Este pronunciamiento tuvo lugar en conmemoración del 191 aniversario del acto de piratería por el que Gran Bretaña ocupó el archipiélago austral.

En una nota oficial publicada el miércoles por la noche, la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacó su apoyo a los derechos argentinos en esta disputa territorial. Afirmando: “En la fecha que se cumplen 191 años de la ocupación británica de las Islas Malvinas , Brasil reafirma su apoyo a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas , Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La posición de Brasil se remonta a 1833, cuando el embajador brasileño en Londres recibió instrucciones de ayudar a la protesta argentina contra el gobierno británico por la ocupación de las Islas”.

Asimismo resalta el compromiso renovado durante la visita de Lula a Argentina en enero de 2023. “El compromiso brasileño de apoyar los derechos argentinos fue reafirmado recientemente en la Declaración Conjunta con motivo de la visita oficial del Presidente de la República a la República Argentina, en enero de 2023, y en el Plan de Acción para el relanzamiento de la Estratégica Alianza Brasil-Argentina, aprobada en junio de 2023”, detalló el comunicado de la cancillería brasileña.

Finalmente, realizó un llamado a la reanudación de las negociaciones bilaterales entre Reino Unido y Argentina de acuerdo a lo recomendado por las resoluciones de las Naciones Unidas.

Venezuela también reafirmó su respaldo a Argentina

Por su parte, el Gobierno de Venezuela también expresó su respaldo a Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido. En este sentido, reafirmó el legítimo derecho que tiene el país sudamericano a las Islas Malvinas en coincidencia con el aniversario de 191 años desde la ocupación británica.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, enfatizó la importancia de respetar el derecho internacional y la soberanía territorial. Asimismo, se instó a ambas partes a buscar una solución pacífica y justa ante la ocupación del Reino.

La República Bolivariana de Venezuela ratifica su firme respaldo al legítimo reclamo del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas, ocupadas ilegalmente por el ex-imperio británico durante 191 años.

¡Al igual que el Esequibo es venezolano, las Malvinas son argentinas! Los… pic.twitter.com/Ds5GyJ7yXc

— Yvan Gil (@yvangil) January 3, 2024

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil

Fuente: escenario mundial

Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros adelantó el peor escenario de cara al futuro para los próximos meses a raíz de la ola de aumentos que vienen enviando en sus listas la mayoría de proveedores.

“Durante 2 semanas desaparecieron los repelentes de los mayoristas y lo poco que encontramos está aproximadamente entre un 50 y un 60% más”, comentó Fernando Savore. “¿Qué justifica ese aumento? No más que una tremenda especulación, porque sabíamos que iba a haber mosquitos y que la gente iba a estar dispuesta a pagar por ese repelente lo que sea”, agregó.

Los problemas de afrontar una fuerte especulación

Posteriormente, Savore planteó: “Siempre estamos en la especulación tremenda, pero no es solamente el mosquito, lo que es lácteos aumentó en el día de ayer entre un 12 y un 15%”. Luego, manifestó que, “hay empresas a las que tenemos que empezar a castigar y castigar significa decir que no estamos dispuestos a pagar determinado costo”.

“Arcor nos envió un aumento entre un 15 y un 35% y a través de los whatsapp dijimos de no comprar”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Vienen los incrementos de un día para el otro, entonces, lo que es transportado el precio del 35%, una lata de atún hay que venderla por arriba de los $3.000 y una mermelada en $2.000, por lo que son cosas que exceden”.

Se estima una caída en las ventas del 50% para enero y febrero

Por otro lado, el presidente de FABA señaló: “Si trazamos una brecha del 21 de noviembre, ahí comienza el precio del cambio del café, que duplicó su valor como casi toda la mercadería”. Sobre la misma línea, aseveró que, “lo que nosotros evaluamos es que la caída de ventas que vamos a tener en enero y en febrero, va a ser en un aproximado de un 50%”.

Fuente: canal E

Sonia Cavallo Runde fue propuesta por el Gobierno nacional para ocupar el cargo de embajadora ante la OEA, un lugar clave para la diplomacia de nuestro país.

El Gobierno nacional propuso a Sonia Cavallo Runde, la hija del ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, como embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Se trata de una sede diplomática clava para nuestro país.

Desde diciembre pasado comenzó a circular el rumor de que Sonia Cavallo hija ocuparía un puesto de ese nivel, cuando se supo que el ofrecimiento había sido hecho por Milei, quien en reiteradas ocasiones hizo público su apoyo a su padre, el ex ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem y Fernando De La Rúa.

