Sin agenda con el organismo multilateral de crédito, el portavoz remarcó que “el Banco Central tiene un plan muy claro en materia monetaria”.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo este miércoles que el Gobierno está llevando adelante “un plan para estabilizar” la economía, por lo que en la reunión con la comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se realizará mañana “no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia”.

“Entiendo que al menos basado en los acuerdos anteriores no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia con el Fondo, en virtud de que tenemos un plan muy claro en materia fiscal”, dijo Adorni en su habitual rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Consultado sobre si el Fondo pedirá un plan de estabilización, Adorni aseguró que “desde el 10 de diciembre estamos transitando un plan para estabilizar este horror que nos han dejado en la situación económica en la República Argentina“.

Dijo que “no hay agenda predefinida con el Fondo Monetario”, al tiempo que remarcó que “el Banco Central tiene un plan muy claro en materia monetaria”.

“El norte está demasiado claro como para tener algún tipo de punto de no encuentro con el Fondo Monetario”, concluyó.

La suma que comenzó a regir desde este martes se suma a los del 30% del 8 de diciembre y del 37% dispuesto el 13 de ese mes. Preocupación por el impacto en las góndolas.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, declaró esta mañana que el último aumento de las petroleras en el precio de los combustibles significa “un problema muy grave” para todo el sector. Y es que en 13 días los incrementos ya sumaron el 64%, luego de que durante todo el año pasado los precios superaran más del 200% de aumento.

Los aumentos fueron ordenados por la mayoría de las firmas en horas de la madrugada incluidas Axion, Shell y Puma, en tanto YPF se sumó este miércoles.

En diálogo con Télam Radio, Rosato sostuvo que el último aumento del 27 % que aplicaron las petroleras “sumado a un total que hace el 76% en un mes”, significa para todo el sector productivo “un problema muy grave”. Aún más: se rumora que la intención es que el precio sea el equivalente a, por lo menos, 1 dólar por litro.

En esa línea, argumentó que se trata de “una distorsión que se genera en los precios debido a estos aumentos consecutivos”, y alertó que “sin ninguna duda, va a afectar al comercio, a la industria, a los trabajadores y donde más se ve, de forma inmediatamente reflejada, es en las góndolas”.

Por otro lado, consideró que la decisión de aumentar los combustibles generará “variables de precios que es muy difícil de comprender”, además de “especulación” y todo lo que conllevan “estos aumentos permanentes que estamos teniendo”.

“Creemos que esto hay que hacerlo en forma parcial, consensuada y donde tiene que haber un techo para los aumentos, dado que se va a afectar sustancialmente al sector productivo”, agregó el titular de IPA.

En promedio, los nuevos precios en Ciudad de Buenos Aires pasaron a ser de $ 702 para la nafta súper, $ 868 para la nafta premium, diésel común a $ 750 y diésel euro o premium a $ 944, según informaron fuentes del sector.

El aumento se da días después de que la Secretaría de Energía autorizara el pasado jueves aumentos de 34,44% para el precio de adquisición del biodiesel, 33,65% para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, y 28,45% para el elaborado en base a maíz.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, afirmó que los costos dependen de la cotización del tipo de cambio y el valor del petróleo.

No obstante, también señaló que la política gubernamental influye pues indicó que la “pauta actual es la libertad de precios”.

En el inicio del debate de la Ley Ómnibus en el Congreso, cinco mandatarios anunciaron que sus legisladores no aprobarán la reforma pesquera.

El Congreso será el escenario con mayor nivel de disputa para el oficialismo y es el blanco sistemático contra el que apunta Javier Milei para que le aprueben las iniciativas incluidas dentro de la Ley Ómnibus. Ante los rechazos expresados por distintos legisladores, ahora se suman la de los gobernadores de provincias patagónicas, cuyo orígenes corresponden a cinco partidos distintos: tres provincialismos, el PRO y Unión por la Patria.

A través de un comunicado, se expresaron directamente en contra de las reformas de la Ley Federal de Pesca y otros artículos referidos al sector los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa. Eso implicaría el rechazo de la totalidad del bloque de Innovación Federal en Diputados, además de una serie de rechazos distribuidos por distintas bancadas: al menos 8 senadores y 16 diputados, sin contar la oposición orgánica a Javier Milei.

