Además cuestionó que el Poder Judicial no está dispuesto a encontrar a los actores intelectuales y aquellos que financiaron el intento de magnicidio.

La Cámara Federal porteña rechazó por “inadmisible” un recurso de la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se revise en una instancia superior -Casación Penal- la decisión de procesar a los integrantes de la agrupación “Revolución Federal” por un delito menor, incitación a la violencia colectiva y no por asociación ilícita, como reclama esa parte.

El Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso ante Casación de los abogados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, contra la decisión del 16 de febrero último, en la cual se confirmó de manera parcial el procesamiento a cuatro acusados y se concluyó que no existió una asociación ilícita.

La querella de la Vicepresidenta reclamó procesamientos por un delito más grave, asociación ilícita, algo que sí había resuelto el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, pero que fue revocado por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens

Al presentar el recurso de apelación para llegar a Casación, máximo tribunal penal federal del país, la querella argumentó que “la decisión adoptada le causa un agravio de imposible reparación ulterior en razón de que, al ser tan diversas las figuras penales analizadas, se veda la posibilidad de requerir la elevación a juicio y de acusar a los imputados por formar una asociación ilegal para imponer sus ideas de modo violento y antidemocrático”.

“Asimismo, calificó la sentencia de arbitraria en cuanto al análisis del tipo penal y dijo que se realizó una errónea aplicación de la ley sustantiva en un caso de gravedad institucional”, según se expuso en la resolución.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones también rechazaron un recurso de Casación de la imputada Sabrina Basile, contra el procesamiento que quedó confirmado por “incitación a la violencia colectiva”.

La sala I de la Cámara Federal porteña declaró “inadmisibles” las apelaciones porque no lograron “demostrar la existencia de un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior que permita –por vía de excepción- conceder el remedio procesal invocado”.

Tras los estudios correspondientes, la Unidad Médica Presidencial difundió el diagnóstico que sufre el Presidente, quien hará reposo desde la Quinta de Olivos.

El presidente Alberto Fernández fue hospitalizado este martes por la tarde en el Sanatorio Otamendi por fuertes dolores de espalda, y tras los estudios, se confirmó que sufre una hernia de disco lumbar.

Tras un primer parte médico informando los dolores, más tarde se difundió un segundo comunicado indicando que “al señor Presidente le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48 / 72 horas”.

Último parte médico de Alberto Fernández

“Parte médico de la Unidad Médica Presidencial

Al señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel FERNANDEZ, le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48 / 72 horas.

Se le indica reposo y adecuar sus actividades en la RESIDENCIA PRESIDENCIAL DE OLIVOS (R.P.O.).

Se mantendrá informada a la opinión pública”.

La comunidad educativa reclama ante la ola de calor sofocante que lleva dos semanas, las escuelas no fueron incluidas en la licitación para adquirir expendedoras de bebidas.

El Gobierno porteño, publicó la Licitación Pública Nº 7123-0170-LPU23, para la contratación de un servicio de provisión y mantenimiento integral de expendedoras de bebidas calientes, en calidad de comodato, para ser colocados en las instalaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Este pedido de orden de compra abierta publicado en el Boletín Oficial, ocurre mientras familias, estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa porteña, le exige a la ministra Soledad Acuña la instalación de dispensers con agua fría en las escuelas para evitar que las y los estudiantes se descompensen en medio de la ola de calor. La empresa que logre apoderarse de la licitación deberá proveer 5784 máquinas de café y bebidas calientes, que tendrán un costo de entre16.000 Y 160.000 pesos por mes.
 
“El documento de licitación se terminó de redactar entre el miércoles y el viernes de la semana pasada”, confió a Tiempo Argentino una fuente de la jefatura de gabinete porteña. Al ser consultada si era posible incluir en esta misma solicitud dispenserspara los establecimientos educativos del distrito, manifestó que “solo puede ser incluido tras el pedido formal del ministerio en cuestión”.
 
