Unos 180 empleados dejaron de recibir sus salarios, mientras otros 800, que figuran como activos, hace dos años que no cobran.

Los meses transcurren a pura indefinición y falta de pagos en Garbarino. A la deuda que Carlos Rosales, aún dueño de la empresa, mantiene con gran parte de los 3.800 despedidos desde hace al menos dos años, ahora se sumó la falta de pago de los salarios de 180 empleados con funciones en los únicos 4 locales que la cadena mantiene en funcionamiento.

El empresario abonó apenas 20.000 pesos de cada nómina durante el mes de enero y desde entonces los sueldos brillan por su ausencia. Los trabajadores incluso afrontan la falta de cancelación del último aguinaldo.

Según indicaron al sitio iProfesional representantes de los empleados de Garbarino, la nueva deuda generada por Rosales redundará en nuevas medidas de fuerza por parte de los trabajadores de las sucursales activas. De no haber novedades positivas en el corto plazo, los empleados en cuestión se declararían “en rebeldía”.

“Rosales dejó de pagarles a los empleados activos, por lo que todo el escenario se complica cada día más. Los despedidos y cesanteados, en cambio, afrontaron recientemente los intentos de la síndico ligada a la causa judicial de remover al representante de los trabajadores. Por fortuna, el juez (Fernando D’Alessandro) no dio lugar”, confiaron.

Gabriel Yapura, representante de la Junta de Acreedores de Garbarino, expuso en una movilización reciente efectuada por los despedidos que los empleados acumulan 37 audiencias en el Ministerio de Trabajo sin que aparezca una solución para las deudas acumuladas.

“El Ministerio de Trabajo no da soluciones. Ni a los trabajadores de Garbarino ni a los de todas las empresas en lucha. Incluso tienen la carta del Presidente pidiendo que nos atiendan. Alberto Fernández nos recibió en octubre de 2021 y lo único que nos prometió fue que no íbamos a perder las fuentes de trabajo. Su promesa duró solamente un mes”, declaró.

“Al día de hoy todavía se sigue despidiendo gente porque siguen en nómina pero no tienen lugar donde trabajar. En la AFIP figura que les pagan los sueldos, pero no se los depositan en sus cuentas”, agregó.

Por el lado de las sucursales todavía en funcionamiento, los empleados a los que no se les abonó el sueldo se distribuyen entre los locales de Belgrano, Potosí y Tribunales, en Capital Federal, y la tienda de Garbarino operativa en Auchan, en Sarandí.

“Son alrededor de 180 empleados contando administrativos y gente de depósito. Después hay otros 800 que figuran como activos pero hace al menos dos años que no cobran un peso. Los empleados activos que dejaron de cobrar sus salarios en estos meses se plegaron a nuestro reclamo”, comentó a iProfesional otra fuente ligada a los despedidos por Rosales.

“A estos empleados se le están debiendo los haberes de febrero, marzo y tampoco han cobrado en estos días. En enero únicamente percibieron 20.000 pesos y con ellos también existe una deuda por el aguinaldo anterior. En una de las sucursales los trabajadores ya dieron a entender que no van a trabajar más”, añadió.

Suman al menos 3.800 empleados despedidos o considerados de esa forma y Garbarino Compumundo sigue acumulando sueldos y aguinaldos impagos.

Rosales continúa sin cumplir con los compromisos laborales pese a que en el Ministerio de Trabajo ya se realizaron infinidad de audiencias para avanzar con algún tipo de acuerdo útil para los empleados de la cadena. Entre los trabajadores de la firma existen múltiples casos de personas a las que se les adeuda hasta 9 meses de sueldos y cargas sociales.

A principios de marzo, los empleados reunidos elevaron un escrito ante D’Alessandro para exigir una nueva audiencia aunque, vale decirlo, no faltan quienes dan por descontado que Rosales hará caso omiso a cualquier convocatoria para encaminar la quiebra de la compañía.

La convocatoria de acreedores vigente sobre los activos del empresario comprende tanto a la cadena de electrodomésticos Garbarino como a Compumundo y Garbarino Viajes.

