El gobernador bonaerense defendió a la exmandataria durante un acto en La Matanza y advirtió que detrás de los procesos judiciales contra figuras políticas hay una campaña para debilitar al peronismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , respaldó públicamente a Cristina Fernández de Kirchner durante un acto en La Matanza y lanzó duras críticas contra los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei , a quienes acusó de despreciar la democracia con “la misma intensidad” . Su mensaje llegó en un momento clave, con CFK próxima a reaparecer en un acto político y con rumores sobre una posible definición judicial en su contra.

Kicillof aseguró que “lo que está pasando no es casualidad”, y señaló que los procesos judiciales contra dirigentes populares responden a una estrategia política más amplia . “No se trata solo de Cristina, ni siquiera de una persona. Es un ataque sistemático a todo un proyecto político que representa al pueblo argentino”, afirmó ante un auditorio lleno de intendentes, legisladores y militantes kirchneristas.

Durante su discurso, el mandatario provincial también criticó la hiperpresidencialización de la política , que, según dijo, busca centrar toda la atención en un solo líder para después debilitar o eliminar al resto . “Quieren que todo se juegue en una sola figura, y cuando logran sacarla del juego, creen que ganaron. Pero no entienden que el peronismo es pueblo, y el pueblo no se rinde”, aseguró entre aplausos.

Finalmente, Kicillof rechazó las políticas económicas de los últimos gobiernos y denunció el ataque constante a los derechos laborales, sociales y al Estado presente . “La democracia no es solo votar cada dos años. Es garantizar derechos, es defender la memoria, la verdad y la justicia. Y eso es lo que quieren borrar”, concluyó, marcando una línea clara frente al oficialismo y sus discursos antiperonistas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) consumó este martes un capítulo sombrío y bochornoso de la historia Argentina, al dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, sellando no solo un fallo judicial, sino una decisión de carácter eminentemente política: la proscripción de una de las principales figuras políticas del país en pleno contexto electoral.

Con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cuyos nombres quedarán en la infamia de la historia política y judicial del país, el máximo tribunal rechazó de forma unánime los recursos de queja presentados por la defensa de la expresidenta en la causa conocida como “Vialidad”, ratificando así una sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión, que llega tras años de denuncias por persecución judicial, excluye a Cristina Kirchner de la competencia electoral en un año clave.

La exmandataria no irá a prisión por razones de edad, pero el verdadero efecto del fallo está en su imposibilidad de competir electoralmente. La Corte no solo cerró las puertas de la justicia nacional a la expresidenta, sino también las de la voluntad popular: el fallo cristaliza una proscripción que impide a millones de argentinos y argentinas votar por quien gobernó el país durante dos mandatos.

La sentencia, originada en acusaciones sobre la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, se basa en interpretaciones discutidas y largamente denunciadas como parte de un esquema de utilización del Poder Judicial para fines políticos. Cristina y su defensa sostienen desde el inicio que se trata de un caso emblemático de lawfare, el uso del aparato judicial para eliminar adversarios del mapa político.

Cristina denuncia el “cepo al voto popular”

Desde la sede del Partido Justicialista, Cristina Kirchner calificó el fallo como un “cepo al voto popular”. En su mensaje, denunció la sinergia entre el poder económico, el Gobierno nacional y el aparato judicial: “A la persecución económica que viven los argentinos, ahora se le suma la persecución política, con nombre y apellido”.

La líder peronista relacionó la sentencia con el actual contexto de crisis institucional, económica y social, bajo la gestión del presidente Javier Milei, y advirtió sobre la gravedad democrática de inhabilitar judicialmente a una dirigente con amplio respaldo popular.

Camino a tribunales internacionales: la esperanza en la CIDH

Agotadas las vías en la justicia argentina, la defensa de Cristina Kirchner acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde buscará exponer las múltiples violaciones a las garantías del debido proceso. Según sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, el fallo violó principios básicos de imparcialidad y defensa en juicio.

El proceso ante el sistema interamericano, aunque prolongado, podría ofrecer una reparación internacional si se determina que el Estado argentino incurrió en una vulneración de los derechos políticos de la expresidenta.

