Así lo aseguró el Ministro de Justicia y DDHH de la Nación en un hilo de twitter donde sacó a la luz el vínculo entre la jueza que investiga el atentado contra Cristina y el gobierno de Rodríguez Larreta.

“En todo estás vos” era el slogan que eligió Horacio Rodríguez Larreta para empepalar toda la Ciudad en tiempos de campaña. Años más tarde, viendo los vínculos que sacó a la luz el escándalo de chats del ministro porteño Marcelo D’Alessandro, entendemos esa frase en el contexto de los contactos entre el Poder Judicial y Juntos por el Cambio.

En esa línea, este viernes el Ministro de Justicia sumó que la jueza María Eugenia Capuchetti, encargada de investigar el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, “está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno”, escribió en twitter.

En otro twit, reveló el Decreto-Ley 1285/58 de la Ciudad, que “establece la incompatibilidad de “la magistratura judicial con toda actividad política” y “cualquier actividad profesional”. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal”, denunció Soria.

“Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py”, agregó el ministro.

De esta forma, salió a la luz otro escándalo que salpica tanto al Poder Judicial como al Gobierno de la CIudad de Buenos Aires de Juntos Por El Cambio.

Así se refirió el Gobernador de La Rioja en dirección a sus pares que no acompañan el juicio político contra Horacio Rosatti y los otros miembros del máximo tribunal.

El mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, se mostró disgustado por la negativa de otros gobernadores provinciales ante el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que impulsó el presidente Alberto Fernández y pidió que “el radicalismo no puede seguir siendo una prostituta barata del PRO”.

“Somos once gobernadores que estamos firmes, convencidos de lo que estamos haciendo, que hay que modificar este sistema estructural que se naturalizó dentro de la República Argentina. Soy uno de los que considero que hay que debatir y discutir la matriz organizacional e institucional”, comentó este jueves Quintela, uno de los once gobernadores que acompañaron a Fernández con la presentación contra Horacio Rosatti y otros miembros de la Corte.

Sin dar nombres, Quintela lanzó una advertencia contra los propios que no se sumaron: “Vamos a avanzar y creo que se van a sumar oportunamente muchos más gobernadores, incluido aquellos que hacen un silencio medio cómplice de la oposición por razones políticas. Van a tener que rendir cuentas ante sus ciudadanos por la no defensa de los intereses de los mismos”, en relación a los gobernadores que no firmaron la medida: Arabela Carreras (Río Negro); Marcelo Arciolini (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Perotti (Santa Fe); Sergio Uñac (San Juan); Juan Schiaretti (Córdoba); Omar Gutiérrez (Neuquén); Gustavo Sáez (Salta) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

Al referirse al pedido de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema, Quintela afirmó: “El proceso del juicio político va visibilizar la grave situación de la República Argentina y cada uno se va a tener que hacer cargo, los que dicen que no van a dar quorum, se van a tener que hacer cargo ante sus pueblos”.

Fue allí donde dio inicio a sus tajantes críticas contra la Unión Cívica Radical: “El radicalismo, que es un partido centenario, que sufrió persecuciones, golpes de estado, cárcel y demás, también tiene que reflexionar, volver al origen de sus principios y valores”.

Y luego lanzó: “Hay un profundo debate dentro de ellos, que no puede seguir así, que no pueden defender lo indefendible. Creo que va a haber un debate importante, el radicalismo no puede seguir siendo una prostituta barata del PRO, tiene que ser un partido fuerte solido que compita con otro partido fuerte sólido como es el movimiento nacional justicialista, como hicimos siempre”.

Al igual que el presidente Alberto Fernández, Quintela no se limitó y propinó duras críticas contra la Corte Suprema, además de adelantar que no acatará ninguno de sus fallos: “Lo que va a suceder es que se va a poner en evidencia las graves situaciones que todos conocemos, la connivencia que existe entre la Corte (Rosatti) y (Horacio) Rodriguez Larreta. Los fallos que vienen siendo sistemáticos en favor de la concentración económica argentina en desmedro de las 23 provincias argentinas”, concluyó.

