La vicepresidenta cruzó fuerte a Milei y le reclamó que le pague a los jubilados lo que corresponde y reduzca los gastos “en viajes y en la SIDE”.
Tras la polémica sesión en el Senado que habilitó la aprobación de leyes claves en materia previsional y de discapacidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con durezaa las críticas del presidente Javier Milei, quien la tildó de “traidora” por permitir el avance de proyectos que, según el Ejecutivo, atentan contra el equilibrio fiscal.
A través de sus redes sociales, Villarruel no solodefendió su accionar institucional, sino que además lanzó una serie de mensajes directos hacia la Casa Rosada. En uno de ellos, fue categórica:
“Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorren en viajes y en la SIDE y listo”, escribió en su cuenta de Instagram.
La tensión escaló luego de que el Senado aprobara iniciativas impulsadas por la oposición: un aumento en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Ante esto, Villarruel dejó en claro quepriorizó las urgencias sociales por sobre la disciplina partidaria.
Frente a los cuestionamientos sobre su supuesta deslealtad al presidente, Villarruel contraatacó:
“¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacelo reclamar a él, que yo la educación no la pierdo nunca”, escribió en respuesta a un seguidor.
Y agregó, con tono irónico:
“No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”, en alusión a Karina Milei y la diputada Lilia Lemoine.
Villarruel también criticó la falta de diálogo dentro del Ejecutivo:
“Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”, sostuvo.
En cuanto a los proyectos votados, la vicepresidenta argumentó que las iniciativas ya contaban con media sanción de Diputados y fueron tratadas con mayoría simple, pese a la controversia sobre los dos tercios que exige el reglamento para determinados temas.
“No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, sentenció, en alusión directa al bloque oficialista que no logró frenar el tratamiento.
Las leyes aprobadas incluyen un aumento real del 7,2% para jubilaciones y pensiones, un incremento del bono de $70 mil a $110 mil ajustado por inflación, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.
Con este cruce, la tensión entre Villarruel y Milei alcanzó su punto más álgido desde el inicio del gobierno. La vicepresidenta rompió el silencio con un mensaje claro: su rol institucional está al servicio de quienes más lo necesitan, aunque eso implique incomodar al propio presidente.
La Cámara Federal de San Martín anuló la resolución del Ministerio de Economía que afectaba la autonomía municipal, el fallo destacó que la resolución de Caputo impedía a los municipios realizar inversiones en áreas clave como la salud y la educación.
El Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva derrota en los tribunales. La Cámara Federal de San Martín declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía que restringía el cobro de tasas municipales, al considerar que atentaba contra la autonomía de los municipios y generaba ungrave perjuicio social.
El fallo representa un duro golpe para las ambiciones del oficialismo, que intentaba avanzar con una normativa que impedía a los municipios incluir ciertos conceptos en sus tasas si no estaban directamente vinculados con servicios contratados. Esto generó un fuerte rechazo por parte de intendentes, quienes advirtieron que la medida ponía en jaque el financiamiento de servicios esenciales como la recolección de residuos, obras públicas, salud, y mantenimiento de infraestructura.
Uno de los primeros en alzar la voz fue el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien denunció que la medida del Ministerio de Economía —bajo la conducción de Luis Caputo— desfinanciaba deliberadamente a los gobiernos locales. Gracias a la intervención judicial, se destraban ahora obras que estaban paralizadas en su distrito debido a la resolución anulada.
La sentencia judicial no solo reafirma el principio constitucional de la autonomía municipal, sino que también cuestiona el intento del Gobierno nacional de condicionar a los municipios mediante recortes que —según los intendentes— buscan forzarlos a adherir a las políticas de ajuste de La Libertad Avanza.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a más de 500 jefes y jefas comunales de todo el país, había advertido con firmeza sobre el carácter inconstitucional de la resolución. En un documento conjunto, los intendentes señalaron que la medida del Ministerio de Economía evidenciaba un “profundo desconocimiento del federalismo y de la Constitución Nacional”, al intentar debilitar las potestades tributarias de los municipios.
