La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. En este marco, declaró el hijo de una de las jubiladas que le habría entregado dinero para adquirir la propiedad que está ubicada en Caballito.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración de un testigo clave en los tribunales de Comodoro Py. Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento ubicado en Caballito, quien agregó una nueva deuda de u$s65.000 por parte del acusado.

Según Feijoo, el funcionario le debe u$s 65.000 correspondientes a refacciones del departamento adquirido en la calle Miró al 500. El testigo llegó minutos antes de las 10 de la mañana, evitó el ingreso principal y comenzó a declarar ante la fiscalía.

Qué dijo el testigo ante la Justicia

Durante su exposición, el testigo explicó que se hizo cargo de las obras de remodelación del inmueble ubicado en la calle Miró al 500, con un costo total de u$s65.000.

Según su versión, ese monto no se incluyó en la compraventa, sino que se acordó recuperarlo “por afuera”, una vez que Adorni vendiera su propiedad en Parque Chacabuco.

Este dato introduce una nueva línea de análisis para la fiscalía, que busca determinar si existieron pagos no registrados que puedan alterar la transparencia de la operación.

Cómo se compró el departamento

La causa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar en qué condiciones se realizó la compra del inmueble, si el valor pagado se ajustó al mercado y si las refacciones posteriores justificaron el monto final de la operación.

Según los datos incorporados al expediente, las propietarias habían adquirido el departamento por u$s 200.000 y luego lo vendieron a Adorni por u$s 230.000. La operación incluyó un anticipo de u$s 30.000 y un financiamiento por los u$s 200.000 restantes.

En este punto, la declaración de Feijoo resulta relevante, ya que podría aportar detalles sobre la negociación del precio y las condiciones del acuerdo.

La escribana interviniente, Adriana Nechevenko, sostuvo que existía una relación de confianza entre las partes, incluso un vínculo personal, que explicó la concesión de una hipoteca sin interés a un año.

Otros testimonios ya incorporados al expediente sumaron elementos que alimentan las dudas sobre la operación. Un matrimonio de martilleros afirmó que tasó la propiedad en u$s345.000, un valor considerablemente superior al de la compraventa.

Además, el expropietario del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales, declaró que Feijoo había reservado previamente la unidad con la intención de que luego fuera adquirida por su madre.

Nuevos testigos y medidas de prueba

La ronda de declaraciones continuará en los próximos días. El fiscal Pollicita citó para el 6 de mayo a otro testigo clave, quien deberá presentarse con documentación vinculada a gastos de expensas y mejoras realizadas en la propiedad, además de su teléfono celular para peritaje.

En paralelo, también deberá declarar el encargado del edificio, cuya versión podría aportar datos sobre el estado del inmueble al momento de la operación.

La investigación sobre viajes y patrimonio de Manuel Adorni

La causa no se limita a la compra del departamento. Como parte del análisis patrimonial, el fiscal también investiga los gastos en viajes realizados por Adorni y su entorno familiar.

A partir de información proporcionada por aerolíneas y agencias de turismo, se identificaron vuelos a destinos como Punta Cana, Cancún, Nueva York, Mendoza e Iguazú, entre otros. Ahora, la Justicia busca determinar si esos gastos resultan compatibles con los ingresos declarados.

Para ello, se enviaron oficios a distintas empresas del sector turístico con el objetivo de obtener detalles sobre reservas, pagos, facturación y condiciones de contratación.

Con múltiples líneas de investigación abiertas, la causa avanza sobre distintos aspectos del patrimonio del funcionario.

La declaración de Feijoo se presenta como una pieza clave para esclarecer el entramado de la operación inmobiliaria y determinar si existieron irregularidades en la adquisición del inmueble.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volverá este martes a la Corte Suprema para encabezar la segunda audiencia por la deuda previsional que la Nación mantiene con la Provincia, un monto que ya asciende a $2,2 billones y que se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto con el gobierno de Javier Milei.

Kicillof llegará acompañado por su equipo de abogados, técnicos y funcionarios, en una señal clara del peso político y económico del reclamo contra el Ejecutivo nacional. El conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando la administración nacional suspendió por decreto las transferencias que la Administración Nacional de la Seguridad Social debía girar a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias.

Desde entonces, la provincia de Buenos Aires no recibió fondos por ese concepto. En abril de ese mismo año, el mandatario bonaerense formalizó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigiendo la restitución de recursos contemplados por ley.