Consecuencias inmediatas: una proscripción activa

Cristina Kirchner no podrá ser candidata en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. Aunque puede pedir prisión domiciliaria, su inhabilitación política continúa siendo un obstáculo insalvable mientras no se revierta por una instancia superior. El fallo deja además un precedente peligroso para la democracia: la judicialización como método para excluir opositores.

En medio de una crisis social sin precedentes, el fallo de la Corte Suprema no solo agrava la polarización política, sino que consolida la percepción de que el Poder Judicial argentino actúa más como un actor político que como un garante imparcial de la Constitución.

La diputada libertaria Juliana Santillán volvió a protagonizar un episodio bochornoso que, más allá de lo patético, expone su bajo nivel de formación y escaso conocimiento de la historia y cultura argentina. Esta vez, en su intento por criticar a Cristina Kirchner, terminó asegurando que a Mariano Moreno lo “fusilaron”.

La diputada libertaria Juliana Santillán “experta en economía austriaca”, volvió a protagonizar un bochornoso error público que, más allá del blooper, expone su bajo nivel de formación y escaso conocimiento de la historia argentina. Esta vez, en su intento por criticar a Cristina Kirchner, terminó asegurando que a Mariano Moreno lo “fusilaron”.

El episodio ocurrió este lunes, luego de que la expresidenta participara de un acto por el Día de la Resistencia Peronista. Allí, Cristina se definió como una “fusilada que vive”, retomando la frase que inmortalizó Rodolfo Walsh en Operación Masacre, en alusión a los fusilamientos de militantes peronistas por parte de la dictadura de 1956. Pero Santillán, en lugar de comprender la referencia histórica, publicó en su cuenta de X:

“Va a ir presa y se compara con el Fusilamiento a Moreno. Desquiciada.”

La insólita frase desató una ola de críticas y burlas, no solo por su contenido ofensivo, sino por el grosero error que encierra: Mariano Moreno, uno de los próceres fundadores de la patria, no fue fusilado. Falleció en altamar en 1811, en circunstancias aún debatidas por los historiadores, pero muy lejos del tipo de ejecución al que aludía la diputada.

Este nuevo traspié se suma a una lista que ya incluye errores ortográficos como “cluacas”, “tubimos” y “atraza”, y desaciertos conceptuales como confundir el costo de la canasta básica individual con el de una familia entera. Pese a todo, Santillán mantiene una presencia activa en redes y en medios, donde actúa como una de las voces más combativas de La Libertad Avanza, aunque su discurso suele ir de la mano de la desinformación.

Lejos de corregir su publicación —algo que podría hacer fácilmente, dado que paga por su cuenta verificada en X—, la diputada dejó el tuit tal como estaba, apostando una vez más a la lógica de “que hablen, aunque sea mal”. En definitiva, su estrategia parece no ser la de informar ni argumentar, sino la de generar escándalo para amplificar su mensaje, aún a costa de revelar una preocupante ignorancia.

Así, Santillán encarna un fenómeno político cada vez más frecuente: el del dirigente que no solo se equivoca, sino que convierte su desconocimiento en bandera, logrando desplazar la discusión de los temas de fondo —como el ajuste, el endeudamiento o la represión— hacia el terreno de lo absurdo.

Este fin de semana, la multinacional Kimberly-Clark despidió sorpresivamente a 220 trabajadores tras anunciar el cierre definitivo de su planta en Pilar, mientras que la histórica empresa alimenticia Georgalos enfrenta un conflicto gremial por despidos y recortes, lo que agita aún más el escenario laboral.

El caso de Kimberly-Clark generó una fuerte conmoción. La empresa de capitales estadounidenses —propietaria de marcas como Huggies, Kleenex y Scott— comunicó el cierre inmediato de su planta en el Parque Industrial de Pilar, donde se producían toallitas húmedas y protectores diarios. Los 220 despidos llegaron sin previo aviso, luego de que la empresa informara falsamente a los operarios que se trataba de una simple parada técnica por mantenimiento.

Según denunciaron desde el Sindicato de Papeleros, el sábado comenzaron a llegar los telegramas, mientras que el domingo a la madrugada los trabajadores se enteraron oficialmente del cierre, durante una asamblea organizada para discutir medidas de acción. El sindicato no descarta movilizaciones esta semana y advirtió que “las multinacionales, cuando toman decisiones, son difíciles de revertir”. La empresa justificó la medida como parte de una reestructuración que centralizará toda su producción nacional en la planta de San Luis, donde proyecta invertir 15 millones de dólares en los próximos 18 meses.

