El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo en los niveles obligatorios y contemplará un receso invernal del 20 al 31 de julio, con el objetivo de cumplir 190 días de clase.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026, que regirá para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense y establece un mínimo de 190 días efectivos de clases.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, las clases iniciarán el 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario y Secundario, incluyendo las modalidades Técnica, Agraria y Artística, además de Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Física y los Centros Educativos Complementarios. El cierre del ciclo lectivo quedó fijado para el 22 de diciembre, mientras que el receso invernal se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio.

Para el nivel superior, el calendario dispone que la Educación Superior Docente, Técnica y Artística comience el 16 de marzo y finalice el 27 de noviembre. En tanto, la Formación Profesional iniciará el ciclo el 9 de marzo y concluirá el 18 de diciembre. En todos los casos, las vacaciones de invierno coincidirán con las fechas previstas para la Ciudad de Buenos Aires.

El cronograma también contempla instancias de planificación institucional, con actividades pedagógicas y conmemoraciones que deberán incorporarse a las propuestas curriculares y áulicas de cada establecimiento, en función de los contextos locales y regionales.

Además, se establecen cinco jornadas institucionales a lo largo del año: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una adicional a definir por los equipos distritales. El acto de cierre del ciclo lectivo podrá realizarse entre el 17 y el 22 de diciembre.

Por último, la normativa dispone que las instituciones de gestión privada alcanzadas por convenios internacionales deberán adecuar su calendario al marco general establecido para el sistema educativo bonaerense.

El Gobernador bonaerense comienza el año con una inversión récord para modernizar el Sistema Integral de Emergencias 911. El llamado a licitación es para adquirir equipamiento y contratar servicios.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, autorizó el llamado a la Licitación Pública N° 20/25 para avanzar en la provisión de equipamiento y la contratación del servicio de implementación, puesta en marcha, soporte y mantenimiento integral del Sistema Integral de Emergencias 911.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 2901-MSGP-2025, firmada por el ministro Javier Alonso el 31 de diciembre de 2025. De esta manera, el gobernador Axel Kicillof realiza una inversión multimillonaria para un área más que sensible en todo el territorio bonaerense.

El presupuesto oficial estimado para la contratación asciende a $23.105.697.326,46, lo que convierte a la licitación en una de las más relevantes del área de seguridad para el próximo período. El proceso de compra se tramitará bajo el Proceso PBAC N° 170-1158-LPU25.

La iniciativa fue impulsada con la idea de llevar a cabo una actualización tecnológica y operativa del sistema. Asimismo, tiene el objetivo de garantizar su funcionamiento integral, sostenido y acorde a las demandas actuales en materia de seguridad y respuesta ante emergencias.

Según se detalla en la resolución, la licitación se encuentra encuadrada en el artículo 17 de la Ley N° 13.981, que regula el régimen de compras y contrataciones del Estado provincial, y su decreto reglamentario. El llamado contempla tanto la adquisición de bienes como la prestación de servicios especializados, incluyendo soporte técnico y mantenimiento, aspectos considerados críticos para la continuidad del sistema 911.



Axel Kicillof junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso

En cuanto al financiamiento, el gasto se imputará al Presupuesto General de la Provincia, con partidas correspondientes al ejercicio 2026 y compromisos diferidos al ejercicio 2027, distribuidos en distintos incisos presupuestarios. La Tesorería General de la Provincia ya registró el compromiso de pago de un anticipo financiero del 25% para los renglones principales, conforme lo establece la normativa vigente.

La resolución también prevé que determinadas prestaciones podrán ser prorrogadas hasta en un 50%, específicamente para el renglón 71, en línea con lo dispuesto por el decreto reglamentario de la Ley de Compras. Esta posibilidad busca dotar de mayor flexibilidad al contrato ante eventuales necesidades operativas futuras.

Asimismo, se conformó la Comisión de Preadjudicación, integrada por cinco funcionarios, que tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las ofertas presentadas. En tanto, la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 fue designada como la unidad orgánica responsable de actuar como contraparte contractual y de verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la licitación apunta a fortalecer y modernizar el sistema 911, considerado un componente clave para la coordinación de fuerzas, la atención de situaciones críticas y la mejora en los tiempos de respuesta ante emergencias en toda la provincia de Buenos Aires.

