La empresa inició un proceso de reestructuración en el marco de un menor procesamiento de leche diaria y retracción del mercado.

SanCor Cooperativas Unidas Limitada, una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea en Argentina, atraviesa su momento más crítico. Este jueves, se materializó el temor de sus trabajadores: una ola de despidos que la compañía justifica alegando “razones de fuerza mayor”.

La medida, que comenzó el miércoles, se enmarca en un proceso de reestructuración provocado por la drástica disminución en el procesamiento diario de leche. Actualmente, la empresa procesa apenas 180.000 litros diarios en varias plantas, muy lejos de su capacidad plena, y mantiene una plantilla de aproximadamente 1.300 trabajadores.

Una fuente del sector explicó que “hay poca materia prima para procesar y un volumen de negocio reducido, lo que hace insostenible mantener plantas inactivas con toda la estructura productiva y de personal”.

La crisis de SanCor, que se ha extendido por años, se agudizó a partir de octubre de 2023 tras un conflicto de diez meses con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), que paralizó las plantas. Aunque en julio de 2024 se firmó un acuerdo, ni la economía de la cooperativa ni su ritmo productivo lograron recuperarse sumado a un contexto recesivo en el plano nacional que agravó decisivamente la situación.

Los despidos afectan especialmente a empleados que estaban bajo el esquema de “Jornada Libre”, percibiendo solo el 70% del salario, o aquellos que cobraban desde hace cuatro años un monto fijo de diez mil pesos. Además, la empresa habría priorizado despedir a trabajadores de menor antigüedad o especialización.

En las cartas enviadas, SanCor argumenta que las razones de fuerza mayor son “ajenas a la voluntad de la compañía”, citando el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla indemnizaciones reducidas en casos de despido por falta de trabajo o fuerza mayor. Sin embargo, la normativa también exige que la empresa demuestre dichas circunstancias.

A este panorama crítico se suma la creciente salida de tambos proveedores, que han dejado de entregar materia prima y abandonado la condición societaria de la cooperativa, agravando aún más el colapso productivo.

Con la incertidumbre instalada, el futuro de SanCor parece pendular entre una reestructuración cada vez más drástica o el desenlace final de su historia en la industria láctea.

El dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, solo es feliz si recibe millonarios subsidios estatales. Si eso pasa, adora al liberarismo y la libertad. Los planeros siempre son los otros…

Galperin ama que le “bajen impuestos” siempre y cuando lo favorezcan. Ahora se enojó porque el gobierno de Javier Milei bajó las retenciones al cuero al que afecta la curtiembre Sadesa, de su propiedad. Sadesa prefiere que los productores vendan en el mercado interno y para eso pide aranceles a las exportaciones. ¿En ese caso está bien desacoplar el precio internacional para beneficiar a una industria local?

Galperin puede cambiar su discurso según los millones que le entren a su cuenta bancaria. Puede ser anti impuesto o pro impuesto, anti subsidios/planes o pro subsidios estatales.

El gobierno de Javier Milei demora la publicación del decreto que oficializa la baja de retenciones que anunció Luis Caputo el viernes pasado. Se habla de “errores técnicos” que tornan imposible su aplicación. ¿Será eso o que el gobierno sabe que no puede perderse los ingresos proveniente de la soja?

El fin de semana, las cerealeras había exigido al ministro de Economía una reunión de urgencia para conocer el detalle de la implementación y, según fuentes del sector, encontraron defectos muy serios que complican la entrada en vigencia de la medida.

Se sabe: Caputo sacó de prepo una baja de retenciones que no tenía en sus planes, obligado por Milei en medio de un conflicto con el campo que empezaba a volverse importante. El atraso cambiario fenomenal, la principal estrategia de Milei para hacer una buena elección de medio término, está golpeando sobre la competitividad de todos los sectores, incluso uno muy rentable como es el campo.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó la irregularidad y en las últimas horas intimó a los responsables del hipermercado a regularizar la situación.

El Megamercado y Centro Comercial Coto, inaugurado a principios de diciembre de 2024 en Mar del Plata con la presencia del presidente Javier Milei, ha quedado en el centro de la polémica por un fraude impositivo significativo. A pesar de tratarse de una construcción de 20,800 metros cuadrados que demandó una inversión de 50 millones de dólares, el establecimiento seguía declarado como “terreno baldío” y pagaba impuestos como tal.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó la irregularidad y en las últimas horas intimó a los responsables del hipermercado a regularizar la situación. Según fuentes del ente recaudador, la multa inicial asciende a $4,3 millones, aunque podría incrementarse hasta $50 millones si no se subsana la infracción de manera inmediata.

