El interventor del organismo señaló que “estas resoluciones demuestran lo importante que es reclamar ante el ENRE cada vez que las empresas no brindan una respuesta adecuada y oportuna”.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) determinó que la distribuidora de energía eléctrica de la zona sur del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur, deberá pagar $ 285 millones en resarcimiento a usuarios por errores en la facturación y problemas en instalaciones eléctricas.

La distribuidora eléctrica resarcirá así con $ 43.798 a cada uno de los 6.523 usuarios que reclamaron al ENRE por diversos errores e incumplimientos en la calidad de servicio, precisó el Ente en un comunicado.

Al respecto de este nuevo resarcimiento a usuarios, el interventor del organismo, Walter Martello, señaló que “estas resoluciones demuestran lo importante que es reclamar ante el ENRE cada vez que las empresas no brindan una respuesta adecuada y oportuna”.

A través de las resoluciones 850 y 851/2023, Martello determinó que la empresa deberá resarcir a 6.283 usuarios que reclamaron ante el ENRE por excesivo consumo y errores en la facturación del servicio, y a 240 usuarios que reclamaron por problemas en instalaciones, redes, acometidas y medidores.

Desde el momento de notificada, la distribuidora tiene un plazo de 10 días hábiles administrativos para acreditar los $ 43.798 en la próxima factura de cada usuario afectado.

Por tales motivos, el regulador determinó que la empresa distribuidora deberá acreditar en la factura de cada usuario la suma de $ 43.798, lo que representa un monto total en resarcimientos de $ 285.694.354.

Las resoluciones establecieron que Edesur no resolvió de manera adecuada los reclamos de las personas usuarias, y además incumplió la obligación de tramitar y responder debidamente los mismos en el plazo de quince días hábiles administrativos, según lo establecido por el Reglamento de Suministro.

Desde el momento de notificada, la distribuidora tiene un plazo de 10 días hábiles administrativos para acreditar los $ 43.798 en la próxima factura de cada usuario afectado.

Si el monto supera el importe total de la liquidación, el saldo deberá ser acreditado en las boletas subsiguientes.

Además, Edesur deberá ocuparse de normalizar las instalaciones aún pendientes de regularización, reintegrar los importes cobrados en exceso y anular todos los intereses y recargos aplicados por los pagos a cuenta realizados.

“El reclamo de cada usuario es la principal herramienta para seguir aplicando estas sanciones, que en el último año totalizan más de $ 11.000 millones entre resarcimientos a usuarios y multas”, afirmó Martello.

El gobernador bonaerense indicó que durante su mandato seguirá “defendiendo la producción y el trabajo”, y advirtió sobre la posible desindustrialización del país.

El mandatario de la provincia de Buenos Aires participó de la 29º Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA). “Hoy estamos parados en un lugar en el que, aún con dificultades, tenemos muchas políticas que defender: necesitamos seguir promoviendo el crédito, la obra pública y la infraestructura”, afirmó el gobernador.

Fue en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde compartió un panel junto a su par de Catamarca, Raúl Jalil, y los gobernadores electos de Chubut, Ignacio Torres, y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

“La industria no es un sector más en la provincia de Buenos Aires: es la columna vertebral de nuestra integración territorial e identidad productiva”, explicó Kicillof, al tiempo que valoró que “en base a ello, para nosotros es fundamental la aplicación de políticas públicas que nos permitan seguir expandiendo la producción y el empleo”.

“Asumimos el gobierno después de cuatro años de un modelo neoliberal que afectó a todo el tejido productivo e impactó sobre todo en la industria, que entre 2016 y 2019 sufrió una caída histórica”, sostuvo el Gobernador.

Y añadió: “A pesar de todos los problemas que hemos tenido que enfrentar, impulsamos una etapa de re-industrialización, con crecimiento de la cantidad de establecimientos, el valor agregado y el empleo industrial”.

En el panel “Agenda del desarrollo productivo federal”, las cuatro autoridades provinciales abordaron temáticas fiscales, economías regionales y articulación con el sector privado, entre otros temas.

Respecto a la administración de los recursos, Kicillof destacó que “la provincia de Buenos Aires es la provincia más perjudicada en materia de coparticipación, ya que aporta cerca del 40% de los fondos y recibe apenas un 22%”.

