociable porque sabemos que deriva en crisis de deuda o en inflación”, dijo el portavoz de Presidencia de la Nación. Indicó que “no hay que tenerle miedo a la verdad, sino a no actuar en consecuencia”, y reiteró que “no” van “a mentir”.

Al respecto, Adorni aseguró que se “actuará sobre el problema estructural de la Argentina” y advirtió que “nada de esto va a funcionar si no nos creen, si no somos creíbles” porque “si no te creen nada es posible”. Sobre los anuncios de Caputo, indicó que “son medidas que requerían de urgencia inmediata para generar previsibilidad y que todos entiendan que estamos dispuestos a no gastar más”.

Adelantó que el déficit fiscal esperado para 2023 es de 3 puntos del producto, que sumado al endeudamiento asciende a 5,2 puntos del producto.

Adorni también anticipó que se van a eliminar parcialmente las transferencias discrecionales a las provincias, las cuales “suelen tener carácter político”, y sobre la eliminación de subsidios,

Consultado sobre eventuales cambios en los ajustes de las jubilaciones, dijo que se busca terminar “con un esquema que ha convertido al jubilado en una persona con necesidades” y que “claramente el objetivo es mejorarlas” porque debido a la inflación “los jubilados iban a seguir perdiendo”.

El flamante mandatario ya había sido intendente de la ciudad entre 1991 y 2007, este será su quinto mandato. Tras el traspaso de mando, destacó el gran desafío de “optimizar la administración municipal”.

En la ciudad de La Plata, Julio Alak retornó al Palacio Municipal luego de 16 años de concluida su gestión, y tras ocho años de administración de Julio Garro.

El ex ministro de Justicia de la Nación se había desempeñado como intendente de la capital bonaerense entre 1991 y 2007, en el lapso de cuatro períodos electorales, y este domingo recibió nuevamente la investidura de jefe comunal.

Al respecto, luego de la ceremonia protocolar, el flamante mandatario platense expresó que “a 40 años de la recuperación de la democracia realizamos el traspaso con el intendente saliente y eso es una buena noticia para el afianzamiento de las instituciones”.

A continuación, evaluó: “Tenemos una tarea inmensa por delante con el objetivo de optimizar la administración municipal, mejorar la calidad de vida de los platenses, y rejerarquizar la capital de la Provincia de Buenos Aires”.

Los nuevos nombres del peronismo que asumen su lugar como representantes en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) por el mismo período que el intendente, son: Pablo Elías -quien encabezaba la lista en las boletas y por lo tanto será el primero en la línea sucesoria del intendente-; Micaela Maggio, Marcelo Galland y María Ona Parrilli.

A 48 horas de haber asumido el Gobierno las medidas del gobierno se hacen esperar.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo hoy que la economía se encamina a “una hiperinflación más devastadora que la de 1989 y 1990”, pero remarcó que “la decisión del Gobierno es evitarla”.

“Nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla. La inflación que vamos a evitar seguramente sea mucho más devastadora que la hiperinflación de 1989 y 1990”, aseguró Adorni al hablar esta mañana en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

En 1989 la Argentina registró una inflación anual de 3.079,5% y en 1990 de 2.314%.

Indicó que “la hiperinflación, por definición, es el rechazo absoluto por la moneda y la espiralización en los precios”, y aseguró que la Argentina se encuentra “en la peor crisis de la historia económica”.

Por eso, subrayó que, “en las próximas horas”, se tomarán “las medidas que eviten la catástrofe”, y puntualizó que las precisiones sobre el paquete de definiciones económicas las anunciará esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje grabado que se emitirá a las 17

Se trata del Grupo ERSA, quien hizo pública la decisión a través de una solicitada en la que comunica los motivos de las cesantías.

La empresa concesionaria del transporte público urbano de la ciudad de Corrientes anunció el retiro de sus servicios y operaciones en la Capital provincial tras 60 años de prestación y adelantó que la medida “significará el cese de casi 1.000 puestos de trabajo”. El Grupo ERSA, hizo pública la decisión a través de una solicitada en la que comunica los motivos que hacen “imposible continuar con la prestación del servicio público concesionado en los términos del Contrato”.

El escrito refiere a “incumplimientos de contrato de concesión” y menciona especialmente en la cuestión al Gobierno provincial y la brecha existente entre los costos de la prestación y las tarifas.