Con el nuevo año, el Gobierno habilitó otra suba en colectivos y subtes que profundiza el deterioro del ingreso. Los boletos aumentaron 4,5% y consolidan un esquema tarifario cada vez más expulsivo para usuarios y trabajadores.

El 2026 comenzó con un nuevo golpe al bolsillo de millones de personas que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o simplemente moverse. Desde el 1° de enero rige un incremento del 4,5% en las tarifas de colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires, en línea con la política de ajuste sostenido impulsada por el gobierno nacional.

Con la actualización, el boleto de colectivo trepó hasta los $880 según el recorrido y la jurisdicción, mientras que el subte superó los $1.250 por viaje. El Premetro, en tanto, se ubicó por encima de los $440. Lejos de ser un hecho aislado, el aumento se suma a una cadena de subas que se arrastra desde 2024 y que convirtió al transporte en uno de los rubros que más rápido devora salarios.

En las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires, el tramo más corto ya ronda los $685, mientras que los recorridos más extensos alcanzan valores cercanos a los $900. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo quedó por encima de los $619 y escala progresivamente hasta casi $800 en los trayectos más largos. En el subte, la tarifa volvió a actualizarse y se consolida como una de las más altas de la región en relación al ingreso promedio.

El nuevo tarifazo vuelve a exponer una matriz de gestión que traslada el peso del ajuste a los usuarios, reduce subsidios sin recomponer ingresos y desatiende el impacto social de estas medidas. Para amplios sectores, moverse dejó de ser un derecho básico y pasó a ser una cuenta más difícil de pagar en un contexto de inflación persistente y salarios en retroceso.

Mientras el discurso oficial insiste en el “ordenamiento” de las cuentas públicas, en los hechos el transporte público se encarece mes a mes y empuja a miles de personas a recortar viajes, cambiar rutinas o resignar calidad de vida. El año recién empieza, pero el ajuste ya viaja en colectivo.

Todavía hay miles de hogares sin servicio en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano debido a una falla en la Subestación Bosques.

Alrededor de 6.700 hogares seguían a oscuras este miércoles debido a una falla en la Subestación Bosques de Edesur. El resto de los cortes de luz registrados el martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fueron solucionados, a excepción de 2.200 clientes de Edenor que aún esperan respuestas de la empresa.

Un total de 8.900 hogares permanecen sin suministro de electricidad, aunque la cifra pasó los 45.347 el martes. La falla que provocó los cortes de luz de las compañías habría estado vinculada a la ola de calor que afecta el AMBA por estos días, o bien a una falta de mantenimiento de las instalaciones.

Desde Edesur confirmaron en las últimas horas que “el suministro será restablecido en etapas”, por lo que se espera que los hogares que siguen a oscuras terminen el año pudiendo utilizar sus ventiladores y aires acondicionados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE‼️

Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.

Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona.

El suministro será restablecido en etapas.

— Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025

“Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas”, se lee en un escueto mensaje de X.

Las “etapas” anticipadas por Edesur se cumplieron, por ahora. A las 16.30 del martes había 42.957 hogares del AMBA a oscuras debido al desperfecto en la Subestación Bosques, pero para las 20.50 quedaban pendientes arreglos en 32.662 casos reportados.

A última hora del martes Edenor todavía le debía respuestas a 2.179 clientes que seguían sin luz, y una cantidad similar se mantiene en ascuas este miércoles.

Los cortes de luz de Edesur afectaron hogares en Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown, mientras que los de Edenor se hicieron sentir en Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel.

Para este 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una temperatura máxima de 39 grados, una tendencia que se repetirá en el primer día de 2026.

La desaparición de Jorge Julio López en democracia dejó al descubierto la falta de medidas efectivas para proteger a testigos claves en este tipo de causas.

La Provincia instituyó el 18 de septiembre como el “Día del Testigo por Delitos de Lesa Humanidad“, en recuerdo de la segunda desaparición de Jorge Julio López en La Plata en 2006. La medida fue oficializada en las últimas horas y se conmemorará por primera vez el año próximo, al cumplirse 20 años de su secuestro.

La Resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial, también faculta “a la Dirección General de Cultura y Educación o quien en un futuro la reemplace, a través de sus organismos pertinentes, a desarrollar clases conmemorativas destinadas a los distintos niveles educativos de la provincia”.

