Organizaciones sociales y políticas se movilizarán este viernes 30 de enero a las 18.30 desde las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA hasta el Ministerio de Seguridad Nacional, para exigir la declaración de la emergencia ígnea y ambiental ante el avance de los incendios forestales en la Patagonia.

La movilización comenzará en la intersección de Figueroa Alcorta y Pueyrredón y finalizará en Gelly y Obes 2289, frente al edificio del Ministerio de Seguridad, del cual depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Según datos difundidos por los convocantes, más de 230 mil hectáreas ya fueron afectadas por el fuego en distintas provincias del sur del país, mientras miles de brigadistas continúan trabajando en condiciones extremas para intentar contener los focos activos. En ese contexto, denuncian la falta de una respuesta integral y oportuna por parte del Gobierno nacional frente a una situación que se agrava semana tras semana.

En el ámbito legislativo, el bloque de Unión por la Patria presentó dos proyectos de ley —uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado— para declarar la emergencia ígnea y ambiental en la región patagónica, con el objetivo de agilizar recursos y fortalecer la asistencia a las poblaciones afectadas.

En medio de la convocatoria a la movilización, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció a través de su cuenta de X que se disponía a firmar el decreto que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El anuncio llegó luego de semanas de reclamos de gobernadores, intendentes, vecinos y organizaciones sociales, que este viernes volverán a las calles para exigir no solo la declaración formal de la emergencia, sino también la asignación de fondos específicos para asistir a las familias damnificadas y reforzar la lucha contra los incendios.

El histórico secretario general de los metrodelegados falleció este jueves. Desde la AGTSyP lo despidieron con profundo dolor: “¡Hasta la victoria siempre!”.

El sindicalismo argentino despide a uno de sus dirigentes más carismáticos y combativos. Roberto “Beto” Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (metrodelegados), falleció dejando un vacío en la militancia porteña. Tenía 60 años.

La noticia fue confirmada oficialmente por voceros sindicales. A través de sus redes sociales, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro publicó un emotivo mensaje: “Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Pianelli fue recordado por sus compañeros como “uno de los mejores sindicalistas de nuestra época”, destacándose por su lealtad a los ideales, su capacidad de formación y una militancia política activa que nunca abandonó.

De Flores al sindicalismo combativo

Criado en el barrio de Flores, Pianelli tuvo su despertar político en plena dictadura militar, una época que lo marcó a fuego entre el miedo y la rebeldía juvenil. Se salvó de ir a la Guerra de Malvinas por tener un número bajo en el sorteo, pero la coyuntura del país lo empujó a la militancia, primero acercándose a la izquierda a través de lecturas de Trotsky y luego consolidando su perfil en el gremialismo.

Su historia en el transporte subterráneo comenzó en 1994, cuando ingresó como boletero de la línea E en pleno menemismo. Ante la ola de despidos y la falta de representación, comenzó a organizar a sus compañeros desde la base, gestando lo que luego sería el sindicato de los Metrodelegados.

La batalla contra la burocracia

Su liderazgo se forjó en la confrontación directa con la conducción de la UTA, a la que desafió denunciando métodos violentos y patoteriles. “Teníamos que parar los traslados, nos juntamos todas las líneas y lo logramos”, recordaba sobre aquella primera victoria que cimentó su conducción.

Fanático de Boca y lector voraz, en su oficina convivían fotos de Cristina Kirchner, Lula da Silva y El Eternauta. En sus últimas apariciones públicas, se había mostrado preocupado por el avance de la derecha, advirtiendo que el escenario político venía “como un tren acelerando”.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina enfrenta serias denuncias por presuntas irregularidades en licitaciones para las centrales nucleares, con contratos de limpieza y software con sobreprecios que superan el 140% y hasta el 1000%, desatando una crisis interna y pedidos de auditoría.

La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, quedó nuevamente en el ojo de una tormenta tras una serie de denuncias por posibles sobreprecios millonarios en contratos y adquisiciones, según presentaciones realizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y personal técnico dentro de la propia empresa.