El servicio de provisión y mantenimiento integral de expendedoras de bebidas, fue solicitado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño “para ser colocados en la instalaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Dirección General de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno”. Quienes sean beneficiados con la licitación pública, resultados que se conocerán el 14 de marzo de 2023, a las 12 horas tras la apertura de las ofertas, obtendrán la suma de 407 millones de pesos ($407.424.000,00).
 
En tanto, la ministra Soledad Acuña envió botellitas de agua a algunas escuelas porteñas como única medida para paliar las altas temperaturas, en reemplazo de la puesta a punto de los ventiladores y sistemas de ventilación que se encuentran inutilizados, como consecuencia de la baja inversión en mantenimiento escolar.
 
Según un relevamiento de la secretaria de Condiciones y Medio Ambiente (CYMAT) de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) señala que, a la fecha, hay alrededor de 600 establecimientos, de un total de 950, que tienen desperfectos en los sistemas de ventilación. A raíz de esta situación, varias escuelas decidieron suspender las clases en algunos días de la semana por las altas temperaturas. Lo único que ofreció la ministra Acuña, fue distribuir 170 mil botellitas de agua a algunos colegios, en una población estudiantil que llega a los 400 mil chicos y chicas sólo en escuelas públicas.
 
Por su parte, el Ministerio de Educación de la Ciudad, niega las cifras de la comunidad educativa  y asegura que “hay 10.000 aulas en todo el distrito porteño y cerca de 30.000 ventiladores, y que solo se informaron problemas en 56 artefactos”. En el mismo sentido, dicen que “esos desperfectos, suelen ser inconvenientes que se resuelven en el día” y que “están repartiendo agua fresca a primera hora de la mañana en las escuelas de jornada completa, y que ese servicio se ampliará a todas las de media jornada”.
 
Varias cooperadoras escolares desmienten la versión oficial de la cartera que conduce Soledad Acuña y sostienen que las botellitas no llegan frías a las escuelas, que muchos establecimientos educativos no tienen heladeras para enfriarlas y que el reparto de botellitas se realizó una sola vez en la semana en cada edificio escolar.

Nuevaciudad

Política social.

Luego de que el equipo económico de Sergio Massa llegara a un acuerdo con el organismo para flexibilizar las metas de acumulación de reservas que había que completar para el primer trimestre del 2023 por los efectos de la sequía, el FMI emitió un comunicado donde definía que “se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos”.

Sin embargo, el gobierno avanzó con la ley aprobada en el Congreso Nacional y hoy se conoció este martes en el Decreto 132/2023 firmado por el Presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi y la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos.

De acuerdo a lo votado, se trata de un plan de pago para quienes no completaban los 30 años de aportes que exige la ley. En el caso de los hombres, con una edad entre 55 y 64 años, y las mujeres de 50 a 59 años. Además, quienes accedan no podrán abonar cuotas adeudadas en la última década, sino desde antes. Por ese motivo los primeros beneficiarios podrán regularizar su situación a diciembre del 2008. ¿Qué pretendía hacer el FMI? ¿Que esas 800 mil personas vivan en la calle sin un peso?

La manera de abonarlo será con un descuento de la propia jubilación y el pago se calcula restando el 29% de la remuneración. En el caso de quienes están a menos de una década de jubilarse, comenzarán a regularizar los abonos anteriores a marzo del 2012. El mínimo de cuotas es de 2 y el máximo de 120, y se va ajustando atado a la movilidad trimestral. Argentina es uno de los países del mundo con la mayor tasa de cobertura previsional. Gracias a esa política, solo el 12% de los jubilados son pobres.

El Plan de Pago de Deuda Previsional beneficiaria a cerca de 800.000 personas que en el 2023 cumplirán la edad para cesar su labor en el sistema de trabajo. Desde la ANSES también explicaron que otros 900.000 argentinos podrán pagar los aportes que le faltan en los períodos correspondientes. Actualmente, de 7,2 millones de jubilados un 50% accedió a través de leyes de moratoria.

Duro comunicado.