En septiembre de 2025, como todos los años desde aquella mañana de 2006, en La Plata se llevó a cabo una movilización para exigir justicia por este trágico hecho. Bajo la consigna “¿Dónde está Julio López?”, que atraviesa casi dos décadas de lucha; organismos de derechos humanos, familiares y vecinos renovaron su reclamo frente a una causa que continúa impune en plena democracia.

La segunda desaparición de Jorge Julio López

La mañana del 18 de septiembre de 2006 en Los Hornos no solo hicieron desaparecer a quien fue el testigo fundamental para que el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz fuera condenado a prisión perpetua, sino a quien se aprestaba a comparecer como testigo en otras tres causas ante la Justicia bonaerense por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Se trataba de los crímenes perpetrados en la Unidad N°9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría Quinta y en el sitio conocido como Pozo de Arana.

La desaparición de López en democracia dejó al descubierto la falta de medidas efectivas para proteger a testigos claves en causas de lesa humanidad. A 19 años del inicio de la causa que investiga su desaparición, la Justicia Federal no ha logrado identificar a todos los responsables ni esclarecer su destino.

Entre los reclamos más urgentes de la familia se destacan la exhumación y análisis genético de tumbas NN en el Cementerio de La Plata, la desclasificación de archivos de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el estudio de llamadas y geolocalizaciones vinculadas a los días previos a su desaparición.

El presidente Javier Milei le dio un reportaje al medio británico The Telegraph en la previa de lo que el gobierno espera que sea una visita de estado a Reino Unido para el mes de abril. 

En la entrevista, el líder libertario afirmó que está negociando con los británicos para levantar la restricción de armas que tiene el país por el conflicto por las Islas Malvinas y dejó declaraciones que generaron ruido respecto del reclamo de soberanía, reseñó La Política Online.

El artículo sostiene que Milei ató esta negociación va de la mano con la posición argentina sobre las Islas Malvinas y allí, el jefe de estado dijo que el territorio debería “ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Esa es la posición histórica de los ingleses que Argentina rechaza desde siempre. ¿El presidente no lo sabe? ¿No podría ser acusado de traición a la Patria?

Desde siempre, Argentina ha planteado en organismos internacionales que no considera el deseo de los kelpers como un argumento legítimo dado que se trata de una población implantada luego de una ocupación ilegal por parte del Reino Unido.  

La jueza federal María Romilda Servini ordenó decenas de allanamientos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas por maniobras con el dólar blue durante el anterior gobierno. La maniobra consistía en conseguir que el Banco Central entregara dólaras a precio oficial y luego venderlos en el mercado blue, levantando de manera instanteanea ganancias de hasta un cincuenta por ciento, por la brecha en las cotizaciones.

Para la jueza Servini, las maniobras se habrían hecho con el Banco de Valores, señalado en la investigación como la vía para la articulación del negocio detectado en la causa de Financiera Sur. El banco pertenece a Juan Napolí, ex candidato a senador de Milei.

La causa está plagada de contaminación política porque la financiera se vincula, supuestamente, con la AFA, en guerra con el gobierno de Javier Milei. Casa Rosada quiere sacar a Chiqui Tapia de la presidencia para poner a un hombre proclive a las sociedades anónimas, viejo sueño de Mauricio Macri. Los clubes resisten.

El expediente se inició a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), elaborada sobre la base de reportes del Banco Central de la República Argentina. 

Milagro Sala quedó internada en centro de salud de Gonnet a pocos días de mudarse a una nueva casa, donde cumple su arresto domiciliario.

La dirigente social jujeña Milagro Sala fue internada durante la tarde del sábado en el Hospital San Roque de Gonnet, a pocos días de haberse mudado a una nueva vivienda en esa localidad. Permanece bajo arresto domiciliario y el caso se maneja con fuerte hermetismo.

La internación se produjo alrededor de las 15.30 y fue derivada al área de salud mental. Calificadas fuentes indicaron que la dirigente permaneció varias horas en la guardia antes de ser trasladada al sector correspondiente, donde este lunes quedó alojada de manera definitiva.

La internación se da en un contexto de antecedentes médicos recientes. En diciembre de 2025, Sala había sido ingresada en terapia intensiva tras sufrir una trombosis venosa profunda en una pierna, una afección que sus allegados calificaron como seria y de tratamiento prolongado.

Sala cumple actualmente arresto domiciliario en La Plata, bajo monitoreo electrónico, en el marco de una pena unificada de 15 años de prisión. La condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó los recursos presentados por su defensa.

