El Servició Meteorológico Nacional informó que gran parte de Argentina está bajo alerta por la ola de calor que se sufre este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que gran parte del país se encuentra en alerta por la ola de calor con temperaturas que pueden llegar hasta los 40 grados.

El oeste de la provincia de La Pampa, el noroeste de Río Negro y este de Neuquén, se encuentran bajo alerta roja por temperaturas extremas que se ubicarán cerca de los 40 grados este domingo, según indicó el SMN.

El alerta máxima dispuesta por el organismo meteorológico indica que las temperaturas en esa zona pueden ser “muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables”, por esta razón se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).

Las principales zonas afectadas por la alerta roja son el este de El Cuy y General Roca, en Río Negro; las localidades pampeanas de Chical Co y Puelén, y los departamentos de Confluencia, este de Añelo, Pehuenches y Picún Leufú, en Neuquén. Para todas estas zonas se esperan máximas de 40 grados, de acuerdo con lo pronosticado por el SMN.

Para el resto de La Pampa, Río Negro y Neuquén; sur de Mendoza y de Buenos Aires, centro-este de Chubut y noreste de Santa Cruz hay alerta naranja por calor, al igual que en algunas localidades entrerrianas como Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz y Diamante. Las máximas esperadas para hoy oscilarán entre los 37 y los 40 grados.

En cuanto a gran parte de Santa Fe y de Córdoba, centro-norte de Buenos Aires, sudeste de Santiago del Estero y de La Rioja, y varias localidades de Mendoza y de San Luis se encuentran bajo alerta amarilla también por altas temperaturas.

En el caso del nivel naranja, el SMN advierte un efecto moderado a alto en la salud e indica que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo; mientras que en el nivel amarillo el efecto es leve a moderado y los más afectados pueden ser niños y niñas, y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Así, se refirió el gobernador bonaerense al necesario vinculo entre el máximo tribunal y esa empresa de comunicación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó ayer en las redes sociales el título de una información publicada por el diario Clarín, al asegurar que el medio de comunicación intenta “ocultar la gravedad de lo que pasa con la Corte Suprema” y desestimar el juicio político a sus integrantes impulsado por el Presidente Alberto Fernández y varios mandatarios provinciales.

A su vez, el gobernador posteó la foto de la nota que en su título afirma: “Sin Kicillof, los que firmaron contra la Corte representan el 14% del país”, en alusión a los mandatarios que acompañaron la iniciativa del jefe de Estado.

“Los métodos de desinformación de (Héctor) Magnetto (CEO de Clarín) se superan día tras día. Titular así es tan ridículo como decir: Sin la provincia de Buenos Aires, el país tiene 30 millones de habitantes”, señaló Kicillof en el texto que acompaña la foto.

Y en ese sentido, remarcó: “Lo cierto es que es la primera vez en la historia que un presidente junto con gobernadores le inician juicio político a la Corte Suprema. Quieren ocultar la gravedad de lo que pasa” con el máximo tribunal.

Así lo afirmó el ministro del interior en una acto que se realizó en la localidad bonaerense de Villa Gesell.

El titular de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sostuvo que “el Poder Ejecutivo debe gobernar sin la dictadura de las cautelares y del Poder Judicial”, y criticó el fallo en la causa por la obra pública en Santa Cruz, del 6 de diciembre pasado, al señalar que su “objetivo central, como siempre contra el peronismo”, consistió “en proscribir a la compañera Cristina Fernández de Kirchner”.

El ministro, en declaraciones que realizó en Villa Gesell, recordó que este año Argentina cumplirá 40 años ininterrumpidos de ejercicio democrático y que, en ese marco, “algunos sectores de poder parece que ya están cansados, piensan que 40 años de democracia es mucho”, entonces “empiezan a poner palos en la rueda y a proscribir”.

“Acabamos de ser testigos hace muy poco tiempo de una sentencia judicial donde el objetivo central, como fue siempre contra el peronismo, consistió en proscribir a la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, dijo.

De Pedro puntualizó que “proscribieron judicialmente” a la vicepresidenta de la Nación, y que “esa proscripción, que fue vendida mediáticamente como un ‘se bajó’, es una proscripción como la que sufrió el peronismo durante 18 años”.

El ministro hizo declaraciones durante una visita a Villa Gesell, donde junto a su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y al intendente local, Gustavo Barrera, entregó un ómnibus y una retroexcavadora en el marco del Programa Municipios de Pie, destinado al fortalecimiento de las gestiones municipales locales.

Allí, el funcionario destacó que “a nivel regional y en distintos países estamos observando un fuerte avance de sectores del Poder Judicial, asociados con grupos de poder”, y dijo que “esa conjunción de factores de poder va en contra de un sistema republicano como es el nuestro”.