En el documento consideran las modificaciones “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros“. Asimismo, se refirieron su preocupación por la eliminación la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos, la competencia desigual en los cupos de captura y la supresión de la necesidad de contratar personal de nacionalidad argentina.

Los gobernadores señalaron que la reforma “provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras” que “aunadas a la suba de retenciones, generarían un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”, que como consecuencia resultaría en “una menor recaudación por parte del Estado Nacional”.

Existen dos artículos que tienen un rechazo generalizado del Congreso: el primero, que transfiere facultades “en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social”; y el tercero, que propone que Javier Milei declare la emergencia pública durante todo su mandato y se adjudique las potestades legislativas. Además, distintos diputados opositores manifestaron su intención de revisar aquellos incisos que alteren retenciones, jubilaciones, regalías petroleras y reformas en la representación legislativa.

Fuente: Ámbito

Transportistas Unidos de Argentina y dueños de transportes escolares se manifestaron en contra las sucesivas subas de combustibles. ¿Peligra su actividad?

Los transportistas han recibido un nuevo golpe en su rentabilidad al conocer que los combustibles aumentaron una vez más sus valores.

Consultado por el medio Urgente24.com, Santiago Carlucci, de Transportistas Unidos de Argentina, expresó:

Es otro golpe para nuestra actividad porque los costos operativos se vuelven cada vez más altos y las tarifas no hay forma de que aumenten en la misma proporción que sube el combustible. Por toda esta situación, peligra la viabilidad de nuestro trabajo”

Por su parte, los representantes de la cámara que nuclea a los transporte escolares del Gran Buenos Aires también se quejaron por la noticia recibida.“Se trata de un aumento desmedido del combustible. Esto pone a nuestro sector en una situación muy comprometida ya que no tenemos subsidio alguno por parte de los gobiernos. Estamos al borde del fin de nuestras actividades ya que sabemos que no podremos trasladar estas nuevas tarifas. Detrás de los hidrocarburos, volverán a aumentar todo el resto de los insumos”.

Las empresas de combustibles confirmaron el incremento del 27% para el inicio del día 3 de enero. El incremento anterior había sido a mediados de diciembre.

El litro de nafta súper saltará desde 553 pesos a 702 pesos. La premium legaría a los 868 pesos. El diésel común a 750 pesos y el diésel euro a 944 pesos

YPF lidera el segmento de venta de combustibles con casi el 55%, seguida por Shell con 23% y Raizen con 20%.

¿A qué tipo de la divisa norteamericana quiere el litro de nafta Javier Milei? ¿Dólar oficial, de 800 pesos, o bien libre, de 1000 pesos?

El peor de los fantasmas es la explosión en los valores sufridos a mediados de los años 70, cuando el ministro de Economía Celestino Rodrigo dispuso violentas subas que llegaron hasta el 175% desatando el recordado “Rodrigazo”

Con estos nuevos valores, el gobierno nacional se acerca de manera peligrosa a esos picos traumáticos.

Fuente: Urgente 24

La central obrera solicitó que “se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del “Título IV Trabajo” del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023″.

La Justicia del Trabajo aceptó levantar la feria judicial para tratar la denuncia de la Central General de los Trabajadores (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que apunta a desregular la economía y cambiar las condiciones laborales en el país.

La resolución, firmada por los camaristas María González y Alejandro Subera, atendió el pedido de la CGT, firmado por su secretario general Héctor Daer, que buscaba levantar la feria y analizar la implementación de una medida cautelar sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

La causa recayó en la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tras el fallo de juzgado laboral interviniente a cargo de José Ramonet que desestimaba la medida cautelar “interina” solicitada por la parte actora.

La central obrera solicitó en el primer punto de su petición que “se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del “Título IV Trabajo” del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023″.

En la misma resolución, los jueces González y Subera trasladaron el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen. “Esta Sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve”, señalaron los camaristas.

Además, el gobernador de La Rioja consideró que el Justicialismo tiene la “obligación de organizarse” bajo una “suerte de amnistía” para reunir a todo el peronismo.

