El presidente anunció que no asistirá al acto en la provincia donde se firmó la Independencia argentina. El Servicio Meteorológico Nacional desmintió las alertas que habría usado la Casa Rosada como justificación.

La decisión del presidente Javier Milei de no viajar a Tucumán para participar del acto central del 9 de Julio , fecha en la que se conmemora la firma del Acta de Independencia en esa provincia en 1816, generó un fuerte escándalo político. Inicialmente, desde la Casa Rosada se informó que la ausencia del mandatario se debía a “alertas meteorológicas” emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) relacionadas con condiciones climáticas adversas, especialmente niebla persistente . Sin embargo, minutos después, fuentes oficiales del propio SMN desmintieron públicamente que existieran alertas rojas o naranjas para ese día, y aseguraron que las condiciones climáticas no representaban un impedimento técnico para el desarrollo normal de los eventos.

Esta contradicción generó críticas inmediatas desde distintos sectores políticos y medios de comunicación. La versión oficial fue cuestionada incluso por algunos analistas meteorológicos independientes, quienes remarcaron que no había pronóstico alguno que justificara la cancelación del viaje presidencial. En paralelo, voceros del gobierno nacional insistieron en mantener su postura, sin ofrecer mayores explicaciones técnicas detrás de la decisión tomada horas antes de la celebración patria más importante del año.

Entre las posibles razones detrás de esta cancelación repentina estaría el clima de tensión entre el gobierno nacional y varios gobernadores, particularmente por el conflicto por los fondos coparticipables. Fuentes cercanas al ámbito político señalan que Milei atraviesa un momento de distanciamiento con varios mandatarios provinciales, incluido Juan Manzur, gobernador de Tucumán , quien tampoco confirmó su presencia en el acto organizado por Nación. Esta situación refleja un malestar generalizado en varias provincias ante la falta de diálogo y la redistribución de recursos que impuso el Ejecutivo nacional.

Mientras el gobierno mantiene su discurso optimista sobre la marcha de la economía, la polémica por la cancelación del viaje de Milei a Tucumán pone en evidencia una crisis de credibilidad institucional. Además, crece la sospecha de que la supuesta niebla haya sido utilizada como una excusa para evitar un evento simbólico de alto valor histórico y político, en un año electoral. Hasta ahora, desde Presidencia no se han brindado precisiones adicionales sobre el tema, lo que profundiza las dudas sobre la transparencia del manejo de la agenda presidencial.

El contraste entre el relato oficial y la realidad objetiva sigue generando ruido en el ambiente político argentino. Con el 9 de Julio a la vuelta de la esquina, todo indica que la ausencia del presidente en Tucumán será uno de los temas centrales del debate público durante la jornada patria. Mientras tanto, el SMN mantiene su postura técnica, los gobernadores siguen en sus provincias, y el pueblo aguarda una explicación clara del primer mandatario.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Este decreto está diseñado para hacer negocios, igual que cuando desviaron el Impuesto a los Combustibles para otros fines que no fueron las rutas”, indicaron desde el sector.

La eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) generó una dura reacción por parte de sus trabajadores, quienes alertaron sobre las graves consecuencias que podría traer la medida. “Nos vamos a morir todos en las rutas”, advirtió con crudeza Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (Stvyara), en respuesta al ministro Federico Sturzenegger, quien celebró la disolución del organismo como parte del plan de reformas del Gobierno.

Sturzenegger había expresado su satisfacción tras la firma del DNU que incluye la eliminación de diversos entes estatales: “Señor Presidente. Podemos decir: tarea cumplida”. Su mensaje fue leído por el gremio como una provocación directa.

Aleñá denunció que esta medida responde a intereses privados y no a una mejora en la eficiencia del Estado. “No es una reorganización, es el desmantelamiento del aparato técnico que garantiza rutas seguras para todos los argentinos”, sostuvo. Según el sindicato, la decisión deja en la calle a más de 5.500 trabajadores, sin mantenimiento a 118 rutas nacionales y pone en riesgo más de 40.000 kilómetros de red vial.

Además, cuestionó la transferencia de bienes de Vialidad a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), denunciando que se trata de “negociados con el patrimonio público”.

La dirigente también desmintió los argumentos del decreto que califican al organismo como ineficiente. “Dicen que solo desmalezamos banquinas, cuando realizamos tareas críticas como bacheo, repavimentación, señalización, control de peso, mantenimiento invernal y más”, explicó. Afirmó que el vaciamiento presupuestario deliberado en los últimos meses fue parte de un plan para justificar su eliminación.

