La presentación lleva la firma del presidente de la FAM e intendente de La Matanza. Se pide que se deje sin efecto el decreto antidemocrático que impulsa el Ejecutivo.

Un total de 500 intendentes de todo el país, agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), presentaron ante la Justicia un recurso de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el presidente Javier Milei, se informó hoy oficialmente.

La presentación, a la que tuvo acceso Télam, fue hecha este martes, lleva la firma del presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y pidió que se deje sin efecto el DNU 70/2023 “hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.

A la vez, el recurso judicial planteado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal porteña solicitó “que se ordene, como medida de urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23”.

“Desde la Federación Argentina de Municipios hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. Por eso, 500 intendentas e intendentes de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos”, explicó Espinoza en un comunicado.

Para el dirigente peronista, el decreto presidencial “afecta gravemente muchos aspectos de la vida de nuestras vecinas y vecinos, deja desprotegidos a nuestros jubilados y jubiladas, y atenta contra nuestras PyMEs y los productores regionales”.

En la acción de amparo, se señaló que “el decreto cuestionado viola el presupuesto de validez esencial fijado por la Constitución, por cuanto arremete contra el principio general consagrado por el art. 99 inciso 3º, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo”.

“Pero para ello, y sin la intermediación (como corresponde) del Congreso, prefirió arrogarse facultades extraordinarias equivalentes a ejercer la suma del poder público y así derogar el siguiente paquete normativo de amplia vigencia en el país”, mencionó.

Y se sostuvo que el DNU “viola el principio rector que sustenta el estatuto del poder: la separación de poderes y conduce a la suma del poder público” y se destaca que “constituye una amenaza cierta e inmediata sobre el sistema democrático”.

En ese sentido, Espinoza consideró que “a días de haber asumido Milei, ya se generó un antes y un después en la Argentina. Vemos cómo se van cayendo argentinos del sistema laboral y cómo se está generando un desmoronamiento del poder económico de todo el pueblo”, afirmó.

“Nosotros, como primer escalón de la democracia, tenemos la responsabilidad de defender las voces de millones de mujeres, hombres, abuelas y abuelos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y PyMEs, productores rurales y regionales que representamos en cada una de nuestras ciudades”, dijo.

Los encuentros giraron en torno a la defensa de la democracia y los diferentes derechos vulnerados por las normativas impulsadas por el Gobierno.

Este miércoles fue una jornada activa para el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP), en el marco de la organización de la resistencia parlamentaria al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) masivo y el proyecto de ‘Ley Omnibus’ presentada al Congreso impulsados por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Luego de que este martes el titular del bloque, Germán Martínez, solicitara con carácter urgente una reunión con su par de La Libertad Avanza (LLA), Martín Menem, para conocer detalles sobre cómo pretende el oficialismo tratar la mencionada Ley; la cruzada del bloque opositor continuó ayer con dos encuentros.

Una de ellas tuvo lugar por la tarde con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y representantes de diferentes organismos de Derechos Humanos, con quienes ratificaron “la defensa de la democracia que está siendo avasallada a través del DNU y la Ley Ómnibus”.

Además, precisaron, “se ratificó el compromiso de trabajar juntos por la defensa de los derechos humanos, políticos y sociales que están siendo vulnerados mediante las medidas del gobierno de La Libertad Avanza”.

Finalmente, y pensando en el próximo 24 de marzo, se expresó la necesidad de “que todo el arco político argentino, la justicia, organizaciones de la sociedad civil, y la ciudadanía en su conjunto defiendan la democracia argentina, a más de 40 años de su recuperación”.

La jornada por la Memoria, Verdad y Justicia de este año se dará en un contexto muy especial, donde la nueva administración nacional diseñó y viene implementando un polémico protocolo que criminaliza las manifestaciones que corten calles o rutas.

También se prevé -a través del mencionado DNU- la ilegalidad de reuniones de tres o más personas en espacios públicos con fines de expresión de algún tipo de reclamo sin dar previo aviso a las autoridades, lo cual generó amplio repudio en el campo popular y cuestionamientos respecto a las ‘libertades’ que el Gobierno pregonaba defender hasta hace semanas en campaña.