“El ministro Caputo desconoce por completo la economía real de una comuna”, expresaron en el comunicado, y lo acusaron de“intentar desviar la atención con fake news económicas” para responsabilizar a las tasas municipales del aumento del costo de vida, cuando los verdaderos responsables —sostienen— son los tarifazos impulsados por el propio Gobierno.
Además, los intendentes advirtieron que eliminar las facultades tributarias de los municipios equivale a condenar a millones de vecinos y vecinas a un deterioro severo en servicios clave como salud, educación, seguridad y asistencia social.
Con este fallo, la Justicia vuelve a poner un freno a una política nacional que busca recentralizar recursos a costa de los gobiernos locales. Se trata de otra señal de advertencia al Ejecutivo, en un contexto de creciente conflictividad institucional y social.
Luego del duro informe emitido por JP Morgan sobre la situación económica y política en Argentina, ahora es Wells Fargo, otro actor relevante del sistema financiero internacional, quien prende una luz de alerta.
Durante una reciente visita al país, directivos del banco estadounidense advirtieron sobre un escenario local complejo, con “sacudones fuertes” en el horizonte, y redujeron en 15 puntos la probabilidad de que los libertarios ganen con contundencia en las elecciones legislativas de octubre.
Aunque el informe de Wells Fargo reconoce “los éxitos económicos” en favor del sector financiero logrados hasta ahora por el gobierno de Javier Milei y su agenda de reformas, también enfatiza los riesgos políticoscrecientes y una caída en el entusiasmo empresarial local. Antes de su visita, el banco estimaba un 80% de posibilidades de triunfo para los libertarios con más del 40% de los votos. Sin embargo, tras reunirse con empresarios y capitales nacionales, esa proyección se ajustó a un 65%, marcando un escenario más competitivode cara a los comicios.
Además, el banco estadounidense subraya que, incluso en caso de una victoria, Milei deberáconstruir alianzas políticas para poder sostener e impulsar reformas estructurales. “Aunque todos en el sector privado con quienes hablamos reconocieron los éxitos de la agenda de reformas de Milei hasta la fecha, la mayoría manifestó distintos grados de descontento, al menos con la percepción de su retórica conflictiva”, señala el reporte.
Wells Fargo también recoge una percepción compartida por varios entrevistados: el triunfo de Milei en 2023 respondió más a un voto de rechazo al establishment político que a un apoyo genuino a su figura o su programa.
Al igual que JP Morgan, Wells Fargo advierte sobre los riesgos asociados a la baja participación electoral, especialmente en distritos clave como la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno —coinciden ambos bancos— podría debilitar el respaldo real del gobierno y comprometer su capacidad para avanzar con su proyecto económico.
En resumen, el mensaje de Wells Fargo es claro: aunque el oficialismo aún conserva chances de imponerse en octubre, el contexto se ha tornado más incierto, y el respaldo político ya no es tan firme como lo era hace solo unos meses.
Crece la preocupación por acuerdos que profundizan la entrega de recursos en Malvinas sin avanzar en el reclamo de soberanía.
La histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido atraviesa un nuevo capítulo, atravesado por un reclamo tan insólito como preocupante: los kelpers, representantes de la comunidad británica que ocupa ilegalmente el archipiélago, exigen que el gobierno argentino cumpla con los compromisos asumidos en acuerdos bilaterales firmados durante las gestiones de Mauricio Macri y Javier Milei, los cuales —según denuncian expertos y organizaciones— socavan la posición soberana del país en favor de intereses británicos.
Dos pactos, una misma política: entregar sin discutir soberanía
En el centro de la controversia se encuentran dos documentos clave: el Acuerdo Foradori-Duncan (2016) y el más reciente Pacto Mondino-Lammy (2024). Ambos fueron celebrados bajo la llamada fórmula de “paraguas de soberanía”, acordada entre Buenos Aires y Londres en 1989, que implica avanzar en relaciones bilaterales sin discutir el estatus del territorio en disputa.
