El mandatario bonaerense recordó que la provincia de Buenos Aires es la que más aportes hace a la coparticipación y la que menos recibe en el reparto de fondos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó en sus redes sociales un video en el que hace referencia al aporte económico e industrial que hace la jurisdicción a la coparticipación y recordó que es la más perjudicada en el reparto de fondos.

“La provincia de Buenos Aires es la más perjudicada en materia de coparticipación: aporta cerca del 40% de los fondos y recibe apenas un 22%”, señaló en el posteo de su cuenta en la red social X (ex Twitter), Axel Kicillof, y lo acompañó con un recorte de la presentación que hizo el gobernador en la 29° conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En esta línea, el corto que publicó Kicillof en sus redes sociales hace referencia a los gastos administrativos que tiene la provincia de Buenos Aires y los compara con los del resto de las jurisdicciones del país e informó que, según esos datos, es la que menos partidas presupuestarias para la contratación de empleados tiene.

“La provincia de Buenos Aires es, junto con Córdoba, la que menos empleados tiene en términos per cápita o cada mil habitantes, mientras que la provincia de Buenos Aires tiene 34 empleados, la provincia que más tiene, tiene 105 empleados cada mil habitantes”, detalló Kicillof.

Asimismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires informó que los gastos que realiza cada jurisdicción debe ser medida con relación a la cantidad de habitante que tiene la región, y detalló que su gestión gastó en 2022, $228.000 por habitante, tras lo cual indicó que en el resto del país hubo regiones que tuvieron partidas presupuestarias de hasta cinco veces más.

“Es decir que, la provincia de Buenos Aires es la que menos gasta y la que menos empleados tiene en proporción al resultado que tiene que dar de derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad”, aclaró Kicillof.

Cabe señalar que, la publicación del video y posteo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, aterriza en medio de la compleja situación económica del país y en la antesala de la presentación del Presupuesto 2024, que tiene previsto hacer llegar al Congreso el presidente electo de La Libertad Avanza, Javier Milei, el próximo 11 de diciembre.

Asimismo, la Legislatura bonaerense también espera que arribe al recinto el Presupuesto 2024 de Axel Kicillof para que sea tratado en las cámaras de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, aunque por estas horas se espera a que llegue luego de que Milei haga lo propio en el Congreso.

Unos 2.846.559 de habitantes de la provincia de Buenos Aires podrían verse afectados si Javier Milei decide derogar la Ley de Alquileres.

Las preocupaciones en torno a la situación de los contratos de arrendamiento en el país es una constante, luego de que el Jefe de Estado entrante anunciara que tiene por objetivo derogar la polémica Ley de Alquileres, recién modificada en el recinto del Congreso de la Nación, y 2.846.559 bonaerenses podrían verse perjudicados.

Los resultados definitivos del Censo 2022 que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en noviembre rebelaron que de los 17.523.996 ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, 2.846.559 viven en una casa alquilada, 1.426 están en situación de calle, mientras que 113.664 habitan en comunidad.

En efecto, en la provincia de Buenos Aires hay un total de 6.749.094 viviendas, de las cuales 236.801 son para vacacionar, pasar el fin de semana o como segunda residencia o uso temporal, en tanto que las que están a disposición de alquiler o la venta son 143.150 según los datos recabados por el INDEC en 2022.

Asimismo, del total 5.970.702 que son las viviendas particulares ocupadas en la provincia de Buenos Aires, 4.852.260 son consideradas casas, mientras que 31.246 son ranchos, 99.965 son casillas, 922.424 son departamentos, 49.348 son piezas en inquilinato, hotel familiar o pensión, 12.249 son locales construidos para habitación y 3.210 son móviles.

En tanto que, en las viviendas particulares según las cifras del INDEC viven 17.408.906 personas, de las cuales 12.173.657 son propietarias, 2.846.559 son el universo de bonaerenses que alquilan en la provincia de Buenos Aires, 1.089.091 viven en una propiedad prestada, 167.484 tienen hogares que fueron cedidas por su trabajo y 1.132.115 son por otras situaciones.

En este sentido, la Ley de Alquileres vigente en el país fue sancionada en 2020 y se reformuló en octubre del corriente, luego de dos años de debate que tuvo por consecuencia que los inquilinos afronten incrementos de precios que alcanzaron por lo menos el 120% del aumento en sus contratos, medidas que fueron promulgadas a través del Decreto 533/2023 en el Boletín Oficial una semana más tarde.