Gobernadores del PJ buscan una “amnistía” en el peronismo para conformar una nueva mesa política que incluya a todos los sectores y afianzar la oposición al gobierno de Javier Milei, en medio del debate legislativo por la ley ómnibus y el DNU de desregulación económica.

Así lo dejó trascender este martes el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, quien consideró que el Justicialismo tiene la “obligación de organizarse” y promover una “suerte de amnistía” para reunir a los representantes de distintos espacios en una “gran mesa horizontal” con “gobernadores, legisladores nacionales, la CGT y los movimientos sociales”.

Las declaraciones de Quintela, formuladas en El Destape Radio, permitieron entrever el estado de inquietud entre los referentes del PJ que, tras la derrota electoral ante Milei, buscan la renovación de sus filas para reorganizar la oposición al gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

“Llamamos a la dirigencia a reflexionar y hacer una amnistía para que todos vuelvan a la discusión y no nos dispersemos, porque lo que se viene va a ser complejo”, indicaron a Télam desde el entorno de uno de los mandatarios del PJ que propugna la ampliación en la mesa de toma de decisiones del partido.

Quintela, uno de los más activos entre los gobernadores y quien se presentó ante la Corte Suprema para solicitar la suspensión del DNU, sostuvo que la intención de su propuesta partidaria es consolidar al peronismo como una “alternativa”, por lo que resulta necesaria la “recuperación de muchos compañeros que están afuera” y que “tienen que volver, hacer su aporte y, entre todos juntos, volver a construir un peronismo victorioso”.

Para eso, el PJ necesita “consolidar una mesa política amplia para resistir a las medidas inconstitucionales de este Gobierno”, postuló el mandatario riojano.

No obstante, según pudo saber Télam de fuentes partidarias, para el corto plazo no estaría prevista todavía ninguna actividad partidaria.

El Consejo Nacional del PJ es presidido actualmente por el exmandatario Alberto Fernández, quien se trasladó a Madrid para pasar las fiestas de fin de año con su familia y que anticipó que, a su regreso, trabajará “en unidad” con los referentes del partido ante lo que consideró las “catastróficas consecuencias” que derivarían del DNU de desregulación emitido por el Gobierno de Milei.

Fernández tiene mandato como presidente partidario hasta abril de 2025 y, según trascendió, su intención es permanecer en ese cargo hasta el cumplimiento de ese período.

Acompañan como vicepresidentes del PJ en la mesa de conducción Cristina Álvarez Rodríguez; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la exvicegobernadora de Chaco Analía Rach Quiroga; el exmandatario de Tucumán Juan Manzur y la diputada nacional Lucía Corpacci, en ese orden.

El dirigente que en las últimas semanas había reclamado abiertamente las renuncias de Alberto Fernández y de Máximo Kirchner a la conducción del PJ nacional y de su filial bonaerense, respectivamente, fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, al sostener que, tras la derrota de Sergio Massa ante Milei en el balotaje del 19 de noviembre, tiene que haber “gestos contundentes” en el peronismo y pasar a una “nueva etapa”.

En su nuevo rol de oposición, el año del PJ estará marcado por el objetivo de la reorganización y la búsqueda de nuevos liderazgos, en un proceso que ya se inició con el rechazo al DNU de desregulación económica y el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso.

El mes pasado la nafta tuvo dos aumentos: uno de hasta el 30% el pasado 8 de diciembre, y otro de entre 30% y 37% el 13 de diciembre, tras la devaluación en la cotización del dólar oficial.

Las compañías petroleras, a excepción de YPF, realizaron este miércoles un aumento de los combustibles de alrededor del 27%, que se suma a los incrementos de 30% y 37% dispuestos el mes pasado.

Los aumentos fueron ordenados por la mayoría de las firmas, incluidas Axion, Shell y Puma, registrándose filas de autos en diversos surtidores. YPF, al momento, sigue manteniendo los mismos precios.

En promedio, los nuevos precios en Ciudad de Buenos Aires pasaron a ser de $ 702 para la nafta súper, $ 868 para la nafta premium, diésel común a $ 750 y diésel euro o premium a $ 944, según informaron fuentes del sector.