“Para que este sistema funcione como lo establece nuestra Constitución Nacional, es necesario que el Poder Judicial funcione de manera independiente; que el Legislativo lo haga como el pueblo manda; y que el Ejecutivo pueda gobernar y expresar esa voluntad que se vio reflejada en las urnas”, expresó el ministro.

Por ello, De Pedro afirmó que “el Poder Ejecutivo debe gobernar sin la dictadura de las cautelares y del Poder Judicial”.

El ministro de Transporte bonaerense aseguró que el jefe de Gobierno porteño “no cumple con una Ley que él mismo firmó”.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, denunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumple con el pago del subsidio al transporte público y aseguró que se adeudan “cerca de 14.000 millones de pesos”.

“El jefe de Gobierno porteño no cumple con una Ley que él mismo firmó”, sostuvo ayer el funcionario bonaerense al referirse al reclamo por el incumplimiento de Horacio Rodríguez Larreta con el pago, en el marco del Pacto Fiscal firmado durante 2018.

Por ese Pacto convertido en Ley por el Congreso Nacional, la Ciudad asumía la totalidad del pago de subsidios para el cumplimiento del servicio de pasajeras y pasajeros.

En ese sentido, D’Onofrio consideró que “CABA se hace la distraída y no envía los recursos para cumplir con el compromiso que contrajeron hace más de cuatro años” y aseguró que “del 91% que deben pagar, solo cumplen con el 51% y el restante lo esquivan”.

“Estamos hablando de cerca de 14.000 millones de pesos”, destacó el funcionario y agregó que “con la decisión de no cumplir, Larreta no acata una medida del Poder Legislativo y se posiciona desde un lugar de rebeldía con la Justicia. Las leyes son iguales para todos y debemos respetarlas”, remarcó.

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, había insistido en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “debe hacerse cargo de su propio transporte” y reiteró que hubo meses en los que la Ciudad “aportaba 0 pesos” al sistema.

En esa línea, el ministro bonaerense explicó que “sin los reclamos que venimos realizando junto a la Nación, la Ciudad no hubiese afrontado ninguna de sus responsabilidades durante el último año. Recién en la mitad de 2022 dejaron de aportar 0%”.

D’Onofrio indicó que, como contrapartida, el gobierno de Axel Kicillof se hace cargo de la totalidad del compromiso asumido, lo que representa una inversión de 140.000 millones de pesos para el adecuado servicio del transporte público.

En la actualidad la gestión de la provincia de Buenos Aires cumple con el pago de los subsidios a más de 400 líneas de colectivos de todo el territorio. En tanto, el gobierno porteño no reporta el compromiso con las 32 líneas del distrito capitalino.

Así lo aseguró el Ministro de Justicia y DDHH de la Nación en un hilo de twitter donde sacó a la luz el vínculo entre la jueza que investiga el atentado contra Cristina y el gobierno de Rodríguez Larreta.

“En todo estás vos” era el slogan que eligió Horacio Rodríguez Larreta para empepalar toda la Ciudad en tiempos de campaña. Años más tarde, viendo los vínculos que sacó a la luz el escándalo de chats del ministro porteño Marcelo D’Alessandro, entendemos esa frase en el contexto de los contactos entre el Poder Judicial y Juntos por el Cambio.

En esa línea, este viernes el Ministro de Justicia sumó que la jueza María Eugenia Capuchetti, encargada de investigar el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, “está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno”, escribió en twitter.

En otro twit, reveló el Decreto-Ley 1285/58 de la Ciudad, que “establece la incompatibilidad de “la magistratura judicial con toda actividad política” y “cualquier actividad profesional”. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal”, denunció Soria.

“Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py”, agregó el ministro.

De esta forma, salió a la luz otro escándalo que salpica tanto al Poder Judicial como al Gobierno de la CIudad de Buenos Aires de Juntos Por El Cambio.

Así se refirió el Gobernador de La Rioja en dirección a sus pares que no acompañan el juicio político contra Horacio Rosatti y los otros miembros del máximo tribunal.

El mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, se mostró disgustado por la negativa de otros gobernadores provinciales ante el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que impulsó el presidente Alberto Fernández y pidió que “el radicalismo no puede seguir siendo una prostituta barata del PRO”.

“Somos once gobernadores que estamos firmes, convencidos de lo que estamos haciendo, que hay que modificar este sistema estructural que se naturalizó dentro de la República Argentina. Soy uno de los que considero que hay que debatir y discutir la matriz organizacional e institucional”, comentó este jueves Quintela, uno de los once gobernadores que acompañaron a Fernández con la presentación contra Horacio Rosatti y otros miembros de la Corte.