Se trata de la jueza que investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Trabaja para el funcionario de Rodríguez Larreta involucrado en el escándalo de chats.

Una investigación reveló que la jueza María Eugenia Capuchetti, encargada de investigar el atentado del pasado 1º de septiembre a la vicepresidenta Cristina Kirchner (causa que parece no avanzar y que ha presentado severas fallas que han llevado a los letrados de la exmandataria a recusarla), trabaja para el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

La magistrada, se desempeña dentro del área del ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo que hasta el día de ayer comandaba el ministro de los “chats”, Marcelo D’Alessandro, funciona el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad (ISSP), aquel que, entre otras cosas, forma a los futuros integrantes de la “Metropolitana”.

El ISSP es presidido por Gabriel Unrein, siendo su vicepresidente Juan Bautista Mahiques, fiscal general de CABA y uno de los pasajeros del “vuelo del Lawfare” a Lago Escondido. Allí, suelen impartir clases funcionarios involucrados en causas de posibles hechos de corrupción del PRO, como Cristian Ritondo y Laura Alonso.

Según especificó el portal Orsai, el ISSP suele ser un “aguantadero” nepótico cambiemita (las arcas porteñas dan para todo); allí, por ejemplo, Romina Aldana Diago, la esposa de Ritondo, tiene un puesto como “soporte administrativo”.

Pues bien, dentro del ISSP, existe el Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformado por un selecto plantel de capacitadores rentados, investigadores que tienen por objeto «la elaboración de un diagnóstico certero de las causas y procesos que confluyen en los hechos delictivos registrados en distintas comunas, contribuir en la elaboración de estrategias de prevención y conjuración del delito, promover un direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los servicios de seguridad, y favorecer una respuesta oportuna a los requerimientos de la población en materia de seguridad«.

Conformando este plantel, de acuerdo a información a la que accedió Noticias La Insuperable, presta funciones la jueza que «investiga» el atentado a Cristina: María Eugenia Capuchetti, cuyo contrato acaba de ser renovado por todo el 2023 en la categoría de Investigador Senior.

Un Investigador Senior se encuentra al 100% del NIVEL E dentro del rango de los sueldos del Personal Civil sin Estado Policial, que equivale al 60% del sueldo básico fijado para el personal del nivel A que es de 4.600 Módulos Retributivos para el Personal No Policial (MONOPOL). El valor de un MONOPOL, de acuerdo a la RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 256/MHFGC/22 (que firmó D’Alessandro) fue establecido desde noviembre pasado en $77,5222, con lo cual, nuestra Capuchetti, se lleva de las arcas porteñas $213.961,27 todos los meses.

Declaracones de Germán Martínez.

Así lo aseguró Germán Martínez, jefe del bloque de Frente de Todos en el Congreso nacional. Sobre la posibilidad de sesiones extraordinarias, dijo: “Es el Presidente el que tiene que terminar de definir el temario y los tiempos”, aseguró. “En nuestro Bloque hemos tenido diálogo permanente con el Poder Ejecutivo”, aclaró.

Después, se refirió a la política del macrismo, que busca obstaculizar cualquier negociación en el Parlamento. “Varios elementos quedaron inmovilizados por la decisión política de Juntos por el Cambio de no dar quórum ni prestar colaboración en las comisiones”, describió.

“Si hay temas que no les gustan tienen que decir sus argumentos, no esconderse”, ironizó Martínez, de mucha cercanía con el ministro de Economía, Sergio Massa. “Después los que se ven perjudicados no es el Bloque del Frente de Todos, sino los argentinos y las argentinas”, advirtió.

Por último, el diputado pidió “debatir una nueva ley del Consejo de la Magistratura”, que termine con todas las discusiones sobre institución, hoy usada como lobby por el macrismo y la Corte Suprema para presionar sobre los restantes poderes de la democracia.

