“Se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros”, detalló el ministro Martín Soria.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, anunció hoy que, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó una denuncia penal en la justicia para que “se investigue” al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente en uso de licencia, por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado”.

“Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros”, consignó el ministro a través de su cuenta en la red social Twitter.

Soria informó que se presentó la denuncia ante la fiscalía correspondiente, en la que pidió que D’Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.

Según el comunicado, la denuncia requiere que “se investigue” al ministro de Seguridad de CABA por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.

En este sentido, Soria recordó que los chats “involucran” también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó el ministro.

El escrito presentado ante la justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos” y esto sería “incompatible con un Estado de Derecho”.

Por este motivo, la denuncia presentada por Soria pide investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.

Asimismo, desde el Gobierno Nacional denunciaron que “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados”, que estaría compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, “podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño”.

La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban tácticas para que el Gobierno porteño use ante el máximo tribunal en la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.

El gobernador de La Rioja los acusó de tráfico de influencias y violación de sus deberes.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó hoy una denuncia penal contra el asesor de la Corte Suprema Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño en licencia, Marcelo D’Alessandro, “por ser responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Gobierno de CABA”.

Así lo anunció el mandatario provincial a través de su cuenta de Twitter, donde también denunció que la “connivencia” entre Juntos por el Cambio y el máximo tribunal de justicia “quedó al descubierto” y es “inadmisible en el marco de un Estado de Derecho”.

“Los hechos son de público conocimiento y están referidos a la difusión de mensajes de texto que corresponderían a una conversación llevada a cabo vía telefónica entre los denunciados, cuyo contenido configura conductas prohibidas a su condición de funcionarios públicos.”, especificó Quintela.

Y señaló que “estos mensajes difundidos evidencian los supuestos vínculos que el Ministro porteño mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del Ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero y persona de su máxima confianza desde hace años”.

“La connivencia entre ambos quedó al descubierto en los chats publicados, demuestran que las resoluciones judiciales y pronunciamientos del Ministro Horacio Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia), a través de Robles, desarrollaron operaciones políticas ejecutadas a través de fallos judiciales arbitrarios”, subrayó.

En ese sentido, Quintela marcó que “la convivencia entre aquel espacio político y la Corte Suprema de Justicia resulta tan evidente como inadmisible en el marco de un Estado de Derecho en el que el Poder Judicial debe guiarse por los principios rectores que hacen a la independencia e imparcialidad judicial. Todos estos principios fueron franqueados abiertamente por el presidente del Alto Tribunal, Rosatti”.

El mandatario provincial destacó que “los chats publicados por la prensa dejan al desnudo que han existido maniobras coordinadas en la que se negociaron fallos judiciales para beneficiar a dicha alianza política” y advirtió que “el entramado de corrupción forma parte de un sistema de vinculaciones y favores que trasciende lo estrictamente jurídico y se proyecta sobre lo político y el enriquecimiento personal de las partes”.

“El predominio de CABA y en particular del Partido PRO es una construcción jurídico-partidaria concertada entre operadores políticos y jurídicos que confluyen resoluciones judiciales pactadas por fuera del sistema legal y pretende regir las acciones de Gobierno de los poderes”, aseveró.

Finalmente, Quintela manifestó: “¡Basta de atropello al pueblo argentino! Debemos buscar la federalización genuina, con participación a todas las provincias que la componen, y que cada uno de estos funcionarios autoproclamados se vaya, para que el pueblo argentino pueda volver a confiar en la justicia”.

La semana pasada D’Alessandro fue vinculado con un escándalo por la difusión de unos presuntos chats en los que se observan intercambios con Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y con el empresario Marcelo Violante, a cargo de la concesión del sistema de acarreo de vehículos en la ciudad de Buenos Aires hasta hace pocas semanas.

Por estas cuestiones se iniciaron investigaciones judiciales, mientras a raíz de las filtraciones D’Alessandro realizó una denuncia penal por el hackeo de su teléfono celular.

A través de un comunicado, la Federación Argentina de Municipios cuestionó al máximo Tribunal por su “parcialidad”.

Intendentes de todo el territorio nacional nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) emitieron un comunicado en donde apuntaron contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su “parcialidad”, y apoyaron la iniciativa de Alberto Fernández, quien impulsó el juicio político contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

El mensaje de los mandatarios locales fue publicado días después de que el Presidente firmara la solicitud junto a gobernadores. En ese sentido, los jefes comunales se expresaron firmemente en contra de los polémicos hechos conocidos durante las últimas semanas, y remarcaron que “el federalismo no se negocia”.

“Múltiples son los hechos que acreditan el mal desempeño de los miembros de la Corte, como por ejemplo la violación a la Ley de Ética Pública”, comienza el texto. Entre otras cuestiones, destacaron “la extracción de recursos a las provincias de una manera ilegítima y arbitraria a las provincias y el manejo discrecional del Poder Judicial en detrimento del sistema representativo, republicano y federal previsto en la Constitución Nacional”.