En tanto, el día de ayer también fue marco de un encuentro de representantes del peronismo en la cámara baja con uno de los actores sociales más perjudicados por las nuevas medidas instrumentadas: los inquilinos.

La derogación de la Ley de Alquileres prevista en el mega decreto, que libera los contratos a un común acuerdo entre las partes y habilita a negociarlos en cualquier tipo de moneda, tuvo un fuerte impacto en el mercado inmobiliario y elevó la incertidumbre y preocupación entre quienes rentan mensualmente su vivienda.

En el marco del encuentro con agrupaciones de inquilinos de todo el país que se dio en forma presencial y remota, expresaron “un enérgico rechazo” a la eliminación de la normativa, que había sido modificada en octubre en el Congreso -y que tampoco colmaba las expectativas de las partes-.

“Fue un encuentro de diálogo y escucha en el que se manifestó la peligrosa situación que enfrentan los inquilinos de todo el país. Dicha decisión del gobierno de La Libertad Avanza empuja a millones de argentinos/as a un escenario de injusticia y padecimiento”, expresó el bloque de diputados a través de las redes sociales.

Sobre el final del comunicado, sentenciaron: “Desde el bloque de UP nos sumamos al reclamo general de las y los inquilinos de todo el país para ponerle freno al avance del DNU”.

Referentes de esta industria entienden que se deben mantener las regulaciones que había establecido el kircherismo y rechazan el decreto de Milei.

Varias son las industrias y los sectores económicos que salieron a cuestionar y hasta presentar recursos de amparo ante la Justicia para impedir la vigencia de la llamada “ley ómnibus” que el Congreso se apresta a debatir en las próximas semanas.

Un caso es el de parte de la industria petrolera que rechaza la eliminación del bautizado “barril criollo” y la liberación de las exportaciones de crudo, dejando que el valor del insumo sea negociado por el mercado.

Si bien no son todas las productoras las que suscriben estas críticas, desde algunos sectores entienden que no es bueno que la economía se rija por el libre mercado.

Estas empresas, que prefieren el anonimato, recuerdan que Milei incluyó dichas medidas en una amplia ley que envió al Congreso con la misión de desregular la economía de Argentina, que está bajo un estricto control.

Sumistro “accesible”

Si bien admiten que el proyecto de ley tiene consecuencias de gran alcance para una serie de sectores, cuestionan el capítulo que aborda específicamente el petróleo con cláusulas de libre mercado con las que el Presidente busca reemplazar regulaciones que datan de la década de 1960 y que, según los críticos, priorizan garantizar un suministro accesible de combustible en el país.

Una de esas regulaciones que desde parte del sector petrolero defienden otorga a las refinerías el derecho de preferencia sobre los cargamentos de exportación y permite al Gobierno intervenir en la fijación de los precios del crudo y la nafta.

En cambio, la iniciativa de Milei permite que las ventas al exterior sean libres y prohíbe al Poder Ejecutivo intervenir o fijar precios en ningún eslabón de la cadena del negocio.

En un informe sectorial escrito por el consultor energético y ex Secretario de Hidrocarburos de la Nación, José Carbajales, se asegura que “el nivel general de precios energéticos se acoplará a los valores internacionales” y destaca que el cambio más radical es la eliminación de la obligación de satisfacer las necesidades del mercado interno. “Es una ruptura histórica con nuestra tradición centenaria”, dice el experto en su trabajo.

Además, se espera que el Gobierno deje de actuar como intermediario en las negociaciones entre productores y refinerías, que deberán fijar los precios del crudo y las naftas a sus propias conveniencias.

De hecho, los valores de la nafta súper, la Premium y del gasoil ya aumentaron varias veces en pocas semanas desde que se eliminó la intervención estatal, aunque en el sector entienden que todavía falta un trecho para poder establecer precios que se acerquen a los razonables.

