Mientras el presidente Javier Milei redobla su batalla cultural, el gobierno se enfrenta a un problema de índole material: la falta de dólares.
Por eso, a las corridas el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a anunciar una baja de las retenciones al campo como modo de alentar mayor liquidación en medio de una crisis de competitividad que empieza a asomar en todos los sectores económicos por el atraso cambiario.
Con la medida de ayer, el gobierno reconoce a su modo ese atraso lo que puede poner en duda todo el programa. Además, la baja en las retenciones de trigo, maíz o soja impactará sobre el aumento de los alimentos derivados de esos insumos.
En diciembre, la inflación núcleo fue del 3% y ya muchas consultoras reconocen que si el INDEC actualizara su canasta, la suba de precios en 2024 hubiera estado casi 20 puntos arriba de lo anunciado oficialmente. Se encienden luces amarillas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, se distanció de Milei y advirtió a las empresas que si no instalan plantas de producción en los Estados Unidos deberán pagar aranceles para ingresar a ese mercado.
La intervención de Donald Trump en el Foro Económico de Davos se caracterizó por un discurso contundente y polémico, reflejando sus posturas económicas y geopolíticas. Aquí se destacan varios contrapuntos clave en comparación con las ideas expuestas por Javier Milei:
El discurso de Donald Trump en el Foro Económico de Davos contrasta significativamente con los postulados de libre mercado que defiende Javier Milei. Estas son las principales diferencias:
Intervención estatal vs. desregulación:
Trump: Adopta un enfoque proteccionista al imponer aranceles a las empresas que no produzcan en Estados Unidos, utilizando el poder estatal para disciplinar al capital y favorecer la producción nacional con un fuerte énfasis en el mercado interno. Este modelo implica una intervención directa del gobierno en las decisiones empresariales y comerciales.
Milei: Promueve un capitalismo de libre mercado, con mínima intervención estatal, donde las fuerzas del mercado operan libremente y sin restricciones, eliminando regulaciones, aranceles y barreras comerciales.
Política fiscal:
Trump: Aunque aboga por reducciones fiscales para las empresas dentro de Estados Unidos, las compensa con aranceles a las importaciones, lo que crea distorsiones en el comercio global con el objetivo de procurar beneficios para la mano de obra e industria estadounidense.
Milei: Defiende una reducción generalizada de impuestos sin imponer medidas compensatorias que alteren los principios del libre comercio en claro perjuicio del trabajo argentino.
Visión sobre el comercio internacional:
Trump: Su postura proteccionista prioriza el mercado interno, penalizando las importaciones y renegociando acuerdos comerciales que, según él, no benefician a Estados Unidos y para lo cual esta incluso dispuesto a utilizar la fuerza o la amenaza de usar la misma para favorecer sus objetivos comerciales.
Milei: Considera el comercio internacional como una herramienta para optimizar la asignación de recursos, sin restricciones ni barreras que interfieran en el intercambio entre países.
Relación con el empresariado:
Trump: Combina incentivos fiscales con una política coercitiva hacia las empresas extranjeras, estableciendo reglas que condicionan sus inversiones al mercado estadounidense.
Milei: Confía en que las decisiones empresariales deben ser guiadas únicamente por el interés del mercado, sin coerción ni condicionamientos estatales.
Energía y regulación ambiental:
Trump: Rechaza políticas de descarbonización y apoya la expansión de los combustibles fósiles, con un enfoque en maximizar la producción nacional e incidir en la geopolítica energética presionando a otros países.
Milei: Aunque no siempre explícito sobre temas ambientales, su visión del libre mercado implica dejar que las fuerzas económicas determinen la dirección de las políticas energéticas, sin intervención del Estado.
En síntesis, mientras Milei exalta el laissez-faire y la desregulación como pilares del desarrollo económico, Trump utiliza herramientas intervencionistas y los recursos del aparato estatal para proteger los intereses de Estados Unidos, mostrando un enfoque pragmático que pone límites al libre mercado cuando lo considera necesario.
El ministro Luis Caputo le habló al mercado y aseguró que la salida del cepo cambiario se hará cuando se cumplan “tres condiciones”, pero no aclaró cuáles. De esta manera, tomó distancia de Javier Milei que aseguró que “saldremos lo más rápido posible”. ¿Habrá cepo hasta el fin de año?