La Cámpora cuestionó el comunicado publicado por el Fondo Monetario Internacional, que destaca “la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones”, y desde la organización política preguntaron “qué entiende el organismo” por “imprevisto” mientras acusaron al FMI de querer “tomar el comando de la economía del país”.

En el comunicado, le recordaron que en solo 70 días aprobaron un préstamo histórico a la administración de Mauricio Macri, que no pasó por ninguna otra instancia en Argentina. ¿Eso no fue imprevisto?

“Sería bueno que nos explique (la directora del FMI) Kristalina Georgieva qué entiende el organismo que preside por imprevisto porque a nuestro modesto entender “lo imprevisto” tiene que ver con los tiempos”, ironizaron desde la agrupación que conduce Máximo Kirchner.

“Veamos un ejemplo midiendo los tiempos del FMI, para analizar de manera objetiva los resultados de sus definiciones: El 8 de mayo del 2018 FMI y (el expresidente argentino) Mauricio Macri anuncian el inicio de conversaciones ante el evidente fracaso de pagos a Fondos Buitres y la timba financiera en los mercados de capitales comandada por “Toto” Caputo (primo de Nicolás Caputo)”, detallaron.

Y continúa: “De aquella fecha al 20 de junio, donde se anuncia de manera formal la aprobación por parte del directorio del FMI de un “plan de ayuda” bajo la línea de préstamos Stand By por 50 mil millones de dólares, una suma extravagante para la propia historia del organismo que representaba más de la mitad de su cartera de préstamos. 73 días pasaron entre el “inicio de las conversaciones” y la concreción del préstamo de 50 MIL MILLONES DE DÓLARES”.

En tanto, el 6 de mayo de 2022 se presentó en el Senado de la Nación el proyecto legislativo de Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, el “Plan de Pago de Deuda Previsional”. Se trató en comisiones el 14 de junio de 2022 y el 30 de junio obtuvo media sanción en la cámara alta; el 28 de febrero de 2023 se logró la aprobación de la ley que beneficiará a 800 mil argentinos.

“Desde la presentación del proyecto a su sanción como ley pasan aproximadamente 300 días”, subrayó La Cámpora. Y señaló que “darle a Mauricio Macri ¡50 mil millones de dólares en 73 días! es algo planificado”, pero “una ley que beneficia a 800 mil argentinas y argentinos -por un monto bastantes veces menor- que trabajaron y cuya aprobación llevó más de 300 días, es algo imprevisto que requiere, en castellano básico: aplicar un ajuste, según indica el propio Comunicado del organismo”.

En ese sentido, el comunicado de La Cámpora insiste: “Si los 73 días que tardaron en aprobar el mayor préstamo del organismo en su historia les parece que no es imprevisto, ¿por qué no viene Georgieva al país a explicarnos a todos los argentinos y argentinas cómo pensaron los caros técnicos cómo sería devuelto?”

Complicidad civil.

La Secretaría de Derechos Humanos de Nación recordó que el empresario Carlos Blaquier murió en la impunidad. Nunca fue investigado con seriedad por su responsabilidad en la desaparición de personas en Jujuy. La empresa Ledesma fue clave para la desaparición de 300 personas durante la dictadura.

En un hilo de Twitter, la cartera explicó: “Como consecuencia de las demoras de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, murió hoy sin haber sido juzgado por crímenes de lesa humanidad en Jujuy durante la última dictadura”.

“La muerte impune de Blaquier se produjo luego de ocho años de dilaciones judiciales que provocaron un daño irreparable en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y que dejó a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad sin justicia por esos crímenes”, aseguró la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Horacio Pietragalla Corti. 

“La @SDHArgentina considera indispensable que se avance de manera urgente en el juicio contra Alberto Lemos, administrador del Ingenio durante la dictadura, lo que permitirá esclarecer especialmente la responsabilidad que tuvo la empresa en la represión ilegal”, insistió. 