El director de ARBA, Cristian Girard, calificó la situación como “inadmisible”

“Es inaceptable que el supermercado más grande del país, inaugurado con el respaldo del presidente Milei, eluda sus responsabilidades tributarias al declarar como baldío un predio donde opera un establecimiento con patio gastronómico, sala de juegos y estacionamiento para 1,200 vehículos”, expresó Girard.

Además, enfatizó que este tipo de prácticas socavan el principio de equidad fiscal:
“Los grandes contribuyentes deben comprender que cumplir con las obligaciones tributarias es esencial para construir una sociedad más justa. Mientras las familias bonaerenses hacen esfuerzos para pagar sus impuestos, no podemos permitir que grandes empresas utilicen estrategias para evadir sus responsabilidades”.

El megamercado, ubicado en la avenida Jorge Newbery camino a Chapadmalal, forma parte de un ambicioso proyecto que también contempla la construcción de un shopping en el terreno contiguo y una nueva sucursal en la zona portuaria de Mar del Plata. Sin embargo, este caso de fraude impositivo arroja una nueva sombra sobre la cadena Coto, resaltando una falta de transparencia en su relación con el fisco.

La situación no solo pone en entredicho la credibilidad de una de las principales cadenas de hipermercados del país, sino también la responsabilidad institucional al permitir que un establecimiento de tal envergadura inicie operaciones sin cumplir con sus obligaciones fiscales.

Marco Palazzo, influencer libertario paso un mal momento luego de que fuera a provocar a la Asamblea LGBTIQ+ en Parque Lezama. Defiende al genocida Eichmann, critica a Maradona y niega la soberanía de Malvinas.

El clima de tensión política en Argentina se intensifica con la irrupción de figuras provocadoras que responden al gobierno como Marco Palazzo, un influencer libertario de 18 años conocido por sus declaraciones extremas y provocadoras. Este sábado, Palazzo protagonizó un nuevo episodio polémico durante la Asamblea Antifascista LGBTIQ+ en el Parque Lezama, en el barrio porteño de La Boca.

La asamblea, convocada bajo el lema “La vida está en riesgo. ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más”, reunió a cientos de activistas para denunciar el avance de discursos y políticas que consideran amenazas a los derechos del colectivo LGBTIQ+. Sin embargo, la presencia de Palazzo, quien intentó filmar e increpar a los asistentes, desató tensiones que derivaron en una violenta reacción en su contra.

La Policía de la Ciudad intervino para rescatar al joven fuera del lugar y evitar mayores incidentes. Según testigos, tras las provocaciones, Palazzo habría sido agredido físicamente por algunos manifestantes, y solo logró salir del parque refugiándose en un móvil policial que lo saco raudamente del lugar.

Neonazi y pro británico

Marco Palazzo ha ganado notoriedad en redes sociales por sus provocaciones y posturas radicales. Ha defendido públicamente a figuras del nazismo, como Adolf Eichmann, calificando su captura por el Mossad en 1960 como “ilegítima”. Además, ha negado la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y atacado símbolos nacionales como Diego Maradona, cuestionando incluso su emblemático gol conocido como la “Mano de Dios”.

El joven también generó controversia en agosto de 2024 al presentarse en la Casa Rosada con una imagen de la ex primera dama Fabiola Yáñez gravemente herida, un acto que fue ampliamente condenado como revictimizante. Ese mismo día, fue visto estrechando la mano de Manuel Adorni, vocero libertario, lo que generó más críticas hacia el movimiento político que representa.

Tensión creciente en un país dividido

El episodio del Parque Lezama pone de manifiesto el creciente clima de crispación y violencia política en Argentina. La figura de Palazzo, con su retórica provocadora y apoyo a discursos de odio, refleja una fractura social cada vez más marcada, alimentada por narrativas polarizantes tanto desde sectores libertarios como desde el propio gobierno.

Desde el oficialismo, se observa la adopción de un discurso inspirado en el conservadurismo cultural estadounidense, que introduce divisiones profundas en torno a temas como la inmigración, la raza, la pobreza y el género. Este contexto agrava un panorama social ya complejo, donde los actos de confrontación y las polémicas ideológicas escalan rápidamente hacia la violencia.

Mientras tanto, episodios como el de Palazzo o Fran Fjap no solo generan indignación entre quienes defienden los derechos humanos, sino que también avivan el debate sobre los límites de la libertad de expresión en un país que enfrenta desafíos crecientes para preservar la convivencia democrática en un contexto de creciente deterioro económico y social.

En 2024, la inflación real fue del 133,6%, 16 puntos más que la cifra oficial informada, según un relevamiento realizado por la Universidad Torcuato Di Tella.

En 2024, la inflación real alcanzó un alarmante 133,6%, 16 puntos porcentuales por encima de la cifra oficial reportada por el INDEC, según un estudio realizado por Martín González Rozada, profesor titular del Departamento y director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella. Este análisis evidencia un “atraso” significativo en las mediciones oficiales, que informaron una inflación del 117,8%, dejando una brecha de 15,8 puntos.