Esto se da en medio de rumores en donde los mercados financieros empiezan a oler un salto cambiario antes de las elecciones, ante el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Caputo quiso a salir a aclarar que más allá de ese acuerdo no habría salida del cepo ni devaluación. ¿Pero es así?
“Estimados, de las restricciones cambiarias se va a salir cuando las 3 condiciones que nos hemos planteado estén dadas, como siempre hemos dicho con el presidente. No es un tema de fechas. El programa económico continuará siendo el propuesto por Argentina. Como dijo Kristalina, el Fondo está muy impresionado con los resultados del programa y están dispuestos a seguir apoyando”, expresó el ministro de economía en su cuenta de X.
Las declaraciones de Caputo aparecen mientras se realizan las reuniones del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el propósito de alcanzar un nuevo acuerdo financiero. Este acuerdo contemplaría desembolsos adicionales destinados a acelerar la eliminación del cepo cambiario. El Ejecutivo busca garantizar un financiamiento mínimo de u$s11.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central. El problema con el gobierno es el siguiente: ¿Si la economía viene bien por qué es necesario ese fondo extraordinario? ¿Por qué el gobierno interviene en los mercados paralelos, no era que el mercado se autoregula solo?
Javier Milei se subordina a la agenda discursiva de Estados Unidos, en un intento desesperado de ganar protagonismo, emulando de manera burda e irreal a Donald Trump aunque sin medir las consecuencias a largo plazo para Argentina.
Desde el entorno presidencial, se filtran señales claras de que el Gobierno de Javier Milei podría alinear aún más a Argentina con la agenda de Estados Unidos, incluso considerando retirar al país de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Acuerdo de París. Estas decisiones, presentadas como una imitación de las políticas de Donald Trump, revelan una peligrosa simplificación de las diferencias entre ambas realidades.
Mientras Trump utilizó su crítica a los organismos multilaterales para reforzar el aislacionismo y una política económica proteccionista que buscaba fortalecer la industria y el empleo en Estados Unidos, Milei adopta un enfoque que propone una apertura económica indiscriminada, exponiendo a Argentina a una vulnerabilidad estructural. En la Casa Rosada admiten que la continuidad de Argentina en la OMS está “bajo estudio”, respaldando críticas como las del Presidente, quien cuestionó el manejo global de la pandemia y la actuación de dicho organismo.
Por otro lado, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París como parte de su estrategia para defender los intereses de sectores clave de su economía, mientras que en Argentina, La Libertad Avanza nunca ha apoyado este pacto climático, subrayando su alineación discursiva con la administración republicana.
En este contexto, fuentes de Balcarce 50 señalan que la pertenencia a diversos organismos internacionales será evaluada considerando aspectos económicos, legales y de conveniencia. Sin embargo, esta postura se acompaña de un aparente interés por avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, minimizando posibles obstáculos derivados del Mercosur del cual incluso Milei insinuó retirarse.
Este escenario confirma que la administración Milei busca replicar la retórica y acciones de Trump sin considerar las profundas diferencias entre ambos países en especial en cuanto a capacidades y poder. Mientras Trump defendía una política proteccionista para fortalecer el poder nacional, Milei apuesta por desmantelar las estructuras existentes sin garantías de que ello beneficie a la economía argentina o a su soberanía.
El presidente Javier Milei fue a Davos y brindó un encendido discurso contra la “agenda woke (progresista” que según el mandatario es “la peor enfermedad de Occidente”. En ese sentido, apuntó contra el feminismo y contra la “ideología de género” que en sus “versiones extremas” “alientan la pedofilia”.
El discurso radicalizado del presidente coincide con un momento complejo de la economía argentina donde crecen los rumores de una nueva devaluación, que terminaría con el relato oficial. El minitro de Economía, Luis Caputo, apunta a un dólar súper barato como estrategia para contener parcialmente la inflación y dar un veranito económico a un sector de la clase media. Pero ese dólar súper barato está multiplicando las inconsistencias macroeconómicas.