La mudanza a Gonnet, en el centro de la escena

En los últimos días, Sala dejó la vivienda de Villa Elvira donde cumplía prisión domiciliaria desde 2023 y solicitó autorización para mudarse a una casa ubicada en Gonnet, a pocas cuadras del Hospital, pedido que fue autorizado para atravesar allí las fiestas de fin de año.

El cambio de domicilio se produjo tras el vencimiento del contrato de alquiler del inmueble anterior. El propietario intimó la devolución de la vivienda y advirtió sobre la posibilidad de iniciar un desalojo.

En su presentación judicial, Sala sostuvo que la mudanza fue ajena a su voluntad y que la falta de un domicilio válido ponía en riesgo la continuidad del arresto domiciliario. Además, remarcó que su permanencia en La Plata es clave para sostener tratamientos médicos y psicológicos que, según argumentó, no podrían garantizarse en Jujuy.

Un tribunal federal de Bahía Blanca dispuso que el tradicional diario local rectifique sus publicaciones de la última dictadura, luego de considerar que reprodujeron versiones falsas que encubrieron crímenes de lesa humanidad, en una decisión sin precedentes sobre responsabilidad mediática.

La Justicia federal que intervino en la megacausa Zona V por delitos de lesa humanidad dictó un fallo que, además de imponer condenas a represores, incluyó una orden inédita: el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca deberá corregir sus notas publicadas durante la última dictadura cívico-militar.

Según la resolución, el medio deberá rectificar artículos y coberturas en los que se presentaba a personas secuestradas, torturadas o asesinadas por el terrorismo de Estado como supuestos supuestos “abatidos en enfrentamientos” o como delincuentes muertos en combate. La decisión se basa en que esas publicaciones fueron falacias y difamaciones que ayudaron a encubrir crímenes de lesa humanidad.

El tribunal entendió que no se trató de simples errores aislados, sino de prácticas periodísticas que replicaron comunicados militares sin cuestionamiento y emplearon un lenguaje diseñado para legitimar la violencia estatal y deshumanizar a las víctimas. Por eso, sostuvo que mantener ese archivo sin rectificaciones prolonga el daño causado y consolida una versión falsa de los hechos que afecta la memoria social.

La orden de rectificación, que se deberá cumplir una vez que la sentencia quede firme, busca corregir el archivo periodístico del diario y restituir la verdad histórica, estableciendo que no hubo enfrentamientos sino secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos sistemáticos, como ya quedó probado en el juicio.

Los jueces destacaron que la reparación no se agota en las penas impuestas a los represores, sino que debe alcanzar también el plano simbólico y comunicacional, donde se construyen las percepciones colectivas sobre el pasado reciente de Argentina.

Este fallo marca un precedente sin antecedentes en la responsabilidad mediática durante la dictadura, al ordenar que un medio de comunicación actualice su propio archivo para reflejar la verdad de lo ocurrido y contribuir a la memoria social en lugar de perpetuar relatos falseados.

La Justicia federal ordenó un allanamiento sobre el titular del Servicio Penitenciario Federal en el marco de una investigación por la provisión de alimentos en mal estado a personas detenidas en el penal de Ezeiza, en una causa que apunta a posibles irregularidades en la contratación de proveedores.

El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue allanado este viernes por orden judicial en el marco de una causa que investiga la compra y distribución de comida en mal estado para los internos del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, según confirmaron fuentes judiciales.

La medida fue dispuesta luego de denuncias reiteradas sobre la mala calidad de los alimentos suministrados en el penal, que habrían llegado a los detenidos en condiciones no aptas para el consumo humano, generando preocupación por la situación sanitaria dentro del establecimiento.

La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en los procesos de contratación de las empresas proveedoras del servicio de alimentación y si hubo responsabilidades directas de las autoridades del SPF en la supervisión y control de esos contratos.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron documentación y dispositivos electrónicos que serán analizados para reconstruir el circuito de compras y establecer si se produjeron maniobras administrativas irregulares o beneficios indebidos a determinadas firmas.

La causa se encuentra en etapa inicial y no se descarta que en los próximos días se amplíen las medidas judiciales, tanto sobre funcionarios del organismo como sobre las empresas involucradas en la provisión de alimentos.

El caso volvió a poner en el centro del debate las condiciones de detención en las cárceles federales y el rol del Estado en garantizar derechos básicos, incluso para quienes se encuentran privados de la libertad, mientras avanza la investigación judicial.