La primera audiencia, realizada el 17 de marzo, dejó señales favorables para la Provincia: el máximo tribunal rechazó el argumento de la ANSES sobre la supuesta falta de información para calcular la deuda y le otorgó un plazo de 30 días para verificar esa situación.

Desde el equipo técnico bonaerense califican esa postura como “inconsistente”, al señalar que el organismo pudo validar deudas de otras nueve jurisdicciones en poco tiempo, mientras mantiene sin resolución el caso de Buenos Aires, que concentra casi el 50% del déficit previsional de las provincias no transferidas.

Según fuentes cercanas al expediente, la Provincia incluso se ofreció a aportar información adicional, pero sostienen que quedó demostrado que la ANSES contaba con los datos necesarios. En ese sentido, apuntan a una decisión política del Gobierno nacional de suspender las transferencias.

La audiencia prevista para este martes a las 11 será clave, ya que se trata del caso más avanzado dentro de las ocho demandas que la Provincia inició contra la Nación en menos de tres años. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió que la deuda total asciende a $15,6 billones y que la pérdida de recursos desde la asunción de Milei alcanza los $22,2 billones.

La cooperativa láctea presentó el pedido ante la Justicia de Rafaela luego de considerar inviable su concurso preventivo.

La histórica Cooperativa Láctea SanCor dio un paso decisivo en su largo proceso de deterioro: presentó su propio pedido de quiebra ante la Justicia. La solicitud fue elevada en Rafaela, donde tramita el expediente concursal, bajo la órbita del juez Marcelo Gelcich. Hasta el momento, la empresa no difundió una comunicación oficial sobre la decisión.

En tanto, la información sobre el pedido de quiebra llegó desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), que vinculó esa decisión al deterioro financiero terminal que atraviesa la empresa.

Según la Justicia, que verificó las deudas de 1519 acreedores sobre un total de 2702 denunciados, la cooperativa láctea enfrenta una deuda en torno a los 120 millones de dólares (US$90 millones y superior a $40.000 millones).

El pedido de quiebra se realizó ante al Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, que lleva adelante el concurso de la empresa, que arrastra una deuda de US$ 120 millones.

“Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todo en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”, indicó un comunicado que lleva la firma del secretario general de Atilra, Etín Ponce.

¿Qué pasará con sus trabajadores?

En estos procesos de crisis tan profundas, son los trabajadores los principales perjudicados. De acuerdo con lo informado, la empresa arrastra una deuda de ocho meses de salarios, además de aguinaldos impagos. En ese contexto, se indicó que Sancor se sostuvo con recursos vinculados al propio personal, junto con la asistencia del fondo solidario de ATILRA y la continuidad de las prestaciones de salud por parte de OSPIL, pese a la falta de aportes empresariales.

Ese planteo vuelve a poner en primer plano el costado social de la crisis. Más allá del proceso judicial, lo que aparece detrás es una empresa con severas dificultades para afrontar sus obligaciones más básicas, incluidas las vinculadas a los haberes y a la cobertura de salud de su plantel. En un sector altamente sensible para varias economías regionales, el deterioro de una firma como SanCor excede el plano societario y golpea de lleno sobre empleo, producción y entramado cooperativo.

La crisis económica y los escándalos de corrupción provocó una nueva caída en el apoyo al Gobierno.

La aprobación del gobierno de Javier Milei registra una caída sostenida. Los resultados de la última edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), marcaron que casi el 70 por ciento de los argentinos está disconforme con la situación del país y cae la imagen del Presidente.

El número más fuerte es que la insatisfacción popular con la marcha general de las cosas ya alcanza a casi 7 de cada 10 de los encuestados. Además, los que están en línea con el programa libertario y aún lo bancan son cada vez menos: sólo en marzo, satisfacción con el rumbo cayó 5 puntos y pasó del 33 al 28 por ciento la cantidad de personas que acuerdan con el rumbo oficial.

El informe muestra una caída en los niveles de satisfacción general: solo el 28% de los encuestados se manifestó conforme con la situación actual, cinco puntos menos que en marzo, mientras que la insatisfacción trepó al 68%.