Por eso, vuelven las tensiones y pujas por una nueva devaluación, que ya empieza a ser solicitada hasta por actores económicos muy aliados, como las patronales agropecuarias. Con un dólar muy retrasado, la economía argentina perdió competitividad.
Desesperado, Caputo busca un nuevo acuerdo con el FMI, pero el organismo internacional podría exigirle salir del cepo, lo que implicaría una devaluación. ¿Si es cierto que el gobierno ordenó la macro, para qué necesita un nuevo préstamos con el FMI? El relato libertario empieza a encontrar contradicciones.
El gobierno de Javier Milei ha decidido obedecer las órdenes del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, presidido por la jueza Loretta Preska, y entregar información clave sobre las reservas de oro del Banco Central y otros activos soberanos y estartegicos de Argentina.
La administración de Javier Milei ha decidido cumplir con las ordenanzas dispuestas por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, presidido por la jueza Loretta Preska, al entregar información estratégica sobre las reservas de oro del Banco Central y otros activos soberanos de Argentina. Esta medida, que surge en el marco del juicio por la expropiación de YPF por el cual el país recuperó un activo estratégico de la economía que le permitió entre otras cosas impulsar el desarrollo de la formación Vaca Muerta siendo actualmente uno de los principales inversores en la cuenca neuquina.
Esta ordenanza de la justicia yanqui y la subordinación del gobierno libertario marcan una preocupante claudicación frente a los intereses extranjeros, particularmente de Estados Unidos, poniendo en peligro la soberanía y la seguridad nacional.
En el conflicto legal, el fondo buitre Burford Capital busca una indemnización de 16.100 millones de dólares por la nacionalización de YPF en 2012. Ahora, el gobierno argentino deberá revelar detalles sensibles, incluyendo:
Ubicación de las reservas de oro del Banco Central, comprometiendo información clave de la seguridad financiera del país.
Cuentas soberanas, incluyendo aquellas de embajadas y diplomáticos, exponiendo activos que deberían estar protegidos por el principio de inmunidad soberana.
Bienes potencialmente embargables, lo que abre la puerta a un saqueo de recursos nacionales.
La jueza Preska dejó en claro que Argentina debe entregar toda la documentación requerida, sin importar su ubicación o custodia. Esta decisión, aceptada por el gobierno de Milei, evidencia una sumisión ante los dictados extranjeros, relegando los intereses nacionales a un segundo plano.
Implicaciones alarmantes
Riesgo de pérdida de recursos estratégicos: El acceso a información sobre las reservas de oro y otros activos podría facilitar embargos, debilitando aún más la posición económica del país.
Soberanía comprometida: La entrega de datos sensibles bajo presión extranjera supone una grave erosión de la independencia del Estado argentino en la gestión de sus recursos.
Dependencia externa: Este movimiento confirma la alineación del gobierno de Milei con los intereses de las potencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos, sin salvaguardar los intereses del pueblo argentino.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, señaló oportunamente que trasladar el oro a Londres, conocido por su vulnerabilidad a embargos, fue una decisión riesgosa: “Los argentinos no siempre son conscientes de las consecuencias de sus decisiones”, subrayó Maril. “Enviar el oro a Londres, epicentro de embargos, fue un error estratégico que ahora alimenta la narrativa de los fondos buitre”.
En lugar de defender la soberanía nacional, la gestión de Milei parece optar por priorizar el cumplimiento de mandatos foráneos, dejando a la Argentina en una posición de vulnerabilidad ante el capital internacional y las decisiones de tribunales extranjeros. Esta sumisión no solo pone en riesgo la economía, sino que también compromete el futuro político y estratégico del país.
El Ministerio dirigido por Sandra Petovello difundió un indicador alternativo de pobreza que agrava la cifras difundidas anteriormente por el gobierno.
El Ministerio de Capital Humano difundió un nuevo indicador de pobreza multidimensional que revela que el 61% de la población enfrentaba, a mitad de 2024, carencias en ingresos, vivienda, salud o educación. Este dato contrasta marcadamente con los informes tradicionales publicados previamente por el Indec, que situaban la pobreza en niveles considerablemente más bajos, alimentando las dudas de expertos y organismos independientes sobre la veracidad de los datos oficiales.