Este paraguas ha servido como cobertura diplomática para que sucesivos gobiernos promuevan una “agenda positiva” con el Reino Unido en torno a temas económicos, logísticos y científicos en el Atlántico Sur. Tanto el acuerdo de 2016 como el firmado en 2024 fueron elaborados sin intervención del Congreso Nacional argentino, lo que ha despertado cuestionamientos sobre su legalidad y legitimidad.
Entre los puntos más polémicos se destacan:
Facilitación de vuelos comerciales a las islas desde Brasil.
Cooperación en materia de pesca y recursos hidrocarburíferos, sin reciprocidad ni control efectivo argentino.
Convenios logísticos y científicos con base en las islas, incluso para actividades en la Antártida.
Ausencia total de avances o condiciones vinculadas al reclamo de soberanía.
Acuerdo Foradori-Duncan (2016): el origen de la entrega
Firmado el 13 de septiembre de 2016 por el entonces vicecanciller Carlos Foradori y el ministro británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, este documento abrió una nueva etapa en la relación bilateral bajo el gobierno de Mauricio Macri. Allí se estableció una hoja de ruta para avanzar en conectividad aérea, identificación de soldados caídos en Malvinas, cooperación antártica y diálogo sobre pesca e hidrocarburos.
El exvicecanciller Carlos Foradori junto al entonces embajador británico en Argentina, Mark Kent
Sin embargo, el acuerdo fue severamente criticado por no incluir ningún tipo de reafirmación del reclamo de soberanía, lo cual fue interpretado como una claudicación diplomática. El hecho de que se haya firmado sin debate legislativo ni consulta pública, y con una redacción que —según expertos— utiliza terminología más cercana a los intereses británicos que a los argentinos, lo convirtió en uno de los puntos más cuestionados de la política exterior de Cambiemos.
Pacto Mondino-Lammy (2024): continuidad en el retroceso
Ya bajo la presidencia de Javier Milei, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino —entonces encabezado por Diana Mondino— rubricó un nuevo entendimiento con el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, que ratifica y profundiza los lineamientos del Foradori-Duncan. Firmado en 2024, el Pacto Mondino-Lammy consolida la cooperación en áreas sensibles, como pesca, vuelos y logística antártica, sin plantear en ningún momento la necesidad de retomar las negociaciones por la soberanía.
La ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy
El gobierno argentino justificó este pacto como una “herramienta pragmática” para fortalecer los vínculos bilaterales, sin confrontar. Mondino incluso defendió públicamente a Carlos Foradori —quien en 2024 fue designado por la gestión Milei como embajador ante la ONU en Ginebra—, lo cual fue interpretado como un gesto explícito de continuidad con la política exterior del macrismo en materia de Malvinas.
¿violación constitucional?
Distintas voces especializadas han advertido que estos acuerdos podrían constituir una violación directa a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas (…), y ratifica el objetivo permanente e irrenunciable de recuperarlas por medios pacíficos”.
Para el especialista en pesca y Atlántico Sur, César Lerena, se trata de una “cesión incondicional” del desarrollo económico del archipiélago: “Se les entrega a los británicos sin contrapartidas”. En la misma línea, el politólogo Armando Abruza advirtió que los textos “invisibilizan la condición colonial” del territorio usurpado.
La organización Agenda Malvinas, que viene denunciando la inconstitucionalidad de estos pactos, sostiene que cada gesto de cooperación sin exigencias soberanas debilita la posición argentina y consolida una ocupación de facto por parte del Reino Unido.
El reclamo ilegítimo de los kelper
El reclamo de los kelpers se intensificó luego de que, en junio de 2024, la Argentina obtuviera un respaldo unánime en la 55ª Asamblea General de la OEA, donde se reiteró el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones por la soberanía. Como contrapartida, el gobierno británico, a través de la baronesa Jennifer Chapman, representante del Foreign Office, exigió públicamente que Argentina “honre los compromisos pesqueros y de conectividad aérea” establecidos en el Pacto Mondino-Lammy.