El mes pasado la nafta tuvo dos aumentos: uno de hasta el 30% el pasado 8 de diciembre, y otro de entre 30% y 37% el 13 de diciembre, tras la devaluación en la cotización del dólar oficial.

El aumento se da días después de que la Secretaría de Energía autorizara el pasado jueves incrementos de 34,44% para el precio de adquisición del biodiesel, 33,65% para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, y 28,45% para el elaborado en base a maíz.

Aumentos

El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, en diálogo con la señal de noticias C5N, que habría un incremento de entre el 25% y el 27%.

“A medianoche aumentan los combustibles. Por lo que vemos, según los informes de las empresas, estaría en el orden del 27%“, señaló.

El titular de la cámara empresarial afirmó que los costos dependen de la cotización del tipo de cambio y el valor del petróleo. No obstante, también señaló que la política gubernamental influye, pues indicó que la “pauta actual es la libertad de precios”.

“Se debe apuntar a una fluctuación libre, sin el control indirecto que hoy ejerce el gobierno en el mercado a través de YPF”, afirmó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en una entrevista al portal especializado “Surtidores” antes de la asunción del presidente Javier Milei.

En otra medida que atenta contra la soberanía y que contraviene a la Constitución Nacional, el gobernador de dicha provincia busca delegar la custodia del mar argentino a la armada de Estados Unidos.

Por Ignacio Corradi

La iniciativa impulsada por el flamante gobernador Ignacio Agustín Torres de Juntos por el Cambio (JxC) busca establecer un marco de cooperación con Estados Unidos. La iniciativa según informa el medio El Chubut, contempla que buques de guerra de bandera norteamericana tengan acceso para patrullar la costa o eventualmente amarrar en puertos nacionales. La propuesta según palabras del gobernador chubutense, apunta a “garantizar la protección de los recursos marítimos de Chubut y fortalecer la infraestructura portuaria local”. Esto ultimo podría abrir la puerta a la instalación de algún tipo de base militar de Estados Unidos con el pretexto de cooperar en la lucha contra la pesca ilegal, actividad que no solo involucra a China, si no que en buena parte proviene de las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña aliado incondicional de EEUU. En este sentido cabe destacar un reciente informe de la Fundación Latinoamericana de Sustentabilidad Pesquera (FULASP) quien destaca lo siguiente: “En las aguas que rodean las Islas Malvinas, casi la mitad de la pesca total de Argentina se realiza ilegalmente por embarcaciones con licencias otorgadas por el gobierno británico. La pesca representa alrededor del 60% de los ingresos de las Islas Malvinas, lo que las sitúa entre las diez regiones con mayor PIB per cápita en todo el mundo”. No queda claro como EEUU podría ayudar a combatir una actividad ilegal que es el sustento principal del gobierno de ocupación británico de Malvinas con quien los Estados Unidos coopera activamente en el plano estratégico y militar, a modo de ejemplo durante febrero del 2021 un submarino nuclear, el USS Greenville (SSN 772) de los EEUU realizó ejercicios combinados con fuerzas británicas con base en Malvinas, lo que generó el repudio de cancillería. En este sentido, se torna evidente que la iniciativa promovida en el ámbito pesquero encubre intereses más profundos por parte de EEUU, ya que de la misma forma que utiliza el narcotráfico o el “terrorismo” como chivos expiatorios para incrementar la injerencia política y la presencia militar en la región, ahora también se esgrime como argumento la “preocupación por la protección de los recursos naturales latinoamericanos”, que los Estados Unidos busca tutelar como parte de una pugna mucho más amplia por el control de recursos naturales considerados estratégicos que la potencia del norte mantiene especialmente con China (definida como el máximo rival de EEUU en la región), siendo el principal objetivo de estas políticas el reaseguro de dichos recursos, no como se postula discursivamente en boca de los funcionarios de Washington para los países de la región, si no para usufructo prioritario de la potencia del norte a través de sus empresas y aliados.

A la luz de esta realidad, la pretendida cooperación en el ámbito pesquero resulta ser una quimera y una tapadera de otros objetivos, y que en definitiva se trataría de un control engañoso y selectivo, donde los EEUU buscarán ciertamente disuadir la presencia de China mientras que por otro lado harán la vista gorda a la actividad ilegal que sirve de sustento a su histórico aliado británico en el Atlántico Sur, a quien le proporcionan respaldo político y militar, en especial en un contexto donde el Atlántico Sur vuelve a cobrar un renovado valor estratégico.