También rechazó la idea de que el sector privado sea sinónimo de eficiencia. “Las contrataciones privadas no garantizan ni eficiencia ni transparencia. El control estatal es irremplazable”, advirtió.

Por último, alertó que trasladar las funciones técnicas de Vialidad al Ministerio de Economía “debilita la planificación federal de la obra pública” y aleja las decisiones de los territorios.

En paralelo, el Gobierno avanza con la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, lo que se ha presentado como “el mayor proceso de apertura vial desde los años 90”, ahora bajo la supervisión de la nueva Agencia de Control de Concesiones del Transporte, en reemplazo de la CNRT.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, dio una nueva y curiosa explicación sobre por qué no fueron inspeccionadas las 10 valijas que llegaron al país en un vuelo privado: “Lo hizo Estados Unidos”.

El escándalo por el ingreso de 10 valijas sin declarar en un vuelo privado sumó un nuevo capítulo insólito. El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, sorprendió al ofrecer una curiosa explicación sobre por qué no fueron inspeccionadas: “Lo hizo Estados Unidos”.

El vuelo, propiedad del empresario y ex agente de la SIDE Leonardo Scatturice —con estrechos vínculos con altos funcionarios argentinos y norteamericanos—, trasladaba también a Laura Belén Arrieta, referente conservadora del CPAC. Las valijas ingresaron al país sin pasar por ningún control aduanero, como revelaron imágenes difundidas días atrás.

Durante una entrevista con A24, el funcionario libertario intentó justificar el procedimiento asegurando que la Aduana argentina no escanea el 100% del equipaje que llega al país. “Es una facultad selectiva del personal”, dijo, aunque evitó explicar por qué, en este caso específico, se omitió cualquier tipo de revisión.

Lo más llamativo fue su intento de transferir la responsabilidad del control a un país extranjero: “Cuando un avión viene de Estados Unidos, el equipaje cumplió con todos los procedimientos de seguridad en origen”, dijo, marcando una diferencia con vuelos procedentes de países como Venezuela o Nigeria, que, según él, son de “alta vigilancia”.

Esta explicación oficial contrasta fuertemente con las versiones previas. En marzo, tras la denuncia inicial del periodista Carlos Pagni, el vocero presidencial Manuel Adorni había descartado irregularidades y tildado el caso de “fake news”. También negó cualquier vínculo entre el Gobierno y Arrieta, pese a las fotos que la muestran junto a Javier Milei. En aquel momento, la Aduana emitió un comunicado negando fallas, aunque anunció la apertura de un sumario.

Ahora, con las imágenes difundidas por TN mostrando cómo las valijas fueron descargadas sin control y nuevas pruebas aportadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el relato oficial volvió a cambiar. El dictamen judicial de la PIA es contundente: documenta con capturas de pantalla que el avión traía 10 valijas, pero solo cinco fueron declaradas, y subraya que la pasajera y los tripulantes no pasaron por los escáneres, a pesar de que el área estaba despejada.

A pesar de que otros pasajeros en el mismo aeropuerto fueron controlados, Arrieta y sus acompañantes fueron conducidos por una vía alterna, sin revisión. Para la fiscalía, esta diferencia de trato fue una “decisión expresa” del personal aduanero, sin causa justificada.

El Gobierno intenta ahora minimizar el impacto mediático: destacó que el vuelo provenía de un país con “los controles más estrictos del mundo” y que el caso está en manos de la Justicia, que todavía no ha imputado a nadie. Sin embargo, las pruebas acumuladas contradicen el discurso oficial y aumentan la sospecha de connivencia estatal.

Mientras tanto, el país asiste a una nueva versión gubernamental que, lejos de despejar dudas, abre interrogantes más profundos: ¿desde cuándo los controles aduaneros argentinos dependen de inspecciones extranjeras? ¿Qué criterios aplican las autoridades para seleccionar qué valijas revisar y cuáles no? ¿Y por qué tantas versiones distintas para un mismo hecho?.

Especialistas advierten que el faltante de gas durante la ola polar no fue un episodio aislado, sino el resultado de la falta de inversión y la imprevisión del Gobierno. Pese al superávit energético, millones de usuarios quedaron expuestos por la falta de infraestructura.

Pasado el pico de la ola de frío que dejó sin suministro de gas a hogares, industrias y estaciones de servicio en al menos siete provincias, crece la preocupación por la posibilidad de que la situación se repita. Para los expertos del sector energético, la causa no fue solo el clima extremo, sino una gestión errática y descoordinada por parte del Gobierno nacional.