Legisladores peronistas tomaron distancia.

Diputados nacionales por la provincia de Entre Ríos se despegaron del gobernador Gustavo Bordet respecto a la postura del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Con críticas al mandatario que no firmó junto a otros 11 mandatarios el comunicado donde se pide avanzar en esta dirección, la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, consideró que “es momento de actuar con contundencia”. ¿Por qué Bordet se dio vuelta?

“Creo que la Corte se ha venido manejando como una junta de Gobierno. Se ha mostrado con una connivencia perversa con el sector económico de la Argentina. Yo celebro con las propias reglas de juego que la democracia nos da vayamos buscando alternativas para revertir”, sostuvo Osuna.

Para la legisladora, avanzar con el juicio político es central. “Sin reacción, esto generaría una implosión al sistema democrático”, advirtió. Y dijo que “lo que nos compete como legisladores es asumir que es momento de actuar con contundencia para revertir este estado”.

En este sentido, Osuna consideró que “el valor principal del juicio político es abrir un camino que eche luz y aporte a la consciencia social de cómo están las cosas y afecta la vida cotidiana de los argentinos y argentinas”.

Y reveló: “Me consta que hay efectiva y concreta voluntad de legisladores y legisladoras que están convocados más allá de lo que definan sus propios gobiernos provinciales. Es la responsabilidad propia del ejercicio de su tarea”.

Sobre su caso particular, finalizó: “Lamento la decisión del gobernador. Al mismo tiempo quiero decirles que confío en que su decisión va a ser fundada y le corresponderá a él explicarla oportuna y debidamente. Yo estoy concentrada en lo que corresponde a los legisladores de mi bloque que representa a Entre Ríos”.

Ajuste macrista y pandemia.

“La caída del salario a partir de diciembre de 2015 dio lugar a una enorme transferencia de ingresos desde la clase asalariada hacia el capital. Cada trabajador perdió, desde entonces, nada menos que $2.827.731”, aseguró un informe. Las razones: el brutal ajuste macrista y la pandemia por COVID.

El Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, integrado por economistas de la Universidad de Rosario, le pone cifras al brutal ajuste a la situación experimentada por los trabajadores argentinos durante los gobiernos de Cambiemos y el del Frente de Todos, detallando, además, que mientras que en diciembre de 2019 el salario bruto medio era de $182.956 pesos constantes o actuales, para la actualidad esa cifra había descendido a $174.437.

El informe del Mirador se vincula directamente con el elaborado pocos días atrás por la Universidad Nacional de Avellaneda – UNDAV, que detalló que desde diciembre de 2015, cuando finalizó el gobierno del Frente para la Victoria, los salarios privados perdieron 16% de poder adquisitivo, los públicos cerca de 23% y los informales alrededor de 37%.

Esta perdida, sin embargo, no fue homogénea, pues el grueso correspondió al gobierno de Cambiemos, en tanto que 4 puntos de caída, en el caso de los salarios públicos, y 14 en los informales, correspondieron al gobierno del Frente de Todos, donde además solo los salarios privados sostuvieron su poder adquisitivo al subir un 0,25% hasta septiembre.

De hecho, desde el propio Mirador señalan que la caída “es el costo acumulado forjado por Cambiemos, revertido apenas parcialmente por el gobierno del Frente de Todos en un contexto de extrema vulnerabilidad económica”.

“Se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros”, detalló el ministro Martín Soria.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, anunció hoy que, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó una denuncia penal en la justicia para que “se investigue” al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente en uso de licencia, por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado”.

“Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros”, consignó el ministro a través de su cuenta en la red social Twitter.

Soria informó que se presentó la denuncia ante la fiscalía correspondiente, en la que pidió que D’Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.

Según el comunicado, la denuncia requiere que “se investigue” al ministro de Seguridad de CABA por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.

En este sentido, Soria recordó que los chats “involucran” también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó el ministro.

El escrito presentado ante la justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos” y esto sería “incompatible con un Estado de Derecho”.