En la llamada “Noche del apagón”, ocurrido el 20 de julio de 1976, fueron secuestradas 300 personas, que fueron llevadas a golpones del ingenio Ledesma. 55 siguen desaparecidas. 

Ante la Justicia, Olga Arédez se refirió al secuestro de su marido en estos términos: “Fue cargado en la parte trasera de una camioneta con el logotipo de la Empresa Ledesma impreso en las puertas de dicho vehículo. La camioneta era conducida por un empleado de la propia empresa (…)”, contó.

Y siguió: “Posteriormente me entrevisté con el administrador del Ingenio Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la Empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, “para limpiar al país de indeseables”. También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma”. 

En 2012, Pedro Blaquier fue procesado como cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas. La Justicia nunca avanzó. En 2020, Blaquier fue sobreseido. Murió impune. 

Desaparición de personas.

La derecha es muy republicana hasta que llega el momento de la verdad. Ayer, falleció el empresario Carlos Blaquier, investigado por su complicidad con la dictadura genocida. Murió en la impunidad total como muchos empresarios.

“Horacio Rodríguez Larreta despide a Carlos Pedro con mucho cariño”, escribió el Jefe de Gobierno como aviso fúnebre en el diario La Nación. En las redes sociales eligió ser mucho más frío con el empresario señaldado por su responsabilidad en la desaparición de trabajadores durante la “noche del apagón” en Jujuy.

Por su parte, Mauricio Macri fue más allá: “Mis condolencias y cariño a la familia Blaquier por la muerte de Don Carlos Pedro. Tenía 95 años. Fue de los empresarios más importantes del país. Presidió por más de 43 años el primer ingenio azucarero de la Argentina y fue uno de los referentes de la agroindustria”.

Lo de Macri es casi una provocación. Por supuesto que sabe que Blaquier fue investigado por su responsabilidad durante la dictadura genocida. Se sabe que la propia empresa Ledesma aportó logística para la desaparición de trabajadores. Pero Macri pretende ubicarse a la ultraderecha de la sociedad. ¿Son los mismos Macri y Larreta que se “emocionan” por películas como “Argentina, 1985”? La hipocresía al palo.

En otro día de calor intenso, las compañías eléctricas suspendieron sus servicios eléctricos.

Un total de 98.319 de usuarios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentran este lunes sin suministro eléctrico, en una jornada caracterizada por las altas temperaturas y por récords en el consumo de energía.

De acuerdo al Estado de Servicio de las 17, publicado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, hay un total de 94.882 usuarios de Edesur, empresa prestataria del servicio de suministro eléctrico en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

Según el ENRE, las área más afectadas por la interrupción del servicio eléctrico en el Conurbano bonaerense son: Almirante Brown, Esteban Echeverría , Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Quilmes y Presidente Perón.

En la Ciudad de Buenos Aires encuentran afectados por esta problemática los barrios de Villa Devoto, Mataderos, Recoleta, Villa Madero, Balvanera y Villa Luro.

Por su parte, un total de 3.437 usuarios de Edenor, empresa que distribuye energía en la zona norte de CABA y Conurbano bonaerense, se encuentran sin suministro eléctrico.

Bajo el área de cobertura de esta empresa, las zonas más afectadas por la interrupción del servicio son La Matanza, Morón, San Isidro y Tigre.

Por su parte, en la zona norte de la Ciudad se encuentran más afectadas las zonas del barrio de Belgrano y Palermo.

En caso de que el fiscal vuelva a faltar, el oficialismo no descarta impulsar su desafuero para hacerlo comparecer por la fuerza pública.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse este martes y citó nuevamente al fiscal Carlos Stornelli, quien no concurrió la semana pasada a exponer ante ese cuerpo en el expediente sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Poder Ejecutivo.

En caso de que el funcionario judicial decida no asistir, el oficialismo no descarta impulsar su desafuero para hacerlo comparecer por la fuerza pública.

La decisión de volver a citar a Stornelli se adoptó el martes pasado, durante la última reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que se extendió por más de siete horas.