Ley “madre” modificada

Los críticos del DNU oficial aseguran que el proyecto del presidente Milei “modifica la ley madre del universo de hidrocarburos” y señalan que provincias petroleras como Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y Mendoza, ya manifestaron su desacuerdo con los cambios.

También, los sindicatos rechazan parte del decreto con la decisión de que los salarios vuelvan a pagar el Impuesto a las Ganancias, teniendo en cuenta que los empleados de este sector llegan a cobrar por encima del nivel establecido para la vuelta de este tributo que el ex ministro de Economía, Sergio Massa, había eliminado.

En el caso del llamado “barril criollo”, las nuevas medidas desregulatorias implican la desaparición de esta herramienta que viene siendo utilizada para que las refinadoras le compren a las petroleras petróleo a un valor menor al internacional. La diferencia era aportada por el Estado Nacional con millonarios subsidios que salían de las arcas del Estado y cuyo objetivo era mantener “pisado” el precio de los combustibles en los surtidores, escenario que ya cambió de manera radical.

El artículo 258 de la ley ómnibus reemplaza al artículo 6 de la ley de hidrocarburos y estalece que permisionarios y concesionarios “tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación”.

Libertad para exportar

El mismo artículo autoriza a los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores a “exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, conforme la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo, quien establecerá las condiciones para su efectiva entrada en vigencia”.

Esto también elimina la obligación que tenían las autoridades nacionales de abastecer primero al mercado interno que figura en la Ley de Hidrocarburos y que data de 1967. En el caso del barril criollo, quienes rechazan los cambios del líder libertario extrañan la postura de que ese precio diferencial “permitía desanclar el petróleo de los vaivenes internacionales”. Y cuestionan que, de ser votado el proyecto favorablemente, las productoras podrán vender crudo a paridad de exportación y las refinadoras comercializarán las naftas y gasoil en el mercado interno a paridad de importación.

Fuente: Iprofesional

La firma que produce Montagne y New Balance entre otras marcas, anunció que volverá a dejar de producir hasta febrero.

Bicontinentar, la ex Paquetá que reabrió en 2021 tras cerrar en 2018, tendrá su planta parada hasta febrero y abrió retiros voluntarios para 100 operarios. Espera que la producción se retome en un mes cuando se normalice la entrega de materia prima.

En 2021 Bicontinentar Footwear Technologies reabrió la planta conocida como ex-Paquetá, que había cerrado durante el industricidio de Macri en 2018 en la ciudad bonaerense de Chivilcoy. Esta semana anunció que volverá a cerrar, esta vez hasta febrero y ofreció retiros voluntarios a 100 empleados que firmaron su indemnización más un 10% extra.

La ex Paquetá o Bicontinentar Footwear Technologies que fabrica las zapatillas New Balance o productos Montagne, aseguró a distintos medios que desde el cambio de gobierno tienen serios problemas para importar insumos. A esto se sumó la brutal devaluación que frenó la economía y generó una previsión de fuerte caída de la actividad para el año que viene.

El periodo de vacaciones estaba programado. Actualmente se quedaron con 280 trabajadores que volverán a la planta en la primera semana de febrero, señalaron. La expectativa es que para entonces todo se habrá regularizado respecto a las materias primas que necesitan para producir.

«La empresa tenía órdenes firmes para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pero las dificultades en la aprobación de licencias de importación de insumos y pagos al exterior generaron importantes atrasos en la cadena de abastecimiento de la mayoría de nuestros clientes. Aún así, tomamos la decisión de conservar la dotación completa», explicó la firma en un comunicado.

Pero la situación se complicó hace un mes. «En vistas a atender a esa producción atrasada, pero sin el stock suficiente, balanceamos el trabajo con los recursos disponibles, alterando la planificación, pero preservando las fuentes de trabajo. Hasta la última semana de noviembre hubo una planificación firme con horizonte a junio. Lamentablemente, la primera semana de diciembre varios clientes nos informaron que muchos de los insumos pendientes no llegarían, notificando la cancelación de pedidos«, aclaró.