En paralelo, la imagen del presidente Javier Milei continúa en descenso. La aprobación de su gestión se ubicó en el 36%, tres puntos por debajo del mes anterior, mientras que la desaprobación alcanzó el 61%, consolidando una tendencia negativa. Aun así, el estudio marca que el mandatario se mantiene en una posición intermedia en términos históricos: por debajo de Mauricio Macri en el mismo período de gobierno, pero por encima de Alberto Fernández.

El relevamiento también evidencia una fuerte crisis de confianza en las instituciones. La satisfacción con el Poder Ejecutivo cayó al 26%, mientras que el Congreso sigue siendo el área más cuestionada, con apenas un 16% de aprobación para el Senado y un 15% para la Cámara de Diputados.

En cuanto a las principales preocupaciones de la ciudadanía, el desempleo pasó al primer lugar con el 40% de las menciones, seguido muy de cerca por los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). Además, el informe advierte un “regreso” de la inflación como tema relevante, con un 20% de preocupación.

El clima social también muestra un marcado pesimismo. Un 56% de los encuestados considera que el país está peor que hace un año, mientras que el 43% cree que la situación empeorará en los próximos doce meses, con un aumento del desaliento en todos los sectores.

Otro dato relevante es el desgaste en las figuras del oficialismo: Adorni registró la mayor caída en imagen positiva (9 puntos) y presenta el diferencial más bajo del gabinete (-51%), seguido por Karina Milei (-50%).

En términos generales, todos los dirigentes políticos evaluados presentan imagen negativa predominante. Entre los que más cayeron este mes se destacan el propio Milei (-4 puntos) y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (-2 puntos).

Cae Milei, suben Kicillof y Bregman

Naturalmente, ante la desaprobación del gobierno, las figuras opositoras mejor posicionadas son Axel Kicillof, con un 31 por ciento de imagen positiva total, y Myriam Bregman (29 por ciento), Ambos lideran, junto a CFK, ampliamente entre los entrevistados que desaprueban la gestión oficial.

En resumen, abril muestra un escenario de ajuste de expectativas, donde el desempleo y los salarios desplazan a otros temas y la aprobación del oficialismo empieza a mostrar signos de desgaste sostenido.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, alertó que el sistema de transporte público atraviesa una crisis profunda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y responsabilizó al Ejecutivo de Javier Milei por desentenderse de una función clave: garantizar el sostenimiento del servicio.

Según explicó el funcionario, la situación crítica es consecuencia directa de la eliminación de subsidios nacionales y del aumento sostenido de los costos operativos, especialmente el combustible. En ese marco, cuestionó que el Gobierno nacional haya decidido retirarse del esquema de financiamiento compartido que sostenía el sistema.

“Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde o de poner un precio del combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar”, reclamó Bianco, al remarcar que la resolución del conflicto depende de decisiones que hoy la Nación no está tomando.

El ministro detalló que el sistema se financiaba con aportes equitativos entre Nación y Provincia, pero denunció que el Ejecutivo nacional dejó de cubrir su 50%, generando un fuerte desbalance. Como consecuencia, la deuda con el sector asciende a $90.700 millones y afecta a más de 100 líneas de colectivos que operan en territorio bonaerense. En contraste, aseguró que la Provincia continúa cumpliendo con sus compromisos.

El impacto es especialmente grave en el AMBA, donde la quita de subsidios deterioró la integración del sistema y encareció el acceso al transporte para millones de usuarios. En el interior bonaerense, en tanto, la eliminación del fondo compensador nacional también golpeó con fuerza al servicio.

A este escenario se suma el incremento de entre un 20% y 25% en el precio de los combustibles, otro factor que agrava la crisis. Bianco planteó que empresas como YPF podrían intervenir para amortiguar los costos, fijando valores más accesibles.

Además, el funcionario denunció la falta de diálogo con el Gobierno nacional. “No nos atiende el teléfono”, afirmó, y señaló que el gobernador Axel Kicillof solicitó reuniones con el Presidente sin obtener respuesta, lo que dificulta aún más la gestión de una situación ya crítica.

Bianco advirtió que, de no adoptarse medidas urgentes, el sistema podría entrar en una fase de mayor inestabilidad, con riesgo para la continuidad del servicio. Según sostuvo, se trata de una “fragilidad inédita” que pone en jaque el acceso al transporte público para millones de personas.

