Hasta que se aclaren los sucesos de este domingo, la corte suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días.

La corte suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, hasta que se aclaren los sucesos de este domingo, cuando miles de manifestantes bolsonaristas entraron y destruyeron las instalaciones de las sedes de los tres poderes del Estado alentando las condiciones para un golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva.

La medida fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, integrante del máximo tribunal de Justicia de Brasil, quien también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país, de acuerdo con la prensa local.

El juez respondió a un reclamo de parte de aliados de Lula, basado en que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.

De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.

Mientras continuaban los incidentes, Rocha realizó una publicación en las redes sociales en la que anunció la destitución del secretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, quien se encuentra en EEUU, al igual que Bolsonaro.

Rocha también había destituido de manera fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), una figura muy cercana del ahora expresidente.

Miles de seguidores de Bolsonaro que reclaman un golpe de Estado invadieron ayer por cuatro horas y provocaron destrozos en el Palacio del Planalto (casa de gobierno), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), motivo por el cual Lula decretó la intervención federal en la seguridad de Brasilia, acusando a los responsables de la policía local por haber liberado la zona y permitir un ataque que rememora el que sufrió el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021.

Alrededor de 400 personas fueron detenidas en una jornada que fue repudiada por todos los países de la región, EEUU, Europa y Rusia y China, que se produjo justo una semana después de la asunción de Lula.

Un grupo de legisladores brasileños comenzó hoy a recabar apoyos para crear una comisión parlamentaria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que investigue la eventual responsabilidad e implicancia de Bolsonaro en el ataque.

Impulsado por la senadora de Unión Brasil Soraya Thronicke, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) funcionará al estilo del comité en Estados Unidos que durante este último año investigó el grado de responsabilidad del expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio de 2021, informó la agencia de noticias Europa Press.

El peronismo lo hizo.

En el año 2022 la cantidad de trabajadores registrados llegó casi a los 13 millones, con un incremento del orden del 5% respecto de 2021, aunque más de la mitad de la mejora se explica por el empleo público y los monotributistas, según revelaron datos del Ministerio de Trabajo. Luces verdes y amarillas en el mercado laboral argentino.

La información marca que a octubre del año pasado (últimos datos oficiales) la cantidad de empleados registrados 12.937 millones, con un incremento de 623.000 puestos respecto de un año atrás.

Pero esa misma dinámica también muestra que más de la mitad de la recuperación obedece al empleo independiente, gran parte precario, y la contratación de empleo público. De la mayor cantidad de trabajadores de 2022, hasta el décimo mes, 54.000 eran trabajadores estatales y 281.000 monotributistas. Los no asalariados crecieron 10,9% interanual. Con salarios de peor calidad, buena parte de los trabajadores argentinos deben contentarse con una situación paradójica: tienen empleo pero no llegan a fin de mes.

Los puestos de trabajo generados por empresas privadas alcanzaron los 291.000, con una mejora interanual del 4,9%. Los monotributistas sociales, por su parte, crecieron un 39% al pasar de 398.000 a 555.000, los autónomos subieron un 1,3%, de 387.000 a 392.000; y los monotributistas puros, un 6.7% de 387.000 a 392.000.

Los datos oficiales indican que hacia el tercer trimestre del año pasado, en promedio, el salario del sector regular de la economía era de $188.293, con una variación anual del 80,3%.

La información oficial, a noviembre pasado, indica que en el sector privado de la economía, la dinámica de crecimiento seguirá durante enero de 2023.

Durante ese momento, del total de empresas consultadas, un 4,8% indicó que iba a registrar variaciones en su plantel de empleados en los siguientes tres meses, de los cuales un 3,8% dijo que iba a subir y un 1% que iba a bajar, lo cual dejó un neto positivo del 2,8%.

Así lo aseguró la vicepresidenta en sus redes.

La vicepresidenta Cristina Kirchner presentó este lunes la recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, que entiende en la causa por el intento de magnicidio en su contra, por considerar que la magistrada tiene una “dependencia” con el Ministerio de Seguridad de al Ciudad de Buenos Aires

La Vicepresidenta advirtió en su cuenta de Twitter que formuló la presentación “en épocas de derechas violentas”, en referencia al intento golpista registrado el domingo último en Brasil.

“Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, advirtió la ex mandataria en sus redes sociales.

Entre los fundamentos de la presentación, difundida hoy, los letrados de la Vicepresidenta sostuvieron que “el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana”, indica el texto.

Optimismo en el gobierno.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que la inflación de diciembre terminó por abajo del 5% al igual de lo ocurrido en noviembre, cuando el Indice de Precios al Consumidor (IPC) dió el 4,9%. Es una gran noticia para la economía nacional, que hace solo 5 meses tenía una inflación mensual de casi 8%. Pero Massa va por más: en abril espera que esté en el 3%.

“Diciembre, de acuerdo a la proyección de la Secretaría de Programación Económica, estaría también con el cuatro adelante. Vamos a ver cuando el Indec publique”, señaló Massa en una entrevista publicada por el diario Perfil.

El titular del Palacio de Hacienda destacó la caída del costo de vida desde el momento en que llegó al cargo y ratificó que en abril el IPC va a dar un número “que empiece con 3”. La idea del equipo de gobierno es que la inflación baje 1% cada 60 días. Así las cosas, Argentina podría volver a tener una suba de precios del orden del 1% para fin de año.

“Esperamos terminar el 2023 por debajo del 50%, con una proyección a la baja para fin de año. Que baje la inflación es condición para que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores”, destacó.

El fallo del máximo tribunal de Brasil se basa en “la escalada violenta” contra las sedes de los tres poderes

La Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo por 90 días al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, hasta tanto se aclaren los hechos de este domingo, cuando miles de manifestantes bolsonaristas intentaron concretar un golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva.

La medida de apartar del cargo al gobernador de Brasilia fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, integrante del máximo tribunal de Justicia de Brasil. Al mismo tiempo, ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país. En simultáneo, el presidente Lula Da Silva ordenó la intervención federal del distrito.

El juez concretó un pedido de parte de aliados de Lula, basado en que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.

De esta forma, de Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.

Así lo aseguró el mandatario brasileño, quien calificó de “acto antidemocrático” a la toma por asalto en varias sedes gubernamentales de Brasilia.

En el marco del intento de golpe de Estado, el presidente brasileño Lula da Silva calificó de “acto antidemocrático” a la toma por asalto en varias sedes gubernamentales de Brasilia. En el mismo tono, prometió averiguar quién financió el accionar de los radicales bolsonaristas y anunció la intervención federal de la ciudad capital.

“Todos deben estar al tanto de la barbarie que tuvo lugar este domingo en Brasilia. Aquellas personas a las que llamamos fascistas, que son lo más abominable de la política, invadieron el Palacio y el Congreso. Creemos que hubo una falta de seguridad“, aseveró Lula desde São Paulo, a donde viajó durante el fin de semana para inspeccionar los daños causados por la lluvia en esa región.

“Quien haya hecho esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy. Por eso deben ser castigados”, agregó el líder del Partido de los Trabajadores, quien además anunció la intervención federal de Brasilia.

“Y vamos a averiguar quiénes son los financistas de los que fueron hoy a Brasilia, y todos pagarán con la fuerza de ley”, aseguró. 

Además, Lula apuntó directamente contra Jair Bolsonaro y sus discursos de odio. “Aprovecharon el silencio del domingo, cuando todavía estamos formando el gobierno, para hacer lo que hicieron. Y saben que hay varios discursos del expresidente alentando eso. Esa es también su responsabilidad y la de los partidos que lo apoyaron”, señaló.

En las próximas horas, Lula regresará a Brasilia para seguir de cerca los acontecimientos. 

En protesta de la asunción del flamante presidente Lula Da Silva, centenares de personas irrumpieron el Congreso de Brasil.

Cientos de simpatizantes del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, invadieron este el Congreso en Brasilia mientras otros comenzaron a ingresar el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia y algunos rodearon el Palacio de Justicia. 