Los demás nombres que propuso el Ejecutivo nacional al Congreso, son Daniel Scioli para la embajada de Brasil, Gerardo Werthein para la de Estados Unidos, Ian Sielecki para Francia, Shimon Axel Wahnish para Israel, Mariano Caucino para la India y Guillermo Nielsen para Paraguay.

Estos pliegos serán tratados el próximo miércoles, durante el período de sesiones extraordinarias decretado por Javier Milei. Dichos pliegos deben ser tratados en primer lugar por el Senado de la Nación.

Sonia Runde Cavallo es la única mujer entre los tres hijos del matrimonio de Domingo Cavallo y Sonia Abrazian. Es cordobesa, tiene 50 años y reside desde hace algún tiempo en Estados Unidos, lo que puede poner en duda los requisitos para su nombramiento.

Los precios de los alimentos siguen subiendo y el Gobierno “no va a intervenir”. Así lo ratificó este viernes el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa, cuando fue consultado sobre la posible disparada del kilo de carne a $20 mil.

“Los acuerdos que se conozcan son acuerdos libres entre partes o por la propia cadena de comercialización. Así que no tengo nada, no vamos a intervenir en los precios”, confirmó, respecto a la posibilidad de extender el programa de precios diferenciados o si analizan implementar algún tipo de beneficio para que la sociedad pueda acceder a esos precios.

“El Gobierno está atento a lo que sucede, y estamos abocados a pulverizar la inflación, por eso nos la pasamos hablando de la importancia del déficit fiscal porque entendemos que es la madre de todas las batallas para eliminarla”, explicó Adorni en su habitual rueda de prensa.

Vale recordar que en los últimos días, desde el sector de la carne advirtieron que con la “internacionalización de precios” la carne podría valer más de $20.000 el kilo.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Alberto Williams, aseguró que el panorama respecto a los precios de la carne “es preocupante” ya que, a raíz de la autorización para la exportación de todos los cortes de carne bovina por parte del gobierno libertario, “nadie va a querer vender a valores locales” y todos “querrán hacerlo a números internacionales”.

En este sentido, advirtió que el kilo, con esta tendencia, se ubicaría “arriba de los $20.000”. “En el medio, nadie habla de los salarios, de los ingresos. Si se piensan que un jubilado, con $100 mil pesos, puede comprar carne con los números que se manejan, estamos en la lona”, sostuvo.

Sergio Pikholtz comunicó su decisión de dejar el cargo. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas le había exigido que se tomara licencia. Fue después del escándalo que provocó la repudiable frase que instiga a una matanza contra el pueblo palestino.

El vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Sergio Pikholtz, decidió presentar su renuncia irrevocable tras el revuelo y la indignación que generaron sus polémicas declaraciones publicadas en la red social X. “No hay inocentes civiles en Gaza, tal vez los niños de menos de cuatro años”, afirmó el dirigente comunitario, palabras que provocaron además de indignación una contundente reacción de la dirigencia de la comunidad judía local.

“Comunico que he decidido renunciar irrevocablemente a mi condición de vicepresidente segundo de la DAIA. La causa del pueblo de judío, el retorno de los rehenes y el derecho del Estado de Israel a defenderse de las agresiones son causas justas. Am Israel Jai. Shabat Shalom. Fin”, publicó el dirigente en su cuenta de X, la misma donde difundió el mensaje que causó estupor y críticas.

Se trata de una medida que tomó luego de que el Consejo Directivo de la entidad le pidiera al dirigente que se tomara una licencia inmediata. Las autoridades de la entidad también le solicitaron que borrara de su cuenta de X el mensaje que precipitó una ola de repudio.

El texto completo del posteo de Pikholtz fue el siguiente: “como repetimos incansablemente no hay civiles inocentes en Gaza, tal vez sólo los niños de menos de cuatro años. Sin piedad con los asesinos de judíos. Venceremos”. El rabino Isaac Sacca respondió: “rechazamos esta cruel declaración. El judaísmo promueve la misericordia, la vida y el respeto por todos los seres humanos. Si tenemos que defendernos, lo haremos contra los malvados, no contra gente inocente que ya es víctima de su situación”.

La ministra de Seguridad había acusado a los camaristas que frenaron el capitulo laboral del DNU de “defender intereses particulares” y a la CGT de “extorsionar la gobernabilidad”.

Desde la CGT le respondió el triúnviro Pablo Moyano. “Se empezó a hacer Justicia”, dijo y calificó el fallo como “muy fuerte” , a “favor de los laburantes” y a la ministra le respondió: “Esta señora no tiene autoridad de criticar nada”. En la misma línea salió Hugo Yasky de la CTA y tras el fallo del fuero contencioso administrativo que pegó contra los intereses del Ejecutivo, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que es “un golpe de knock out para la estrategia judicial del Gobierno“.