“El incumplimiento de los contratos de concesión del servicio público de transporte automotor de pasajeros urbanos y suburbanos de la Ciudad de Corrientes, que determinan los ingresos de las operadoras del servicio, ha tornado materialmente imposible la ejecución de los mismos”, inicia el texto.

Y seguidamente expresa que “en efecto, las tarifas fijadas desde el inicio de la concesión no han respondido a las claras normas del contrato porque no se han establecido en función de los costos reales de la operación. Ello generó permanentes déficits que dieron lugar a numerosas presentaciones, en ese sentido, al poder concedente”.

Considera además que “éstas condiciones serán más desfavorables en 2024”, debido a la Ley de Presupuesto de la Provincia de Corrientes, “que establece que se destinarán al Transporte Público unos 2.000 millones de pesos y esto significa solo el 0,18 por ciento del presupuesto total”.

“Es evidente que el servicio público de transporte en Corrientes dejó de ser una prioridad”, expresa el escrito del Grupo ERSA y consideró que “los beneficios que conllevan un transporte de pasajeros digno, regular, económico y eficiente no se encuentran dentro de las políticas públicas actuales”.

Finalmente, manifiesta que “desde hace tiempo, no está garantizada la sustentabilidad de un sistema que requiere previsibilidad e ingresos suficientes para mantener la regularidad y continuidad de los servicios”.

“Dicha situación no fue atendida de modo suficiente y oportuno por el Estado Provincial, a pesar de los convenios suscriptos con el Ministerio de Transporte de la Nación, en el marco del Fondo Compensador del Transporte Urbano y Suburbano del Interior del País”, remarca la Solicitada.

Respecto de las consecuencias de dicha medida, la empresa señala que “significará el cese de casi 1.000 puestos de trabajo, de los 5.500 que genera con sus actividades en todo el país”.

La decisión empresarial, se conoció tras el paro convocado por la UTA (Unión Tranviaria Automotor) que se realizó este jueves en demanda del pago de incrementos salariales acordados, que finalmente fueron abonados por la tarde.

En tanto, la situación de crisis se había expuesto también el mes pasado, con un paro que interrumpió el servicio por seis días, afectando a miles de usuarios de la ciudad de Corrientes.

Se trata del OCDE, el cual está compuesto por treintiocho naciones del mundo, sólo cuatro de ellas (de América Latina) respaldan el reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas.

Argentina, a través de la canciller Diana Mondino, firmará este lunes la carta de invitación al proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el bloque en el que está representadas las principales potencias del mundo y varios países en vías de desarrollo.

De los treintiocho Estados miembros de la OCDE, sólo Chile, Costa Rica, Colombia y México reconocen la soberanía argentina en las Islas Malvinas, el resto respalda a Gran Bretaña y justifica su enclave colonial en las islas del Atlántico Sur.

Cabe destacar que Mondino, en septiembre de este año, en su rol de candidata a ocupar la Cancillería por La Libertad Avanza aseguró que “los isleños tienen los mismos derechos que cualquier argentino”.

Con este anuncio, el flamante gobierno concreta uno de los objetivos de su política exterior y retoma un proceso que se había iniciado durante el mandato de Mauricio Macri.

Macri había pedido la incorporación de la Argentina a la OCDE en marzo de 2016, pero ese proceso quedó trunco durante el mandato de Alberto Fernández.

El decreto aprobado por Macri, fue modificado para efectivizar la designación de la hermana del Presidente como secretaria General de la Presidencia de la Nación.

El Gobierno nacional que encabeza Javier Milei dictó este lunes un decreto que modifica uno anterior del expresidente Mauricio Macri que impedía la designación de familiares en el sector público nacional.

Se trata del Decreto 12/2023 de la nueva gestión presidencial, publicado hoy en el Boletín Oficial, que plantea la necesidad de “limitar la prohibición establecida mediante el Decreto Nº 93/18 a aquellas designaciones o contrataciones que se efectúen en el marco de las Leyes Nros. 20.744 y 25.164 y del Decreto Nº 1109/17, exceptuándose, de esta manera, los nombramientos que el Presidente de la Nación realiza en virtud de las facultades que le son conferidas por la Constitución”.