Los manifestantes lograron bloquear los puestos de la Policía Militar de Brasilia y avanzaron por la avenida principal de Brasilia tras lo cual tomaron el Palacio del Parlamento mientras algunos comenazaro asaltar el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia, ubicado a unos 300 metros del Legislativo. en la zona este de la ciudad, informó Página 12 desde el país vecino.

Parte de la horda llegó procedente del Cuartel General del Ejército, donde fue montado un campamento demandando un golpe de Estado y contra el “fraude” que habría permitido el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva.

En la madrugada de este domingo la noche del sábado llegaron a Brasilia colectivos desde varios estados que no fueron abordados por la Policía Militar de Brasilia, al frente de la cual está el secretario de Seguridad Anderon Torres, un conocido bolsonarista que fue ministro de Justicia hasta fine de diciembre.

Cabe señalar, que días atrás desde grupos de ultraderecha del estado de Florida, Estados Unidos, donde se encuentra refugiado, el líder de ultraderecha Bolsonaro prometió a sus seguidores que aguarden “novedades” inminentes.

Entretanto no se descarta que el presidente, Lula da Silva, que se encuentra en San Pablo regrese a Brasilia en las próximas horas, informó radio CBN del grupo Globo.

La vicepresidenta utilizó las redes sociales para condenar el intento de golpe de Estado que sufrió Brasil este domindo cuando una multitud tomó por asalto el Congreso.

Este domingo, a poco de conocerse la noticia de la invasión del Congreso de Brasil por parte de militantes de Jair Bolsonaro, Cristina Fernández de Kirchner comparó las imágenes de Brasilia con la toma del Capitolio en los Estos Unidos. “Replican con exactitud las imágenes del 06/01/2021 en el Capitolio de Washington. No es casual…”, sentenció.

“Quienes creemos en lo nacional, popular y democrático debemos darnos además un análisis profundo y descarnado frente a este fenómeno que más allá de la existencia de organizadores, financiadores y responsables (que siempre los hay) captura a segmentos de la población (inclusive algunos en contra de sus propios intereses económicos) para jaquear la democracia”, completó la vicepresidenta.

El oficialismo pedirá que los magistrados del máximo tribunal, se presenten durante el proceso una vez iniciada la investigación en la Cámara.

Según el reglamento, una vez iniciada la investigación con mayoría simple la comisión pedirá documentación a la Justicia y llamará a los magistrados acusados, que pueden sin embargo, excusarse de testimoniar y citar además a otros testigos.

Sin embargo, el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar la apertura del sumario y emitir dictamen, una vez finalizado el proceso de investigación.

Luego tendrá dos meses al menos para llevar adelante el proceso y buscar posibles acuerdos parlamentarios que le permitan sumar voluntades para darle continuidad al proceso.

En ese sentido, Martínez aseguró que se logrará “cada vez más consenso” a medida que se avance en el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema.

La comisión, presidida por Gaillard, cuenta con 31 miembros: 16 del FdT, 14 de Juntos por el Cambio (JxC) y 1 del Interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez.

Fuentes parlamentarias precisaron que la investigación se concentrará en dos aspectos fundamentales: el fallo de la Corte Suprema que restituye fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires y la injerencia del máximo tribunal sobre la composición del Consejo de la Magistratura.

En tanto, las fuentes no descartan que el oficialismo pueda además proponer incorporar al debate de la comisión el pedido de enjuiciamiento que en 2021 formuló la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, contra el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

En ese entonces, Carrió acusó al jurista santafesino de haber cometido graves irregularidades administrativas y presupuestarias mientras ocupó la presidencia del máximo tribunal.

Esa alternativa podría poner a JxC, que ya anticipó su rechazo al planteo formulado por el Presidente y varios gobernadores, en una disyuntiva que, según advirtieron

algunos legisladores opositores, buscaría dividir las posturas en el principal bloque opositor.

En el marco de ese proceso, la Comisión de Juicio Político está habilitada a realizar inspecciones; solicitar a la justicia el registro del domicilio de los investigados y secuestrar elementos que puedan servir como medios de prueba, como así también interceptar sus correspondencias y comunicaciones telefónicas, siempre y cuando no se vulnere su inmunidad.

Se creó una unidad especial de integración social y urbana. Urilizarán Fondos del BID y bonaerenses.