“En la Justicia no creo que se pueda dar vuelta”, aseguro el líder camionero Pablo Moyano. “Ojalá que la Corte Suprema pueda reivindicarse y anular definitivamente este DNU, que no sólo perjudica a los argentinos, la soberanía y se desprende de todas las empresas del Estado”, explicó sobre el papel de los supremos.

Moyano consideró que “hay un montón de artículos que creo fue un error tremendo de quien le armó este DNU al Presidente”, le puso nombre y apellido a los autores detrás del armado. Dijo: “Un decreto dictado por Paolo Rocca, el Grupo Clarín y Mercado Libre, una flexibilización total de los derechos laborales”. Y no ahorró críticas para Bullrich. “Esta señora no tiene autoridad moral de criticar nada ya que ella fue parte de tres gobiernos que fracasaron, que causaron muertes, causaron miles y miles de despidos, miles de quiebras de pymes. Ahí te demuestra el desprecio que le tiene a la clase trabajadora”.

El dirigente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, también celebró la cautelar que la misma Cámara Laboral extendió para la presentación de esa central sindical: “El falló para nosotros es muy importante”, dijo. “Hasta que no se sustancie la constitucionalidad del decreto, corresponde la cautelar para establecer un efecto suspensivo del DNU (que) contiene una serie de violaciones a los derechos laborales adquiridos”, explicó Yasky en declaraciones a AM 530 y le respondió a la ministra: “A Bullrich la enerva el hecho que haya un ámbito de la Justicia que no falle siempre a favor de los poderosos”.

En tanto, el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar (CTA Autónoma), consideró que la decisión judicial “es un golpe casi de nocaut” a la medida. Por su parte, Héctor Recalde discutió la vocación de legislar del DNU. “Los DNU son facultades del Poder Ejecutivo pero está prohibido legislar con ellos. Y eso es lo que pretende Milei. La Cámara actuó de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional”, subrayó y evaluó que la decisión de la Cámara “no se podrá revertir” y que el Gobierno “tendría que apelar a la Corte” para lograr convalidar la normativa.

En un extenso hilo en la red social X, Gil Domínguez también se refirió al revés judicial del Gobierno en el fuero Contencioso Administrativo: “¿Cuál es el efecto principal del fallo del juez (Enrique) Lavie Pico? Cada proceso judicial sigue tramitando donde fue presentado. Por ejemplo: el de la CGT en Laboral y agregó: “También el juez Lavie Pico habilitó la feria respecto de la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y la declaró inoficiosa por cuanto ya no existe una acción de clase que haga de fuero de atracción”. Y concluyó: “Un golpe de knock out para la estrategia judicial del Gobierno”.

Fuente: Pagina 12

Un informe calificó como buenos los niveles de endeudamiento, liquidez y capacidad de pago de la entidad, lo que desmiente los dichos del gobierno sobre la necesidad de desprenderse de sus activos.

En la Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei pretende que el Congreso apruebe en sesiones extraordinarias se habilita la privatización de más de 40 empresas del estado nacional, entre ellas el Banco de la Nación Argentina (BNA), junto a todas sus unidades de negocios. La idea del gobierno es un fenomenal achicamiento del gasto público, que permita según su lógica acomodar la situación macroeconómica. La decisión generó el rechazo de muchos sus trabajadores, que se declararon en estado “de alerta y movilización” para frenar esta idea, que fue recientemente confirmado por su flamante presidente, Daniel Tillard. Los argumentos de la gestión libertaria giran en cuestiones como terminar con el déficit de las cuentas públicas, que es empujado por empresas que tienen sus números en “rojo”. En este contexto, se conoció un informe externo que auditó la situación financiera del Banco Nación, y que determinó que sus cuentas tienen buenas clasificaciones según los parámetros internacionales. Estos datos coinciden con la mirada de la Asociación de Personal Jerárquico de Bancos Oficiales de la Argentina (APJBO), que rechazó la venta de la entidad por tener una solides “en materia de liquidez como de capacitación y respaldo”.

El informe interno de las cuentas y la realidad financiera del Banco Nación lo realizó Fix Scr, una calificadora de riesgo del grupo Fitch con más de 100 años de experiencia en la materia.

La categoría AA (arg) implica “una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país”. “El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de las emisores o emisiones mejor clasificadas dentro del país”, aclaró el trabajo. En tanto, la categoría A1+ (arg) implica “una muy buena capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros”. Cuando las categorías de la emisión o emisor son particularmente sólidas, “se agrega un signo + a la categoría”. La calificación del Banco Nación se funda “en su franquicia que lo posiciona como la primera entidad financiera del sistema y uno de los cinco bancos de carácter sistémico local, y su rol de agente financiero del gobierno”.