«En el último semestre de 2021 y todo 2022 fuimos protagonistas y comunicadores activos de buenas noticias, reales y constatables. Hubo momentos en que debimos abrir una línea de producción por mes al ritmo del arribo de nuevos clientes«, señaló la compañía en relación a la época de mayor demanda donde debió ampliar su operación.

«Pero esos buenos tiempos se terminaron este año, con los problemas para importar y la previsión de una caída de la actividad en 2024«, anticipó de cara al año entrante.

La empresa produce en el país marcas internacionales como New Balance, Under Armour, Diadora, Montagne, Le Coq Sportif, Hush Puppies, Olylmpikus, Ringo y Athix.

“En todo el mundo hay regulaciones”, aseguró Guillermo Montenegro.

El intendente macrista de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, cuestionó la propuesta de Javier Milei de cambiar la Ley Federal de Pesca. “Genera una destrucción de puestos de trabajo en Mar del Plata”, aseguró. “En todo el mundo hay regulaciones en sectores así”, agregó. El macrismo descubre que los países protegen a sus sectores productivos.

Entre las iniciativas impulsadas en la “Ley Ómnibus” que presentó la administración nacional en el Congreso, se contemplan cambios profundos en el funcionamiento de la industria pesquera, entre otros sectores de la economía nacional que generan miles de puestos de trabajo.

“A nosotros nos complica. Básicamente lo que nos genera es una destrucción de puestos de trabajo en Mar del Plata. Esto no quiere decir ir en contra de la libre competencia, sino generar una competencia donde se vean cuáles son las necesidades de cada una de las regiones”, señaló el intendente, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Montenegro remarcó que, para la ciudad, “el trabajo en el puerto es importante”. Y que hay que tener “mucha claridad” para implementar cambios en la normativa que sean “lo mejor para el sector” y no sólo para “algunos”.

“La pesca es un beneficio para toda la Argentina. Voy a acompañar todo lo que tenga que ver con cuidar una actividad que para los marplatenses es muy importante”, profundizó Montenegro.

En este sentido, dijo que se va a comunicar con Milei para conversar sobre las modificaciones propuestas. “Sí, por supuesto, voy a hablar mostrando el problema que generan en una región como Mar del Plata medidas que si uno trata de buscar si tuvieron buena repercusión o fueron utilizadas en algún lugar del mundo, no encuentro”, analizó el jefe comunal.

Y sentenció: “Parece que a veces se toman medidas desde el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) o CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que no terminás de entender. Esto puede generar una complicación. Hay que tomarlo con mucha responsabilidad, hay que escuchar a todos. Lo importante es que haya competencia, que se mejore la calidad, la competitividad y los precios; pero que también haya más laburo”.

Inflación mensual del 30%.

Con su estilo habitual, el presidente Javier Milei habló sobre el brutal ajuste que lleva adelante y que empieza a golpear duramente en los bolsillos de los trabajadores argentino. “Tengo una buena noticia, en los procesos de convergencia dos tercios de la mejora ocurre en el primer tercio. La mejora la vez en 15 años”, aseguró.

De esta manera, el presidente volvió a defender el rumbo de su política económica que generará una recesión brutal de la actividad, con niveles altísimos de inflación (récords en el país).

“Nosotros tenemos conciencia. No hacer nada o hacer lo mismo que veníamos haciendo iba a ser infinitamente peor. Yo no quiero una Argentina con 98% de pobres y la mitad de indigentes. Estamos trabajando a brazo parido para evitar la crisis y lo estamos logrando”, agregó. Para el presidente, las opciones son: inflación de 100% en tres meses o una Argentina de 98% de pobres. Acá no entiende el que no quiere…

Desconcierto en los medios oficialistas.

La inflación de diciembre fue del 30% después del brutal ajuste que lleva adelante Javier Milei. En enero y febrero se esperan cifras similares. Los medios oficialistas, como La Nación +, tampoco pueden disimular la grave situación.

“Hubo aumentos del 27% en la nafta. Sé que a usted le preocupa su auto, pero tenga en cuenta que estos aumentos van a impactar en todos los precios”, aseguró un economista.