El problema radica en la metodología utilizada por el INDEC, que se basa en datos desactualizados de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2004-2005 y un índice de precios base de 2016. Aunque el organismo actualizó parcialmente los ponderadores en 2017-2018 con datos más recientes, aún no han sido incorporados de manera integral. Este rezago genera distorsiones significativas en el cálculo de la inflación.

Por ejemplo, en 2004-2005, el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” representaba el 10,5% del gasto total en la Región Metropolitana, mientras que en 2017-2018 ascendió al 15,1%. Esta actualización, pendiente de implementación completa, no solo afecta la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino también ajustes críticos como los del salario mínimo y las jubilaciones. Según González Rozada, de haberse aplicado los ponderadores actualizados, las jubilaciones habrían debido aumentar un 7% adicional.

La medición sesgada también respalda políticas económicas cuestionadas, como el ajuste del tipo de cambio oficial al 1% mensual y el tope salarial en paritarias fijado en el mismo porcentaje. Además, distorsiona la actualización de parámetros fiscales clave, como el Mínimo No Imponible de Ganancias, las cuotas y los límites de facturación del Monotributo.

En este contexto, las grandes empresas y el capital financiero emergen como los principales beneficiarios, obteniendo ganancias extraordinarias en dólares mientras los salarios reales pierden poder adquisitivo. La “manipulación” de dos precios fundamentales, el dólar y los salarios, contribuye al deterioro de la economía doméstica y al creciente malestar social.

González Rozada concluye que “la distorsión radica en la forma en que se calcula la inflación, utilizando una canasta de bienes y servicios de 2004, en la que los servicios públicos representaban apenas el 10%“. Este señalamiento refuerza los crecientes cuestionamientos a las estadísticas oficiales, que parecen estar lejos de reflejar la realidad económica del país.

La empresa comunicó internamente la decisión este miércoles (22/1) a los empleados de la planta de Alvear. Advierten que la medida afectará a muchos empleados que están contratados bajo convenio.

General Motors inició un nuevo proceso de retiros voluntarios en su planta de Alvear, Santa Fe, en medio de un contexto crítico para la industria automotriz argentina. Este nuevo ajuste, confirmado recientemente, estará vigente hasta finales de enero y busca reducir personal en una planta donde actualmente solo se fabrica el modelo Chevrolet Tracker, luego de que en 2023 cesara la producción del Cruze.

La medida, que había circulado como un rumor en los últimos días, fue comunicada oficialmente a los empleados el pasado 22 de enero. Según fuentes citadas por el medio Cadena 3, la iniciativa afectará a un número significativo de trabajadores bajo convenio. Este nuevo proceso de retiros voluntarios es el reflejo de un escenario de producción en declive, agravado por paradas prolongadas y caídas en las proyecciones de fabricación.

Durante 2024, General Motors enfrentó una reducción drástica en su actividad, lo que incluyó dos meses de parálisis productiva y procesos similares de ajuste. En ese año, las proyecciones de producción de la automotriz pasaron de 430 mil unidades a solo 330 mil. Para 2025, las estimaciones anticipan un escenario aún más desalentador, con cifras por debajo del ya crítico desempeño del año anterior.

Este panorama refuerza la aguda crisis que atraviesa el sector automotriz argentino, donde la recesión económica, la caída de la demanda y los problemas de competitividad frente a una posible apertura importadora configuran un desafío monumental para las empresas y sus trabajadores.

Como parte de la agenda trumpista “anti woke”, el gobierno de Javier Milei avanza con iniciativas que amenazan con profundizar la desprotección hacia las mujeres en Argentina.

Mientras Argentina enfrenta un preocupante aumento de femicidios, con entre 255 y 294 casos registrados en 2024 según organizaciones especializadas, el gobierno de Javier Milei avanza con iniciativas que amenazan con profundizar la desprotección hacia las mujeres. En el marco de las próximas sesiones ordinarias, el mandatario planea presentar un proyecto de ley titulado “De igualdad ante la ley”, cuyo contenido ha generado fuertes críticas por su enfoque regresivo en materia de derechos de género.

La propuesta oficialista incluye la derogación de la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para funcionarios públicos, y la eliminación de la figura de femicidio como agravante en el Código Penal. Según el gobierno, estas normativas “atentan contra la igualdad jurídica entre las personas” y buscan instaurar una supuesta neutralidad ante la ley, omitiendo las desigualdades estructurales que estas políticas buscan abordar.

Desde el entorno presidencial, liderado por Santiago Caputo, aseguran que esta estrategia busca “medir la reacción social” durante el verano, en un intento por normalizar debates que podrían desmantelar derechos adquiridos y desviar la atención de la dura realidad económica que vive el país.