Por este motivo, la denuncia presentada por Soria pide investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.

Asimismo, desde el Gobierno Nacional denunciaron que “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados”, que estaría compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, “podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño”.

La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban tácticas para que el Gobierno porteño use ante el máximo tribunal en la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.

El gobernador de La Rioja los acusó de tráfico de influencias y violación de sus deberes.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó hoy una denuncia penal contra el asesor de la Corte Suprema Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño en licencia, Marcelo D’Alessandro, “por ser responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Gobierno de CABA”.

Así lo anunció el mandatario provincial a través de su cuenta de Twitter, donde también denunció que la “connivencia” entre Juntos por el Cambio y el máximo tribunal de justicia “quedó al descubierto” y es “inadmisible en el marco de un Estado de Derecho”.

“Los hechos son de público conocimiento y están referidos a la difusión de mensajes de texto que corresponderían a una conversación llevada a cabo vía telefónica entre los denunciados, cuyo contenido configura conductas prohibidas a su condición de funcionarios públicos.”, especificó Quintela.

Y señaló que “estos mensajes difundidos evidencian los supuestos vínculos que el Ministro porteño mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del Ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero y persona de su máxima confianza desde hace años”.

“La connivencia entre ambos quedó al descubierto en los chats publicados, demuestran que las resoluciones judiciales y pronunciamientos del Ministro Horacio Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia), a través de Robles, desarrollaron operaciones políticas ejecutadas a través de fallos judiciales arbitrarios”, subrayó.

En ese sentido, Quintela marcó que “la convivencia entre aquel espacio político y la Corte Suprema de Justicia resulta tan evidente como inadmisible en el marco de un Estado de Derecho en el que el Poder Judicial debe guiarse por los principios rectores que hacen a la independencia e imparcialidad judicial. Todos estos principios fueron franqueados abiertamente por el presidente del Alto Tribunal, Rosatti”.

El mandatario provincial destacó que “los chats publicados por la prensa dejan al desnudo que han existido maniobras coordinadas en la que se negociaron fallos judiciales para beneficiar a dicha alianza política” y advirtió que “el entramado de corrupción forma parte de un sistema de vinculaciones y favores que trasciende lo estrictamente jurídico y se proyecta sobre lo político y el enriquecimiento personal de las partes”.

“El predominio de CABA y en particular del Partido PRO es una construcción jurídico-partidaria concertada entre operadores políticos y jurídicos que confluyen resoluciones judiciales pactadas por fuera del sistema legal y pretende regir las acciones de Gobierno de los poderes”, aseveró.

Finalmente, Quintela manifestó: “¡Basta de atropello al pueblo argentino! Debemos buscar la federalización genuina, con participación a todas las provincias que la componen, y que cada uno de estos funcionarios autoproclamados se vaya, para que el pueblo argentino pueda volver a confiar en la justicia”.

La semana pasada D’Alessandro fue vinculado con un escándalo por la difusión de unos presuntos chats en los que se observan intercambios con Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y con el empresario Marcelo Violante, a cargo de la concesión del sistema de acarreo de vehículos en la ciudad de Buenos Aires hasta hace pocas semanas.

Por estas cuestiones se iniciaron investigaciones judiciales, mientras a raíz de las filtraciones D’Alessandro realizó una denuncia penal por el hackeo de su teléfono celular.

A través de un comunicado, la Federación Argentina de Municipios cuestionó al máximo Tribunal por su “parcialidad”.

Intendentes de todo el territorio nacional nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) emitieron un comunicado en donde apuntaron contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su “parcialidad”, y apoyaron la iniciativa de Alberto Fernández, quien impulsó el juicio político contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

El mensaje de los mandatarios locales fue publicado días después de que el Presidente firmara la solicitud junto a gobernadores. En ese sentido, los jefes comunales se expresaron firmemente en contra de los polémicos hechos conocidos durante las últimas semanas, y remarcaron que “el federalismo no se negocia”.