El viernes pasado, la Secretaría de Energía anunció el fin de las restricciones y aseguró que las presiones en los gasoductos se habían normalizado. Sin embargo, el comunicado dejó más dudas que certezas, sobre todo en torno al restablecimiento de los contratos interrumpibles y la capacidad real del sistema para afrontar nuevos picos de consumo.

“Seguro que puede volver a pasar si ya pasó una vez”, sostuvo Martín Borenstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPyS). Según el especialista, el colapso expuso “una mala gestión ante eventuales imprevistos” y una clara “falta de previsión” tanto del ENARGAS como de las autoridades políticas.

El economista Santiago Urbiztondo, de FIEL, consideró que el problema fue “operativo”, aunque reconoció que sin inversiones adicionales y una señal clara de precios para moderar la demanda, el riesgo persiste. Aun cuando Argentina produce gas suficiente, explicó, no cuenta con un sistema de transporte adecuado para cubrir los picos de consumo.

La crisis energética golpea en un contexto de aparente abundancia: en 2024 el país registró un superávit energético superior a los 5.600 millones de dólares, y este año se consolidaron exportaciones desde Vaca Muerta hacia Brasil y otros destinos. Pero ese saldo favorable no se traduce en previsión ni mejoras para los usuarios.

El Gobierno, que proclama eficiencia y orden fiscal, mostró en este episodio las consecuencias concretas del ajuste y la desinversión en sectores estratégicos. Mientras se celebra el equilibrio de las cuentas públicas, miles de argentinos enfrentan el invierno sin garantías mínimas de suministro. Y el próximo frente frío podría volver a poner al sistema —y a la política energética del oficialismo— contra las cuerdas.

Lejos quedaron los días en los que el ministro de Luis Caputo aseguraba que el dólar iba a estar cerca de la banda de 1000 pesos. Desde hace días no deja de moverse a la alza y se acerca a los 1300 pesos. ¿Fin de la fiesta financiera?

El gobierno apeló al endeudamiento externo y a la bicicleta financiera para mantener el dólar súper barato. Esa política está entrando en un cuello de botella porque endeudarse es caro porque el riesgo país no baja, el FMI ya no es una opción y la bicicleta financiera empieza a no ser un negocio viable porque Economía no puede mantener el dólar estable. Todo mal.

Solo esta semana, el dólar subió casi 3%, la tasa del mes. Es decir, el que quiso hacer bicicleta financiera en julio ya perdió. Todo indica, además, que el dólar seguirá subiendo cada día hasta ubicarse más cerca de los 1400 pesos, como le exigió el FMI al gobierno. Y mientras tanto: ¿Qué pasará con la inflación?

En el marco de una protesta por despidos masivos en la histórica alimenticia, la Gendarmería Nacional desalojó con violencia a los trabajadores que defienden sus puestos laborales. Denuncian al menos ocho heridos y repudian la creciente criminalización de la protesta laboral.

La Gendarmería Nacional reprimió este lunes a trabajadores de la empresa alimenticia Georgalos que realizaban una protesta en la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, en rechazo a una nueva tanda de despidos. El operativo dejó al menos ocho heridos y varios manifestantes fueron detenidos de manera preventiva, según denunciaron voceros sindicales y organizaciones de derechos humanos.

El corte, que se había iniciado de forma pacífica durante la mañana, fue respondido por las fuerzas federales con balas de goma, gases lacrimógenos y una fuerte presencia de efectivos, en un accionar que los manifestantes calificaron como desmedido. “Estábamos defendiendo nuestros puestos de trabajo y nos respondieron con palos”, denunció uno de los trabajadores afectados.

La represión ocurre en un contexto de creciente ajuste económico, caída del consumo y cierre de plantas industriales. Georgalos —una de las empresas más emblemáticas del sector alimenticio— había anunciado semanas atrás la cesantía de decenas de empleados, bajo el argumento de una supuesta “reestructuración”.

Distintos espacios sindicales y sociales responsabilizaron al gobierno nacional por el uso de fuerzas federales para sofocar la protesta.

El vocero presidencial Manuel Adorni es conocido por sus papelones mediáticos. La semana pasada trató de mentiroso a todos los periodistas que hablaron de un escándalo en Aduanas cuando un empresario muy cercano a Javier Milei entró 10 valijas sin ningún tipo de control.

Ahora se confirmó con cámaras de Aeroparque que una empleada de Leonardo Scatturice, empresario ultralibertario, entró a la Argentina con 10 valijas que no fueron controladas por la Aduana. Ya no hay dudas porque los videos son muy claros. ¿Qué traían la valija? ¿Plata negra para el gobierno? Todas las preguntas son válidas ante el silencio atroz del gobierno.