Por su parte, el presidente electo manifestó que tiene en agenda derogar la Ley de Alquileres con sus reformas aplicadas en octubre, tras lo cual generó más incertidumbre en el mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires y provocó que se disminuyeran la cantidad de propiedades en oferta que hay para la contratación.

“Desde hace 41 meses que funciona la Ley de Alquileres y, luego de la reforma reciente oferta disminuyó, por estas horas es casi inexistente. Aunque la demanda presiona no se logra satisfacer los pedidos”, aseguró el tesorero del Colegio Público de Martilleros y Corredores de la provincia de Buenos Aires, Luis Colao, días atrás en un medio nacional.

“Sin marco normativo, se deja la puerta abierta a que la vivienda profundice su aspecto como mercancía dolarizada y el impacto al acceso a tierra y vivienda”, sostuvo el referente de la Federación de Inquilinos Nacional, Juan Arrizabalaga, tras el anuncio de Javier Milei sobre su intención de derogar la Ley de Alquileres.

En suma, 2.846.559 bonaerenses que alquilan una propiedad en la provincia de Buenos Aires, le agregan a las preocupaciones diarias la intención de que Milei derogue la Ley de Alquileres y deje en manos del libre mercado el aumento de los precios de las viviendas, al tiempo que los contratos estén regidos por el Código civil y Comercial, como sucedía antes.

Exigieron la quita de retenciones y el fin de las restricciones, entre otras medidas.

El fin de las retenciones, la eliminación de las restricciones que existen para exportar y poder contar con reglas claras que den certidumbre, son las principales expectativas y pedidos que referentes y autoridades de entidades y cámaras pertenecientes a la agroindustria plantean de cara a la asunción de Javier Milei como presidente el próximo domingo.

Si bien todavía no fue anunciado de forma oficial, todo apunta a que el ingeniero agrónomo Fernando Vilella será el nuevo secretario de Agricultura a partir del 10 de diciembre, cartera que pasaría a llamarse de Bioeconomía.

El jueves pasado, Vilella, acompañado por sus principales colaboradores, entre los que se encuentran el presidente de la Asociación de Maíz y Trigo Argentino (Maizar), Pedro Vigneau, y el expresidente de la Fundación Barbechando Germán Paats, se reunió con parte del equipo técnico del designado ministro de Economía, Luis Caputo.

Según indicaron fuentes cercanas al encuentro, Vilella habría obtenido las respuestas que necesitaba escuchar para poder asumir el desafío de encarar la misión y ahora resta que Caputo oficialice la designación.

El exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), junto a Vigneau y Paats, presentaron hace algunos meses un trabajo a La Libertad Avanza (LLA) sobre políticas agropecuarias, con el objetivo puesto en lograr un crecimiento productivo en el sector.

El documento habla de un programa de reducción de retenciones, la necesidad de adoptar un tipo de cambio único, suprimir las restricciones que existen para las exportaciones del sector y la necesidad de mantener el flujo comercial con países como China y Brasil.

Justamente estos puntos son los principales pedidos que surgen desde el sector para el nuevo gobierno.

Así lo afirmó el el diputado nacional electo de San Luis por esa fuerza de derecha, Carlos González D’Alessandro.

El designado ministro del Interior del gobierno electo, Guillermo Francos, afirmó que la próxima administración del país buscará «poner en valor YPF». Según el diputado nacional electo de San Luis por La Libertad Avanza (LLA), Carlos González D’Alessandro, las privatizaciones de empresas públicas «son medidas de segunda generación, para después de 2025».

En este sentido, el ministro del Interior designado para el gobierno entrante sostuvo que «el sector energético es clave en Argentina y el país tiene recursos impresionantes en todo el área, en Vaca Muerta, en Santa Cruz, en las provincias petroleras, que pueden darle energía no sólo a nuestro país, sino a los países vecinos».

Asimismo, el futuro funcionario expresó: «Tenemos que trabajar para solucionar esos temas y para encarrilar lo que falta de los gasoductos. Eso va a significar ingresos importantes para el futuro».

«Dependemos mucho de que seamos capaces de encarrilar todos esos recursos enormes que tenemos hacia una producción que genere los dólares que necesita la economía argentina para moverse», añadió, y completó: «Los gasoductos y la infraestructura que tenemos hay que aprovecharlas y utilizarlas de la mejor manera posible».

Por otra parte, consultado sobre quién dirigirá el Banco Central, Francos consideró que esa «es una decisión del equipo económico» y «va a ser el designado ministro de Economía, Luis Caputo, quien conforme su equipo completo, con lo cual le corresponde a él anunciar la decisión».