Será a partir de las 13 hasta las 16 horas. La medida de fuerza realizada por la patronal se realizó anoche y se repetirá este miércoles.

Las empresas de transporte decidieron reducir el servicio desde las 21 y hasta las 5 de la madrugada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y hoy miércoles pararán entre las 13 y las 16.

“La decisión se tomó hace instantes ante el incumplimiento de las compensaciones que continúa por parte del gobierno nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires”, comentaron al respecto desde las cámaras empresarias.

“Hasta ayer (por antes de ayer) la deuda era de 31.000 millones de pesos y a última hora la provincia de Buenos Aires abonó una cifra cercana a los 7.000 millones, por lo tanto la deuda que hoy mantienen es de 24 mil millones de pesos, lo que hace inviable que sigamos circulando de manera regular”, precisaron desde las cámaras.

Recordemos que ayer realizaron la misma medida de protesta, que se replicó este martes ante la falta de pago por parte del ministerio de Transporte.

Mario Vacca, titular de la Cámara de empresarios del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), dio a conocer los motivos de la medida de fuerza. “Está muy atraso el cálculo de los costos, que se venían calculando cada seis meses, pero con este nivel de inflación se complica”, explicó.

“Hasta el primer trimestre de este año se cobraron los subsidios completos, pero con los cálculos de costos realizados con los precios de agosto de 2022. Si bien en febrero se actualizaron los precios de los costos, con los de diciembre, esa diferencia no se abonaron aún hasta la fecha”, dijo Vacca en diálogo con Radio Mitre.

Adhieren la CEAP (Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros), CETUBA (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires), CTPBA (Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires), AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor) y CEUTUPBA (Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires).

El Presidente fue quien encabezó el encuentro que se realizó en Casa Rosada.

El presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada una reunión con investigadoras e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), junto al ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y a la titular del organismo, Ana Franchi, donde se anunció la quinta jerarquización salarial para personas becarias y quienes se dedican a la investigación, lo cual les permitirá alcanzar los niveles salariales de 2015.

La nueva jerarquización salarial del 10 por ciento se efectivizará a partir de junio y se otorgará de manera complementaria a los aumentos previstos por el acuerdo paritario. De esta manera se suma a los incrementos del 10 por ciento implementados en noviembre de 2020, abril y noviembre de 2021 y agosto de 2022, en pos de recuperar el poder adquisitivo de los ingresos del sector.

En el Salón de la Ciencia Argentina el jefe de Estado, acompañado también por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y el secretario de Articulación Científica y Tecnológica, Juan Pablo Paz, dialogó con las y los investigadores sobre el trabajo que llevan adelante en distintas disciplinas. Además, abordaron la importancia del desarrollo de la ciencia como política de Estado, la visibilización del trabajo de las mujeres en el sector, y destacaron el rol de los y las científicas que trabajan en otros países y participan de proyectos de cooperación mediante el programa RAÍCES.

En ese marco, el Presidente afirmó que “el Estado debe estar presente” para poder “hacer posible que cada uno de ustedes siga haciendo lo que está haciendo” y valoró que a través de su trabajo permiten “crear mejores condiciones de vida para la sociedad”.

La medida impacta en 15.000 integrantes de las carreras de Investigador Científico y Tecnológico y de Profesional y Técnico de Apoyo y en más de 12.000 becarios y becarias doctorales y postdoctorales del Consejo, y se suma al acuerdo paritario para el sector sellado el año pasado, que totalizó un incremento salarial del 60 por ciento en cinco tramos hasta marzo de 2023.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, explicó que el anuncio “tiene que ver con el compromiso asumido por el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gestión, que era recuperar los niveles salariales de 2015 de investigadores, becarios de doctorado y posdoctorado, ya que en el período 2015-2019 habían caído cerca del 29 por ciento, siendo el sector más golpeado durante el gobierno anterior respecto de la caída en el presupuesto”.

El titular de la cartera de Ciencia destacó que “además de la paritaria, con el anuncio de hoy el Presidente otorgó el quinto aumento, que permite superar, por primera vez, los niveles salariales que teníamos en el 2015. Esto es muy importante porque significa que se han recuperado integralmente los salarios de investigadores y becarios doctorales y posdoctorales”.