Hasta ayer, la versión oficial había sido que “la persona entra con una sola valija, es imposible entrar 10, son todas mentiras”, según declaró con su soberbia habitual Adorni. Mintió. Ahora las imágenes no dejan dudas.

Según recientes revelaciones de la revista británica The Economist, el gobierno de Javier Milei mantiene conversaciones militares reservadas con el Reino Unido que podrían implicar un abrupto cambio de enfoque histórico respecto al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas debilitando la posición argentina.

De acuerdo al semanario británico, el Ejecutivo argentino estaría explorando un entendimiento con Londres que destrabaría el embargo británico a la venta de armamento y abriría la puerta a una alianza más estrecha con la OTAN, a cambio de moderar —o incluso desactivar— su posición sobre las islas.

El artículo describe un “diálogo militar secreto” entre ambos países, con el objetivo de forjar un nuevo acuerdo estratégico en el Atlántico Sur, visto como clave tanto para los intereses de Estados Unidos como para contrarrestar la influencia creciente de China y Rusia en la región.

Entre los principales incentivos que motivan a Buenos Aires está el acceso a armas de segunda mano de Estados Unidos y sus aliados, hoy sujetas al veto británico impuesto tras la guerra de 1982. Este embargo limita la capacidad de Argentina para adquirir equipamiento militar moderno, dado que muchos sistemas occidentales contienen componentes de origen británico.

La presión de Washington sobre Londres también es un factor central. Estados Unidos busca que Argentina se mantenga alineada con los estándares militares de la OTAN y teme que, sin acceso a equipamiento occidental, el país pueda volcarse hacia proveedores como China ,Rusia o peor aun desarrolle sus propios sistemas de armas y colabore con países de los BRICS. En este sentido, la reciente compra de aviones de segunda mano F-16 a Dinamarca —sin componentes británicos— es una muestra de cómo el gobierno de Milei ha logrado sortear parcialmente esas restricciones. En este sentido no son pocos los que confiesan que el hecho de que el “rearme argentino” como algunos voceros oficialistas lo han dado a llamar, este auspiciado por los Estados Unidos, es la mayor garantía de seguridad que tiene el Reino Unido de Gran Bretaña. Confirmado este punto de vista, recientemente un medio británico especializado “UK Defense Jornal” en temas de defensa destaco en un articulo lo siguiente:

“Además de los problemas financieros, Argentina enfrenta importantes limitaciones diplomáticas. Dado que los F-16 son de fabricación estadounidense, cualquier uso significativo de los aviones requeriría la aprobación de Estados Unidos, especialmente para el mantenimiento y las piezas. Esta dependencia hace muy poco probable que Argentina pueda desplegarlos contra las fuerzas británicas sin enfrentar mayores obstáculos”.

El informe de The Economist también detalla cómo el Ministerio de Defensa argentino, liderado por Luis Petri, impulsa la integración del país como “socio global” de la OTAN, una categoría superior al actual estatus de “aliado extra OTAN” obtenida por Argentina en los 90s al calor de las relaciones carnales del menemismo. Al mismo tiempo, Argentina se ha incorporado a iniciativas como la Fuerza Marítima Combinada en Medio Oriente y ha intensificado su participación en ejercicios militares internacionales, incluso con fuerzas británicas.

Sin embargo, el acercamiento no está exento de tensiones internas. Mientras Defensa impulsa el diálogo con Londres, la Cancillería argentina mantiene reservas, consciente de la carga simbólica y política que tiene el reclamo por la soberanía de las islas.

El gobierno británico, por su parte, sigue firme en mantener el embargo militar, aunque reconoce “una apertura para un nuevo acuerdo estratégico en el Atlántico Sur”, potenciado por la postura atípica de Milei respecto a Malvinas y su genuflexa subordinación a Washington.

En este contexto, un informe del Center for Maritime Strategy en EE.UU. advirtió que la región podría convertirse en un nuevo foco de tensiones geopolíticas. El documento incluso plantea la posibilidad de establecer una base permanente de buques de guerra estadounidenses en las Islas Malvinas, en caso de conflicto global o de una nueva escalada en el Atlántico Sur.

La hipótesis de una renuncia implícita o progresiva al reclamo de soberanía por parte del gobierno argentino ha generado preocupación, especialmente considerando que China y Rusia —rivales estratégicos de Washington— continúan respaldando abiertamente la posición histórica de Argentina sobre las islas.

Con un Milei funcional a los intereses geoestratégicos de EE.UU. y el Reino Unido, la soberanía sobre Malvinas parece estar siendo relegada en favor de beneficios materiales e inserción internacional, un giro que podría marcar un antes y un después en la política exterior argentina.