“En proporción a la cantidad de habitantes, somos la jurisdicción que menos gasta y que menos empleados públicos tiene”, añadió.

“Estamos a la espera de definiciones respecto del programa económico que impulsará el próximo gobierno nacional: nuestro compromiso será el de seguir defendiendo el aparato productivo”, concluyó.

De está manera, la líder del PRO y el ex integrante de la Corte menemista aceptaron el ofrecimiento del presidente electo. Tensiones con Macri.

La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, a partir del 10 de diciembre.

Así lo confirmó esta mañana la oficina del presidente electo a través de su cuenta en la plataforma X, en la que anunció además que Rodolfo Barra será el Procurador del Tesoro de la Nación.

Bullrich había dado indicios ayer de su desembarco en Seguridad al anunciar que convocará a elecciones en el PRO que ella preside y dedicará sus esfuerzos a trabajar por la “seguridad” de la Argentina.

El acercamiento de Bullrich a Milei provocó el enojo de Macri, que había imaginado otra estrategia de negociación con el liberalismo. La discusión llegó a tal punto de tensión que la futura ministra habilitó a la periodista Viviana Canosa a leer al aire un mensaje de WhatsApp que le había enviado pero que en realidad tenía como destinatario a su ex jefe: “Yo no me someto a Mauricio Macri”.

Las instituciones educativas privadas de la Provincia aumentarán hasta un 11% en promedio los aranceles de enseñanza curricular.

Desde diciembre vovlerán a aumentar las cuotas de los colegios privados de la Provincia de Buenos Aires, ya que el Gobierno bonaerense autorizó un incremento del 11 por ciento promedio a las instituciones educativas. Hasta noviembre inclusive, los topes arancelarios que autoriza el Gobierno tuvieron un incremento del 115.75% y las paritarias con los docentes tuvieron una suba del 132. Ahora se suma este 11% más.

Según las estimaciones que hizo la entidad, que agrupa a más de 2.300 centros de enseñanza de todos los niveles en Buenos Aires, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, la inflación fue del 311 por ciento; los incremento salariales que se dieron en paritarias acumuló 364 por ciento y los aranceles subieron 268 por ciento.

Aiepba había pedido al gobierno un aumento el 15 de Noviembre y fue autorizado por el Gobierno bonaerense. En este sentido, ahora los colegios deberán informar a los padres del nuevo cuadro tarifario que se aplicará en los próximos días: “los establecimientos educativos podrán proceder a notificar a los padres y liquidar con los nuevos valores del mes de diciembre de 2023”, expresaron en el comunicado.

La situación volvió a repetirse como en los últimos meses, debido a las intensas lluvias y la crecida de los ríos.

La ciudad de Concordia y toda la provincia de Entre Rios vienen siendo afectadas por las copiosas lluvias desde hace más de un mes. Según informaron fuentes locales, ahora nuevamente unas 490 familias debieron ser evacuadas de sus viviendas, sobre todo, las que están ubicadas en la Costanera alrededor del río Uruguay.

Si bien algunas de las familias fueron alojadas en los cinco centros de evacuación que se prepararon, vecinos aseguran que se trata de una situación ya casi habitual, “ya estamos acostumbrados. Hace 15 años que vivo acá, pasamos como cinco inundaciones. Es lo que les toca a mis hijos y les va a seguir tocando. No creo que haya solución”, expresaba una vecina a medios locales.

El origen de la crecida del río está en las intensas lluvias caídas en Misiones, en la naciente del río Uruguay. Eso, sumado a las precipitaciones en Entre Ríos, saturó el suelo, que ya no puede absorber agua. La Represa Salto Grande, unos 12 kilómetros río arriba, ocasiona los desniveles de agua, que sufrió una subida de 13,5 metros y ocupa las zonas costeras de Concordia.

Sumado a esto, Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan para este jueves lluvias y tormentas aisladas, al igual que para el sábado. Mientras que el viernes se prevé un día mayormente nublado. Esto generaría un panorama que seguiría complicando aun más la situación de los desplazados.

El joven mapuche fue asesinado en noviembre de 2017, durante un operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Bariloche.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca condenó al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa, por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, en tanto que otros cuatro prefectos -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- fueron condenados a 4 años y medio como partícipes necesarios por el mismo delito.

Así lo informó el tribunal al leer este miércoles a la mañana el veredicto en el juicio por el asesinato del joven mapuche, cometido el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Bariloche.

Luego de más de tres meses de audiencias en la instancia oral y pública del juicio, el tribunal integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dió su veredicto en una audiencia que comenzó a las 9 con las palabras finales de los procesados.

Participaron de la audiencia el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, cuya cartera es querellante en la causa, y familiares de víctimas de violencia institucional, como Alberto Santillán, papa de Darío, uno de los militantes sociales asesinados en el 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón junto a Maximiliano Kosteki.

“Me nace acompañar a la familia de Rafael Nahuel porque hoy, sin lugar a dudas, mi hijo Darío estaría acá. Me parece que es el lugar correcto, donde hay que estar. Qué mejor que caminar en la misma vereda que caminaron nuestros hijos y sus compañeros que fueron asesinados por las balas del Estado”, dijo a Télam Santillán.

En las inmediaciones de los tribunales, que presentaron un refuerzo de su seguridad, se manifestaron militantes de agrupaciones de izquierda, movimientos sociales y de comunidades mapuches.

Durante el proceso judicial, las tres querellas participantes del juicio habían solicitado una condena de prisión perpetua para los cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa.

En tanto, la Fiscalía había requerido cinco años de prisión para cada uno de ellos, por la aplicación del atenuante de “exceso en legítima defensa”, ya que dio por acreditado que en el hecho existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los uniformados, en ese contexto, accionaron protegiéndose aunque más allá de lo que establecen los protocolos de actuación.

Finalmente, las dos defensas que representan a los Albatros pidieron al Tribunal la absolución de los cinco procesados por considerar que actuaron en legítima defensa, sin excesos en su comportamiento y bajo una agresión desmedida y armada.

La lectura del fallo se conoció pocos días después de que se cumplieran seis años del homicidio y pocos días de que desde el espacio del presidente electo Javier Milei se confirmara que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, la misma funcionaria que ejercía ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel.

El juicio comenzó el pasado 15 de agosto, y durante más de 20 audiencias declararon 63 testigos, se incorporó prueba, analizaron pericias y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho.

El pasado 7 de noviembre, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por el abogado Mariano Przybylski, solicitó prisión perpetua para los cinco prefectos.

Durante un alegato que duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, el abogado planteó que quedó acreditado que no existió un enfrentamiento armado, sino una persecución más allá del predio de la comunidad y que los efectivos dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo.

Para el abogado, el cúmulo de pruebas y testimonios demuestran que los procesados “desobedecieron las órdenes de esperar refuerzos y subieron con armas letales a la montaña”, a la “búsqueda de los mapuches”.

Las otras dos querellas, en representación de la familia de Nahuel y de la APDH Bariloche, adhirieron al pedido de pena realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, e incorporaron en sus alegatos el agravante de odio racial.

En tanto, el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió cinco años de prisión para cada uno de los Albatros, ya que los considera coautores funcionales del hecho, aunque incorporó el atenuante de “exceso en legítima defensa”.

Finalmente, el 15 de noviembre, las dos defensas reclamaron al Tribunal la absolución de los prefectos.

Según el relato del abogado Marcelo Hugo Rocchetti -defensor de Cavia, Pintos y Sosa, y exjefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal-, los Albatros fueron emboscados y agredidos con armas de fuego, y siempre actuaron de acuerdo a los protocolos para situación de este tipo: lo hicieron “racional y proporcionalmente”, dijo.

El bono había sido anunciado antes del balotaje con el aumento del 20,87% fijado por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Será para diciembre.

A través del decreto 623/2023 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional confirmó el refuerzo de $55.000 que percibirán durante diciembre jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El bono había sido anunciado antes del balotaje por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, con el aumento del 20,87% fijado por la Ley de Movilidad Jubilatoria para el último mes del año, y se suma al refuerzo de $37.000, que se abonó en septiembre, octubre y noviembre pasados.

La totalidad de dicho bono la cobrarán los jubilados y pensionados que perciben la mínima, mientras que el resto de los beneficiarios recibirán el ingreso equivalente hasta alcanzar los $160.712.

“Que ningún jubilado o pensionado cobre menos de 160.712 pesos en diciembre”, habían anunciado días atrás el ministro de Economía Sergio Massa y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

Al mismo tiempo, el Decreto dispone que “para percibir el presente refuerzo de ingreso previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo período mensual en que se realice su liquidación” y aclara que el bono “no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

Además, el Gobierno estableció que “en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho al refuerzo de ingreso previsional que se otorga por el presente decreto”.

Con el incremento del 20,87%, el haber mínimo vigente a partir de diciembre será de $105.712,61, en tanto que el haber máximo será de $711.345,76. Con el bono de $55.000, la jubilación mínima asciende a $160.713.

Además, teniendo en cuenta que el próximo mes se percibirá el medio aguinaldo, quienes tengan un haber mínimo recibirán $213.569 (movilidad + refuerzo + medio aguinaldo).

En tanto que si la persona tiene PAMI, también cobrará los $15.000 del Refuerzo Alimentario que otorga la obra social. Asimismo, los que se jubilaron con los 30 años de aportes efectivos (sin moratorias ni Plan de Pago) recibirán el complemento al 82% del SMVM, que será de $22.207. De esta manera, percibirán $182.920 (complemento + haber mínimo + refuerzo), a lo que también se debe sumar el medio aguinaldo.

El encuentro se llevará a cabo en la principal sede porteña del Banco Provincia, ubicada en el Microcentro.

Los gobernadores del peronismo y espacios aliados se reunirán el martes en la ciudad de Buenos Aires para fijar posición ante el Gobierno electo de Javier Milei, en lo que será el primer encuentro de los jefes provinciales del PJ desde la derrota electoral de Unión por la Patria (UxP) en el balotaje.

El evento tendrá lugar a partir de las la 13 en la principal sede porteña del Banco Provincia, ubicada en el Microcentro, donde los jefes provinciales compartirán un almuerzo en el que se buscará avanzar en una posición común ante la administración del próximo Presidente.

La cita tenía como sede original al Consejo Federal de Inversiones (CFI), lugar de reunión habitual de los gobernadores en la Capital, pero luego se modificó el lugar. Que el nuevo espacio elegido sea la filial porteña del Bapro le otorga cierto protagonismo a Axel Kicillof, observado por distintos sectores del peronismo como uno de los posibles referentes de la oposición para el ciclo político que se avecina.

En efecto, los distintos sectores peronistas se debaten por estos días entre la asimilación del resultado electoral, el llamado a una autocrítica colectiva que hiciera el presidente Alberto Fernández y la necesidad de trazar una nueva estrategia de reagrupamiento en los distritos donde se retuvo el poder, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria reuniría no sólo a los gobernadores de UxP, sino además a aquellos que fueron electos por espacios aliados, como el rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro (JSRN), y el misionero Hugo Passalacqua, del Frente Renovador de la Concordia.

También asistirán algunos mandatarios que resultaron derrotados en sus distritos, como la santacruceña Alicia Kirchner y el chaqueño Jorge Capitanich, quien ya se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Tras haber perdido este año las gobernaciones de San Juan, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz y Chaco a manos de Juntos por el Cambio (JxC), el PJ y sus aliados quedaron al mando de nueve provincias: Tierra del Fuego (Gustavo Melella); La Pampa (Sergio Ziliotto); Buenos Aires (Axel Kicillof); Formosa (Gildo Insfrán); Salta (Gustavo Sáenz); Catamarca (Raúl Jalil); La Rioja (Ricardo Quintela); Tucumán (Osvaldo Jaldo) y Santiago del Estero (Gerardo Zamora).

De ellos, el salteño Sáenz fue quien se adelantó y la semana última se reunió con dos representantes de la administración entrante, Guillermo Francos y Nicolás Posse –anunciados por Milei como sus futuros ministro del Interior y jefe de Gabinete, respectivamente–, ante quienes planteó las “inquietudes” de las provincias en materia de federalismo.

A los jefes provinciales les preocupa la decisión del futuro Presidente de recortar la coparticipación federal y dar por terminada la obra pública realizada desde el Estado nacional, anuncios que, de concretarse, afectarán la conectividad y producirán un deterioro en la calidad de vida de los distritos alejados de la región centro.

Aún sin certezas sobre los próximos pasos que dará en política Sergio Massa tras el revés en el balotaje, las distintas corrientes del peronismo, entre las que se cuentan también intendentes del Conurbano bonaerense, sindicatos y movimientos sociales, dieron inicio a un reordenamiento destinado a definir nuevos liderazgos para un ciclo político que, presumen, será complejo y delicado.

Ese reagrupamiento reviste especial interés en territorio bonaerense, donde Kicillof logró la reelección con el 44,8% de los votos, un resultado que lo posiciona como posible referente de una hipotética reorganización peronista en la próxima etapa.

El reelecto Gobernador bonaerense repasó la situación política del distrito y contó los desafíos que encarará desde el 10 de diciembre próximo.

Cuando restan dos semanas para el inicio de su segundo mandato, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió este lunes con intendentas e intendentes electos para repasar la situación de la provincia y dar cuenta de los desafíos que afrontará a partir del próximo 10 de diciembre.

Durante en la sede de la Gobernación, ubicada en La Plata, Kicillof detalló los recursos que el Estado bonaerense recibe desde la Nación, los cuales son considerablemente menores a lo recaudado y aportado por la Provincia. Además, se refirió al bajo impacto presupuestario del empleo público: de los 24 distritos, señaló, la Provincia es el segundo con menor cantidad de trabajadores estatales en relación a su población.

Asimismo, Kicillof resaltó que en vistas de que no están claras las pautas macroeconómicas para 2024, se envió un proyecto de ley que busca recuperar el peso que tenía la autorización de financiamiento general en el Presupuesto ya aprobado. De esta forma, se pretende garantizar el correcto funcionamiento de la gestión provincial y recomponer el financiamiento para lo que resta del año.

Al cabo, el Gobernador convocó a los mandatarios locales a seguir trabajando en la transformación de los distritos como se hizo durante estos cuatro años, dando las respuestas que las y los bonaerenses esperan.

El encuentro se desarrolló en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el jefe de Asesores, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila.

Luego de dar lugar a la demanda promovida por Telecom, el fallo consideró que “disponer que una actividad económica se declare como servicio público, también requiere del dictado de una ley formal emitida por el Congreso”.

El juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 8 declaró la nulidad del decreto de necesidad y urgencia que declaró servicio público a las telecomunicaciones y concluyó que debería haberse dictado una “ley formal”, al hacer lugar a una demanda de la empresa Telecom.

“Disponer que una actividad económica se declare como servicio público, también requiere del dictado de una ley formal emitida por el Congreso, quedando vedado al Poder Ejecutivo la utilización de un DNU a ese fin”, sostuvo la jueza Cecilia De Negre.

La magistrada dispuso la nulidad del decreto 690/2020 y de las resoluciones emitidas al respecto por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) 1466-20 y 1467-2020.

La jueza sostuvo que el Estado Nacional “cuenta con los medios y con la posibilidad jurídica y técnica de implementar sistemas de prestación básica y universal, a los fines de consecución de los objetivos propuestos, disponiendo de medios existentes como el Fondo Fiduciario del Servicio Universal aportado por los prestadores de servicios TIC; el sistema Arsat; programas de acceso a conectividad llevados a cabo por el Ministerio de Educación, Secretaría de Innovación y el Enacom, o implementando nuevos emprendimientos”, para garantizar el acceso al servicio de toda la población.

“Es decir, frente a la existencia de medidas alternativas ya implementadas, el aumento de los costos para las licenciatarias que deriva de la implementación del PBU, conjuntamente con el congelamiento de precios que el DNU dispone, resultan medidas gravosas para las licenciatarias”, agregó la sentencia.

También podrían ser “potencialmente dañinas para los usuarios que, a contrario del fin que la norma busca, se traduciría en menor inversión y menor calidad del servicio, vulnerando derechos constitucionalmente protegidos”.

Para De Negre, “al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del art. 17 de la C.N.; es que la declaración de una actividad económica como servicio público, implica someterla a un régimen especial de sujeción jurídica, que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso; técnica conocida como publicatio”.