La primera denuncia se originó a partir de una licitación para el servicio de limpieza de las centrales nucleares, en la que se cuestionó que la contratación de una empresa se realizara con un valor casi 140% mayor que el histórico pagado por servicios similares, lo que generó sospechas de irregularidades en el proceso y favorecimiento de determinados proveedores.

A eso se sumó una nueva denuncia por la adquisición de un software de gestión administrativa por 7 millones de dólares, cuando, de acuerdo con cálculos sindicales y de mercado, su valor real rondaría los 600.000 dólares, lo que implicaría un sobreprecio superior al 1000%. Ante esta situación, ATE solicitó la cancelación de la compra y una auditoría completa para investigar las condiciones en que se concretó esa operación.

Las acusaciones no quedaron solo en números: desde adentro de la empresa se advirtió sobre intentos de modificar informes técnicos y justificar ofertas más caras con intervenciones de áreas sin competencia específica, lo que derivó en la presentación de escritos ante el Comité de Integridad de la compañía para alertar sobre posibles presiones y prácticas irregulares.

La controversia generó tensiones internas y llevó al directorio de Nucleoeléctrica a frenar la licitación cuestionada y apartar a dos gerentes clave designados por Reidel, mientras persiste el debate sobre la conducción y la transparencia en una empresa estratégica para la producción energética.

Reidel, economista y estrecho colaborador dentro del círculo del presidente Javier Milei, se consolidó como uno de los funcionarios con mayor influencia en el sector energético y nuclear, pero estas denuncias ponen en foco sus decisiones administrativas y la gestión de recursos públicos en un contexto donde la sociedad reclama mayor control y rendición de cuentas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrieron las obras que se llevan adelante en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde avanza la construcción del cuarto carril en el tramo que une Avellaneda con Berazategui.

Durante la visita, de la que también participaron autoridades de AUBASA y funcionarios provinciales, ambos supervisaron el progreso de una intervención considerada estratégica para mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados del área metropolitana, utilizado diariamente por más de 200 mil vehículos.

En ese marco, Kicillof remarcó la importancia de la ampliación y sostuvo que quienes transitan habitualmente la autopista “conocen la relevancia del cuarto carril que se está construyendo”, una obra que permitirá agilizar los viajes hacia La Plata y reforzar la seguridad vial.

Quienes transitan por la Autopista Buenos Aires-La Plata saben la importancia que tiene el cuarto carril que estamos construyendo para que los más de 200 mil vehículos que circulan a diario lo hagan de manera más ágil y segura. https://t.co/ajAFQdeYWP pic.twitter.com/uq2jtkJMiG

— Axel Kicillof (@Kicillofok) January 28, 2026

La intervención contempla una extensión total de 20 kilómetros, desde el kilómetro 11 hasta el 30, y se ejecuta principalmente en horario nocturno para minimizar el impacto sobre el tránsito. Los trabajos se desarrollan de lunes a viernes entre las 20 y las 6 de la mañana, lo que permite mantener operativa la autopista durante el día.

La inversión prevista para esta etapa alcanza casi 26 mil millones de pesos, con un plazo de ejecución estimado en 15 meses. Desde el Gobierno bonaerense anticiparon que la obra podría finalizar en abril del próximo año, constituyéndose como una de las intervenciones viales más relevantes de las últimas dos décadas en este corredor.

Según informó AUBASA, la construcción del cuarto carril busca eliminar el denominado “efecto embudo” que se produce cuando la autopista pasa de cuatro a tres carriles, especialmente en el tramo comprendido entre el Acceso Sudeste y el peaje Hudson, donde suelen registrarse demoras tanto en horarios pico como durante fines de semana largos.

El proyecto forma parte del plan de obras 2024–2027 impulsado por la empresa estatal, que prevé una inversión de 21,4 millones de dólares en su primera etapa y una finalización proyectada para febrero de 2027. Además del nuevo carril, se incluyen tareas de repavimentación, renovación de la carpeta asfáltica y nueva demarcación, con el objetivo de mejorar la fluidez y la seguridad vial.