Chapman defendió estos acuerdos como beneficiosos “para todos los actores”, incluyendo a los habitantes de las islas, y volvió a insistir en el principio de autodeterminación de los isleños, posición históricamente rechazada por Argentina al considerar que los kelpers no constituyen un pueblo colonizado, sino una población implantada por una potencia colonial.
La baronesa Jennifer Chapman, representante del Foreign Office.
Con el Reino Unido reforzando su presencia militar y económica en las islas —incluyendo inversiones en infraestructura, vuelos y plataformas petroleras— y con el gobierno argentino apostando por una política exterior de perfil bajo y concesivo, diversos analistas alertan sobre la posibilidad de una “normalización de facto” de la ocupación británica.
“Cada concesión sin reciprocidad consolida la ocupación”, reiteró César Lerena. En este contexto, la política oficial parece oscilar entre discursos soberanistas y gestos que, en los hechos, avalan la continuidad del statu quo impuesto tras la guerra de 1982.
El futuro de las Malvinas —y del reclamo argentino— se juega en este delicado equilibrio entre diplomacia, recursos naturales y geopolítica. Y mientras los acuerdos no pasen por el Congreso ni reflejen una estrategia nacional consensuada, la soberanía sigue estando más en los papeles que en la práctica.
El exjuez de la Corte Suprema y exsenador Juan Carlos Maqueda brindó un análisis contundente sobre la sesión del Senado celebrada este jueves: “Fue perfectamente válida”, afirmó, refutando así los cuestionamientos esgrimidos por el presidente Javier Milei y otros referentes del oficialismo.
Maqueda sostuvo que no existe ningún motivo legal para judicializar lo ocurrido en el Congreso. “No sé por qué el Presidente habla de recurrir a la Justicia”, señaló, dejando en claro que la sesión respetó los procedimientos parlamentarios. Además, advirtió que la falta de diálogo del Ejecutivo fue un factor determinante en el conflicto legislativo: “Esto se veía venir. Es una situación provocada por la actitud del Gobierno”, dijo.
Las declaraciones de Maqueda en el programa La Voz En Vivo echan por tierra los argumentos del oficialismo, que tras la aprobación de una serie de leyes con alto impacto social –incluidas las referidas a jubilaciones y discapacidad–, insinuó la posibilidad de impugnarlas en la Justicia o revertirlas tras las elecciones legislativas de diciembre.
“El daño que pudieran causar sería mínimo, una mancha de dos meses, porque en diciembre se las vamos a revertir”, había dicho Milei, quien también adelantó la posibilidad de vetar las leyes aprobadas.
Sin embargo, para Maqueda, “en algún momento los legisladores se iban a tener que hacer cargo de tocar temas sociales”, reafirmando así el rol institucional del Congreso y deslegitimando cualquier intento de judicializar una acción legislativa válida y constitucional.
Un grupo de militantes libertarios que responden directamente al entorno presidencial, desplegaron una violenta narrativa en las redes sociales donde pidieron sacar “tanques a la calle” y crear “milicias populares armadas” para destruir al Congreso Nacional.
Tras sufrir una de las derrotas parlamentarias más contundentes desde el inicio de su gestión, el entorno de Javier Milei activó un preocupante operativo de deslegitimación del Congreso con llamados abiertos a la violencia política. Influencers y referentes libertarios cercanos al Presidente desplegaron en redes sociales un discurso de extrema agresividad que incluyó expresiones como “dinamitar el Congreso con diputados y senadores adentro”, “sacar tanques a la calle” y hasta convocar a la creación de “milicias populares armadas” para revocar la suba a las jubilaciones votada por el Legislativo.