Georgalos: despidos y ajuste en el corazón de la industria alimenticia

A la par, la compañía Georgalos —dueña de marcas como Mantecol y Toddy— despidió a cinco trabajadores en su planta de San Fernando y suspendió el bono por productividad, lo que provocó la intervención del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y una paralización de actividades.

Desde el gremio denuncian que los despidos fueron represalias por reclamos laborales y que existe una marcada desigualdad en el pago de bonos entre distintas plantas. El STIA ya presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y advirtió que, de no haber avances, el conflicto podría escalar en las próximas semanas.

La tensión en Georgalos se produce en medio de una búsqueda de inversores por parte de la compañía, que espera recaudar hasta 100 millones de dólares para financiar su expansión en América Latina. Sin embargo, el conflicto gremial en su planta local pone en duda la viabilidad de estos planes en el corto plazo.

Un síntoma de una crisis más amplia

Estos casos no son aislados. En lo que va del año, empresas como Molinos Río de la Plata, SanCor, Tía Maruca y Verónica también han protagonizado conflictos laborales, marcando una preocupante tendencia de ajuste en el sector industrial.

La creciente ola de despidos, suspensiones y recortes en beneficios laborales en grandes compañías refleja un contexto económico adverso, donde la caída del consumo interno, el encarecimiento del crédito y la incertidumbre macroeconómica están comenzando a impactar directamente en el empleo. Sindicatos de diversos rubros advierten que el panorama podría agravarse si no se implementan políticas urgentes de protección al trabajo y reactivación productiva.

Mientras el Gobierno lanza medidas para seducir los billetes en negro, los ahorristas los esconden cada vez más.

Mientras el Gobierno lanza medidas cada vez más urgentes para tentar a los dólares fuera del sistema —los famosos “canutos”—, los ahorristas parecen responder con una señal clara: desconfianza total. Lejos de ingresar sus billetes al circuito formal, muchos optan por retirarlos y reforzar el colchón como refugio.

Desde que se puso en marcha el programa de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el pasado 22 de mayo, los depósitos en dólares retrocedieron en US$ 429 millones, según Profit Consultores. En vez de atraer los fondos escondidos, el efecto fue el contrario: más fuga.

Esto ocurre incluso después de que, en abril, un millón de personas compraron US$ 2.000 millones vía homebanking tras la salida del cepo. Pero una porción significativa de esos dólares no ingresó al sistema financiero: volvió directamente al resguardo personal.

Según Econviews, durante el período 2016-2019, la demanda de dólares para atesoramiento rondaba los US$ 1.806 millones mensuales, con la diferencia de que entonces también las empresas podían acceder al mercado. Hoy, ese flujo busca salidas alternativas: se aceleró el gasto en turismo y continúa la fuga por Inversión Extranjera Directa, según advierte la consultora 1816.

Economistas como Lucas Llach y Camilo Tiscornia anticipan que el impacto de los nuevos incentivos será limitado: no se espera un regreso masivo de billetes al sistema. Para ellos, el problema es estructural.

Carlos Melconian lo resumió con crudeza: “El canuto no se mancha. ¿Por qué? Porque el canuto es el canuto. ¿Para qué tiene canuto la gente en Argentina? Por las dudas”.

En síntesis: mientras el Gobierno ofrece herramientas para formalizar los dólares escondidos, los ahorristas duplican la apuesta y profundizan su desconfianza. El colchón, lejos de ceder, sigue ganando.

Los trabajadores del Hospital Garrahan lanzan una medida de fuerza ante la indiferencia oficial y la falta de propuestas salariales concretas.

El Hospital Garrahan atraviesa un conflicto en escalada: sus trabajadores anunciaron un paro total de 48 horas desde este martes, exigiendo una urgente recomposición salarial frente a sueldos que califican como “de miseria” y un proceso de vaciamiento institucional.

La medida se confirmó luego de una audiencia sin representantes de peso del gobierno nacional, donde solo asistieron directores administrativos del hospital que dijeron “enterarse” del conflicto para elevarlo al Concejo de Administración. La falta de oferta y compromiso oficial provocó un rechazo absoluto de los gremios ATE y APYT.