Los trabajos están a cargo de dos consorcios: Kavos SA–C&E Construcciones en el tramo del kilómetro 11,4 al 20, y Pelque SA–Briales SA en el sector que se extiende hasta el kilómetro 30,42.

Con la incorporación del cuarto carril, las autoridades esperan una mejora sustancial en el flujo vehicular, beneficiando tanto a automovilistas particulares como al transporte de carga que utiliza esta autopista clave para conectar puertos y centros productivos del sur bonaerense.

Obras recientes en la Autopista Buenos Aires–La Plata

En los últimos años, la autopista fue escenario de distintas intervenciones orientadas a modernizar su infraestructura. Entre las más destacadas se encuentra la construcción del distribuidor de Villa Elisa, que permitió ordenar el tránsito en una zona históricamente congestionada.

También se realizaron repavimentaciones integrales en varios tramos, con nueva demarcación e instalación de luminarias LED para reforzar la seguridad nocturna. A esto se sumaron mejoras en señalización, iluminación, cámaras de videovigilancia y trabajos de mantenimiento en peajes y zonas de descanso.

Estas acciones buscan consolidar una circulación más segura y eficiente en una vía estratégica que conecta la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y numerosos distritos del sur de la provincia.

La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado”, expresaron.

Sindicatos estatales provinciales reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron este martes convocar un paro nacional para el 11 de febrero, día en que está previsto que el Senado argentino discuta el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei.

“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada”, expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE en su cuenta de la red social X.

El dirigente exhortó también a sus compañeros sindicales a “pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad” al paro. “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado”, dijo.

En ese sentido, propuso realizar acciones en las diferentes provincias administradas por mandatarios que apoyen la reforma. “Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló.

Aguiar puso el ojo en los gobernadores, a raíz de las intensas recorridas que lleva a cabo el ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de apoyo. “Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, manifestó.

El plan de acción fue decidido tras una reunión llevada a cabo el martes entre distintos sindicatos y, según anunció Aguiar, podría incluir movilizaciones en distintas provincias.

La denominada ‘Ley de Modernización Laboral’ propone cambios en las condiciones de contratación, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

Además, busca establecer salarios atados a la productividad y prevé jornadas laborales que podrían extenderse hasta doce horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones.

El Presidente retoma sus actos de celebración política en plena temporada, en una ciudad atravesada por la crisis laboral y el deterioro del consumo. Agradece votos, pero el costo lo siguen pagando otros.

Javier Milei regresa este lunes a Mar del Plata para encabezar una nueva parada de su llamado “Tour de la Gratitud”, una gira pensada para agradecer el respaldo electoral mientras buena parte del país lidia con las consecuencias del ajuste, la caída del empleo y el desplome del poder adquisitivo.

El acto está previsto en una de las zonas más transitadas de la ciudad, en pleno verano, con turistas, comerciantes y trabajadores que viven una temporada floja y con consumo en baja. En ese escenario, el Presidente eligió volver a mostrarse en modo festejo, aunque el contexto económico no acompañe demasiado el clima de celebración.

Desde el oficialismo explican que la idea es “reconectar con la gente” después del viaje a Davos y de semanas de agenda internacional. Sin embargo, puertas adentro incluso aliados reconocen que el Gobierno enfrenta un desgaste acelerado por la falta de respuestas concretas a los problemas cotidianos.

Mientras Milei agradece el “apoyo”, en Mar del Plata siguen cerrando comercios, hay despidos en el sector turístico y miles de familias sobreviven con ingresos que no alcanzan. La gratitud corre por un lado; la realidad, por otro muy distinto.

El contraste es evidente: discursos de optimismo desde el escenario, y calles donde el ajuste se siente fuerte. El “tour” sigue, pero para muchos argentinos la gira se parece más a una postal desconectada del país real.

El trabajo de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció el abandono del mantenimiento de las rutas y la subejecución presupuestaria.

Un informe técnico de Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció el abandono del mantenimiento de las rutas, la subejecución presupuestaria, el vaciamiento del área de Vialidad Nacional y el impacto concreto que estas políticas generan en el aumento de siniestros viales, los costos logísticos y el deterioro del sistema productivo.