En tanto, el diputado nacional electo de San Luis por La Libertad Avanza (LLA), Carlos González D’Alessandro, afirmó que las privatizaciones de empresas públicas «son medidas de segunda generación, para después de 2025», al tiempo que remarcó -en línea con Francos- que «lo primero que se va a hacer» en ellas es «ponerlas en valor» y «activarlas económicamente».

En ese sentido, indicó que «lo primero que se va a hacer en el caso de estas empresas es ponerlas en valor, activarlas económicamente para que funcionen, porque si uno quiere vender o privatizar algo lo primero que hay que hacer es acomodar esa empresa».

«No se trata de venir y liquidar a las empresas, sino que los argentinos no pierdan cuando se vayan a privatizar esas empresas», añadió, e insistió que «esa es una medida para mucho más adelante».

El legislador electo por San Luis dijo que la Argentina tiene “problemas mucho más grandes hoy, como la inflación, las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), donde hay US$30.000 millones de deuda”, ejemplificó.

Por último, mencionó que esta semana dialogó con la diputada y secretaria parlamentaria del Frente de Todos, Paula Penacca, con quien encontró “objetivos comunes a largo plazo” en torno a reactivación de la industria nacional, generación de empleo genuino, baja de la inflación y acomodamiento del poder adquisitivo de los ciudadanos.

Por lo tanto, afirmó que no cree que vaya a ser «una pelea tan fuerte el paquete de las medidas iniciales de Javier Milei, ya que es cuestión de diálogo y tender puentes»

El interventor del organismo señaló que “estas resoluciones demuestran lo importante que es reclamar ante el ENRE cada vez que las empresas no brindan una respuesta adecuada y oportuna”.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) determinó que la distribuidora de energía eléctrica de la zona sur del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur, deberá pagar $ 285 millones en resarcimiento a usuarios por errores en la facturación y problemas en instalaciones eléctricas.

La distribuidora eléctrica resarcirá así con $ 43.798 a cada uno de los 6.523 usuarios que reclamaron al ENRE por diversos errores e incumplimientos en la calidad de servicio, precisó el Ente en un comunicado.

Al respecto de este nuevo resarcimiento a usuarios, el interventor del organismo, Walter Martello, señaló que “estas resoluciones demuestran lo importante que es reclamar ante el ENRE cada vez que las empresas no brindan una respuesta adecuada y oportuna”.

A través de las resoluciones 850 y 851/2023, Martello determinó que la empresa deberá resarcir a 6.283 usuarios que reclamaron ante el ENRE por excesivo consumo y errores en la facturación del servicio, y a 240 usuarios que reclamaron por problemas en instalaciones, redes, acometidas y medidores.

Desde el momento de notificada, la distribuidora tiene un plazo de 10 días hábiles administrativos para acreditar los $ 43.798 en la próxima factura de cada usuario afectado.

Por tales motivos, el regulador determinó que la empresa distribuidora deberá acreditar en la factura de cada usuario la suma de $ 43.798, lo que representa un monto total en resarcimientos de $ 285.694.354.

Las resoluciones establecieron que Edesur no resolvió de manera adecuada los reclamos de las personas usuarias, y además incumplió la obligación de tramitar y responder debidamente los mismos en el plazo de quince días hábiles administrativos, según lo establecido por el Reglamento de Suministro.

Desde el momento de notificada, la distribuidora tiene un plazo de 10 días hábiles administrativos para acreditar los $ 43.798 en la próxima factura de cada usuario afectado.

Si el monto supera el importe total de la liquidación, el saldo deberá ser acreditado en las boletas subsiguientes.

Además, Edesur deberá ocuparse de normalizar las instalaciones aún pendientes de regularización, reintegrar los importes cobrados en exceso y anular todos los intereses y recargos aplicados por los pagos a cuenta realizados.

“El reclamo de cada usuario es la principal herramienta para seguir aplicando estas sanciones, que en el último año totalizan más de $ 11.000 millones entre resarcimientos a usuarios y multas”, afirmó Martello.

El gobernador bonaerense indicó que durante su mandato seguirá “defendiendo la producción y el trabajo”, y advirtió sobre la posible desindustrialización del país.

El mandatario de la provincia de Buenos Aires participó de la 29º Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA). “Hoy estamos parados en un lugar en el que, aún con dificultades, tenemos muchas políticas que defender: necesitamos seguir promoviendo el crédito, la obra pública y la infraestructura”, afirmó el gobernador.