A este relajamiento en materia de ejercicio de soberanía, se le suma la pretendida desregulación del sector marítimo propuesta por el gobierno de Javier Milei, que en su proyecto de Ley denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, en la Sección III introduce drásticas modificaciones al Régimen Federal de Pesca normado por la Ley 24.922, lo que ya despertó la preocupación del sector tanto por las consecuencias ambientales como sociales y económicas, pero también en materia de soberanía. En ese sentido el ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería, Guillermo Carmona destaco “Nada impediría, por ejemplo, que una empresa que hoy pesca ilegalmente cerca de Malvinas licite y gane un permiso para pescar en aguas que hoy les están vedadas por ser infractoras al régimen nacional vigente. Esto debilitaría seriamente nuestros reclamos soberanos sobre Malvinas”.

Recordando el Madrynazo

En 1984 se produjo una inédita movilización popular de repudio a la flota norteamericana “Atlantic South Force” y a las políticas estatales de desmalvinización, que desconocían los sentimientos del pueblo madrynense.

Vale recordar que, finalizada la Guerra de Malvinas en 1982, se produjo el regreso de los soldados al continente en calidad de prisioneros de guerra, y un gran porcentaje de ellos fueron desembarcados en el muelle local.

En septiembre de 1984, la escuadra norteamericana recibió, por parte del Gobierno nacional, en el marco de los ejercicios combinados UNITAS la autorización para amarrar sus buques en el mismo lugar y posibilitar su aprovisionamiento y el desembarco de los marines norteamericanos.

Tal decisión desconocía el sentir de quienes habitaban la ciudad portuaria frente a la por entonces aun reciente experiencia de la Guerra de Malvinas y la posguerra, por lo que el arribo fue considerado como un agravio teniendo en cuenta la participación de Estados Unidos en el conflicto quien proveyó de toda clase de información, facilidades logísticas y equipos militares a las fuerzas británicas.

Entonces, la comunidad se organizó a través de una Comisión Multisectorial. Así, el 9 de septiembre, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, en una sesión extraordinaria llevada a cabo un domingo, declaró “presencia no grata” a la flota norteamericana, reflejando de esta manera el sentir de la comunidad.
Pese a ello, se produjo el arribo, acto que generó una movilización popular de repudio con pancartas y carteles hacia el muelle Almirante Storni. Ante tales manifestaciones, la flota finalmente se alejó de la costa reaprovisionándose mar adentro.

La Ordenanza Nº 6965/08 instituyo al 10 de Septiembre de cada año como el “Día del Madrynazo: por la Identidad y la Memoria Colectiva”, y que lo incluye en el calendario municipal para que este día sea celebrado y recordado por la comunidad en general.

En honor a este hecho histórico, hoy se hace necesario un nuevo madrynazo en defensa de la soberanía nacional que mueva las conciencias de los gobernantes, ya que como sostenía Arturo Jauretche “si malo es el gringo que nos compra peor es el criollo que nos vende”.

Fuente: con información de la Municipalidad de Puerto Madryn y El Chubut.

Es Lares Corporation, dedicada a la energía eólica y propiedad de Gianfranco, hermano de Mauricio, con sede en el Ducado, una guarida fiscal. Hizo un fabuloso negocio de compra-venta triangulada de licitaciones de la española Isolux a la china Goldwind.

El convenio para bajar los tributos de las compañías radicadas en el Ducado de Luxemburgo, una de las naciones más opacas en términos de secretos financieros, parece hecho a medida para algunas grandes empresas argentinas. Está en la mega ley que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso, y sus beneficiadas son las firmas que tienen fijada su sede en la monarquía europea, como el conglomerado siderúrgico, energético y de construcción Techint, de Paolo Rocca, el unicornio líder de economía del conocimiento Globant y la compañía productora de alimentos y energía Adecoagro. Pero, además, es funcional a Lares Corporation, dedicada a la energía eólica y propiedad de Gianfranco Macri, hermano de Mauricio.