En tanto, el siguiente decreto, 13/2023, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del flamante jefe de Gabinete, Nicolás Posse, designa en el cargo de secretaria General de la Presidencia de la Nación a la hermana del mandatario, Karina Milei.

El decreto 93/2018, firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, establecía que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro”.

Además, precisaba que quedaban incluidos en la norma el cónyuge y unión convivencial.

Karina Milei asumió este domingo como secretaria General de la Presidencia durante el acto de jura de los ministros que se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El acto se realizará a las 18 horas en la Asamblea Legislativa bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos AIres, Axel Kicillof, y la vicegobernadora, Verónica Magario, jurarán este lunes nuevamente en esos cargos ante la Asamblea Legislativa reunida en la Cámara de Diputados provincial, con lo que darán inicio a su segunda mandato consecutivo de Gobierno.

El acto se desarrollará desde las 18 ante los diputados y senadores de la provincia, y además participarán los miembros del gabinete, intendentes, legisladores nacionales, autoridades de religiosas, sindicales y de universidades.

Allí, el mandatario bonaerense brindará un discurso en el que repasará los hitos de sus primeros cuatro años de gestión y planteará las metas para su nuevo mandato.

Luego, saldrá caminando y dará unas palabras a la militancia que se concentrará en la Plaza San Martín, que encuentra ubicada entre la Legislatura y la Casa de Gobierno.

Tras ese acto, el miércoles, a las 10, Kicillof les tomará juramento a los ministros de su Gabinete.

Kicillof ganó las elecciones generales por el 45% de los votos y se impuso sobre Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) que sumó un 26.59%; Carolina Piparo (La Libertad Avanza), que llegó al 24,62% y Rubén “Pollo” Sobrero (Frente de Izquierda) que cosechó un 3,89%.

En cuanto al Gabinete en su segundo mandato, Gabriel Katopodis será el nuevo ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, la economista Silvina Batakis se hará cargo del Ministerio de Hábitat y en la cartera de Justicia desembarcará Juan Martín Mena, mientras que Malena Galmarini será propuesta para la presidencia del Banco Provincia.

Además, el gobernador mantendrá en sus cargos a Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Pablo López (Hacienda), Augusto Costa (Producción), Nicolás Kreplak (Salud), Walter Correa (Trabajo), Alberto Sileoni (Educación), Daniela Vilar (Ambiente), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Agustina Vila (Secretaría General).

También seguirán Jesica Rey (Comunicación Pública), Florencia Saintout (Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires), Jorge D’Onofrio (Transporte), Cristian Girard (ARBA), Juan Cuattromo (Banco Provincia), Santiago Pérez Teruel (Asesoría General de Gobierno) y Estela Díaz (Mujeres).

En tanto, Cristina Álvarez Rodríguez será la nueva jefa de Asesores del Gobernador, mientras que Carlos Bianco asumirá como ministro de Gobierno.

Por último, en el Ministerio de Seguridad asumirá Javier Alonso, en tanto que Sergio Berni fue designado en el Instituto Universitario Juan Vucetich.

Se autorizó un aumento de hasta 30% en las cuotas de los establecimientos educativos privados que reciben subsidios estatales.

Las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires autorizaron un nuevo cuadro arancelario que se aplicará con las cuotas de marzo en los colegios que reciben subsidios del Estado.

Según confirmaron en la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (Aiepba), el incremento promedio será del 30% y las resoluciones habilitan a los propietarios de las instituciones a informar a las familias sobre los nuevos montos que se aplicarán en el inicio del ciclo lectivo 2024.

Esta decisión se produce luego de que Aiepba y la Junta Nacional de Educación Privada (Junep) reclamaran a los responsables de las áreas educativas posponer esta decisión hasta mediados de diciembre, porque la normativa que rige desde hace más de 20 años impone informar a las familias en octubre sobre los costos de las tarifas del servicio educativo.

“Debido a las dificultades derivadas del proceso inflacionario impedían a los dueños de los institutos elaborar presupuestos y programar el costo del funcionamiento con tanta anticipación”, se planteó desde Aiepba.

Martín Zurita, director Ejecutivo de Aiepba, planteó que “es una medida compleja, tener que informar aumentos todos los meses y de modificar los valores con estos índices tan altos” y apuntó: “Sabemos que resulta complicado y un gran esfuerzo para las familias sostener en muchos casos el pago de los incrementos, pero es necesario adaptar los ingresos de las entidades a los aumentos constantes en todas las variables económicas y acompañar la actualización paritaria salarial del sector docente”.