Uno de los mensajes más escalofriantes fue publicado por el militante y autodenominado periodista “independiente” Fran Fijap, uno de los principales voceros digitales del oficialismo, quien exigió sin eufemismos: “Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro”. Este tipo de declaraciones, lejos de ser aisladas, fueron replicadas por múltiples figuras cercanas a La Libertad Avanza, en una escalada que recuerda los peores pasajes de gobiernos autoritarios.
HAY QUE DINAMITAR TODO EL CONGRESO, CON DIPUTADOS Y SENADORES ADENTRO.
También se sumó Daniel Parisini, alias “El Gordo Dan”, líder de la agrupación oficialista Las Fuerzas del Cielo y creador del denominado “brazo armado” de La Libertad Avanza, estehabitual propagandista en redes del proyecto mileísta. En una serie de posteos incendiarios, pidió directamente la intervención militar: “Los tanques a la calle ya. Es ahora”, “Metan todos los tanques adentro del Congreso”, y “El momento ha llegado”. Parisini, que condujo el programa de streaming “La Misa” —espacio en el que el propio Milei dio su entrevista más extensa como presidente—, es una figura central en la maquinaria digital oficialista y que es señalado por financiarse de la caja del Estado.
Otro de los impulsores de este relato de ruptura institucional fue el troll libertario conocido como “El Trumpista”, quien propuso:“El Javo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”.
El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso.
Estos mensajes no sólo constituyen un ataque directo a las instituciones democráticas, sino que reproducen con inquietante similitud el discurso de movimientos extremistas y dictaduras del pasado, donde se glorificaba la violencia como forma de imponer un modelo político único y autoritario.
Un contexto peligroso y de consecuencias impredecibles
Frente a este escenario, se encienden alarmas sobre el rol del poder ejecutivo en la promoción o tolerancia de este tipo de expresiones, que ponen en riesgo la convivencia democrática y alimentan un clima de odio que podría derivar en hechos concretos de violencia política en un contexto en el que además el gobierno busca facilitar el acceso a las armas a ciertos sectores de la población y trata de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra un “enemigo interno”, reviviendo los peores fantasmas del pasado argentino.
Lo que comenzó como una reacción frente a una derrota legislativa, se ha transformado en una amenaza explícita contra las bases del sistema republicano.
Luego de que el presidente Javier Milei calificara de “traidora” a Victoria Villarruel – por presidir la sesión en el Senado que aprobó los proyectos jubilatorios y de discapacidad -, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó el tono a la interna y justificó el accionar de la vicepresidenta. “Es una posición institucional muy compleja”, aseguró.
Antes, y de modo insólito, Francos había asegurado que “Milei no habló de Villarruel, dijo ‘traidora’ pero no dijo quien”. Después, tuvo que reconocer la gravedad de la interna libertaria.
“Hay desentendimientos entre el Presidente y la vice pero es una cuestión de personalidades”, insistió en querer bajarle el tono al debate. El gobierno vive, tal vez, sus peores horas.
Un informe de la UBA advierte que se perdieron casi 200 mil empleos formales y que el salario mínimo real cayó 32% desde la asunción de Javier Milei. El poder adquisitivo retrocedió a niveles de hace más de dos décadas.
En menos de un año de gestión, el gobierno de Javier Milei produjo una verdadera devastación en el mercado laboral argentino. Según un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se destruyeron casi 196 mil empleos asalariados registrados y el salario mínimo perdió un tercio de su poder adquisitivo, cayendo a valores inferiores a los del año 2001.
El relevamiento, realizado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, muestra con crudeza el saldo social del brutal ajuste impulsado por el oficialismo: despidos masivos, precarización laboral, y una caída salarial histórica que dejó a millones de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. “El salario mínimo real se encuentra 62% por debajo del pico alcanzado en 2011 y por debajo incluso del nivel previo a la salida de la convertibilidad”, alerta el documento.