Coincidiendo con el resto de las figuras del arco político afines al oficialismo, la liga de intendentes denunció que los magistrados se “arrogaron facultades del Poder Legislativo, al determinar mediante fallo el porcentaje de Coparticipación de Ciudad”, y agregaron: “Tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura, para sumergirlo en una parálisis histórica, ya que solo se reunieron dos veces en seis meses”.

“Con estos miembros en la Corte, los argentinos y las argentinas no podemos sentir la custodia de nuestros bienes, ni el honor, ni la libertad, ni tampoco el patrimonio porque, justamente, ellos son los que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y los principios esenciales”, argumentaron en el mensaje, y concluyeron con que “las provincias argentinas, y de igual manera los municipios, nos sentimos damnificadas”.

Para finalizar, se mostraron convencidos de que la postura adoptada por el Presidente es la correcta, y por eso remarcaron que sería fundamental avanzar en el pedido de juicio político, ya que “esta Corte Suprema de Justicia está pisoteando al federalismo, destruyendo al sistema republicano y afectando la representatividad”.

La última vez que los intendentes se habían expresado de esta manera fue llegando a finales del mes de diciembre, cuando compartieron un extenso mensaje en relación al mismo tema. Allí, habían señalado que la decisión de otorgarle más fondos de Coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires estaba “politizada” y que convalidaba “privilegios” para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

El vecino país se había retirado del bloque regional en enero de 2020 por decisión de Bolsonaro.

El flamante gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves el regreso de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la que su país se apartó hace tres años por orden del entonces mandatario Jair Bolsonaro.

El gobierno comunicó a los países miembros de la organización internacional, “por los canales diplomáticos adecuados, la reincorporación de Brasil, de forma plena e inmediata, a todas las instancias del mecanismo, tanto las de carácter político como las de naturaleza técnica”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Brasil suspendió su participación en la CELAC en enero de 2020 porque, según Bolsonaro, duro crítico de la izquierda, el organismo “daba protagonismo a regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua”.

El organismo celebrará una cumbre en Buenos Aires el 24 de enero.

El bloque, que reúne a 33 países de Latinoamérica y el Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá, fue creado en 2010, con Lula como promotor, con el objetivo de domentar el diálogo en la región.

Para la época en que Bolsonaro apartó a Brasil, la organización estaba prácticamente paralizada por la llegada de gobiernos conservadores a los países que integran el bloque. Ahora, la región vive una nueva ola de presidentes de izquierda en países como Argentina, Brasil, Chile o Colombia.

”El regreso de Brasil a la comunidad latinoamericana de Estados es un paso indispensable para la recomposición de nuestro patrimonio diplomático y para la plena reinserción del país en la comunidad internacional”, agregó la nota.

Lula, quien asumió su tercer mandato el primero de enero, tras haber gobernado entre 2002 y 2010, dio señales de querer romper el aislamiento internacional de Brasil durante los cuatro años de su antecesor. En su discurso de investidura en el Congreso, anunció un nuevo protagonismo brasileño en el mundo, retomando “la integración sudamericana” y la reconstrucción del “diálogo elevado y activo con Estados Unidos, la Comunidad Europea y China”.

El mandatario, de 77 años, participará en la cumbre de la CELAC, que se celebrará el 24 de enero en Buenos Aires, a la que también están invitados el presidente estadounidense, Joe Biden y su colega chino, Xi Jinping. Lula llegará a la Argentina un día antes en visita oficial, la primera que realizará al exterior desde su asunción como presidente.

Economía.

En noviembre de 2022, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) exhibió una suba de 1,4% respecto a igual mes de 2021, con un acumulado enero-noviembre de 2022 que presenta un incremento de 5,2% respecto a igual período de 2021, informó hoy el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Asimismo, se señaló que en noviembre de 2022 el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 0,8% respecto al mes anterior, aunque el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto a octubre.

El indec informó también que en noviembre de 2022, diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron incrementos de 8,6% en “Prendas de vestir, cuero y calzado”; 5,6% en “Industrias metálicas básicas”; 7,3% en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”; 9,4% en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”; 6,9% en “Productos de metal”; 0,8% en “Alimentos y bebidas”; 3,0% en “Productos minerales no metálicos”; 4,7% en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”; 0,9% en “Sustancias y productos químicos”; y 7,4% en “Productos de tabaco”.

En lo que va del 2022, la actividad económica creció cerca del 6%, y acumula el segundo año consecutivo de suba. Ese movimiento explica que el empleo esté muy bajo, casi en pisos históricos, después del ajuste macrista y la pandemia. Buenas noticias para los trabajadores argentinos.