El gran paquete de proyectos conocido como ley ómnibus contiene una norma que modifica los convenios bilaterales con algunos países, como Luxemburgo, para evitar la “doble imposición tributaria”. Lo que se propone es aprobar el acuerdo entre la Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la eliminación de la doble imposición con respecto a “los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal”, que fue suscripto en Washington, Estados Unidos, el 13 de abril de 2019.

La ONG internacional Tax Justice Network ubica a Luxemburgo como el quinto país más opaco en términos de secreto financiero y en el sexto lugar entre las guaridas fiscales para corporaciones. Estima que los países dejan de recaudar más de 472 mil millones de dólares al año debido al abuso fiscal internacional. De ese monto, unos 301 mil millones se evaporan porque las corporaciones multinacionales trasladan sus ganancias a guaridas fiscales para informar menos beneficios de los que realmente obtienen en los países donde operan, y, como resultado, pagan menos impuestos de los que deberían. Los restantes 171 mil millones de dólares se pierden porque personas adineradas ocultan activos e ingresos no declarados en el extranjero, fuera del alcance de la ley.

El convenio con Luxemburgo, firmado durante el Gobierno de Cambiemos, beneficia también a la familia Macri, que utilizó la empresa Lares Corporation con sede en esa guarida fiscal –primero la tenía en España– en un fabuloso negocio con parques eólicos. Fue una compra de licencias a la empresa española Isolux que después vendió a un valor sensiblemente superior, lo que le permitió a Gianfranco Macri, junto al socio para la ocasión Carlos Tévez, ganar casi 70 millones de dólares.

El hermano de Mauricio Macri quedó procesado por esa operación a causa de una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade.

Otro de los ganadores del acuerdo con Luxemburgo será Rocca, titular de Techint. Un beneficio más para el aportante a la campaña de Milei: ya se quedó con el manejo de YPF al colocar en la estatal que La Libertad Avanza pretende privatizar cuatro hombres de su petrolera Tecpetrol. Además, aumentará sus ganancias con la desregulación del mercado energético.

El acuerdo con el Ducado exceptúa de tributación en la fuente las ganancias de capital por venta de acciones que cotizan en bolsa, por reorganizaciones (sin definir el concepto) y por transferencia de inmuebles que se utilicen para la actividad de las empresas. Tampoco habilita la aplicación de la limitación en la deducción de marcas y patentes (80% según artículo 92 de la Ley de Impuesto a las Ganancias) y la aplicación de la ley interna para la deducibilidad de gastos de establecimiento permanente.

Para las regalías, fija del 3% al 10% con el agravante de la limitación del 15% para las regalías por contratos de transferencia de tecnología no registrados, cuando por aplicación de la legislación interna la tributación sería del 31,5%. Esto activaría la cláusula de nación más favorecida tanto en los convenios vigentes como en los pendientes de ratificación.

Fuente: El ciudadano y la región

Así lo refleja el último estudio de la consultora Zuban Córdoba y Asociados.

Una encuesta a nivel nacional difundida por la consultora Zuban Córdoba y Asociados, arroja que, a poco más de tres semanas de asumir la presidencia, Javier Milei perdió más de un punto de imagen positiva por día y que el porcentaje aproximado de imagen negativa por estos días rondaría el 55%.

Mientras, su imagen positiva se ubica en 44,1%, según el estudio. El fenómeno, concluyen, es producto de las medidas de ajuste que afectan los bolsillos y condiciones de vida del conjunto de la población.

En ese sentido, destacan que “tanto el DNU desregulador como la ley ómnibus presentada en el Congreso cosechan niveles importantes de rechazo”. Partiendo de la premisa de que “los contextos son extremadamente líquidos”, resaltan que “gobernar creyendo que el consenso que se logró en un momento determinado en el tiempo va a ser permanente, es el primer paso para cometer errores de gravedad”.

Además, la consultora señala que más de la mitad de las personas consultadas considera que el ajuste de Milei “no está siendo pagado por la casta”.