La política económica de Milei —caracterizada por la liberalización abrupta de precios, la eliminación de subsidios y el congelamiento del gasto público— está provocando un retroceso sin precedentes en los indicadores sociales. El empleo asalariado formal, que ya mostraba señales de estancamiento a fines de 2023, entró en una espiral descendente que arrastró a todos los sectores: Estado, empresas privadas y trabajo en casas particulares.
En marzo de 2025, el total de empleos formales registrados se ubicó en 10,1 millones, con una pérdida acumulada de 195.900 puestos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. Solo en el sector público se recortaron 58 mil empleos desde noviembre, en un intento deliberado por desmantelar áreas clave del Estado sin ninguna planificación social. Las empleadas domésticas, uno de los colectivos más vulnerables, sufrieron una caída del 11,7% en sus puestos de trabajo en menos de dos años.
El sector privado también sintió el impacto del ajuste. En marzo de este año, se registraron 115.300 empleos menos que al inicio del gobierno, lo que sitúa al empleo formal privado en niveles similares a los de 2018, año de crisis durante la gestión de Mauricio Macri. El modelo Milei repite, profundiza y multiplica los mismos errores que ya fracasaron.
Pero la caída del empleo no es el único dato alarmante. El salario mínimo, vital y móvil se desplomó un 32% en términos reales, ubicándose por debajo del umbral de subsistencia. A pesar de leves repuntes mensuales, el poder adquisitivo actual está muy lejos de recuperar lo perdido. “Es una de las caídas más abruptas en dos décadas”, señala el informe.
Las remuneraciones promedio del sector privado tampoco escaparon a este deterioro. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, el salario real bajó 1,2%, con un ingreso promedio de $1.594.900 que, medido contra la inflación, equivale a un 17,6% menos que en el punto más alto de la serie histórica (mayo de 2013).
En resumen, el primer año y medio de Milei se tradujo en una transferencia brutal de ingresos desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía. Mientras se aplica un ajuste que empobrece y excluye, el discurso oficial insiste en hablar de “libertad” y “orden”, ignorando deliberadamente las consecuencias humanas de su programa económico.
Para los autores del informe, los datos revelan un deterioro sostenido y generalizado que no encuentra antecedentes cercanos. “El modelo actual no solo no mejora la situación del mercado laboral, sino que la empeora estructuralmente”, concluyen. El resultado es una sociedad al borde del colapso social, con un Estado ausente, salarios pulverizados y empleo en retroceso. La libertad, para la mayoría, se convirtió en sobrevivir.
El primer video de campaña del frente opositor pone el foco en trabajadores, jubilados y científicos. Kicillof, Máximo Kirchner y Massa apuestan a la unidad para disputar el rumbo del país en las elecciones bonaerenses.
Con un video que apela a la emoción y pone en el centro a los sectores golpeados por las políticas del gobierno nacional, Fuerza Patria lanzó oficialmente su campaña electoral de cara a las próximas elecciones legislativas bonaerenses. El flamante frente, integrado por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, apuesta a consolidar un mensaje de unidad y resistencia en medio del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.
“Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es la fuerza que somos cuando nos juntamos”, abre el spot de más de un minuto, que fue difundido a través de las redes sociales del líder del Frente Renovador. A lo largo del video, se suceden imágenes de trabajadores, médicos, jubilados y científicos, mientras una voz en off señala: “Es la fuerza de quienes enfrentan la crueldad del ajuste y siguen adelante”.
El material no elude los cuestionamientos al oficialismo nacional: hace alusión a la represión a jubilados que reclaman por sus haberes, a la precarización de los trabajadores de la salud y a la estigmatización del sector científico. “No es una consigna vacía, es la fuerza de nuestra patria”, concluye la narración.
La alianza fue formalizada el pasado 9 de julio, tras meses de intensas negociaciones internas en el peronismo bonaerense. El acuerdo incluye la conformación de una junta electoral compartida, una lista única de apoderados y la distribución consensuada de candidaturas en los 135 municipios y las ocho secciones electorales de la provincia.