En la misiva se manifiestan “esperanzados por su compromiso de utilizar los mecanismos legales disponibles para facilitar la inmediata libertad de la dirigenta política y social de Jujuy.

La Red internacional por la Libertad de Milagro Sala envió una carta al presidente Alberto Fernández, en la que reiteraron el pedido por el fin de la persecución de la dirigente social. El próximo 16 de enero se cumplirán siete años de su detención en Jujuy.

En la misiva se manifiestan “esperanzados por su compromiso de utilizar los mecanismos legales disponibles para facilitar su inmediata libertad” y le recuerdan al jefe de Estado que el pedido “ha contado con importantes apoyos internacionales” de mandatarios tales como Justin Trudeau (Canadá), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Nicolás Maduro (Venezuela); y de los expresidentes Evo Morales (Bolivia) y Rafel Correa (Ecuador). Semanas atrás, un fallo de la Corte rechazó el recurso de queja de sus abogados defensores y de ese modo dejó firme una condena a 13 años de prisión en la causa “Pibes Villeros”

La carta incluye las adhesiones diputados y senadores de 14 países, como Grecia, España, Alemania, Reino Unido y Bélgica y resaltan que “una delegación internacional de abogados visitó a Milagro Sala y demás detenidos de la Organización Barrial Tupac Amaru en junio del 2018”, y que sus integrantes “concluyeron que la detención continua de Milagro Sala y de los otros presos violaba principios jurídicos básicos y pidieron por su libertad”.

También se subraya el hecho de que la Corte Suprema “recibió pedidos de intervención como amicus curae en la causa conocida como pibes villeros” por parte de personalidades como el dirigente francés Jean-Luc Mélenchon. Y en que en mayo de 2021 tuvo lugar el festival internacional “Una Canción para Milagro”, con artistas como Susana Rinaldi, Ariel Prat, Sudor Marika, Miguel Ángel Estrella, Teresa Parodi y músicos internacionales.

Como parte de la campaña, se recordó que, al cumplirse 200 días del arresto de Sala, se difundió un video con reclamos por su libertad. “Señor Presidente, el tiempo de actuar es ahora. El rechazo al fallo de la Corte perjudicando a las provincias argentinas y el inicio del juicio político a los integrantes de la Corte empiezan ese camino. La libertad de Milagro Sala es otro escalón para acabar con ‘los sótanos de la democracia’, objetivo que Ud. formulara en su discurso de asunción”, dice la carta en tal sentido.

“En Argentina y en el mundo esperamos ansiosos que cumpla con su promesa a los organismos de derechos humanos y Milagro esté en libertad antes del 16 de enero del 2023”, dice el texto.

A través de su cuenta personal de twitter, la Vicepresidenta compartió una nota donde se denuncia la relación entre la mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el grupo que planeó atentar contra su vida.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, denunció el “entramado mafioso” y vinculó al presidente de la Corte Suprema. Horacio Rosatti, con la investigación por el atentado en su contra efectuado el 1 de septiembre del año pasado.

En ese sentido, a través de sus redes sociales, la expresidenta habló de la falta de celeridad en el avance de la causa del intento de magnicidio y escribió en la red social: “¿Entendés por qué en Comodoro Py no se investiga a fondo el intento de magnicidio?” y eln otro parrafo agregó: “Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre: Todo hace juego con todo”.

La vicepresidenta indicó que Gastón Marano, abogado de Gabriel Carrizo, presunto jefe de la “banda de los copitos” fue uno de los que planificaron el intento de asesinato contra Cristina; y que elexasesor de Juntos por el Cambio, denunció a Robles en el Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires por “negociaciones incompatibles”.

Así, busca disputarle la causa a Guillermo Molinari, el juez federal de Santiago del Estero a quien le cayó la presentación original de Gerardo Zamora, gobernador de la provincia, por “tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“No hay muestra de amor más grande que resguardar a quienes están creciendo en una Argentina que integra”, aseguró el mandatario.

El Presidente anunció la extensión de la AUH para niños y adolescentes sin cuidados parentales, beneficio que se hará extensivo a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Además, anunció la puesta en valor y restauración del edificio del Instituto Saturnino Unzué, declarado Monumento Histórico Nacional.

“Los niños y niñas deben ser tratados como sujetos de derecho para que puedan crecer en una ciudad más igualitaria”, afirmó al encabezar en Mar del Plata el acto en el cual anunció la medida, así como también la puesta en valor y restauración del edificio del Instituto Saturnino Unzué, declarado Monumento Histórico Nacional. 

Durante su discurso, Fernández aseguró que “no hay muestra de amor más grande que resguardar a quienes están creciendo en una Argentina que integra”. En ese sentido, el mandatario remarcó que “no hay nada más lindo” que invertir recursos “en asegurar la igualdad y la justicia social”, y señaló que “en política no todos son lo mismo”. 