Rechazo a la venta

En los primeros días de gestión de Milei, el tema de la privatización del Banco Nación comenzó a circular con fuerza, por lo que la APJBO se declaró en estado de “alerta y movilización”. Lo hizo por la decisión del gobierno de modificar la ley 21.799 para adecuar esa entidad y otras del estado nacional “a una nueva configuración societaria, esto es una Sociedad Anónima”, seguramente para el ingreso de capitales privados. “A mí me llama la atención que no se avance con empresas que ya están privatizadas, como el Banco Hipotecario, que el Estado tiene una parte de las acciones importante, pero no se desprende de ellas”, le dijo a Data Gremial en una reciente entrevista el titular de la APJBO, Arturo Quiñoa.

En la misma entrevista, el dirigente sindical recalcó que sobre las privatizaciones en general “considero que si es una empresa estratégica no debe venderse, dé ganancias o dé pérdida. Ahora, el desafío de un gobierno que quiere ser eficiente es hacer que las empresas estatales que son deficitarias comiencen a ser superavitarias, porque así no sólo se combate el déficit, sino que además se consiguen fondos nuevos”. En este sentido, Quiñoa recordó que “los dos mayores contribuyentes del país son YPF y el Banco Nación, si dejan de serlo estoy bajando la caja de los años próximos. Si esos fondos lo querés cubrir con impuestos es un error, porque está la doble imposición, entonces muchas de esas empresas ni siquiera pagan eso”.

Fuente: Data Gremial

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n°6 dio curso al recurso de amparo presentado por 500 intendentes contra el DNU de desregulación económica presentado por Javier Milei.

La Federación Argentina de Municipios (FAM) informó este viernes que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n°6 dio curso al recurso de amparo presentado por 500 intendentes contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el presidente Javier Milei.

Según precisó la FAM en un comunicado, el juez Enrique Lavié Pico dio curso a la acción presentada el martes 2 de enero, primer día hábil del año.

En el recurso, que lleva la firma del presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se pidió que se deje sin efecto el DNU 70/2023 “hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.

A la vez, solicitó “que se ordene, como medida urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23”.

“Desde la Federación Argentina de Municipios hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. Por eso, 500 intendentas e intendentes de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos”, explicó Espinoza en un comunicado.

Para el dirigente peronista, el decreto presidencial “afecta gravemente muchos aspectos de la vida de nuestras vecinas y vecinos, deja desprotegidos a nuestros jubilados y jubiladas, y atenta contra nuestras pymes y los productores regionales”.

En el pedido de acción de amparo se señaló que “el decreto cuestionado viola el presupuesto de validez esencial fijado por la Constitución, por cuanto arremete contra el principio general consagrado por el art. 99 inciso 3º, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo”.

“Pero para ello, y sin la intermediación -como corresponde- del Congreso, prefirió arrogarse facultades extraordinarias equivalentes a ejercer la suma del poder público y así derogar el siguiente paquete normativo de amplia vigencia en el país“, mencionó.

Y se sostuvo que el DNU “viola el principio rector que sustenta el estatuto del poder: la separación de poderes y conduce a la suma del poder público” y se destaca que “constituye una amenaza cierta e inmediata sobre el sistema democrático”.

En ese sentido, Espinoza consideró que “a días de haber asumido Milei, ya se generó un antes y un después en la Argentina. Vemos cómo se van cayendo argentinos del sistema laboral y cómo se está generando un desmoronamiento del poder económico de todo el pueblo”, afirmó.

“Nosotros, como primer escalón de la democracia, tenemos la responsabilidad de defender las voces de millones de mujeres, hombres, abuelas y abuelos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y pymes, productores rurales y regionales que representamos en cada una de nuestras ciudades”, dijo.

El documento firmado por Milei el 20 de diciembre pasado deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, en el que el presidente Javier Milei dispuso derogar cientos de leyes y normas para desregular la actividad económica y social del país, ingresó este viernes al Senado de la Nación para su tratamiento y posterior aprobación o rechazo.

Como paso necesario -y al margen de si la Justicia ordenó suspender total o parcialmente el DNU de Milei- el documento firmado por Milei el 20 de diciembre pasado deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Esa comisión está integrada por 16 legisladores (ocho miembros de Diputados y ocho, del Senado) que deberán firmar dictamen. Si la Bicameral no se reuniera en un plazo de diez días hábiles, el pleno de cada Cámara está habilitado a debatirlo.