El gobierno de Axel Kicillof puso en marcha hace tres años un plan para urbanizar los barrios populares del Conurbano y también del interior y llevar condiciones de vida digna a los miles de bonaerenses que habitan allí. La meta es llegar con distintas obras, que van desde agua potable y cloacas, a iluminación, viviendas o instalaciones eléctricas, a 180 villas antes del fin del mandato.

La problemática es compleja y para abordarla se creó un ente específico: el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que supo estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete en el arranque de la gestión y que hoy pertenece al Ministerio de Hábitat y tiene su propia unidad ejecutora de obras.

La titular es Romina Barrios, quien explicó que hoy trabajan en 116 barrios con una inversión de 35 mil millones entre fondos provinciales y de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las intervenciones son variadas, de acuerdo a la complejidad de cada lugar, y alcanzan a más de 150 mil bonaerenses.

Según los últimos registros, en la provincia hay 1933 asentamientos y villas distribuidos en 89 municipios, que arrastran carencias de todo tipo como la falta de agua, cloacas, desagües, electricidad, apertura de calles, pavimento y titularidad de la tierra. El 70% de los barrios populares están ubicados en el Área Metropolitana.

“En el primer y segundo cordón del Conurbano están las villas históricas, pero el mayor crecimiento de barrios populares se da hacia las terceras coronas, desde Campana hasta San Vicente”, advierte Barrios. El 30% restante de los asentamientos se ubica en las grandes ciudades del interior como Olavarría, Bahía Blanca, Mar del Plata y la capital bonaerense. “La Plata ostenta el triste récord de ser el distrito con mayor cantidad de barrios populares de toda la provincia: tiene 162”, puntualiza la directora ejecutiva del OPISU y entiende que esto se debe a un “crecimiento desigual” y a un desarrollo urbano “no planificado”.

El OPISU tiene en marcha hoy 116 proyectos integrales de reurbanización en 46 municipios y el desafío es llegar a los 180 antes de fin de año. Hasta ahora se planificaron y ejecutaron 208 obras de agua potable, cloacas, desagües pluviales, instalaciones eléctricas, veredas y plazas, pavimentación, luminarias, viviendas y mejoramientos edilicios por un total de 35.767 millones de pesos.

Parte de los trabajos se adjudican a cooperativas de la zona, lo que además promueve el empleo local: en 2022 se crearon 800 puestos de trabajo. “Además de la falta de acceso a agua y cloacas, hay barrios que requieren soluciones hidráulicas porque las casas fueron construidas sobre suelo de relleno, que no había sido pensado ni era apto para la construcción. También hay déficit en la calidad de la vivienda: están las irrecuperables y las que necesitan mejoras para ser dignas en términos físicos y de hacinamiento”, explica la funcionaria, al tiempo que aclara que el ente sólo construye viviendas para “reasentamiento” y que hoy están en marcha 155 casas en barrios de Quilmes y La Matanza. El resto corre por cuenta del Instituto de la Vivienda que en 2022 licitó 10.900 casas en toda la provincia. En ese paquete están las 853 que corresponden a Guernica, en lo que fue la toma de terrenos que terminó en desalojo en plena pandemia.

Otro caso emblemático está en La Matanza, donde recién hace una semana las tierras sobre las que se levantaron los barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, San Petersburgo y Puerta de Hierro pasaron a estar a nombre de la Provincia. Esos terrenos habían sido cedidos por Nación durante la dictadura de Juan Carlos Onganía para erradicar villas de la Capital Federal. Con la tenencia de esas tierras, ahora el OPISU podrá iniciar los trámites de regularización dominial, que le permitirá a los 12 mil vecinos contar con su escritura, y también acelerar la llegada de los servicios básicos y la apertura de calles.

“Casi todo lo que nosotros hacemos tiene el tenor de histórico porque estamos en una de la primeras experiencias en donde la voluntad política, institucional y técnica le ha dado a este problema la especificidad que necesita y la escala de intervención”, remarca la funcionaria y aclara que es clave el trabajo con los municipios, pero especialmente con la comunidad que “conoce, sabe y viene empujando las soluciones de su barrio”.