Participaron del acto en el Espacio de Promoción de Derechos que funciona en el Instituto Unzué, la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta; los ministros de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner.

Por su parte, la ampliación de cobertura de la AUH ANSES tendrá como finalidad “garantizar el acceso de todos los niños y adolescentes a los beneficios de la seguridad social”.

“El Gobierno dispuso el pago mensual del 100% del valor de la AUH a los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales y que viven en dispositivos residenciales de cuidado (de gestión pública o privada) o en dispositivos familiares de cuidado (familias de acogimiento, de tránsito, solidaria)”, señalaron fuentes oficiales.

A su vez, la ANSES implementará el depósito de los fondos y, conforme la edad del niño, niña o adolescente, los referentes designados para los mismos deberá tener especialmente en cuenta su opinión con relación al destino de esos fondos. 

También se puntualizó que los fondos no podrán ser aplicados a rubros que deban ser afrontados por el dispositivo residencial o familiar de cuidado, como alimentación, salud, vestimenta, acceso a servicios públicos, traslados y otros ítems. 

“Les pedí que inicien su pronto tratamiento legislativo”, señaló el mandatario en sus redes sociales.

Alberto Fernández se reunió con el presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez; y a la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, y ordenó que el proceso a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda podría comenzar en la segunda quincena de enero.

El mandatario les dio a los legisladores oficialistas el escrito de más de 30 carillas anticipado públicamente el martes durante una reunión realizada en la Casa Rosada, se informó oficialmente.

El texto impulsa de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la acusación de “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.

“Les pedí que inicien su pronto tratamiento legislativo”, indicó el Presidente en Twitter

En tanto, gobernadores, funcionarios y legisladores del FdT respaldaron el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los jueces de ese tribunal Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, al considerar que existen “sobrados elementos como para avanzar” en ese proceso.

Luego del encuentro que el jefe de Estado mantuvo con mandatarios provinciales en la Casa de Gobierno, donde firmaron la iniciativa, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, remarcó que “son escandalosos los chats entre (el estrecho colaborador de Rosatti) Silvio Robles y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro”, quien ayer pidió licencia para preparar su defensa en este caso.

En esas conversaciones, Robles le sugería a D’Alessandro estrategias que debía emplear el Gobierno porteño en el conflicto con Nación por los fondos coparticipables.

Al enumerar otro argumento, el gobernador riojano consideró que el fallo en favor de la ciudad de Buenos Aires en el conflicto con la Nación por los fondos coparticipables constituyó “un atentado contra el federalismo”, por lo que hay “sobrados elementos como para avanzar”.

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, recordó que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció en otras ocasiones a integrantes de la Corte Suprema y le pidió a la exdiputada nacional que “no tenga amnesia moral”.

Carrió realizó distintas presentaciones de juicio político contra Lorenzetti durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri; sin embargo, ninguna de esas iniciativas prosperaron en el Congreso.

Melella consideró que “la Corte y Rosatti tienen una adicción a Juntos por el Cambio”.

“Si Rosatti quiere hacer política, que sea candidato. Hoy tenemos una Corte escandalosa con un presidente que no puede seguir como si nada”, apuntó sobre las conversaciones que se filtraron y fueron publicadas por diferentes medios.

Asimismo, Melella sostuvo que en la reunión entre el jefe de Estado y gobernadores “algunos no se sumaron por miedo”, pero consideró que el poder real “si quiere, se los van a llevar puestos igual”.

Los empresarios, de fiesta.

Desde diciembre de 2015, último mes de Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, los salarios privados acumularon hasta 2022 una pérdida de 16% de poder adquisitivo, con los públicos cayendo cerca de 23% y los informales cediendo alrededor de 37%.

Las cifras se desprenden del reciente informe de la Universidad Nacional de Avellaneda – UNDAV, el cual detalla además que, desde la finalización del gobierno de Cambiemos, solo los salarios privados sostuvieron su poder adquisitivo, -subieron 0,25% hasta septiembre-, mientras que los del sector público perdieron un 4% y los informales 14%.

En una tendencia similar, los “Índice de salarios” del INDEC, que incorporaron los salarios informales recién a mediados de 2017, informaron que el conjunto de salarios en diciembre de 2019 se encontraba un 17,8% por debajo del poder adquisitivo que tenían en diciembre de 2015, mientras que entre diciembre de 2019 y septiembre de 2022 se sumaron caídas del 3,6%.

Con el gobierno de Alberto Fernández, la brutal caída se detuvo aunque igualmente los salarios siguieron corriendo de atrás a la inflación, aunque ahora a otra velocidad. La gestión peronista debió enfrentar una pandema que destruyó el aparato productivo. Desde su salida, la economía se recupera a toda velocidad pero los salarios van a otro ritmo. Sin dudas, se trata del principal desafío de la gestión justicialista.