En la misma línea, el diputado bonaerense Fabián Luayza presentó un proyecto en la Legislatura para expresar su preocupación por la reducción de frecuencias en el AMBA, vinculada al aumento del gasoil. “Los usuarios no tienen la culpa de que suba el precio del combustible todo el tiempo”, señaló, y remarcó que el impacto recae especialmente en los sectores más vulnerables que dependen del transporte público para trabajar, estudiar y acceder a servicios esenciales.

Miles de usuarios se ven afectados este lunes por complicaciones en las principales líneas ferroviarias. Problemas en el sistema de señales y desperfectos mecánicos provocaron cancelaciones y demoras de más de 30 minutos en las líneas Roca, Mitre y Sarmiento.

El inicio de la semana laboral se convirtió en una odisea para los pasajeros que dependen de la red de trenes metropolitanos. Desde las primeras horas de la mañana, una serie de fallas técnicas en cadena afectaron el normal funcionamiento de los servicios que conectan el conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. La situación más crítica se registró en la Línea Roca, donde un problema en el sistema de alimentación eléctrica dejó varadas a varias formaciones entre las estaciones de Constitución y Temperley.

En simultáneo, la Línea Mitre operó con servicios reducidos en sus tres ramales debido a desperfectos técnicos en el sistema de señalización a la altura de la estación Empalme Maldonado. Esta falla obligó a las autoridades ferroviarias a implementar un protocolo de emergencia, reduciendo la frecuencia de los trenes y provocando amontonamientos masivos en los andenes de las estaciones cabeceras, donde los tiempos de espera superaron los 40 minutos en hora pico.

Por su parte, la Línea Sarmiento también reportó complicaciones por un incidente técnico en una de las formaciones en la zona de Haedo. Si bien el servicio no se interrumpió por completo, los trenes circularon con demoras significativas y algunas cancelaciones sorpresivas, lo que generó malestar y protestas entre los pasajeros que intentaban llegar a sus puestos de trabajo. Las redes sociales se llenaron rápidamente de quejas y fotos de estaciones colapsadas.

Desde Trenes Argentinos emitieron un breve comunicado informando que los equipos técnicos se encuentran trabajando en la resolución de los distintos inconvenientes. Sin embargo, no brindaron un horario estimado para la normalización total de las frecuencias. Atribuyeron la acumulación de fallas a la falta de mantenimiento acumulada en componentes críticos de la infraestructura ferroviaria y a la escasez de repuestos para las unidades más antiguas.

El impacto del caos ferroviario se trasladó de inmediato al servicio de colectivos y subtes, que se vieron desbordados por los usuarios que buscaban alternativas para completar sus recorridos. En las inmediaciones de los centros de transbordo, las colas para las líneas de colectivos que realizan trayectos similares a los trenes afectados llegaron a tener más de dos cuadras de extensión, complicando aún más la movilidad en toda el área metropolitana.

Hacia el mediodía, el servicio comenzó a mostrar signos de una lenta normalización, aunque se mantienen las demoras residuales. Se recomienda a los usuarios consultar las aplicaciones oficiales y los estados de servicio antes de dirigirse a las estaciones, ya que la estabilidad del sistema sigue siendo precaria mientras se completan las reparaciones de emergencia en las zonas de vías y señales afectadas.

Víctima de bullying, el adolescente que cursa segundo año de la secundaria quedó en el ojo de la tormenta. Volvieron a las clases, pero con custodia policial.

Tristemente, la portación de arma en menores que asisten a la escuela es cada vez más usual: ahora, fue el hijo menor (14) de la diputada libertaria Lorena Villaverde quien amenazó a sus compañeros de colegio con que llevaría un revolver y los mataría a todos, mientras se llevaba a cabo la clase de Plástica.

El episodio tuvo lugar en las últimas horas en el colegio Estación Limay, en Cipolletti (Río Negro) y sembró el pánico en padres y alumnos, especialmente, luego de que trascendiera el asesinato de Ian Cabrera en manos de un adolescente de 16 años que asistía al mismo establecimiento: la Escuela Normal Nº40 de San Cristóbal (Santa Fe).

Ante la gravedad del hecho, la directora presentó la denuncia en la Comisaría Cuarta. La Fiscalía N°1, bajo la dirección de la fiscal Eugenia Vallejos, ordenó implementar medidas de seguridad inmediatas en el establecimiento de la calle Ingeniero Krause.