Mientras los argentinos luchan contra la inflación, un pastor amigo de Milei asegura que 100.000 pesos se le convirtieron en dólares… por milagro divino.

El entorno de Javier Milei sigue generando polémica, pero esta vez por declaraciones más cercanas a la fe que a la economía. Un pastor evangélico muy cercano al presidente argentino aseguró haber vivido un “milagro económico” cuando recibió 100.000 pesos en efectivo de un fiel, los guardó en su casa y, según contó él mismo, estos se transformaron en dólares. La historia, publicada por Crónica , da cuenta de un relato cargado de misticismo que pone en evidencia el tipo de vínculos que rodean al mandatario libertario.

Lo llamativo del caso no es solo la naturaleza sobrenatural del testimonio religioso, sino que haya sido difundido públicamente sin que ninguna autoridad del gobierno lo desmienta. Al contrario: el pastor asegura tener una relación directa con Milei y haber compartido múltiples encuentros espirituales con él, incluso antes de que fuera presidente. Esto abre preguntas sobre el peso real que tienen ciertos líderes religiosos en las decisiones políticas del Ejecutivo.

Mientras Argentina atraviesa una crisis económica profunda, con inflación récord y una moneda que pierde valor cada día, este tipo de relatos parecen flotar en otra realidad. ¿Cómo explicarle a un jubilado que debe hacer malabarates para llegar a fin de mes, que hay quien asegura haber visto billetes locales convertirse en divisas por obra divina? Es difícil no ver en estas declaraciones una desconexión absoluta con la vida real de millones de argentinos.

Milei ha construido su imagen pública sobre un discurso supuestamente racional, basado en el liberalismo económico y la crítica al intervencionismo estatal. Sin embargo, su entorno inmediato parece moverse entre la fe, los milagros y las redes eclesiásticas. Esta contradicción entre el mensaje económico y las prácticas políticas y personales del presidente empieza a ser imposible de ignorar.

¿Hasta cuándo seguirán pasando cosas… “milagrosas” mientras el país sigue hundiéndose?

La Cámara Federal de Casación Penal retiró el recurso contra la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, un giro que deja sin efecto el intento de trasladarla a una unidad carcelaria.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el intento de revertir la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner , luego de que el fiscal general Mario Villar decidiera retirar el recurso presentado por la Fiscalía en contra de esta modalidad de cumplimiento de pena.

La decisión fue comunicada minutos antes del inicio de la audiencia oral en la que se analizarían cuestiones vinculadas a las condiciones de la prisión domiciliaria, como el uso de tobillera electrónica, el régimen de visitas y la validez del domicilio elegido en el barrio porteño de Constitución .

El fiscal Villar se desligó del planteo de Luciani y Mola

El criterio de Villar se opone al de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola , quienes habían apelado la prisión domiciliaria y solicitaban que Cristina Kirchner cumpla su condena en una unidad carcelaria , o alternativamente, que sea trasladada a otro domicilio distinto al de San José 1111.

Tras el retiro del recurso por parte de Villar, la Cámara no tiene margen para revisar la modalidad de detención , por lo que queda firme la continuidad de CFK en prisión domiciliaria.

No obstante, Villar mantiene el pedido para que se evalúe el cambio de domicilio , argumentando que el actual “no aporta mayores garantías” debido a las constantes concentraciones de militantes en el barrio, lo cual “incrementa el riesgo” para la seguridad del lugar.

“La sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución”, señaló Villar en su escrito.

Por su parte, Luciani y Mola insistieron en sus críticas , señalando que desde el Ministerio de Seguridad se identificaron unidades penitenciarias viables donde podría cumplir la pena, y rechazaron que haya “trato inhumano” en ese tipo de alojamiento.

También destacaron que Cristina Kirchner no difiere en condiciones de salud ni de edad de otros condenados en el mismo proceso, quienes ya están cumpliendo sus penas en unidades carcelarias.

Los fiscales adjuntaron imágenes de las aglomeraciones frente al edificio donde reside CFK, incluyendo personas en balcones y terrazas de viviendas cercanas, y citaron un informe de la Procuración General de la Ciudad que advierte sobre disturbios, ruidos molestos y afectación de servicios esenciales en el barrio.

“El barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia”, remarcaron Luciani y Mola.

A pesar del retiro del recurso por parte de Villar, la disputa por el lugar donde debe cumplirse la prisión domiciliaria sigue abierta , y será definida en la audiencia correspondiente.