El indicador, desarrollado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, toma en cuenta dimensiones estructurales como vivienda, educación, empleo, salud y servicios básicos, adoptando un enfoque de derechos en lugar de limitarse al cálculo de ingresos. Este índice fue discontinuado durante el gobierno de Alberto Fernández tras críticas sobre su metodología, pero ahora resurge con cifras alarmantes que evidencian un aumento significativo de la pobreza multidimensional, alcanzando al 61% de la población en el primer semestre de 2024, frente al 55,4% del segundo semestre de 2023.
Este reconocimiento oficial de cifras más elevadas resulta significativo, ya que da respaldo a las advertencias de estudios independientes que alertaban sobre un nivel de pobreza mucho mayor al que el gobierno había admitido previamente. La metodología tradicional del Indec, centrada únicamente en ingresos, calculó una pobreza del 52,9% para el primer semestre de 2024. Sin embargo, el cruce de esta medición con el nuevo enfoque multidimensional eleva considerablemente el porcentaje, marcando una realidad social más compleja y difícil de ignorar.
Los datos del informe destacan carencias graves: hacinamiento, precariedad laboral, inasistencia escolar y falta de acceso a servicios básicos o doble cobertura de salud. Estas cifras contrastan con las lecturas más optimistas del gobierno sobre la recuperación económica y subrayan los efectos de la inflación, la devaluación y la recesión en los sectores más vulnerables.
El reconocimiento de estos índices por parte del propio gobierno refuerza las sospechas sobre la falta de transparencia en las estadísticas oficiales previas y subraya la necesidad de políticas públicas que aborden de manera integral las múltiples dimensiones de la pobreza en Argentina.
“La calle no es para dormir. Hay que terminar con esto. Levantar a todo el que no lo entiende”, expresó con total insensibilidad el legislador libertario en la red social X.
El legislador libertario Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, desató una ola de críticas tras proponer una agenda que busca desplazar por la fuerza a las personas en situación de calle, sin ofrecer soluciones reales al problema de la marginalidad. En un polémico posteo en la red social X, Marra escribió: “La calle no es para dormir. Hay que terminar con esto. Levantar a todo el que no lo entiende”, dejando entrever una visión insensible y punitiva hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Sus declaraciones reflejan un intento por disimular el crecimiento de la pobreza en Argentina, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, mientras se alinea con políticas del gobierno porteño que buscan criminalizar la pobreza en lugar de atender sus causas estructurales.
Para Marra, quienes duermen en las calles lo hacen “por elección” o por falta de comprensión de las normas, ignorando u omitiendo deliberadamente el trasfondo de desigualdad, exclusión y falta de oportunidades que condena a miles de personas a esa situación extrema.
La calle no es para dormir. Hay que terminar con esto.
Las personas viviendo en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires se incrementaron un 35 por ciento en el último año, según cifras oficial del gobierno porteño, alcanzando las 4.416. Se sabe que en estos casos, el número en negro es generalmente alto, con lo cual algunas organizaciones estiman queel número real sería el doble A pesar de esto, los refugios disponibles cuentan con capacidad para atender solo al 50% de la demanda, dejando a miles sin un lugar donde resguardarse.
En la Ciudad de Buenos Aires se registra un creciente aumento de personas en situación de calle.
Organizaciones sociales y especialistas han señalado que esta problemática no puede resolverse con acciones represivas, sino con políticas públicas integrales que incluyan acceso a la vivienda, programas de empleo, atención en salud mental y tratamiento para quienes padecen adicciones. Sin embargo, las palabras de Marra, lejos de proponer soluciones, parecen encaminarse hacia una agenda violenta que estigmatiza y criminaliza a las personas en situación de calle.
Criminalización de la pobreza: una política sistemática
La postura de Marra no es aislada, sino coherente con las medidas que el gobierno porteño ha implementado en los últimos años, como desalojos forzados y restricciones al uso del espacio público. Estas políticas, en lugar de atender las causas profundas de la exclusión social, buscan invisibilizar el problema y desplazar a quienes lo padecen.