Además, el miércoles a las 16, los trabajadores marcharán desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo para exigir respuestas, en un contexto de creciente desconfianza hacia el Ejecutivo.

Norma Lezana, secretaria general de APYT, fue tajante: “La propuesta fue cero. No hay voluntad política para resolver el conflicto”. Rodolfo Aguiar, de ATE, señaló: “Solo vinieron a escucharnos para hacer caja, no para dar soluciones. El Gobierno abandona a los trabajadores del Garrahan y a la salud pública”.

El paro y la movilización reflejan la crisis que atraviesa uno de los centros pediátricos más importantes del país, que enfrenta no solo la precarización salarial sino también un sostenido deterioro de recursos y condiciones laborales, sin respuestas oficiales a la vista.

Expresidentes, juristas y referentes de América Latina y Europa denunciaron graves irregularidades en la causa Vialidad y exigieron garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos de la exmandataria.

A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) lanzaron una campaña global en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y denunciaron una persecución judicial que, de avanzar, “no solo afectará a una persona inocente, sino al peronismo y al sistema democrático argentino”.

En un documento firmado por expresidentes, líderes políticos y destacados juristas, los espacios señalaron que el proceso judicial contra la exmandataria está “viciado de parcialidad y arbitrariedad” y remarcaron que la condena dictada por el tribunal oral “fue construida sin pruebas directas ni indiciarias, violando garantías constitucionales elementales”.

“La causa fue impulsada desde el gobierno de Mauricio Macri con fines políticos. Se aplicaron teorías jurídicas forzadas para responsabilizar a Cristina por decisiones administrativas de funcionarios subalternos, en una clara desviación del principio de legalidad”, sostiene el comunicado.

El pronunciamiento también alerta sobre los efectos institucionales de una eventual confirmación del fallo. “Si la Corte Suprema convalida esta condena sin revisión, se consolidaría una práctica judicial que anula el derecho a la defensa y limita la participación política de una figura central de la oposición”, advirtieron.

Además, señalaron que la intención de excluir a Fernández de Kirchner del escenario electoral busca “disciplinar a quienes promueven la justicia social” y “desmoralizar al electorado”, generando “una alteración grave del equilibrio democrático”.

La declaración concluye con un llamado a la comunidad internacional a observar el proceso y a rechazar toda forma de lawfare. “Condenar a una persona sin pruebas es atentar contra el Estado de Derecho. ¡Exigimos justicia y respeto por la democracia!”, afirmaron.

Entre los firmantes se destacan José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), Baltasar Garzón (España), Marco Enríquez-Ominami (Chile) e Irene Montero (España), entre otros.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, habló sobre persecución judicial-mediática a Cristina Kirchner. Fue uno de los ministros de Axel Kicillof que ayer estuvo presente en el Partido Justicialista en un encuentro que recordó los fusilamientos de 1956 y sirvió de excusa para denunciar el intento de proscripción a la dirigente peronista.

“Todo el peronismo tiene que acompañar a Cristina. Va a haber una reacción del peronismo, es muy serio lo que está pasando. No sé qué están buscando. Quieren disciplinar a toda la dirigencia”, describió el funcionario bonaerense.

“Quieren que el pueblo no se atreva a disputar la forma en que se toman decisiones en la Argentina. Pero no puede quedar así. Es un tiempo bisagra en Argentina. Estamos todos ocupados”, advirtió Katopodis en diálogo con AM 530.

Mientras la justicia opera contra la principal dirigente de la oposición, Cristina Kirchner, el gobierno de Javier Milei sigue con su política de deuda y más deuda externa. Ahora busca colocar un REPO para quedarse con 2 mil millones de dólares. ¿Quién pagará la fiesta?

Ya quedó lejos la frase de Milei de campaña que toda deuda era una estafa porque involucraba a las futuras generaciones, que quedaban endeudadas por una decisión de la que no habían participado. Esa frase fue una mentira más del líder libertario. En un año y medio ya tomó más de 30 mil millones de dólares.

La lógica de endeudamiento genera dudas en el mercado lo que hace que el riesgo país siga alto, porque todo el mundo duda de la sustentabilidad de un esquema que no genera dólares genuinos a partir de exportaciones. Los mercados empiezan a creer que la fiesta actual en algún momento habrá que pagarla y no quieren estar para llevarse la peor parte.

A 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la sede del PJ con un mensaje fuerte: denunció el rol de la Justicia como garante del poder económico, criticó el modelo de Milei y llamó a reorganizar al peronismo para enfrentar el ajuste.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la sede del Partido Justicialista Nacional al cumplirse 69 años de los fusilamientos de José León Suárez. Ante una militancia atenta y movilizada, volvió a cuestionar con dureza a la Corte Suprema por su rol en el armado de causas judiciales y el sostenimiento de un modelo de impunidad para los poderosos. Criticó también el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, al que definió como un “experimento anarco-capitalista” con consecuencias devastadoras para las mayorías populares. En un llamado a la reconstrucción del peronismo, convocó a recuperar el sentido colectivo del proyecto nacional y popular y advirtió sobre los desafíos que enfrentan quienes aspiran a representar una alternativa al actual modelo de exclusión.

“La casualidad no es una categoría política”: memoria, historia y proyecto

Desde la sede del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablar en público para recordar a los fusilados del 9 de junio de 1956, a 69 años de los crímenes de José León Suárez. En un encendido discurso, vinculó aquel episodio con una historia de persecución que se repite cuando el peronismo accede al poder.

“Fusilaban y asesinaban gente por ser peronista”, recordó, y planteó que la violencia contra el movimiento nacional no es nueva ni casual. “La casualidad no es una categoría política”, advirtió. En su repaso, unió el bombardeo a Plaza de Mayo, la proscripción del peronismo, los fusilamientos del ‘56 y el intento de asesinato que sufrió en 2022. “Siempre está el mismo núcleo detrás: los que no toleran un modelo de inclusión ni de distribución del ingreso”.

Cristina sostuvo que las políticas de memoria no pueden reducirse a lo simbólico. “No es solo rendir homenaje a quienes lucharon: es entender por qué lucharon. Por qué los fusilaron. Y por qué, cuando hay un gobierno nacional y popular, lo combaten con tanta saña”.

Un nuevo partido militar: la justicia como brazo político del poder

Uno de los ejes más duros del discurso estuvo dirigido al Poder Judicial, al que definió como el nuevo partido del poder económico. “Ya no hace falta instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar. Ahora han cambiado de partido y es el partido judicial. Es un PJ también, pero judicial”, ironizó.

Cuestionó duramente a la Corte Suprema por mantener vigente el DNU 70/23 de Javier Milei. “Ese decreto es una verdadera reforma constitucional encubierta”, denunció. Y comparó: “¿Ustedes se imaginan un decreto 70, pero emitido por el campo nacional, popular y democrático, que hubiera tocado intereses de la economía concentrada? No le daban más de 15 o 20 días”.

Para Cristina, el Poder Judicial no actúa como contralor de Milei, sino como garantía de su blindaje: “La Corte es la guardia pretoriana del poder económico”. También cuestionó el avance del Grupo Clarín sobre el mercado de las telecomunicaciones y el rol pasivo del Estado: “A los argentinos les va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Me gustaría verlo con el mismo tono con el que se dirige a los pibes del Garrahan o a los discapacitados, ahora que la Justicia le aprobó a Clarín la adquisición de Telefónica”.

Diagnóstico y futuro: autocrítica, organización y lucha

La expresidenta también habló del presente del peronismo, y planteó la necesidad de retomar el sentido colectivo de la política. “Este es un problema que no es nuevo en el peronismo. Tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y alguien se asume como un proyecto personal”, reflexionó. “No estamos descubriendo la pólvora ni el agujero al mate. Estamos simplemente describiendo los problemas que atravesó y atraviesa la organización popular”.

Cristina no dudó en calificar al actual gobierno como “un cachivache”, pero advirtió que detrás del caos hay un objetivo claro: destruir toda posibilidad de organización popular. “La historia demuestra que más allá de las persecuciones y proscripciones, finalmente el pueblo se termina organizando, casi en defensa propia”, afirmó.

Y cerró con una consigna que funciona también como advertencia: “Siempre el pueblo regresa. Tal vez con otros nombres, tal vez de distintas formas, pero siempre hay un modo de organización popular”.