En el caso de las rutas nacionales (RN) que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, el trabajo advirtió por el estado de la RN 5, RN 3, RN 7 y RN 33:
 

Ruta Nacional N° 5

Se extiende desde Luján, Buenos Aires, hasta Santa Rosa, La Pampa, y tiene un deterioro en tramos largos, generando peligrosidad y reclamos por falta de mantenimiento, aunque hay obras en progreso entre Mercedes y Suipacha para mejorar la circulación y la seguridad vial.

A partir de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en 2022 comenzó a ejecutarse la ampliación del tramo Mercedes, Variante Suipacha. No obstante, la obra tiene un bajo ritmo de avance por diversos problemas.

 

Ruta Nacional N° 3 San Miguel de Monte – General Belgrano, Acceso Gorchs

Su traza se caracteriza por poseer un alto nivel de tránsito con un gran porcentaje de vehículos pesados (57,4 por ciento), en especial de camiones transportando agregados pétreos, cal y cemento en dirección a la ciudad de Buenos Aires y las ciudades que integran el Gran Buenos Aires, además de granos a los puertos de Rosario (al Norte) o de Bahía Blanca (al Sur).

El tramo de San Miguel del Monte acceso Gorchs también forma parte de un programa de CAF junto con la Ruta Nacional N° 5 Mercedes Variante Suipacha, pero su ritmo de la obra también es lento.

La problemática es la misma que en el corredor anterior la RN5 tanto en la capacidad como en el alto nivel de siniestralidad vial. En el mes de mayo de 2025, un accidente vial dejó 16 heridos y 4 muertos cuando un micro y un camión chocaron de frente. Desde la provincia de Buenos Aires, denunciaron la paralización de las obras en la ruta 3, junto con otras obras estratégicas en la provincia.

Ruta Nacional N° 7

La Ruta Nacional 7 entre Junín y Chacabuco presenta un estado mixto: el tramo principal está convertido en autopista con mejoras en seguridad vial, pero enfrenta problemas de mantenimiento, obras paralizadas y riesgos persistentes en accesos y colectoras. Actualmente, se observan baches, falta de señalización e iluminación que generan peligros de seguridad vial.

Existen quejas vecinales por baches profundos en pasos a nivel (ej. km 212), colectoras deterioradas, ausencia de demarcación, iluminación deficiente y pastizales en banquinas, elevando riesgos para tránsito pesado. Obras como la variante de Chacabuco (23 km para evitar casco urbano) y extensión a Carmen de Areco están paralizadas o canceladas desde 2025, pese a avances previos.

Se observa que el pavimento principal muestra fatiga por tráfico pesado (7.000 veh/día), con fisuración transversal y baches y pozos en colectoras (km 212). Colectoras paralelas presentan desprendimientos y falta de compactación elevando riesgos hidráulicos en lluvias. La variante Chacabuco (km 196-219, 23 km) permanece al 70-80% de avance, paralizada desde 2025 sin presupuesto asignado.

Finalmente, la zona representa un “cuello de botella” de inseguridad vial. La transición de tramos de autopista ya inaugurados (como el Junín-Chacabuco) a calzadas simples obsoletas y obras abandonadas genera una falsa sensación de seguridad que, sumada al déficit de mantenimiento, eleva el riesgo de accidentes graves.

Ruta Nacional N° 33

La Ruta Nacional 33 se extiende en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe y es uno de los más críticos del país, afectando no solo la seguridad vial sino también el entramado socioeconómico de la región. Según el informe, hay tramos que se encuentran proyectados desde hace años y no se actúa por desidia de gestión institucional.

Diagnósticos técnicos entre Casilda, Venado Tuerto, Trenque Lauquen Rufino y Bahía Blanca revelan fallas estructurales como pérdida de la capacidad portante de la subrasante, lo que significa que el daño no es solo superficial, sino que la base sobre la que apoya el asfalto ha cedido.

Existen desde hace años proyectos de ampliación de sus calzadas debido a que gran parte del trazado conserva un ancho insuficiente para el intenso tránsito de camiones, colectivos y autos, lo que obliga a maniobras riesgosas de sobrepaso.