Sin dar nombres, Quintela lanzó una advertencia contra los propios que no se sumaron: “Vamos a avanzar y creo que se van a sumar oportunamente muchos más gobernadores, incluido aquellos que hacen un silencio medio cómplice de la oposición por razones políticas. Van a tener que rendir cuentas ante sus ciudadanos por la no defensa de los intereses de los mismos”, en relación a los gobernadores que no firmaron la medida: Arabela Carreras (Río Negro); Marcelo Arciolini (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Perotti (Santa Fe); Sergio Uñac (San Juan); Juan Schiaretti (Córdoba); Omar Gutiérrez (Neuquén); Gustavo Sáez (Salta) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

Al referirse al pedido de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema, Quintela afirmó: “El proceso del juicio político va visibilizar la grave situación de la República Argentina y cada uno se va a tener que hacer cargo, los que dicen que no van a dar quorum, se van a tener que hacer cargo ante sus pueblos”.

Fue allí donde dio inicio a sus tajantes críticas contra la Unión Cívica Radical: “El radicalismo, que es un partido centenario, que sufrió persecuciones, golpes de estado, cárcel y demás, también tiene que reflexionar, volver al origen de sus principios y valores”.

Y luego lanzó: “Hay un profundo debate dentro de ellos, que no puede seguir así, que no pueden defender lo indefendible. Creo que va a haber un debate importante, el radicalismo no puede seguir siendo una prostituta barata del PRO, tiene que ser un partido fuerte solido que compita con otro partido fuerte sólido como es el movimiento nacional justicialista, como hicimos siempre”.

Al igual que el presidente Alberto Fernández, Quintela no se limitó y propinó duras críticas contra la Corte Suprema, además de adelantar que no acatará ninguno de sus fallos: “Lo que va a suceder es que se va a poner en evidencia las graves situaciones que todos conocemos, la connivencia que existe entre la Corte (Rosatti) y (Horacio) Rodriguez Larreta. Los fallos que vienen siendo sistemáticos en favor de la concentración económica argentina en desmedro de las 23 provincias argentinas”, concluyó.

Se trata de la jueza que investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Trabaja para el funcionario de Rodríguez Larreta involucrado en el escándalo de chats.

Una investigación reveló que la jueza María Eugenia Capuchetti, encargada de investigar el atentado del pasado 1º de septiembre a la vicepresidenta Cristina Kirchner (causa que parece no avanzar y que ha presentado severas fallas que han llevado a los letrados de la exmandataria a recusarla), trabaja para el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

La magistrada, se desempeña dentro del área del ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo que hasta el día de ayer comandaba el ministro de los “chats”, Marcelo D’Alessandro, funciona el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad (ISSP), aquel que, entre otras cosas, forma a los futuros integrantes de la “Metropolitana”.

El ISSP es presidido por Gabriel Unrein, siendo su vicepresidente Juan Bautista Mahiques, fiscal general de CABA y uno de los pasajeros del “vuelo del Lawfare” a Lago Escondido. Allí, suelen impartir clases funcionarios involucrados en causas de posibles hechos de corrupción del PRO, como Cristian Ritondo y Laura Alonso.

Según especificó el portal Orsai, el ISSP suele ser un “aguantadero” nepótico cambiemita (las arcas porteñas dan para todo); allí, por ejemplo, Romina Aldana Diago, la esposa de Ritondo, tiene un puesto como “soporte administrativo”.

Pues bien, dentro del ISSP, existe el Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformado por un selecto plantel de capacitadores rentados, investigadores que tienen por objeto «la elaboración de un diagnóstico certero de las causas y procesos que confluyen en los hechos delictivos registrados en distintas comunas, contribuir en la elaboración de estrategias de prevención y conjuración del delito, promover un direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los servicios de seguridad, y favorecer una respuesta oportuna a los requerimientos de la población en materia de seguridad«.

Conformando este plantel, de acuerdo a información a la que accedió Noticias La Insuperable, presta funciones la jueza que «investiga» el atentado a Cristina: María Eugenia Capuchetti, cuyo contrato acaba de ser renovado por todo el 2023 en la categoría de Investigador Senior.

Un Investigador Senior se encuentra al 100% del NIVEL E dentro del rango de los sueldos del Personal Civil sin Estado Policial, que equivale al 60% del sueldo básico fijado para el personal del nivel A que es de 4.600 Módulos Retributivos para el Personal No Policial (MONOPOL). El valor de un MONOPOL, de acuerdo a la RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 256/MHFGC/22 (que firmó D’Alessandro) fue establecido desde noviembre pasado en $77,5222, con lo cual, nuestra Capuchetti, se lleva de las arcas porteñas $213.961,27 todos los meses.