“Voy a venir con un arma y los voy a matar a todos”, fue la frase del menor, de acuerdo a lo revelado por Diego Gabriele en “Argenzuela” (C5N).

Por el momento, el alumno no asistirá a clases mientras dure la investigación y se defina cómo proceder. Lo cierto es que ahora, el colegio se vio obligado a contar con la custodia de la Policía de Río Negro debido a la preocupación de los padres, quienes se autoconvocaron para exigir garantías de seguridad.

Por su parte, la diputada Villaverde se presentó en la institución para dialogar con las autoridades tras el incidente, el cual se suma a una serie de polémicas recientes que han rodeado su carrera política y personal. Según Gabriele, “la amenaza responde a un trasfondo de bullying”.

Al ser menor de edad, el hijo de Villaverde es inimputable. Sin embargo, se dio intervención a la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) y a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para que sigan el caso.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este jueves un acto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde lanzó el Movimiento Derecho al Futuro Universidad y Ciencia y llamó a construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei. En ese marco, aseguró que a la actual gestión nacional “le quedan menos de dos años”.

Ante un Aula Magna colmada, el mandatario provincial combinó críticas a las políticas oficiales con un fuerte mensaje hacia el futuro: convocó a organizarse desde el ámbito universitario y a consolidar una propuesta capaz de disputar el rumbo del país. El auditorio acompañó con cánticos de “Presidente, Axel presidente”, mientras el gobernador advertía sobre el desgaste del gobierno libertario, al que describió atravesando un proceso de “putrefacción”.

Durante su discurso, Kicillof cuestionó con dureza el rumbo económico y social de la administración nacional. Habló de una crisis que “se desenvuelve a una velocidad vertiginosa”, con cierre de empresas, despidos y endeudamiento, y sostuvo que el país atraviesa una situación “muy profunda: social, alimentaria, productiva y laboral”. También apuntó contra lo que definió como un “terraplanismo multidisciplinario” y criticó el alineamiento internacional del oficialismo, al tiempo que alertó sobre un mundo en transformación frente a un gobierno “en babia”.

Uno de los ejes centrales fue la defensa de la universidad pública y el sistema científico. Kicillof denunció la existencia de “un plan de destrucción masiva” contra estos sectores y calificó el momento como “espantoso” y “muy oscuro”. En ese sentido, planteó que el lanzamiento del espacio universitario del MDF constituye “un acto de resistencia y de lucha” y llamó a “no resignarse”, insistiendo en que “hay otro camino” que debe ser construido colectivamente.

Venimos a plantar la bandera de la industria nacional, la ciencia y la soberanía

Lanzamos el MDF Universidad y Ciencia para enfrentar el modelo de ajuste y destrucción de Milei con la premisa de que no hay desarrollo sin ciencia y educación. Hay otro camino y lo tenemos que… pic.twitter.com/jbqOpRFdXz

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 9, 2026

El gobernador cerró su intervención reforzando la idea de alternativa política: pidió trabajar con planificación, recuperar un Estado presente y generar nuevas propuestas. “A esta experiencia de Milei le quedan menos de dos años”, concluyó entre aplausos.

Además, envió un mensaje directo al peronismo, al reclamar que se dejen de lado las disputas internas. “Hay que perder el menor tiempo posible en internas y hablarle a todo el mundo”, sostuvo, en referencia también a las tensiones del período 2019-2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. “No nos puede pasar de nuevo ganar una elección y después tener dificultades para gobernar”, advirtió.

El acto también tuvo un componente personal para el mandatario, quien reivindicó su vínculo con la universidad pública: recordó su paso como estudiante, su rol como docente y su tarea como investigador del CONICET, afirmando sentirse “en casa”.

La actividad contó con una fuerte presencia de funcionarios bonaerenses, referentes del ámbito científico y militancia universitaria, en lo que fue una nueva señal del armado político que Kicillof impulsa a nivel nacional. El lanzamiento del MDF Universidad y Ciencia se inscribe así en una estrategia más amplia de proyección hacia 2027, con eje en la construcción territorial, la elaboración de propuestas y la disputa de espacios clave como el universitario.

Una nueva medida de fuerza afecta el servicio de transporte en el AMBA. El reclamo salarial de los choferes nucleados en la UTA mantiene paralizadas a decenas de líneas, mientras se esperan definiciones en el Ministerio de Trabajo.