Por su parte el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, consideró este viernes que el oficialismo “tendrá mayoría” para aprobar el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (la “Ley Ómnibus”) pero aseguró que la iniciativa puede tener “correcciones” si es necesario.

“Queremos ponernos a trabajar y trabajar la ley, tenerla preparada a mitad de mes, si se puede. Consideramos que vamos a tener mayoría, la vamos a aprobar en Diputados y la vamos a girar al Senado. Vamos a escuchar a todo el mundo. Si debemos corregir puntos del paquete de leyes lo vamos a hacer”, declaró Zago a Radio Splendid AM990.

Además, el líder de la bancada oficialista en Diputados señaló que consiguieron conformar ayer las cuatro comisiones para tratar la ley, si bien reconoció que se llevó adelante “con un poco de ruido de algunos bloques que tenían derecho a la discusión”.

El jueves de esta semana el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con el gobernador de Chubut Ignacio Torres y trataron la modificación de la ley de pesca propuesta en la ley Ómnibus.

“El gobernador de Chubut por el tema de pesca está siendo escuchado y seguramente va a exponer en la comisión, si hay algo que corregir lo vamos a hacer”, sostuvo Zago.

Además, el diputado también se refirió al nuevo protocolo de seguridad que prohíbe la reunión de más de tres personas en la vía pública.

“Fuera de contexto, creo que sí (se modificará). Tengo dos hijas y mi señora, ya cuatro no vamos a poder caminar por la vereda. Seguramente se modificará si lo tenemos que hacer”, reconoció.

En cuanto a la modificación de las modalidades del derecho a huelga, Zago expresó que no sabía “si se iba a modificar”. “Vamos a hacer pasar a todos los ministros que tocan las cuatro comisiones, si tenemos que corregir algo lo vamos a hacer”, repitió.

Finalmente, el presidente del bloque aseguró que la Cámara de Trabajo está “en todo su derecho” de rechazar las modificaciones laborales del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Ejecutivo y advirtió que el Gobierno “apelará a la Corte”.

“El Gobierno apelará a la Corte, dónde será tratado el próximo amparo que haga la CGT y la CTA”, concluyó.

Hace una semana Zago afirmó que los legisladores de La Libertad Avanza habían quedado sorprendidos por “los alcances del paquete enviado al Congreso” a fines de 2023.

“No teníamos conocimiento del contenido del proyecto, así que en eso estamos en igualdad de condiciones con los legisladores de la oposición. No creo que se busque darle la suma del poder público al Presidente. Eso no es tan así“, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El DNU 70/2023 implica una profunda desregulación de la economía, propone un “plan de estabilización de shock”, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.

Cuestionaron el comunicado de Cancillería al cumplirse 191 años de la usurpación. “Ya vivimos la época de las relaciones carnales”, recordaron.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata tildó de “engañoso” el comunicado difundido por Cancillería argentina al cumplirse 191 años de la usurpación británica a las Islas Malvinas y denunció un “plan de entrega del Gobierno de Javier Milei de nuestra soberanía nacional”.

En el escrito se cuestionó el comunicado emitido desde la Cancillería donde, según denunciaron, “advertimos un entrelíneas en un párrafo engañoso que coincide con lo que LLA dejó por escrito en su plataforma electoral, que dice: ‘En este marco, el Gobierno argentino desea mantener una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común con miras a generar un clima de confianza propicio para la reanudación de las negociaciones'”.

En ese aspecto, rechazaron que “ya vivimos la época de las relaciones carnales en los años 90 con los acuerdos de Madrid I y II, con la política de los ositos Winnie Pooh que se repite en los ciclos neoliberales con el nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 durante el Gobierno de (Mauricio) Macri y la canciller (Susana) Malcorra, acuerdo conocido como Foradori-Duncan firmado en la bodega de la Embajada Británica en Buenos Aires donde se entregaba la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur”.

“No hay soberanía posible cuando cada día queda más en evidencia a un gobierno que responde a una corporación política ajena a la defensa de los intereses nacionales”, sentenció el CECIM La Plata.

A la vez, resaltó que “hoy estamos nuevamente en manos de una fuerza de tareas para entregar todo vestigio de política soberana y así lo declararon en su plataforma electoral la Libertad Avanza”.

“La última gestión de gobierno neoliberal endeudó y fugó divisas que generaron las condiciones las que estamos sufriendo día a día. La brutalidad con la cual quieren avanzar en forma antidemocrática merece el mayor de los compromisos de los sectores populares. Defendemos una Argentina Soberana con un amplio sentido social”, enfatizó la entidad.