Acto seguido, la ultramacrista Laura Di Marco preguntó: “¿Podemos tirar alguna buena?”. Cínico, el economista respondió: “Bueno, hoy no hay ningun aumento de nafta…”.

El dirigente del Centro de Patrones le respondió a la funcionaria nacional, que trató de “tarados” a los trabajadores argentinos de la pesca. Además, se refirió a las consecuencias de la liberación de la actividad ictícola que propone el gobierno.

El secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno, salió al cruce de los dichos de la canciller argentina Diana Mondino, quien justificó la liberación de la actividad ictícola a banderas extranjeras. “Queda en evidencia que la canciller Diana Mondino tiene un total desconocimiento sobre la actividad de la pesca”, aseguró el dirigente sindical, quien además se refirió a las consecuencias de la liberación de la actividad ictícola que propone el gobierno.

“Esas ciudades de barcos, de las que habla y se argumenta Mondino, son pesqueros internacionales con trabajo esclavo y pretenden sobrepasar la milla 200 – zona económica exclusiva – que es custodiada por los propios trabajadores de la pesca argentinos, que ella trató de tarados e hipócritas”, aclaró Moreno y agregó: “Esta señora, que es banquera, desconoce totalmente la actividad productiva pesquera, su mundo son las finanzas y las especulaciones, pero lo agrava con su soberbia porque ni siquiera tienen la inteligencia de informarse”.

Para el capitán, los trabajadores argentinos de abordo son los que aplican la mayor soberanía y “de alguna manera son el mejor gendarme” que tiene hoy Argentina para proteger el recurso sobre la milla 200”. “Debería pedir disculpas, por lo menos a quienes los votaron, por las estupideces que dice y por no saber de lo que habla”, sentenció Moreno. Asimismo sostuvo que “literalmente no tiene ni la más remota idea de lo que habla y es firmante de un paquete de medidas y un DNU que destruye el trabajo argentino en la pesca, actividad que tiene una importante influencia en la economía del país y genera cientos de miles de puestos de trabajos directos e indirectos que hacen a la cadena productiva del recurso ictícola”.

Insulto a la actividad

Cabe recordar que Mondino brindó declaraciones a Telenoche de Canal 13 donde expresó: “No seamos hipócritas, ustedes saben perfectamente que los que pescan no son argentinos”, y cuestionó: “¿Si vienen y te pagan los impuestos y contratan a trabajadores argentinos que te molesta?”. “Si hay algo que es de tarado es la pesca”, insultó la canciller durante la mencionada entrevista televisiva.

El proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso por el presidente Javier Milei busca modificar el Régimen Federal de Pesca, lo que conlleva una vulneración de derechos, pone en peligro fuentes de trabajo de las industrias procesadoras y personal de alistamiento de buques en puertos argentinos, con la eliminación de los permisos de pesca irrestrictos y cuotas. Además, se cancela el cupo mínimo de mano de obra nacional.

Con todo, se genera una situación de imprevisibilidad de la sostenibilidad de los recursos marinos argentinos, biomasa y medio ambiente expuestos a flotas sin interés en cuidar los recursos naturales del caladero como su salud.

Golpe al trabajo argentino

“La verdad es que no se entiende a qué trabajadores quiere ayudar Mondino”, remarcó Moreno y detalló que la medida golpea a cientos de miles de trabajadores argentinos y a “plantas procesadoras, talleres y astilleros navales y todo lo que está relacionado al sistema de pesca y navegación”.

“Hablamos de uno de los caladeros mejor protegidos que existen en el mundo, se debe mejorar mucho más. Trabajadores y empresas sabemos sobre el recurso natural y su sostenibilidad, el estado debe cumplir su responsabilidad de protegerlo a través de normativas lógicas, no entregar recurso, soberanía y trabajo digno al mejor postor”, concluyó el dirigente gremial.

Fuente: Data Gremial

Una encuesta de D’Alessio IROL indicó que gran parte de los sectores medios y medios bajos decidió no irse de vacaciones este año. Los factores que más influyeron fueron el escenario económico y el costo final.