En aquella oportunidad expusieron el extitular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a AMIA y exsenador radical Mario Cimadevilla y los letrados Sergio Nápoli y Gustavo Naveira, de las Secretarías Judiciales 4 y 7 de la Corte Suprema.

Stornelli había sido convocado como testigo para que explique los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles, estrecho colaborador de Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, quien se encuentra en uso de licencia como consecuencia de la difusión de esas conversaciones.

“Si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”, aseguró Gaillard en la última reunión de la comisión al referirse a la situación del fiscal, a quien le rechazó el planteo para declarar por escrito.

La notificación para que Stornelli compareciera en el Congreso le llegó el miércoles 1 de marzo y allí se le citó el pasaje del reglamento de la Comisión de Juicio Político en el que se aclara que su asistencia “no es opcional”.

En función de esta normativa, el funcionario del Ministerio Público no puede acogerse a la excepción que prevé el Código Procesal Penal para los magistrados, quienes están habilitados a declarar por escrito o desde sus lugares de trabajo.

“Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar”, sostiene el reglamento que se citó para formular esta convocatoria.

El planteo del oficialismo para volver a citar a Stornelli fue sometido a votación en la comisión y aprobado por 16 votos contra 14 de Juntos por el Cambio (JxC).

El dueño del Grupo Ledesma falleció impune a los 95 años. Estaba procesado por los secuestros ocurridos en 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma en Jujuy.

Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió impune a los 95 años. El empresario emblema de la complicidad privada con la dictadura militar, titular del Grupo Ledesma, una de las empresas agroalimentarias más importantes del país, estaba procesado por las “Noches del Apagón”.

Así se documentó a los secuestros ocurridos en 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma en Jujuy hace once años, por el cual Blaquier jamás fue sentado en el banquillo de los acusados. El empresario contó siempre con la inestimable ayuda de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal para dilatar las investigaciones en su contra y evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

En 2012, la justicia federal procesó a Blaquier por secuestros y desapariciones que ocurrieron inmediatamente después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y por los que tuvieron lugar en julio de ese año, en lo que se conoció como las “Noches del Apagón”, cuando las fuerzas de seguridad salían a secuestrar al amparo de un corte de suministro. Esos operativos se hicieron con camionetas que proveyó el ingenio Ledesma, que ya era controlado por Blaquier.

En marzo de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento de Blaquier –uno de los emblemas de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura–. La Corte cajoneó la causa durante seis años, pese a insistentes reclamos de organismos de derechos humanos para que resolviera el caso.

Recién en 2021, los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton firmaron un fallo en el que sostenían que Casación había obstaculizado indebidamente el avance de la causa contra Blaquier. Nada decían de su propia demora.

Después de la resolución de la Corte, las querellas pidieron que Blaquier fuera elevado a juicio. El año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo separó del proceso por entender que no estaba en condiciones de afrontar las audiencias.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se le practicaran nuevos estudios para determinar cuál era el estado de salud de Blaquier. En ese proceso estaba el Cuerpo Médico Forense (CMF). Según detalló el portal Página/12, días atrás, la defensa de Blaquier avisó que estaba con nuevos problemas de salud, por lo que los exámenes que restaban no podrían practicarse.

El año pasado, una investigación llevada adelante por el juez federal Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano lo vinculó como cliente de la secta VIP de Villa Crespo. Desde Ledesma entonces omitieron dar opinión.

En la causa por los secuestros y las desapariciones de 1976 ocurridos en Jujuy también está acusado Alberto Lemos, el exadministrador del ingenio Ledesma. El TOF de esa provincia debería avanzar con el proceso en su contra para determinar la responsabilidad que tuvo la empresa que históricamente perteneció a la familia Arrieta –padres de la exesposa de Blaquier– con los crímenes de la última dictadura.

Blaquier iba  a cumplir 96 años el próximo 28 de agosto. Como publicaron desde H.I.J.O.S Capital en Twitter, murió sin condena judicial, pero con el repudio popular.