El mensaje del legislador libertario pone de manifiesto un evidente desprecio clasista, la falta de empatía y voluntad política para enfrentar de manera estructural una crisis social que afecta cada vez a más personas. En lugar de señalar culpables entre las víctimas de la desigualdad, se necesita un compromiso real para garantizar el derecho a la vivienda digna y el acceso a una vida mejor para todos los ciudadanos.
El 48% de los consultados por Pulso Research asegura que “no le cree” al gobierno nacional las cifras que da a conocer todos los meses a través del Indec sobre la inflación.
Un reciente informe de Pulso Research evidencia una alarmante desconfianza pública en las estadísticas oficiales presentadas por el gobierno nacional, especialmente en relación con la inflación y la pobreza. Según el sondeo, el 48% de los consultados asegura que “no le cree” a las cifras difundidas mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), mientras que apenas el 36,8% confía en los datos publicados por la entidad dirigida por Marco Lavagna.
La percepción negativa sobre las estadísticas oficiales de inflación ha mostrado un aumento sostenido. En la medición previa, el nivel de desconfianza se situaba en el 44,2%, y antes de eso, en el 42,2%. Este crecimiento coincide, paradójicamente, con los informes del gobierno que reflejan una tendencia a la baja en los índices inflacionarios. Para muchos ciudadanos, estos números generan más dudas que un alivioreal palpable en sus vidas cotidianas.
La desconfianza es aún mayor en lo que respecta a los datos sobre pobreza. Más de la mitad de los encuestados (51,2%) asegura no confiar en las cifras proporcionadas por el Indec, mientras que apenas un 35,2% cree en ellas. Actualmente, el Indec mide la pobreza a partir de los ingresos y compara estos con el costo de una canasta básica teórica. Sin embargo, la metodología actualmente utilizada parece ser insuficiente para generar confianza en un sector significativo de la población.
Frente a este escenario, y ante la desconfianza generada en el propio gobierno por sus mismos datos, la administración libertaria anunció que trabaja en un “índice propio”para medir la pobreza, que incluirá indicadores sociales actualmente no contemplados. Este nuevo enfoque estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, en colaboración con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).
Mientras tanto, la oposición también es objeto de atención en el informe de Pulso Research. En este ámbito, Cristina Fernández de Kirchner se destaca como la principal figura opositora, con un 28,7% de los encuestados que la identifican como líder. Sin embargo, un 27,6% afirma no saber quién lidera la oposición, y un 20,7% considera que ese espacio político carece de liderazgo claro. Más lejos en la lista aparecen Axel Kicillof (5,8%) y Mauricio Macri (3%).
En definitiva, el aumento en la desconfianza hacia las estadísticas oficiales subraya un problema de credibilidad que desafía la relación entre el gobierno y la ciudadanía, al tiempo que abre interrogantes sobre la eficacia de los métodos actuales de medición y comunicación.
Cuando hace dos semanas el Banco Central informó la operación del crédito “repo” por USD 1000 millones, las reservas brutas tocaron un récord nominal de casi USD 33.000 millones. Sin embargo, desde la primer semana de enero a esta parte no dejaron de caer. Este martes se ubicaron en USD 30.280 millones. El gobierno busca mantener el dólar baratísimo a cualquier costo.
En las dos primeras semanas de enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había quemado reservas por USD 618 millones para evitar que se le escape la divisa. El dato surge de una presentación que hizo el Banco Central este martes.
Lo llamativo es que hasta ahora el Banco Central encadenó más de diez ruedas con saldo positivo, con compras superiores a los USD 100 millones diarios. Pero como debe pagar deuda, las reservas siguen en rojo y en enero empeoraron porque el gobierno además usa fondos para que no se disparen los dólares paralelos. Hoy, las reservas reales están alrededor de USD 10 mil millones, el mismo nivel que las dejó Massa.
“Que la rueda cambiaria finalice con saldo positivo no necesariamente se traduce en acumulación de reservas”, explicó el analista consultado. “La rueda en el mercado oficial es el resultado de exportaciones e importaciones. En caso de que el saldo sea positivo, esos dólares pueden tener otros destinos que las arcas del Central, como compromisos de deuda, pago de importaciones o intervención para frenar el dólar”, agregó un analista financiero en diálogo con La Política online.