Se trata de la dimisión del jefe de Gabinete y de los ministros de las distintas áreas del Gobierno.

El Gobierno nacional oficializó hoy las renuncias del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y de los ministros de las distintas áreas del Gobierno, que se harán efectivas a partir del próximo domingo, cuando se concrete la asunción del presidente electo, Javier Milei.

Le sigue la renuncia del ministro de Pedro establecida en el Decreto 713/2023; la de Julio Vitobello a la Secretaría General de la Presidencia, en el Decreto 716/2023; y la de la portavoz Gabriela Cerruti, en el Decreto 717/2023.

Además renunciaron los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie; y el de Ciencia Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, mediante los decretos 697/2023 y 701/2023, respectivamente.

En Defensa, el Decreto 699/2023 oficializó la renuncia del ministro Jorge Taiana; y el Decreto 703/2023, la de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

En el ministerio de Cultura, mediante los decretos 708 y 719 renunciaron el ministro Tristán Bauer y Federico Prieto al cargo de Secretario de Gestión Cultural; Valeria González como Secretaria de Patrimonio Cultural; María Cardoso a la Secretaria de Desarrollo Cultural; Esteban Falcón a la titularidad de la Unidad Gabinete de Asesores; Juan Sasturain como Director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno; Elsa Rapetti como subdirectora de la biblioteca; Gustavo Uano al cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro; y Diana Saigh como presidenta del Fondo Nacional de las Artes.

El Decreto 698/2023 estableció la renuncia del ministro de Educación, Jaime Perczyk; el Decreto 712/2023 la del ministro de Justicia, Martín Soria; el decreto 704/2023 la de Ximena Ayelén Mazzina a la cartera de Mujeres, Género y Diversidad; y el decreto 709/2023 la de Gabriel Katopodis al ministerio de Obras Públicas.

Le siguen las renuncias del canciller Santiago Cafiero en el Decreto 714/2023; la de la ministra de Salud, Carla Vizzotti en el Decreto 705/2023; la del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández en el Decreto 700/2023; de la ministra de Trabajo, Raquel Kismer en el Decreto 706/2023; del ministro Diego Giuliano en Transporte, según el Decreto 711/2023; del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens en el Decreto 710/2023.

En la Agencia Nacional de Discapacidad, el Decreto 715/2023 oficializó la renuncia del director ejecutivo, Gastón Galarraga, mientras que en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el Decreto 718/2023, oficializó la salida de Fernando Peirano como presidente del directorio.

En la Dirección Nacional de Vialidad renunció a la titularidad Gustavo Arrieta, según el Decreto 694/2023; mientras que en la Junta de Seguridad del Transporte, hizo lo propio su presidente, Julián Obaid, según el Decreto 693/2023.

Por otra parte, en Economía también se aceptaron las renuncias de Leonardo Madcur a la Unidad de Gabinete de Asesores; Ricardo Casal al cargo de Secretario Legal y Administrativo; Raúl Rigo al cargo de Secretario de Hacienda; Gabriel Rubinstein a la secretaría de Política Económica; Eduardo Setti a la secretaría de Finanzas; Juan Bahillo a la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; Jorge Neme a la secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal; Matías Tombolini a la secretaría de Comercio

De José Ignacio de Mendiguren a la secretaría de Industria y Desarrollo Productivo; María Fernanda Ávila al cargo de Secretaria de Minería; Marco Lavagna al cargo de Director del Insittuto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y Juan Cheppi a la titularidad de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de Articulación Estratégica de Áreas Económicas y Productivas” así como Francisco Echarren al cargo de Presidente del Directorio de la Agencia Reguatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

El mismo decreto menciona también las renuncias de Darío Morante a la vicepresidencia de la Ariccame; Mercedes La Gioiosa como directora; y la renuncia de la especialista en Mercado de Capitales Mónica Alejandra Erpen al cargo de Vocal del Directorio de la Comisión Nacional de Valores.

También están las dimisiones de Natalia Golisano como vicepresidenta del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI); Sandra Mayol como presidenta del INTI; Daniel Peralta como interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos; la de Diego Hurtado de Mendoza a la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica; y la de Walter Martello como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).