La administración municipal confirmó la prórroga para el pago anual 2026 de la tasa por Servicios Urbanos Municipales (Tasa SUM).

Los contribuyentes que opten por esta modalidad hasta el viernes 6 de febrero accederán a un descuento del 25% sobre el total de la obligación y la bonificación de diciembre.

Calendario de vencimientos

Para quienes prefieran el pago semestral, el cronograma establece el vencimiento del primer semestre el 10 de febrero y el del segundo semestre el 14 de julio.

Respecto a la Tasa de Seguridad e Higiene, el calendario de pagos para el corriente año inicia el 28 de enero y continúa los días 19 de febrero, 16 de marzo, 16 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 16 de julio, 18 de agosto, 18 de septiembre, 16 de octubre, 17 de noviembre y 22 de diciembre.

Exenciones para jubilados y discapacidad

A través de un decreto firmado por la intendenta Mayra Mendoza, se estableció la exención de la Tasa SUM para jubilados y jubiladas que perciban hasta tres haberes mínimos. Esta medida busca simplificar las obligaciones tributarias de los adultos mayores en la comuna.

Asimismo, se mantiene la exención del impuesto automotor para personas con discapacidad. Los interesados deben presentar Documento Único, Certificado de Discapacidad, Título de Propiedad Automotor y la documentación que acredite el vínculo en caso de que el solicitante no sea el titular.

Plan de facilidades de deuda

El Municipio también puso en vigencia un plan de pagos para deudores que estará disponible hasta el 30 de abril. El programa contempla una quita de intereses de hasta el 70% para quienes decidan financiar sus tasas municipales adeudadas.

El índice Big Mac revela el impacto de la inflación en dólares en la economía local. Su valor local es más alto que en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega o Suecia, pese a que el salario promedio argentino en dólares se ubica muy por debajo del de esos países.

El pecio de la clásica hamburguesa en Argentina enciende todas las alarmas tras quedar en el foco del análisis económico internacional. Según el Índice Big Mac, el combo de la cadena de comida rápida tiene un costo elevado en el país y se ubica entre los más caros del mundo, segundo en el ranking sólo por detrás de Suiza, lo que deja en evidencia el atraso cambiario del peso con respecto a otras economías y el impacto de la inflación en dólares.

De acuerdo a la lista, el Big Mac cuesta en Argentina unos 7,37 dólares, mientras que en Suiza asciende a 7,99 dólares. Lo más relevante de esta comparativa es que el valor local queda por encima del registrado en economías desarrolladas y de altos ingresos, como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega o Suecia, pese a que el salario promedio argentino en dólares se ubica muy por debajo del de esos países.

Este famoso ranking utilizado en todo el mundo funciona como una referencia informal para comparar niveles de precios y poder adquisitivo entre distintas economías. Al tratarse de un producto estandarizado a nivel mundial, su costo permite observar, de manera sencilla, cuánto se encarece un mismo bien cuando se lo mide en moneda estadounidense.

Los Big Mac más caros del planeta

El ranking muestra a los países según el precio del Big Mac expresado en dólares. Argentina quedó apenas por debajo de Suiza y por encima de países de alto poder adquisitivo:

• Suiza: 7,99 dólares.
• Argentina: 7,37 dólares.
• Uruguay: 6,91 dólares.
• Noruega: 6,67 dólares.
• Italia: 6,42 dólares.
• Costa Rica: 5,90 dólares.
• Estados Unidos: 5,79 dólares.
• Reino Unido: 5,73 dólares.
• Suecia: 5,67 dólares.
• Dinamarca: 5,64 dólares.

Según los especialistas, el fenómeno “inflación en dólares” se diferencia de la inflación tradicional, que se mide en moneda local, porque se enfoca el aumento de los precios internos aun cuando se los compara con valores internacionales y con un tipo de cambio que, en teoría, debería corregir esos desajustes.

