Así lo argumentaron los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartomeu Romero
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, que condenó a los tres efectivos de la Policía de la Ciudad a prisión perpetua por el crimen de Lucas González, dio a conocer los fundamentos de su sentencia. En los mismo aseguró que en el asesinato ocurrido en 2021, los efectivos actuaron sin “causa o motivo”, sólo por “prejuicio” y que eso los condujo al “odio racial”, dado que seleccionaron a sus víctimas por su “vestimenta”, “color de piel -marrón-” y porque circulaban hacia una zona “carenciada”.
Así lo argumentaron los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartomeu Romero que condenaron el 11 de julio pasado al inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva por el delito de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad”.
Según consignó Télam, en el fallo de 451 hojas los jueces aseguran que los tres policías “estaban decididos a matarlos” a Lucas y a sus tres amigos que lo acompañaban en el auto en el que se movilizaban por Barracas cerca de las 9.30 de la mañana del 17 de noviembre del 2021.
“Claramente ese era el objetivo y estaban guiados por odio racial. Premeditadamente los seleccionaron por vestimenta, color de piel, por circular en un automóvil por una calle que permitía acceso a una zona carenciada”, afirmaron.
Para el tribunal, la acción de los policías “solo puede ser explicada a partir de la aplicación de estereotipos fundados en el color de su piel -marrón- y en sus rasgos físicos, que podrían corresponder con la población de ascendencia aborigen, es decir, en la atribuida pertenencia a un grupo racial odiado y a cuyos integrantes se pretende someter, a su vestimenta, a su posible pertenencia a un sector social que habita en un barrio de emergencia”.
“No había causa o motivo, solo prejuicio y el prejuicio conduce inexorablemente al odio”, afirmaron los jueces, quienes consideraron que en el hecho “hubo selección, individualización, acecho, seguimiento y fulminación o ejecución” por parte de los homicidas hacia las víctimas.
“Los autores obraron motivados por ese odio racial, seleccionaron a sus víctimas, mediante una visión estereotipada y discriminadora y actuaron en consecuencia. Luego pretendieron justificar sus acciones, convirtiendo a los niños inocentes en presuntos delincuentes, alterando las pruebas del caso”, señalaron.
De acuerdo al tribunal, “el odio racial indudablemente existe y se manifiesta en la Argentina mediante discriminación contra aquellas personas esencialmente no blancas, entendido ello, no en el sentido de color de piel, sino en un sentido peyorativo”.
“Los tres policías dispararon sus armas en contra de los adolescentes” y “tales disparos fueron efectuados en el marco de un plan común, de manera concomitante y como resultado de su previa selección estereotipada y discriminadora, con la finalidad de masacrarlos”, añadieron.
Además, en el fallo se resalta que Lucas y sus tres amigos fueron víctimas de violencia institucional al determinar que todos los efectivos involucrados (nueve, en total) buscaron realizar detenciones arbitrarias de personas “marronas”.
Este calificativo fue adoptado por los jueces al hacer referencia al Colectivo Identidad Marrón, que publicó el libro “Marrones escriben. Perspectivas antirracistas desde el sur global” en el año 2021.
Además de Issasi, López y Nieva, el TOC 25 condenó a penas de entre 4 y 10 años de prisión por otros delitos conexos a los policías Sebastián Jorge Baidón, Roberto Orlando Inca, Juan Romero, Rodolfo Ozán, Fabián Du Santos y Héctor Cuevas.
Este último fue quien en el juicio declaró que el policía Facundo Agustín Matías Torres -actualmente con prisión preventiva- le proporcionó el arma a Issasi para que éste la colocara en el interior del auto utilizado por Lucas y sus amigos al momento de ser tiroteados por los efectivos.
Por su parte, Torres fue detenido el 4 de junio pasado y en su descargo señaló que él trasladó a Issasi hasta el lugar donde fueron detenidos los amigos de la víctima, previo pasar por la comisaría para retirar una “cinta de peligro”, de las que se utilizan para demarcar las escenas.
La semana pasada, el fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional 32, Leonel Gómez Barbella, y la auxiliar María Victoria Fiore, pidieron que Torres vaya a juicio oral como “coautor” de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.