Un contexto de retroceso y desprotección

Estas medidas se enmarcan en una serie de decisiones que evidencian un desinterés por la protección de las mujeres y las diversidades. Durante su primer año de mandato, La Libertad Avanza disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, degradó la jerarquía de la Línea 144, y recortó presupuestos destinados a la prevención y asistencia de víctimas de violencia machista.

La derogación de la Ley Micaela es particularmente simbólica, ya que esta norma nació como respuesta al femicidio de Micaela García, marcando un compromiso estatal y social con la formación en perspectiva de género. Eliminarla sería un golpe directo a las políticas de prevención y un mensaje alarmante en un país que se convirtió en referente mundial con movimientos como Ni Una Menos.

El contexto no podría ser más preocupante. Las cifras crecientes de femicidios y las alertas de organizaciones sociales contrastan con la postura oficial, que minimiza la violencia de género como problemática específica. Estas decisiones no solo refuerzan la idea de retroceso en derechos, sino que también abren un peligroso camino hacia el abandono de las políticas que buscan proteger a las poblaciones más vulnerables en un contexto de creciente violencia y desigualdad económica.

La presentación de este proyecto no solo pone en juego derechos fundamentales, sino que también subestima el impacto social de una Argentina que, en años recientes, ha salido a las calles para exigir que la violencia machista no quede impune.

Luis “Toto” Caputo y Sandra Pettovello, coordinan un plan por el cual no se convalidarán acuerdos salariales en los próximos meses.

El Gobierno busca implementar una estrategia denominada “Paritarias cero” para frenar la escalada inflacionaria, lo que implica no convalidar acuerdos salariales en los próximos meses, independientemente del índice de inflación. Este proyecto, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y respaldado por Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano, representa un nuevo golpe para los trabajadores, mientras otros sectores económicos como el agro son objeto de beneficios por parte del gobierno.

A partir de marzo, se limitarán las negociaciones paritarias, permitiendo aumentos salariales únicamente en contadas ramas sindicales, y siempre alineados a un techo del 1%. Esta medida, defendida por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, tiene como objetivo principal mantener la inflación en un dígito, pero su impacto recaerá sobre los sectores laborales, que ya enfrentan la pérdida del poder adquisitivo.

La estrategia genera tensiones entre los sindicatos, especialmente en aquellos que demandan incrementos reales para contrarrestar la inflación. Algunos gremios cercanos al oficialismo, como UPCN, aceptaron acuerdos previos con subas mínimas, pero no todos están dispuestos a seguir esa línea. La CGT, por su parte, todavía no ha fijado una posición clara, mientras que sectores alineados al kirchnerismo ya preparan acciones judiciales para resistir estas medidas.

En paralelo, el Gobierno contempla amenazas de reformas sindicales que podrían debilitar conquistas históricas, como la cuota solidaria, y utiliza el temor a la pérdida de empleos en sectores golpeados por la caída del consumo como herramienta de presión. Sin embargo, la normativa establece que los acuerdos paritarios se homologan automáticamente si no son refrendados en un plazo de 45 días, lo que podría abrir un resquicio para negociaciones entre empresarios y sindicatos dispuestos a alcanzar consensos.

La decisión del Gobierno no solo tensiona la relación con los trabajadores, sino que también pone en evidencia la desigualdad en el reparto de los costos del ajuste. Mientras que a los sectores concentrados, como el agro, se les reducen las retenciones, los trabajadores son nuevamente quienes cargan con el peso de un modelo económico que prioriza a los grandes jugadores sobre los derechos laborales y el bienestar de las mayorías.

Las versiones en medios cercanos al gobierno de Javier Milei sobre un inminente acuerdo con el FMI viene en ascenso pero todavía no queda claro lo sustancial. Esto es: el FMI le exige una libre flotación del dólar hasta los 1300 pesos (llegado a ese número podría intervenir). Si es así, se trataría de convalidar una devaluación del 30%.

Por estas horas, se habla de un préstamo total más cercano a los USD 20.000 millones, atados a un cronograma de desembolsos por USD 5.000 millones en cuatro veces condicionados a la evolución de la política cambiaria.

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el acuerdo respetará el programa económico del gobierno pero hay dudas sobre si el FMI acepta un tipo de cambio como el presente, que está súper atrasado. El gobierno gasta alrededor de 1500 millones de dólares al mes para sostener ese tipo de cambio que es una forma de subsidiar a quienes compran billetes en los mercados alternativos (¿planeros financieros VIP?).

El esquema económico de Javier Milei enfrenta sus primeras luces amarillas, porque se basa en un dólar híper barato como ancla contra la inflación, que contra el relato oficial sigue alta (bajó en relación a 2023 pero sigue en el 3% mensual). Pero ese dólar barato golpea la competitividad de las empresas argentinas, como quedó demostrado con el reclamo del campo. ¿Y ahora?