Para los economistas, que un Big Mac cueste en Argentina más que en muchos países desarrollados es una señal de que los precios en dólares se encuentran muy altos y no guardan relación con los ingresos promedio. Ese descalce ayuda a explicar por qué el consumo interno luce debilitado y por qué se dificulta recomponer el poder adquisitivo de los salarios.

En ese sentido, el ranking del Big Mac vuelve a exponer una problemática estructural de la economía argentina: la persistencia de precios altos en dólares, el atraso cambiario y la dificultad para ordenar los precios relativos frente a los ingresos de la población.

En pleno debate por la polémica Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el conflicto en la empresa Lustramax dejó de ser un caso puntual para convertirse en una pieza funcional del discurso oficialista de flexibilización.

La crisis declarada por la compañía, los despidos y la escalada del enfrentamiento gremial son presentados como ejemplo paradigmático de los “excesos sindicales” que, según el Gobierno y sus aliados, justificarían una flexibilización de los derechos laborales.

La empresa, dedicada a la distribución de papelería y productos de limpieza y ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) tras despedir al menos a 15 trabajadores, entre ellos delegados y activistas gremiales. Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación inmediata de los despedidos, resolución que la compañía se negó a acatar.

La negativa empresarial derivó en protestas, asambleas permanentes y medidas de fuerza que incluyeron cortes en la Autopista Panamericana. Sin embargo, el foco del debate público rápidamente se desplazó del incumplimiento patronal hacia la criminalización de la protesta sindical, un corrimiento que fue amplificado por funcionarios, legisladores oficialistas y medios afines al Gobierno nacional.

El dueño de Lustramax, Ezequiel Sosa, sostuvo públicamente que la empresa se encuentra “al borde del cierre” y denunció amenazas, extorsiones y una supuesta “toma política” de la planta. “Estamos en un proceso de crisis y necesitamos reestructurarnos para que 200 personas no se queden sin trabajo”, afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que insistió en que no permitirá el ingreso de los delegados despedidos por razones de “seguridad”.

Desde el sector gremial y la izquierda, en cambio, rechazan la existencia de una crisis real y denuncian una maniobra de persecución sindical. La diputada Myriam Bregman advirtió que la empresa se encuentra en la ilegalidad al desconocer una resolución del Ministerio de Trabajo y sostuvo que el conflicto está siendo deliberadamente escalado para habilitar un escenario de desalojo y disciplinamiento. “Se busca construir un clima de violencia para responsabilizar a los trabajadores y desviar la atención del incumplimiento patronal”, señaló.

El caso tomó aún mayor visibilidad tras la intervención pública de la senadora libertaria Florencia Arietto, quien acusó a un grupo de trabajadores “aparateados por la izquierda” de bloquear la planta y violar la conciliación obligatoria. En sus redes sociales, la legisladora vinculó directamente (aunque sin pruebas) el conflicto con los cortes en Panamericana y alertó sobre la posible pérdida de 200 puestos de trabajo, reforzando el relato que presenta a la protesta sindical como una amenaza al empleo y a la “libertad de trabajar”.

Este encuadre no es casual. Para los delegados y organizaciones que acompañan la protesta, Lustramax funciona como un caso testigo utilizado por el oficialismo para instalar la idea de que los derechos laborales vigentes impiden la actividad empresarial y ponen en riesgo la continuidad de las empresas. En ese sentido, el conflicto es leído como parte de una estrategia más amplia para legitimar una Reforma Laboral que busca debilitar la organización sindical, limitar el derecho a huelga y flexibilizar las condiciones de despido.

Mientras la empresa insiste en judicializar el conflicto y obtuvo una orden de desalojo, los trabajadores mantienen el estado de asamblea permanente y denuncian una ofensiva política y mediática que intenta convertir un reclamo laboral concreto en una demostración pública de por qué, según el Gobierno, “hay que cambiar las reglas del trabajo”.

Así, lo que comenzó como un conflicto por despidos y condiciones laborales en una fábrica del conurbano bonaerense terminó transformándose en un símbolo funcional al relato oficial: un chivo expiatorio que busca justificar, en nombre del orden y la productividad, una reforma que redefine el equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo.