Mauricio Macri se enfureció por la elección de Ariel Lijo para la Corte Suprema y ahora amenaza con no votarle la ley ómnibus a Javier Milei.

Para Macri, el juez elegido por el libertario es un enemigo porque se negó a cajonear la causa Correo, donde el ex mandatario sigue imputado. Se acusa a Macri de actuar como presidente para condonar la deuda que mantenía su propia familia con el Correo. Total normalidad.

Se sabe: para Macri primero está la impunidad y luego la política. Por eso, no puede aceptar que Lijo llegue a la Corte Suprema. Eso explica también que La Nación, medio muy cercano a Macri, haya salido a cuestionar la postulación de Lijo. ¿Se viene otra guerra?

Luego de semana santa, se anunciaría un fuerte recorte al sector que no solo incluye despidos de personal sino la modificación de servicios hasta la desaparición de algunos ramales.

Emulando a la década del 90, aunque en este caso ‘sin ramales que paran’, Milei tiene en carpeta preparado el fuerte recorte al sector que va desde despidos a desaparición de frecuencias y tal vez, ramales enteros. La primera medida, aunque no se vieron sus efectos, ya está en marcha y fue la disolución del ministerio de Transporte y la paralización de todas las licitaciones pendientes, incluidas algunas fundamentales para la continuidad del servicio.

La compañía estatal explicó que los recortes podrían concretarse luego del resultado de las auditorías que se están realizando, con la intención de ‘racionalizar estructuras superfluas por el pretendido ahorro fiscal’, aunque existen versiones de que la intención sería volverlas más atractivas para su privatización.

Las autoridades de las empresas ferroviarias del Estado no toman otras decisiones que los planes de ajuste “bajados” desde Economía y la Jefatura de Gabinete: inminentes despidos a gran escala y parálisis de compras y licitaciones. Escasea esta semana el gasoil en distintas líneas de tracción diésel del AMBA. Se especula con un próximo recorte de servicios diésel suburbanos, regionales y trenes de larga distancia.

La Secretaría de Transporte depende ahora del Ministerio de Economía que comanda Luis ‘Toto’ Caputo, quien de esta manera iguala las competencias que tenía el superministro Domingo Cavallo durante la privatización menemista: entonces, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos había fusionado las que tradicionalmente habían sido dos áreas con criterios de gestión muy distintos. Por otro lado, permanece en la Jefatura de Gabinete una secretaría encargada de la supervisión de las empresas del Estado, a cargo de Mauricio González Botto.

El directorio de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) oficializó la semana pasada esa dirección a través de una resolución de directorio en que se aprobó un plan de reducción de personal, la suspensión de coberturas de vacantes y relevos, y la elaboración de un plan de retiros voluntarios. La SOFSE, que opera cinco de las siete líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y todos los servicios de pasajeros regionales y de larga distancia, es la mayor de las empresas ferroviarias del Estado: emplea a unos 23 mil empleados.

La falta de pago a proveedores también está generando estragos. Comenzó a notarse en enero, cuando el impago con distribuidores de mercadería para los coches comedor llevó a cerrar el –de por sí muy escueto– servicio de restauración en los trenes de larga distancia.

Se prevé que tras el cierre de la temporada de verano, después de Semana Santa, el Gobierno anuncie un brusco recorte de los trenes de larga distancia que podría también alcanzar al menos parcialmente a los trenes regionales y servicios diésel del AMBA.

En el punteo de la nueva Ley Ómnibus presentado a los gobernadores no aparecen Ferrocarriles Argentinos ni la ADIF, aunque se insiste con ‘privatizar o concesionar’ toda la operación ferroviaria de cargas y pasajeros.

En paralelo, según se conoció en el nuevo borrador de Ley Microómnibus presentada el viernes pasado a los gobernadores –en rigor un punteo de sus principales medidas–, algunas empresas ferroviarias habrían quedado fuera del paquete inicial de privatizaciones. El nuevo proyecto sigue mencionando la ‘privatización o concesión’ de las dos operadoras, SOFSE (pasajeros) y Trenes Argentinos Cargas, aunque llamativamente no aparecen la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) ni el holding Ferrocarriles Argentinos.

Cabe recordar que la legislación vigente permite la existencia de operadores privados ferroviarios pero establece que la administración de la infraestructura y de los sistemas de control de circulación de trenes son una responsabilidad indelegable del Estado. Más allá de esto, en Economía continúan trabajando en una serie de pliegos que buscan entregar al sector privado todos los trenes metropolitanos, incluyendo –al menos en su pretensión inicial, de máxima– la propiedad de los terrenos, el ‘enganche’ que espera el Gobierno para volver atractiva su venta.

Fuente: Que pensas Chacabuco.

La vice había quería un desfile militar el 2 de abril pero Milei le dijo que no hay plata. En respuesta Villarruel critico el uso de militares en seguridad interior.

Luego de mostrarse en un acto juntos y de hacer circular una foto para demostrar unidad luego del choque en el senado donde Villarruel habilitó el tratamiento del DNU que fuera rechazado, un nuevo cortocircuito sacude la relación entre el presidente y la vice.

En las ultimas hora se supo finalmente que Milei le bajó el pulgar al desfile militar que Victoria Villarruel venia organizando para conmemorar el 2 de abril, fecha que recuerda a los veteranos y caídos en la gesta de Malvinas en 1982.

La decisión la comunicó públicamente el propio Nicolás Kasanzew, director de la oficina Gesta de Malvinas en el Senado, a quien Villarruel le había encomendado personalmente la tarea de organizar el desfile.

“El alto costo que implica organizarlo lo hace imposible, dadas las condiciones de crisis económica que vive el país”, explicó en sus redes sociales Kasanzew, quien fue corresponsal en las islas por el canal ATC.

El desfile era una fuerte apuesta política y mediática de la vicepresidenta, quien pese a tratar de simular normalidad viene de una serie de fuertes confrontaciones con el presidente, en especial por su accionar en el congreso que llevó al rechazo del DNU en la cámara de senadores. Este hecho fue duramente criticado por el especio libertario a tal punto que la vicepresidenta fue objeto de un viral ataque mediático en las redes sociales donde el propio Milei daba “like” a muchos comentarios contra la vice.

Es en este contexto que la negativa de Milei a realizar el desfile es leída como un acto de represalia contra la vicepresidenta donde se trata de dar un justificativo económico para disimular la situación de tensión y desconfianza existente.

Villarruel contraataca

En respuesta, La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó en contra de la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de seguridad interior, política fuertemente impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, en el contexto de la grave situación que atraviesa la ciudad de Rosario a raíz del narcotráfico.

“No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los `70. El narco es un civil para el derecho. En los `70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, subrayó la vice en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).

De eso no se habla.

Todo fue muy fuerte. Las declaraciones y el contexto, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel habló con el Grupo Clarín, a quien Javier Milei describió como “empresa que recibe sobres”.

En la charla, en horario central, Villarruel tomó distancia de Milei en temas claves. Se mostró en contra de la rebaja de sueldos a senadores, criticó la motosierra, la postulación de Ariel Lijo a la Corte y la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. “En el Congreso hay reglas, no es un reinado”, disparó.

Después, Villarruel cuestionó a Patricia Bullrich por usar a las fuerzas armadas para combatir al narco. “No están preparadas. El narco es un civil, las fuerzas armadas no están para eso”, criticó.

Por último, cruzó a José Espert por llamar a una rebelión fiscal en provincia de Buenos Aires. “No estoy de acuerdo”, dijo. Por ahora, Milei recibió el golpe y prefirió el silencio. Ni él ni ningún trolls salieron a decir nada de la vicepresidenta y las críticas.

La vicepresidenta habló del vínculo que mantiene con el Presidente y su hermana, Karina Milei.

Tras una semana de máxima tensión y reconciliaciones en la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel brindó una extensa entrevista a Jonatan Viale para describir cómo estaba su relación con Javier Milei y su hermana, la secretaria de Estado Karina Milei.

Sobre la funcionaria, la tildó de tener “fuerte carácter”, “al igual que ella”. Y entre risas, la titular del Senado comentó: “Las dos queremos a Javier y las dos somos brava, pobre ‘Jamoncito’”, lanzó en referencia al jefe de Estado.

La cámara de Diputados bonaerense aprobó la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras.

Se trata de una ley elaborada por el legislador de Unión por la Patria y ex intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que establece la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras, un instrumento jurídico para conseguir financiamiento en organismos internacionales para encarar obras que eviten las recurrentes inundaciones que sufre el sur del Conurbano.

El proyecto original sufrió algunas modificaciones ya que ahora se establece que establecer el tope para que el 80% de los gastos del nuevo comité hídrico vayan directamente a las obras y tambien que los cargos del directorio sean ad honorem.

En este sentido, la diputada del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, valoró: “Que el directorio sea ad honorem; que el comité elabore el plan de expropiación lo remite a la Bicameral y sea tratado en la Legislatura bonaerense para su aprobación; un límite al presupuesto del 20% a la función estructural y un 80% para obras; y la creación la Bicameral de control y seguimiento de tres cuencas: San Francisco- Las Piedras, Río Reconquista y Río Luján”, enumeró.

Cabe destacar que, el proyecto que obtuvo medida sanción este miércoles prevé la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras, con la intención de solventar la realización de obras pluviales en el sur del Conurbano bonaerense.

Por su parte, el propio Cascallares refirió al respecto: «Hay muchas obras que si no las hace el estado, no las hace ningún privado. Este tipo de obras son muy cuantiosas, con mucha planificación y es necesario que sea el Estado quien las lleve adelante”.

El intendente de Unión por la Patria celebró la media sanción del proyecto de ley que intenta evitar nuevas inundaciones en el Conurbano bonaerense, y se mostró confiado en que la ley pueda correr con la misma suerte en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. 

“Hemos visto hasta aquí que el Gobierno nacional plantea que no va a hacer más obras”, lamentó Cascallares, al tiempo que agregó que aún está la expectativa sobre qué “autoridades nacionales viabilicen la posibilidad de financiamiento de organismos internacionales, de multilaterales, para poder financiar sobre todo este tipo de obras, que superan los límites de un municipio y tienen tanta implicancia en lo social como en lo económico”. 

Fuente: con información de Diputados Bonaerenses y La noticia web

La decisión del Gobierno representará una pérdida para los haberes jubilatorios.

El gobierno de Javier Milei determinará por decreto la actualización de las jubilaciones en abril, que se dispondrá en base el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una compensación que estaría solo entre el 12% y el 14% por la inflación de enero, que fue de 20,6%.

Contra lo que había afirmado y en medio de una fuerte presión política de la oposición, el gobierno decidió actualizar la fórmula por la que se establece el aumento de las jubilaciones a través de un decreto.

Hecho ese empalme, a partir de mayo, el Gobierno pretende que las jubilaciones se actualicen por el IPC mensual y no por una combinación del promedio de aumentos salariales con la recaudación de la ANSES, como es ahora

De esta manera, la Casa Rosada busca adelantarse a la discusión que pretende dar la oposición en el Congreso, luego de no haber logrado un consenso con los sectores dialoguistas en el recinto.

El plan original del Presidente era eliminar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES pero esta propuesta fue desechada ante las sugerencias de la UCR. La nueva fórmula jubilatoria que proponía el Gobierno no convencía a nadie, ni siquiera a sus socios del PRO, pero requería de una mayoría legislativa que finalmente no llegó a consolidarse. La versión reducida de la ley ómnibus que el Gobierno envió a los gobernadores incluía un aumento del 10% para las jubilaciones y su indexación a la inflación a partir de abril.

Luego de una serie de fallos y apelaciones, finalmente se declaró inconstitucional la reforma sobre la Ley de Tierras que proponía el DNU de Javier Milei.

Aunque fue rechazado en el Senado, el DNU de Javier Milei continúa vigente hasta tanto no se vote en la Cámara de Diputados. Sin embargo, una serie de reformas fueron derogadas a través de fallos judiciales. Ese es el caso del artículo del decreto que proponía la eliminación de la Ley de Tierras.

El caso llegó a instancia judicial a partir de un amparo colectivo promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que argumentó que la derogación de la Ley de Tierras habilitaba a “la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.

En primer medida, los jueces legitimaron el amparo colectivo del CECIM por entender que en esa organización están nucleados “quienes debieron empuñar las armas en defensa” de la soberanía nacional. A su vez, consideraron las condiciones en que el Presidente anunció el decreto: “No existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”.

También se refirieron a los argumentos con los que el Gobierno apuntó a la derogación de la Ley de Tierras: “Razones genéricas expuestas en los considerandos de los decretos de necesidad y urgencia” que “resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. “El fundamento del DNU impugnado –sólo tres líneas en lo que atañe a la derogación de la ley 26.737– no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional”.

Finalmente, consideraron que la eliminación de la Ley de Tierras “constituye una lisa y llana derogación de conveniencia de la ley 26.737”, que no se fundamenta en “paliar una supuesta situación excepcional” sino que propone reformas que “revisten carácter permanente modificatorias de leyes del Congreso Nacional”

Qué propone la Ley de Tierras

La Ley de Tierras, nombre por el que se conoce a la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Se trata de una legislación sancionado por el Congreso Nacional en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La norma establece un límite a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros hasta las 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial.

Al mismo tiempo, fija en un 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de campos en territorio nacional para aquellas personas extranjeras, tanto físicas como jurídicas. El objetivo de la ley es poner un límite a la extranjerización de las tierras.

Fuente: Ámbito

En medio del brutal ajuste del Ejecutivo nacional, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sale a buscar nuevas oportunidades de financiamiento con los BRICS.

En medio del brutal ajuste del Ejecutivo nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este jueves una videollamada con la titular del Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Roussef, con el objetivo de estrechar lazos de colaboración y abordar oportunidades de inversión entre el organismo y el territorio bonaerense.

Es que, la cartera de inversión del Banco de Desarrollo de los BRICS incluye programas de infraestructura en transporte, energía renovable, agua y saneamiento, desarrollo urbano y proyectos ambientales, entre otros, fondos claves para continuar las obras públicas que la motosierra del presidente de la Nación, Javier Milei, dilapidó.

Nos reunimos por videoconferencia con @dilmabr, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, para analizar nuevas oportunidades de inversión en la provincia.

Fortalecer los lazos con el organismo es fundamental para seguir dando respuestas y transformar la vida de los… pic.twitter.com/UFde4Pmxgq

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 21, 2024

Tal es la necesidad de fondos para motorizar las obras públicas podadas en el territorio bonaerense que, semanas atrás, los ministros de Economía provinciales habían mantenido un encuentro con el secretario de Hacienda del Ejecutivo, Carlos Guberman.

En ese marco, el Secretario del Ejecutivo les trasmitió a los funcionarios que los distritos tenían vía libre para buscar financiamiento con organismos internacionales con el objetivo de avanzar en las obras públicas.

Cabe destacar que, al panorama de ahorque financiero para los distritos se le suman los magros números de Coparticipación Federal, que se dieron a conocer este martes. Es que, los fondos para las provincias se desplomaron un 24% durante la primera quincena de marzo.

Además, según los datos aportados por la consultora privada Politikón Chaco, la provincia de Buenos Aires fue la más afectada en la caída de la Coparticipación Federal, ya que el distrito tuvo una merma del 25,5%.

Al respecto de esta situación, el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristián Girard, señaló que en el territorio bonaerense “se concentran las mayores desigualdades y las pobrezas más profundas”.

“Tiene un déficit de calidad de vida, en términos sociales, que hay que suplir con recursos tributarios porque hay un estado presente y no ausente“, sentenció el funcionario, defendiendo el aumento de impuestos realizado por Kicillof.

Fuente: Diputados Bonaerenses

Se debe a la segunda actualización (prevista en tres etapas) en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono.

Los precios de los combustibles volverán a subir casi un 5% a partir del próximo 1° de abril en todas las estaciones de servicio del país. La nueva suba mete más presión en los ya castigados bolsillos de los trabajadores y suma preocupación entre los estacioneros quienes vienen advirtiendo sobre la fuerte caída de ventas en los surtidores a partir de las subas de más del 100% registradas desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

El incremento se debe a la entrada en vigencia de una nueva actualización (la segunda de tres) del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Para ello se dispuso un esquema de traslado de los cargos tributarios pendientes desde el tercer trimestre de 2021 hasta el mismo período de 2023. Los incrementos que faltan corresponden a abril y mayo próximo.

A partir de junio Economía y la Secretaría de Energía deben poner en marcha un nuevo esquema de actualización del ICL y IDC.

El último incremento fue de 7,5% promedio en todo el país. De esa cifra, la actualización por impuestos fue 4,4%, por lo que el resto del aumento fue por la suba de los biocombustibles, la variación del tipo de cambio y el precio del crudo internacional.

Para abril la suba mínima de los combustibles será de 4,2% y promediará casi 5% en todo el país, pero no se descarta que por al encarecimiento de los biocombustibles, la devaluación mensual del 2% o la escalada del crudo internacional llegue a 9% en promedio. En ese caso, fuentes del Gobierno admitieron a Energy Report que podrían postergar o escalonar la actualización de abril para junio, con el objetivo de contener la inflación. Esa medida está en estudio y se resolverá en la víspera de Pascuas.

Combustibles: cuánto cuesta el litro hoy en YPF de CABA

• Nafta Súper: $800
• Nafta Premium: $987
• Gasoil Grado 2: $ 843
• Gasoil Grado 3: $1.073

y partir del 1° de abril se iría a:

• Nafta Súper: $834
• Nafta Premium: $1.020
• Diésel: $865
• Diésel Premium:$1.095

Con estos precios, llenar un tanque de combustible se acerca a los $100.000 en un vehículo de pasajeros como un SUV grande (en una camioneta del tipo RAM 1500 o Ford F150 ya lo supera) mientras que para un auto está cerca de la mitad.