Fue en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde compartió un panel junto a su par de Catamarca, Raúl Jalil, y los gobernadores electos de Chubut, Ignacio Torres, y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

“La industria no es un sector más en la provincia de Buenos Aires: es la columna vertebral de nuestra integración territorial e identidad productiva”, explicó Kicillof, al tiempo que valoró que “en base a ello, para nosotros es fundamental la aplicación de políticas públicas que nos permitan seguir expandiendo la producción y el empleo”.

“Asumimos el gobierno después de cuatro años de un modelo neoliberal que afectó a todo el tejido productivo e impactó sobre todo en la industria, que entre 2016 y 2019 sufrió una caída histórica”, sostuvo el Gobernador.

Y añadió: “A pesar de todos los problemas que hemos tenido que enfrentar, impulsamos una etapa de re-industrialización, con crecimiento de la cantidad de establecimientos, el valor agregado y el empleo industrial”.

En el panel “Agenda del desarrollo productivo federal”, las cuatro autoridades provinciales abordaron temáticas fiscales, economías regionales y articulación con el sector privado, entre otros temas.

Respecto a la administración de los recursos, Kicillof destacó que “la provincia de Buenos Aires es la provincia más perjudicada en materia de coparticipación, ya que aporta cerca del 40% de los fondos y recibe apenas un 22%”.

“En proporción a la cantidad de habitantes, somos la jurisdicción que menos gasta y que menos empleados públicos tiene”, añadió.

“Estamos a la espera de definiciones respecto del programa económico que impulsará el próximo gobierno nacional: nuestro compromiso será el de seguir defendiendo el aparato productivo”, concluyó.

De está manera, la líder del PRO y el ex integrante de la Corte menemista aceptaron el ofrecimiento del presidente electo. Tensiones con Macri.

La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, a partir del 10 de diciembre.

Así lo confirmó esta mañana la oficina del presidente electo a través de su cuenta en la plataforma X, en la que anunció además que Rodolfo Barra será el Procurador del Tesoro de la Nación.

Bullrich había dado indicios ayer de su desembarco en Seguridad al anunciar que convocará a elecciones en el PRO que ella preside y dedicará sus esfuerzos a trabajar por la “seguridad” de la Argentina.

El acercamiento de Bullrich a Milei provocó el enojo de Macri, que había imaginado otra estrategia de negociación con el liberalismo. La discusión llegó a tal punto de tensión que la futura ministra habilitó a la periodista Viviana Canosa a leer al aire un mensaje de WhatsApp que le había enviado pero que en realidad tenía como destinatario a su ex jefe: “Yo no me someto a Mauricio Macri”.

Las instituciones educativas privadas de la Provincia aumentarán hasta un 11% en promedio los aranceles de enseñanza curricular.

Desde diciembre vovlerán a aumentar las cuotas de los colegios privados de la Provincia de Buenos Aires, ya que el Gobierno bonaerense autorizó un incremento del 11 por ciento promedio a las instituciones educativas. Hasta noviembre inclusive, los topes arancelarios que autoriza el Gobierno tuvieron un incremento del 115.75% y las paritarias con los docentes tuvieron una suba del 132. Ahora se suma este 11% más.

Según las estimaciones que hizo la entidad, que agrupa a más de 2.300 centros de enseñanza de todos los niveles en Buenos Aires, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, la inflación fue del 311 por ciento; los incremento salariales que se dieron en paritarias acumuló 364 por ciento y los aranceles subieron 268 por ciento.

Aiepba había pedido al gobierno un aumento el 15 de Noviembre y fue autorizado por el Gobierno bonaerense. En este sentido, ahora los colegios deberán informar a los padres del nuevo cuadro tarifario que se aplicará en los próximos días: “los establecimientos educativos podrán proceder a notificar a los padres y liquidar con los nuevos valores del mes de diciembre de 2023”, expresaron en el comunicado.

La situación volvió a repetirse como en los últimos meses, debido a las intensas lluvias y la crecida de los ríos.

La ciudad de Concordia y toda la provincia de Entre Rios vienen siendo afectadas por las copiosas lluvias desde hace más de un mes. Según informaron fuentes locales, ahora nuevamente unas 490 familias debieron ser evacuadas de sus viviendas, sobre todo, las que están ubicadas en la Costanera alrededor del río Uruguay.

Si bien algunas de las familias fueron alojadas en los cinco centros de evacuación que se prepararon, vecinos aseguran que se trata de una situación ya casi habitual, “ya estamos acostumbrados. Hace 15 años que vivo acá, pasamos como cinco inundaciones. Es lo que les toca a mis hijos y les va a seguir tocando. No creo que haya solución”, expresaba una vecina a medios locales.