“Múltiples son los hechos que acreditan el mal desempeño de los miembros de la Corte, como por ejemplo la violación a la Ley de Ética Pública”, comienza el texto. Entre otras cuestiones, destacaron “la extracción de recursos a las provincias de una manera ilegítima y arbitraria a las provincias y el manejo discrecional del Poder Judicial en detrimento del sistema representativo, republicano y federal previsto en la Constitución Nacional”.

Coincidiendo con el resto de las figuras del arco político afines al oficialismo, la liga de intendentes denunció que los magistrados se “arrogaron facultades del Poder Legislativo, al determinar mediante fallo el porcentaje de Coparticipación de Ciudad”, y agregaron: “Tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura, para sumergirlo en una parálisis histórica, ya que solo se reunieron dos veces en seis meses”.

“Con estos miembros en la Corte, los argentinos y las argentinas no podemos sentir la custodia de nuestros bienes, ni el honor, ni la libertad, ni tampoco el patrimonio porque, justamente, ellos son los que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y los principios esenciales”, argumentaron en el mensaje, y concluyeron con que “las provincias argentinas, y de igual manera los municipios, nos sentimos damnificadas”.

Para finalizar, se mostraron convencidos de que la postura adoptada por el Presidente es la correcta, y por eso remarcaron que sería fundamental avanzar en el pedido de juicio político, ya que “esta Corte Suprema de Justicia está pisoteando al federalismo, destruyendo al sistema republicano y afectando la representatividad”.

La última vez que los intendentes se habían expresado de esta manera fue llegando a finales del mes de diciembre, cuando compartieron un extenso mensaje en relación al mismo tema. Allí, habían señalado que la decisión de otorgarle más fondos de Coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires estaba “politizada” y que convalidaba “privilegios” para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

El vecino país se había retirado del bloque regional en enero de 2020 por decisión de Bolsonaro.

El flamante gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves el regreso de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la que su país se apartó hace tres años por orden del entonces mandatario Jair Bolsonaro.

El gobierno comunicó a los países miembros de la organización internacional, “por los canales diplomáticos adecuados, la reincorporación de Brasil, de forma plena e inmediata, a todas las instancias del mecanismo, tanto las de carácter político como las de naturaleza técnica”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Brasil suspendió su participación en la CELAC en enero de 2020 porque, según Bolsonaro, duro crítico de la izquierda, el organismo “daba protagonismo a regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua”.

El organismo celebrará una cumbre en Buenos Aires el 24 de enero.

El bloque, que reúne a 33 países de Latinoamérica y el Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá, fue creado en 2010, con Lula como promotor, con el objetivo de domentar el diálogo en la región.

Para la época en que Bolsonaro apartó a Brasil, la organización estaba prácticamente paralizada por la llegada de gobiernos conservadores a los países que integran el bloque. Ahora, la región vive una nueva ola de presidentes de izquierda en países como Argentina, Brasil, Chile o Colombia.

”El regreso de Brasil a la comunidad latinoamericana de Estados es un paso indispensable para la recomposición de nuestro patrimonio diplomático y para la plena reinserción del país en la comunidad internacional”, agregó la nota.

Lula, quien asumió su tercer mandato el primero de enero, tras haber gobernado entre 2002 y 2010, dio señales de querer romper el aislamiento internacional de Brasil durante los cuatro años de su antecesor. En su discurso de investidura en el Congreso, anunció un nuevo protagonismo brasileño en el mundo, retomando “la integración sudamericana” y la reconstrucción del “diálogo elevado y activo con Estados Unidos, la Comunidad Europea y China”.

El mandatario, de 77 años, participará en la cumbre de la CELAC, que se celebrará el 24 de enero en Buenos Aires, a la que también están invitados el presidente estadounidense, Joe Biden y su colega chino, Xi Jinping. Lula llegará a la Argentina un día antes en visita oficial, la primera que realizará al exterior desde su asunción como presidente.