A su vez la presidenta del CONICET, Ana Franchi, sostuvo que “esta jerarquización es muy importante, y viene a saldar una deuda del gobierno anterior que redujo drásticamente los sueldos y haberes de la comunidad científica. Pero también es muy importante que hemos recuperado los ingresos al CONICET, que también fueron absolutamente menguados durante el gobierno anterior”.

Además, destacó: “Tanto la recuperación de los haberes como de los ingresos a las carreras y las becas son fundamentales para poder seguir trabajando, no volver a perder generaciones de jóvenes valiosos formados en el país, y para seguir construyendo un buen camino, que no es solo para los investigadores e investigadoras sino para la Argentina, porque nadie puede pensar en el desarrollo de un país inclusivo y soberano sin un desarrollo de la ciencia y la tecnología”.

De la reunión participó el médico obstetra e investigador superior del CONICET José Belizán, con quien el Presidente mantuvo una comunicación el 31 de marzo pasado en la que lo felicitó por haber obtenido el prestigioso Premio Internacional Gairdner de Canadá 2023 en la categoría Salud Global por sus contribuciones en temas de preeclampsia.

Además estuvieron presentes los y las investigadoras Alberto Kornblihtt, Sandra Díaz, Florencia Cayrol, Carolina Mera, Hugo Menzella, Carlos Greco, Sol Agostina Figueroa, Alberto Baruj, Soledad Gori, Nora Mariana Mondini, Santiago Garaño, José Eduardo Wesfreid, Mario Pecheny y Esteban Zunino.

Las pistolas de descarga eléctrica serán utilizadas por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Después de la autorización de parte de Nación, el Gobierno porteño pudo hacer efectiva la compra de pistolas Taser para que sean utilizadas en zonas de masiva concentración y para evitar complejas situaciones delictivas.

“Es posible que para el mes de junio o julio estén operativas las Taser, cuando la gente esté entrenada y capacitada”, dijo el ministro de Justicia y Segiridad de la Ciudad, Eugenio Burzaco, por Radio La Red.

El funcionario, que reemplaza en sus funciones al renunciante Marcelo D’Alessandro, informó que ingresarán ahora unas 90 pistolas Taser y que luego habrá un lote más de 60.

“Salieron las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), el permiso de importación, con lo cual en el mes de abril vamos a tener la Taser acá en la Ciudad. Son 90 pistolas ahora y 60 más adelante, con lo cual es un número muy importante”, agregó el ministro.

Estos dispositivos transmiten una descarga eléctrica con el objetivo de inmovilizar a una persona para su posterior detención.

“Creo que con las 150 Taser vamos a estar bien cubiertos, el tema es que hay que capacitar al personal, las tiene que usar un personal más especializado. Hay que tenerlas en los lugares donde hay mucha concentración de personas y en brigadas de acción rápida para situaciones donde una persona tenga un arma o un brote psicótico”, explicó Burzaco.

El funcionario dijo también que se priorizarán los centros de transbordo y donde haya un contínuo caudal de personas.

Habrá una medida de fuerza entre las 13 y las 16 horas del miércoles que viene.

Empresas del transporte de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaronun paro para el miércoles, objetando “escasez de recursos”.

El anuncio de las cámaras incluye una “suspensión total” de servicios entre las 13 y las 16 a partir del miércoles y una advertencia según la cual “muchas empresas se verán obligadas a partir del día de la fecha a no prestar los servicios nocturnos y disminuir las frecuencias durante el día”.

“Las entidades empresarias de transporte público de pasajeros por automotor que suscriben la presente alertan a la población ante el considerable atraso verificado en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias correspondientes a los mayores costos incurridos durante el año en curso”, indicaron las empresas mediante un comunicado.

Los servicios afectados son los que prestan las líneas de la 1 a la 199, que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano.

Mientras tanto, desde el ministerio de Transporte dijeron a Télam que “se han realizado transferencias el viernes y en el día de hoy, por lo que no debería haber ninguna medida por parte de las empresas”.