El origen de la crecida del río está en las intensas lluvias caídas en Misiones, en la naciente del río Uruguay. Eso, sumado a las precipitaciones en Entre Ríos, saturó el suelo, que ya no puede absorber agua. La Represa Salto Grande, unos 12 kilómetros río arriba, ocasiona los desniveles de agua, que sufrió una subida de 13,5 metros y ocupa las zonas costeras de Concordia.

Sumado a esto, Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan para este jueves lluvias y tormentas aisladas, al igual que para el sábado. Mientras que el viernes se prevé un día mayormente nublado. Esto generaría un panorama que seguiría complicando aun más la situación de los desplazados.

El joven mapuche fue asesinado en noviembre de 2017, durante un operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Bariloche.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca condenó al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa, por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, en tanto que otros cuatro prefectos -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- fueron condenados a 4 años y medio como partícipes necesarios por el mismo delito.

Así lo informó el tribunal al leer este miércoles a la mañana el veredicto en el juicio por el asesinato del joven mapuche, cometido el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Bariloche.

Luego de más de tres meses de audiencias en la instancia oral y pública del juicio, el tribunal integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dió su veredicto en una audiencia que comenzó a las 9 con las palabras finales de los procesados.

Participaron de la audiencia el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, cuya cartera es querellante en la causa, y familiares de víctimas de violencia institucional, como Alberto Santillán, papa de Darío, uno de los militantes sociales asesinados en el 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón junto a Maximiliano Kosteki.

“Me nace acompañar a la familia de Rafael Nahuel porque hoy, sin lugar a dudas, mi hijo Darío estaría acá. Me parece que es el lugar correcto, donde hay que estar. Qué mejor que caminar en la misma vereda que caminaron nuestros hijos y sus compañeros que fueron asesinados por las balas del Estado”, dijo a Télam Santillán.

En las inmediaciones de los tribunales, que presentaron un refuerzo de su seguridad, se manifestaron militantes de agrupaciones de izquierda, movimientos sociales y de comunidades mapuches.

Durante el proceso judicial, las tres querellas participantes del juicio habían solicitado una condena de prisión perpetua para los cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa.

En tanto, la Fiscalía había requerido cinco años de prisión para cada uno de ellos, por la aplicación del atenuante de “exceso en legítima defensa”, ya que dio por acreditado que en el hecho existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los uniformados, en ese contexto, accionaron protegiéndose aunque más allá de lo que establecen los protocolos de actuación.

Finalmente, las dos defensas que representan a los Albatros pidieron al Tribunal la absolución de los cinco procesados por considerar que actuaron en legítima defensa, sin excesos en su comportamiento y bajo una agresión desmedida y armada.

La lectura del fallo se conoció pocos días después de que se cumplieran seis años del homicidio y pocos días de que desde el espacio del presidente electo Javier Milei se confirmara que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, la misma funcionaria que ejercía ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel.

El juicio comenzó el pasado 15 de agosto, y durante más de 20 audiencias declararon 63 testigos, se incorporó prueba, analizaron pericias y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho.

El pasado 7 de noviembre, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por el abogado Mariano Przybylski, solicitó prisión perpetua para los cinco prefectos.

Durante un alegato que duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, el abogado planteó que quedó acreditado que no existió un enfrentamiento armado, sino una persecución más allá del predio de la comunidad y que los efectivos dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo.

Para el abogado, el cúmulo de pruebas y testimonios demuestran que los procesados “desobedecieron las órdenes de esperar refuerzos y subieron con armas letales a la montaña”, a la “búsqueda de los mapuches”.

Las otras dos querellas, en representación de la familia de Nahuel y de la APDH Bariloche, adhirieron al pedido de pena realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, e incorporaron en sus alegatos el agravante de odio racial.

En tanto, el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió cinco años de prisión para cada uno de los Albatros, ya que los considera coautores funcionales del hecho, aunque incorporó el atenuante de “exceso en legítima defensa”.

Finalmente, el 15 de noviembre, las dos defensas reclamaron al Tribunal la absolución de los prefectos.

Según el relato del abogado Marcelo Hugo Rocchetti -defensor de Cavia, Pintos y Sosa, y exjefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal-, los Albatros fueron emboscados y agredidos con armas de fuego, y siempre actuaron de acuerdo a los protocolos para situación de este tipo: lo hicieron “racional y proporcionalmente”, dijo.