La encuesta nacional, titulada “Resumen Nacional Diciembre 2023“, analizó la imagen del presidente Javier Milei a menos de un mes de haber asumido y se basó en una muestra compuesta por 1500 personas mayores de 16 años de toda la Argentina, que fueron indagadas entre el 28 y el 29 de diciembre. Mientras que el porcentaje de error del muestreo oscila en +/- 2,53%, detallaron desde Zuban Córdoba y Asociados.

La principal conclusión que extrajo la consultora es que hubo una notable caída de su imagen positiva: perdió más de un punto de imagen positiva por día desde que asumió, por lo cual calculan que el porcentaje aproximado de imagen negativa por estos días rondaría el 55%. Mientras, su imagen positiva se ubica en 44,1%, según el estudio.

El fenómeno, consideran desde Zuban Córdoba, se puede leer en relación con la “fragilidad e incertidumbre del escenario económico” y al rechazo generalizado que generaron las primeras iniciativas de Milei para ahondar en las reformas económicas, como el mega decreto 70/2023 para desregular la economía y la Ley Ómnibus que envió la semana pasada al Congreso.

Los autores del relevamiento consideran como la base de sus análisis es que “los contextos son extremadamente líquidos”, por lo cual remarcan: “ningún gobierno tiene la vaca atada y las mayorías son algo que debe ser fortalecido permanentemente. Gobernar creyendo que el consenso que se logró en un momento determinado en el tiempo, va a ser permanente, es el primer paso para cometer errores de gravedad“.

Sobre la constitucionalidad o no del DNU N° 70/23 para desregular la economía, el 56,1% de la muestra opinó que el decreto es inconstitucional y debe ser derogado por el Congreso o la Justicia. Mientras que el 39,8% afirmó que el mega decreto es constitucional y debe entrar en vigencia.

En este marco, desde la consultora concluyen que “tanto el DNU desregulador como la ley ómnibus presentada en el Congreso cosechan niveles importantes de rechazo”, y que “incluso, parece empezar a configurarse una mayoría a dispuesta a votar en contra de todas las medidas en un potencial plebiscito“.

Por lo cual, consideran, “al día de hoy, en la Libertad Avanza todas las luces tojas de advertencia deberían estar prendidas”. En ese sentido, el 54,6% anticipó que votaría contra el DNU, el 41,4% votaría a favor del DNU, el 2,3% no sabe y el 1,7% no votaría.

Asimismo, consideran que uno de los puntos débiles del gobierno es la comunicación de las primeras medidas de gestión: “el gobierno de Milei hizo anuncios de extrema gravedad económica e institucional usando el mismo tono que se utilizó en las elecciones“. Una estrategia que, consideran desde Zurban Córdoba, es un «error que genera distorsiones y atenta contra la generación de consensos”.

En cuanto a la aprobación de la gestión del gobierno y la situación económica, más de la mitad “desaprueba totalmente” al Gobierno, con valores que trepan al 51,9%, mientras que el 38,6% de la muestra “aprueba totalmente” al gobierno de Milei. Además, el 54,3% de la muestra consideró que desde que asumió Milei el país va en la dirección incorrecta, y el 43,5% afirmó que la gestión va por el camino correcto.

Sobre las expectativas con respecto a la situación económica dentro de un año, el 52,9% contestó que la coyuntura económica estará “mal” , a diferencia del 32,5% de la muestra, que advirtió que la situación económica estará “bien”. En cuanto al impacto de las reformas económicas de Milei y la posibilidad de saltos hiperiflacionarios en los próximos meses, la mayoría de los encuestados (51,9%) afirmó que la situación “le afecta” y que “no apoyará a Milei”, mientras que un número menor (el 38,2%) de la muestra manifestó que seguirá apoyando al presidente, a pesar del impacto de las reformas económicas.

Finalmente, con respecto a si el ajuste lo está pagando “la casta”, como tanto prometió Milei en campaña, o el conjunto de la población, las personas consultadas opinaron: el 53,4% se mostró “muy en desacuerdo” con la afirmación de que el ajuste lo está pagando “la casta”; el 11,6% está en desacuerdo con esta frase; el 11,5% está “muy de acuerdo” con esta afirmación sobre el ajuste; el 19,5% dijo que está de acuerdo con que el ajuste es pagado por la casta; y el 4,1% no sabe.