El 46% en los sectores medios está pensando en no salir de vacaciones en este verano y la cifra aumenta al 60% en el segmento medio bajo, de acuerdo a una encuesta de D’Alessio IROL.

En tanto, del 37% que sí se tomará vacaciones, la mayor parte (25%) viajará dentro de la Argentina, mientras que el 10% al exterior y el 2% hará viajes fuera y dentro del país. Hay un 17% restante que no sabe que hará.

Pero lo que se percibe del escenario económico y costo final está condicionando la decisión de irse o no de vacaciones. Estos dos factores inciden en mayor o menor medida dependiendo del rango etario.

El panorama económico es más importante por los sub 30 y quienes tienen entre 45 y 54 años.

El costo tiene más peso entre los menores de 44 años (27%) y disminuye en los mayores de los 45 años (18%).

También influye en la decisión el valor del dólar tarjeta, si hay alguna promoción del Gobierno, si se consigue financiamiento y si tienen trabajo asegurado, entre otros.

Por otra parte, de acuerdo a la encuesta, las vacaciones se acortaron: para la mayor parte no superarán los 10 días, solo un tercio piensa que se tomará más de 15 días y los mayores de 40 años son los que tendrán las vacaciones más prolongadas.

La situación turística de la costa

La costa atlántica, uno de los destinos más elegidos por los argentinos cada verano, está viendo afectado su desempeño turístico como resultado de la incertidumbre económica. En particular, Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

“Hay menor cantidad de consultas en comparación con esta misma época del año”, aseguró a Crónica TV Jesús Osorno, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata.

“Los teléfonos no suenan tanto, el asunto está medio parado”, agregó.

Por su parte, el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Bernardo Martín, dijo en diálogo con La Capital que hay una “ralentización en la creación de nuevas reservas” para la temporada. No obstante, indicó que “no se ha registrado una caída” en las reservas y que muchas se deciden “en el último momento”.

“La ralentización es palpable debido a la incertidumbre que generan las diversas medidas. Observamos a turistas esperando para evaluar la evolución de la situación antes de planificar sus vacaciones. Esto presenta desafíos en términos de previsibilidad, pero al mismo tiempo, Mar del Plata se destaca como un destino accesible que puede disfrutarse sin una planificación exhaustiva”, explicó.

Alfredo Baldini, titular de la Cámara de Turismo de Pinamar, aseguró: “Estamos viviendo una situación preocupante. Nos encontramos con el 60% de las reservas que teníamos a esta altura del año pasado y no es un problema de oferta, sino que no hay demanda. Esto refleja la realidad del país”.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, afirmó a Télam Radio: “El escenario es incierto. Teníamos una temporada antes de los anuncios de las medidas económicas y el DNU y otra perspectiva después de esos anuncios. La verdad que hay una cierta preocupación por cómo se va a desarrollar la temporada. Es un día a día”.

Fuente: Infobae

Más golpes al bolsillo de los argentinos.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, advirtió que el kilo de carne podría llegar a los $20.000 tras la apertura para la exportación de todos los cortes populares que dispuso el gobierno de Javier Milei. Sobre aumentos, la gestión libertaria abre la puertas a más subas.

El Gobierno anunció la semana pasada, que la industria frigorífica puede exportar los denominados “cortes preferidos frescos, enfriados o congelados” que estaban vedados para su despacho al exterior por el Decreto 911/2021, que prohibía los embarques de los cortes parrilleros.

En ese marco, el titular de la asocicación fue negativo en torno al paronama en los precios de la carne para los próximos meses: “La suba ha sido muy importante. Las carnicerías están vacías. De hecho el fin de año fue un desastre porque no hubo ventas y el precio que tiene la carne no está de acuerdo con el poder adquisitivo de la gente que la consume”.

En este marco, Williams señaló que el kilo de carne se ubicaría “arriba de $20.000”. La cifra mencionada por Williams surge del precio que debería tener el kilo de carne bovina en el mercado interno si se lo pone en línea con el precio internacional. Más golpes al bolsillo del gobierno de Milei.