Declaracones de Germán Martínez.

Así lo aseguró Germán Martínez, jefe del bloque de Frente de Todos en el Congreso nacional. Sobre la posibilidad de sesiones extraordinarias, dijo: “Es el Presidente el que tiene que terminar de definir el temario y los tiempos”, aseguró. “En nuestro Bloque hemos tenido diálogo permanente con el Poder Ejecutivo”, aclaró.

Después, se refirió a la política del macrismo, que busca obstaculizar cualquier negociación en el Parlamento. “Varios elementos quedaron inmovilizados por la decisión política de Juntos por el Cambio de no dar quórum ni prestar colaboración en las comisiones”, describió.

“Si hay temas que no les gustan tienen que decir sus argumentos, no esconderse”, ironizó Martínez, de mucha cercanía con el ministro de Economía, Sergio Massa. “Después los que se ven perjudicados no es el Bloque del Frente de Todos, sino los argentinos y las argentinas”, advirtió.

Por último, el diputado pidió “debatir una nueva ley del Consejo de la Magistratura”, que termine con todas las discusiones sobre institución, hoy usada como lobby por el macrismo y la Corte Suprema para presionar sobre los restantes poderes de la democracia.

Legisladores peronistas tomaron distancia.

Diputados nacionales por la provincia de Entre Ríos se despegaron del gobernador Gustavo Bordet respecto a la postura del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Con críticas al mandatario que no firmó junto a otros 11 mandatarios el comunicado donde se pide avanzar en esta dirección, la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, consideró que “es momento de actuar con contundencia”. ¿Por qué Bordet se dio vuelta?

“Creo que la Corte se ha venido manejando como una junta de Gobierno. Se ha mostrado con una connivencia perversa con el sector económico de la Argentina. Yo celebro con las propias reglas de juego que la democracia nos da vayamos buscando alternativas para revertir”, sostuvo Osuna.

Para la legisladora, avanzar con el juicio político es central. “Sin reacción, esto generaría una implosión al sistema democrático”, advirtió. Y dijo que “lo que nos compete como legisladores es asumir que es momento de actuar con contundencia para revertir este estado”.

En este sentido, Osuna consideró que “el valor principal del juicio político es abrir un camino que eche luz y aporte a la consciencia social de cómo están las cosas y afecta la vida cotidiana de los argentinos y argentinas”.

Y reveló: “Me consta que hay efectiva y concreta voluntad de legisladores y legisladoras que están convocados más allá de lo que definan sus propios gobiernos provinciales. Es la responsabilidad propia del ejercicio de su tarea”.

Sobre su caso particular, finalizó: “Lamento la decisión del gobernador. Al mismo tiempo quiero decirles que confío en que su decisión va a ser fundada y le corresponderá a él explicarla oportuna y debidamente. Yo estoy concentrada en lo que corresponde a los legisladores de mi bloque que representa a Entre Ríos”.

Ajuste macrista y pandemia.

“La caída del salario a partir de diciembre de 2015 dio lugar a una enorme transferencia de ingresos desde la clase asalariada hacia el capital. Cada trabajador perdió, desde entonces, nada menos que $2.827.731”, aseguró un informe. Las razones: el brutal ajuste macrista y la pandemia por COVID.

El Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, integrado por economistas de la Universidad de Rosario, le pone cifras al brutal ajuste a la situación experimentada por los trabajadores argentinos durante los gobiernos de Cambiemos y el del Frente de Todos, detallando, además, que mientras que en diciembre de 2019 el salario bruto medio era de $182.956 pesos constantes o actuales, para la actualidad esa cifra había descendido a $174.437.

El informe del Mirador se vincula directamente con el elaborado pocos días atrás por la Universidad Nacional de Avellaneda – UNDAV, que detalló que desde diciembre de 2015, cuando finalizó el gobierno del Frente para la Victoria, los salarios privados perdieron 16% de poder adquisitivo, los públicos cerca de 23% y los informales alrededor de 37%.

Esta perdida, sin embargo, no fue homogénea, pues el grueso correspondió al gobierno de Cambiemos, en tanto que 4 puntos de caída, en el caso de los salarios públicos, y 14 en los informales, correspondieron al gobierno del Frente de Todos, donde además solo los salarios privados sostuvieron su poder adquisitivo al subir un 0,25% hasta septiembre.

De hecho, desde el propio Mirador señalan que la caída “es el costo acumulado forjado por Cambiemos, revertido apenas parcialmente por el gobierno del Frente de Todos en un contexto de extrema vulnerabilidad económica”.