Según informaron desde el espacio, el órgano electoral estará conformado por representantes de cada sector: Carlos Bianco (Movimiento Derecho al Futuro), Leo Nardini (kirchnerismo) y Rubén Eslaiman (Frente Renovador). A su vez, la definición de las listas estará a cargo de duplas designadas por cada fuerza, quienes trabajarán de forma coordinada hasta el cierre de candidaturas el 19 de julio.
La consigna que guía esta etapa de la campaña es clara: “Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa”. Con esa línea, Kicillof, Kirchner y Massa buscarán dar respuesta al malestar social creciente en la provincia y disputar con fuerza el electorado que resiste las políticas libertarias.
Desde el entorno del gobernador aseguran que fue clave su insistencia en que las decisiones se tomaran en La Plata, capital política e institucional de la provincia. “La estrategia tiene que construirse desde el territorio, no desde la Ciudad de Buenos Aires”, insisten desde su círculo.
Con la presentación del primer spot, Fuerza Patria marca el inicio de una campaña que promete ser intensa. El peronismo busca reafirmar su presencia en el principal distrito electoral del país y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa sólida frente al rumbo económico y social del gobierno nacional.
Lo que comenzó como una derrota legislativa del oficialismo en el Senado terminó convirtiéndose en un escándalo político sin precedentes dentro del gobierno de Javier Milei.
Lo que comenzó como una derrota legislativa en el Senado terminó convirtiéndose en un escándalo político sin precedentes dentro del gobierno de Javier Milei. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich protagonizaron un violento intercambio de agravios en redes sociales, dejando al desnudo las profundas fisuras internas que atraviesan al oficialismo.
Todo se desató tras la sesión parlamentaria en la que el oficialismo sufrió un nuevo revés. Bullrich, visiblemente molesta, cargó contra Villarruel por haber habilitado el debate de proyectos impulsados por la oposición. Desde su cuenta en X, acusó a la vicepresidenta de ser “cómplice del kirchnerismo destructor” y la instó a no “denigrar la institución” que preside.
Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia.
La respuesta de Villarruel no solo fue fulminante, sino también cargada de insinuaciones personales y políticas. En su descargo, reivindicó su rol institucional y acusó a Bullrich de ignorar la Constitución. “Antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional”, escribió, remarcando que su decisión de abrir la sesión fue “estrictamente reglamentaria, de legalidad e institucionalidad democrática”.
Pero la discusión no quedó en lo institucional. Villarruel fue más allá y desempolvó el pasado político de Bullrich: “Mientras usted pululaba de partido en partido, yo combatía al kirchnerismo”, lanzó, en una clara alusión al pasado montonero de la ministra en los años setenta.
Como si fuera poco, la vicepresidenta dejó entrever su malestar con la Casa Rosada: “No me votaron para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”. Una frase que sonó a reproche directo hacia el presidente Milei, alimentando los rumores sobre su creciente aislamiento dentro del gobierno.
Aprovecho para aclarar que el H. Senado como Cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus…
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 10, 2025
Lejos de calmar las aguas, Bullrich volvió a la carga con tono sarcástico y acusatorio: “¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda?”. Incluso llegó a insinuar que la decisión de Villarruel de habilitar la sesión respondía más a una herida personal que a un criterio institucional: “Le importa más su ego que el país”.
El bochornoso cruce entre dos de las principales figuras del oficialismo no solo desató una crisis política interna, sino que expuso con crudeza el nivel de descomposición y descoordinación en la cúpula del gobierno libertario. En lugar de cerrar filas tras un revés legislativo, el oficialismo quedó sumido en una pelea de alto voltaje, con reproches públicos, ataques personales y una grieta que ya no se puede disimular.
Mientras la oposición y el mundo observan con asombro el espectáculo, crece la preocupación dentro del propio oficialismo: la disputa no fue solo un malentendido ocasional, sino un síntoma evidente de un gobierno partido en dos y cada dia mas violento en su retorica.