Las empresas sostuvieron que “con el objeto de compatibilizar las prestaciones con los recursos económicos disponibles, muchas empresas se verán obligadas a partir del día de la fecha a no prestar los servicios nocturnos y disminuir las frecuencias durante el día”.

“Con el objeto de no afectar totalmente los horarios de mayor demanda -precisaron- se procederá a partir del próximo miércoles 19 de abril, a suspender totalmente los servicios en el horario comprendido entre las 13 y las 16 horas”.

Las empresas señalaron “la falta de cumplimiento por parte del Estado de su compromiso de actualizar la determinación de los costos a valores de marzo, con precios e indicadores objetivos y representativos de la realidad económica del mercado”.

Y agregan que “al día de la fecha, se encuentran pendientes de acreditación fondos correspondientes al primer trimestre del año en curso, por un valor total equivalente casi al total de las compensaciones de un mes completo”.

Finalmente, pidieron “disculpas al público por los inconvenientes que pudieran producirse y advierten que la racionalización tiene como objetivo evitar la paralización total de las prestaciones”.

Se trata de la Cámara Empresaria De Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) y Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

El kirchnerismo porteño convocó a un plenario militante para el sábado que viene en Caballito.

Diferentes organizaciones políticas, juveniles y sociales se reunirán el sábado próximo en el Microestadio de Ferro Carril Oeste, donde se debatirán los pasos a seguir para enfrentar la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner.

El kirchnerismo de la ciudad de Buenos Aires realizará este acto desde las 10 de la mañana sin hora de finalizaciṕn ya defenida. Hasta el momento no se confirmó de Cristina en el plenario militante.

Los que sí, ya confirmaron su presencia fueron el senador Mariano Recalde; el vicepresidente segundo del Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad, Jorge Meneses; el secretario general del sindicato de docentes universitarios FEDUN, Daniel Ricci; diputados nacionales por la Ciudad y legisladores porteños, entre otros.

Se trata del tercer encuentro de este tipo: el primero se realizó el pasado sábado 11 de marzo en el partido de Avellaneda de la provincia de Buenos Aires y el segundo tuvo lugar el 1 de abril en Resistencia, Chaco.

Se viene el Plenario de la Militancia de CABA!

Nos vemos el sábado 22 a las 10 hs. en Ferro✌🏻#LaCiudadConCristina ❤️ pic.twitter.com/06HUfSlBXx

— Mariano Recalde (@marianorecalde) April 15, 2023

La obra tendrá una inversión de 327 millones de pesos y se realizará entre el Centro Espacial de Punta Indio, la UNLP y el Ministerio de Ciencia.

En la localidad de Pipinas, partido de Punta Indio, se desarrolla el proyecto Tronador II que es el primer lanzador nacional de cohetes. El jueves pasado se anunció que le agregarán un Centro de Interpretación, Divulgación y Formación Aeroespacial (CIDyFA). Tendrá una superficie de 1.000 metros cuadrados y buscará popularizar la actividad científica espacial.

La obra supone una inversión de 327 millones de pesos y se hará de manera coordinada entre el Centro Espacial de Punta Indio, la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Ciencia. El principal objetivo será divulgar la actividad aeroespacial de la Argentina y las tareas que desarrollan los satélites que actualmente tiene en órbita.

En una primera etapa el centro de divulgación albergará la muestra Soberanía Espacial, que a lo largo de este año se exhibió en Tecnópolis, el predio ferial ubicado en Villa Martelli.

La cartera laboral ordenó dictar un período de negociación por quince días. Se espera un paro general de actividades.

Integrantes de la comisión interna de trabajadores del diario Clarín y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunciaron este domingo los “despidos injustificados” de al menos 48 trabajadores de la firma Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA, Grupo Clarín), por lo que realizarán una asamblea para definir la medida de fuerza a seguir. Ya en horas de la tarde de este domingo, se conoció la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, declarando la conciliación obligatoria en el conflicto.

“Son 48 los despidos pero todavía estamos recabando información para constatar que no hayan más, porque también puede haber contratados que la empresa no haya contabilizado”, explicó el delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales de Sipreba, Matías Cervilla, en declaraciones realizadas a la agencia Telam.

Los trabajadores despedidos, que pertenecen en su mayoría a la redacción que funciona en Tacuarí 1800 del barrio porteño de Constitución, recibieron por la mañana un correo en sus casillas institucionales que los notificaba la desvinculación de la empresa.

“Son despidos sin causa, ellos aducen recambio de perfil”, señaló Cervilla, y sostuvo que si bien AGEA habla de reconversión digital “porque los ingresos de la empresa están viniendo por lo digital”, muchos de los que fueron echados tenían un perfil justamente acorde a lo requerido.

AGEA, por su parte, envió también un correo electrónico con la firma del CEO de la empresa, Héctor Aranda, para comunicar al resto de los trabajadores sobre los “cambios” implementados para “crecer aún en medio de la crítica situación económica del país” y para “adaptar la organización interna a una nueva realidad de la industria, así como el perfil de su personal”.

Aranda expuso en mensaje que “la transformación implica necesariamente una obligada renovación” y, si bien señala que ese es un “proceso más difícil e ingrato”, resalta que es “imprescindible”.

Una asamblea abierta de @delegadosclarin y @sipreba resolvió un paro general en todo el gremio de prensa ante los #DespidosEnClarin. Exigimos la reincorporación inmediata de les cesanteados. Ni un trabajador ni trabajadora despedida. pic.twitter.com/f5MyQfSgRr

— Comisión Interna Clarín (@delegadosclarin) April 16, 2023

Para Cervilla, sin embargo, se trata de una medida “cíclica” porque cada cierto tiempo el Grupo Clarín “intenta achicarse”, al exponer que al ser una “empresa superavitaria” no está en condiciones de “aducir pérdidas” pero sí de “maximizar la ganancia reduciendo el personal”.

“En el 2000 hubo 117 despidos, incluyendo la comisión interna de aquel momento; en el 2016 hubo 600 retiros voluntarios, que son despidos encubiertos; después en el 2019 hicieron 65 despidos y ahora hacen 48 despidos”, recopiló Cervilla.

Además el representante gremial reprochó el “cinismo” empresarial ante la coincidencia de la fecha del anuncio de este domingo con los de hace cuatro años, que fueron ejecutados el 17 de abril.

Cervilla reveló que a los empleados les llegó “un mail avisándoles del despido e inmediatamente después les bloquearon las cuentas” de correo, y alertó que entonces “muchos compañeros no pudieron acceder a esa cuenta y se están enterando porque están queriendo entrar y no pueden”.

Por su parte, el secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi, señaló que se trata de “despidos injustificados” y que esa organización llevará adelante una “medida de fuerza en todos los medios privados exigiendo que se retrotraigan” las desvinculaciones.

“Son despidos masivos, puede tener que ver con un costado gremial que no descartamos, pero principalmente se relaciona con una cuestión económica”, finalizó Cervilla.

Este domingo por la tarde se supo que el Ministerio de Trabajo de la Nación, que conduce Raquel Olmos, dispuso la conciliación obligatoria, por lo cual se debería mantener el statu quo previo a los despidos.

En la asamblea participaron trabajadores de Clarín, delegados sindicales y afiliados del gremio de prensa de diversos medios. Entre otras cosas, se planteó que la empresa “intenta desconocer al gremio Sipreba en la negociación paritaria a pesar de que el Ministerio de Trabajo le otorgó a ese sindicato la personería jurídica por ser el más representativo en materia de afiliados cotizantes”.

El embajador argentino en Brasil destacó que planteará “ideas renovadas”, con una “visión sobre la importancia de la energía como activo estratégico”.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, adelantó cuáles serán las claves del programa económico que tiene en su borrador de precandidato para los próximos años. Apuntó a la “superposición de impuestos” que obstaculiza el desarrollo de empresas y pymes en el país, como pilar para atraer inversiones, así como a la importancia de la energía, con el rol del Gasoducto Néstor Kirchner.

Los dichos de Scioli fueron durante una entrevista radial, en la que ratificó su iniciativa de ser precandidato en las elecciones 2023 por el espacio del Frente de Todos (FdT). “Todavía estamos pagando la factura del gobierno anterior, que dejó un país con el préstamo del FMI, con un aparato productivo desmantelado”, advirtió.

El embajador argentino en Brasil destacó que planteará “ideas renovadas”, con una “visión sobre la importancia de la energía como activo estratégico”.

Con respecto a los lineamientos de su plan económico, el precandidato del FdT aclaró: “Tengo la cabeza abierta para hablar con economistas de todas las líneas ideológicas y de acción, pero hoy gobierna nuestro espacio político, y no quiero interferir y que se dé otra lectura”, dijo.

“¿Quieren saber cuáles son mis ideas? Vean lo que estoy haciendo y lo que he hecho”, desafió Scioli sobre sus iniciativas en el plano económico, ante un eventual triunfo.

En ese sentido, puso énfasis en la importancia de los recursos energéticos del país como llave para mejorar las inversiones y el desarrollo económico del país. “El Gasoducto (Néstor Kirchner) nos permitirá tener un circuito virtuoso del gas en forma más económica para la industria, para los hogares”, aseguró.

En otro apartado, el precandidato analizó la carga de impuestos que traban a empresas y pymes, lo cual complica el panorama para la llegada de inversiones al país. “Hoy hay una superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales que es gravoso y complejo para cualquier pyme”, manifestó.

En sus postulados, el embajador destacó además que es “un defensor de Aerolíneas Argentinas”, y cuestionó a la oposición, en alusión a Mauricio Macri, que dijo “que hay que dinamitar todo, y así nos fue”, subrayó.

En cuanto a los nombres para su gabinete económico, Scioli esquivó dar más detalles al respecto. “Yo escucho a todos los equipos y lógicamente trabajo con el equipo actual”, indicó.

En el marco de su agenda federal, Scioli y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se reunieron ayer en Paraná con empresarios y representantes de sectores productivos de la provincia para diagramar una nueva misión comercial que se realizará a Brasil en los próximos meses.

En el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno entrerriana, los asistentes avanzaron en una agenda de trabajo “que empezó en julio de 2022” con una misión comercial, donde se logró “poner a Entre Ríos en el centro del interés brasileño, y de la poderosa federación industrial de San Pablo”, reveló Scioli.

Por otro lado, en Santa Fe, junto a Omar Perotti, se reunió con 30 empresarios industriales y destacó que los sectores automotor y de autopartes “configuran el principal complejo exportador de la provincia a Brasil, y se le suman las exportaciones de los sectores agroalimentario y lácteo”.

Luego de un operativo de la AFIP se detectaron irregularidades previsionales en una serie de inspecciones llevadas adelante en locales gastronómicos de alta gama en CABA y Gran Buenos Aires.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pudo comprobar que los establecimientos habían omitido declarar ventas por $ 2.100 millones y, además, mantenían al 42% sus empleados con inconsistencias en su registración laboral.

“Las áreas especializadas de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) habían advertido en 51 restaurantes frecuentados por público de alto poder adquisitivo que las ventas declaradas y las informadas por las tarjetas de crédito tenían diferencias significativas”, indicó la AFIP en un comunicado.

En otros casos, según publicó el sitio InfoGEI, tenían ingresos inferiores a sus costos operativos, por lo que se notificó a estos contribuyentes de gran relevancia fiscal, para que regularicen su situación. Las tareas de fiscalización y control se complementaron con inspecciones presenciales que permitieron comprobar “desvíos de hasta 100% respecto a lo declarado”, con una omisión de ventas asciende a $ 2.100 millones, señaló.

“Ante la evidente violación de las normas de facturación, los agentes del organismo labraron 37 actas de infracción”, indicó la AFIP, además de precisar que “se relevaron un total de 635 trabajadores, de los cuales el 42% presentaba algún tipo de irregularidad”.

La AFIP remarcó que las acciones “se encuentran coordinadas y planificadas en el marco de las tareas de control desplegadas en lo que va de 2023”, con el propósito de “proteger los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores para fomentar la inclusión laboral y al mismo tiempo generar mayor percepción de riesgo entre los empleadores, induciéndolos a cumplir con la normativa vigente tanto en materia de seguridad social como impositiva”.