Este jueves 9 de abril, miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires se encontraron con una interrupción parcial pero significativa en el servicio de colectivos. La medida de fuerza, impulsada por un sector de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), surge como respuesta al incumplimiento en el pago de haberes y la falta de acuerdo en las paritarias del sector, que vienen arrastrando una fuerte tensión entre el gremio y las cámaras empresarias.

El paro afecta principalmente a las líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, incluyendo tanto grupos de jurisdicción nacional como provincial. Según el último reporte, las líneas que no están prestando servicio son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

Desde el gremio explicaron que la retención de tareas se debe a que las empresas no depositaron la totalidad de los aumentos acordados en la última audiencia. Por su parte, las cámaras empresarias (AAETA y CETUBA) argumentan que el Estado nacional no ha transferido los subsidios correspondientes para cubrir los costos operativos y el nuevo esquema salarial, lo que genera un cuello de botella financiero que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores.

En cuanto a la duración de la medida, los delegados sindicales informaron que el paro es, en principio, por 24 horas. Sin embargo, advirtieron que si durante el transcurso de la jornada no aparece una solución concreta o una convocatoria formal a una mesa de diálogo con fondos garantizados, la protesta podría extenderse o repetirse en los próximos días de manera sorpresiva.

La situación en las terminales y paradas de transbordo como Constitución, Retiro y Liniers es de total incertidumbre. Ante la ausencia de colectivos, los servicios ferroviarios y el subte registran una demanda muy superior a la habitual, lo que ha provocado demoras y cierres momentáneos en algunas estaciones por exceso de pasajeros. Las autoridades recomiendan buscar vías alternativas de transporte y estar atentos a las actualizaciones de las empresas de transporte.

Finalmente, el Ministerio de Transporte citó a las partes a una reunión de urgencia para el mediodía de hoy, con el fin de destrabar el conflicto y normalizar el servicio antes de la hora pico del regreso. Mientras tanto, el malestar de los usuarios crece, ya que se trata del tercer conflicto de este tipo en lo que va del mes de abril, dejando a millones de trabajadores a pie en medio de la crisis económica.

Tras la aprobación en Diputados, organizaciones ambientales convocan a la ciudadanía a acudir a la Justicia y advierten que la nueva normativa pone en riesgo el acceso al agua.

La reforma de la Ley de Glaciares aprobada en la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de conflicto. Tras una sesión de más de 10 horas, el oficialismo logró modificar la normativa con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, pero la respuesta no tardó en llegar: organizaciones ambientales convocaron a una demanda colectiva para intentar frenar su aplicación en la Justicia.

Entre las entidades impulsoras se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, que llamaron a la ciudadanía a sumarse a una acción judicial en defensa de los glaciares y las reservas de agua.

“El Congreso decidió no escuchar, ahora van a tener que escuchar a la sociedad en la Justicia”, advirtieron desde las organizaciones, en un mensaje que marca el inicio de una nueva etapa del conflicto.

Qué cambia con la reforma

La modificación impacta directamente sobre la Ley 26.639, que hasta ahora garantizaba una protección amplia de las zonas glaciares y periglaciares. Con el nuevo esquema, esa cobertura se reduce y se focaliza únicamente en áreas con función hídrica comprobada.

Además, se otorga a las provincias un rol central para definir qué zonas integran el inventario glaciar. En la práctica, esto habilita que áreas que antes estaban protegidas puedan quedar fuera del sistema y, por lo tanto, ser utilizadas para actividades productivas como la minería.

Otro de los cambios clave es que el Inventario Nacional de Glaciares deja de tener carácter vinculante y pasa a ser una referencia, lo que reduce su peso en la toma de decisiones.

Alerta por el impacto ambiental

Desde las organizaciones ambientalistas advierten que la reforma implica un retroceso significativo en materia de protección ambiental y podría tener consecuencias directas sobre el acceso al agua.

“Esta reforma pone en riesgo el acceso al agua y, por lo tanto, la vida de millones de argentinos y los ecosistemas que dependen de los glaciares”, señalaron.

También remarcaron que cientos de miles de personas participaron en audiencias públicas para rechazar los cambios, pero que sus planteos no fueron tenidos en cuenta durante el tratamiento legislativo.

La disputa pasa a la Justicia

Lejos de cerrar el debate, la aprobación de la ley trasladó el conflicto a otro ámbito. Con la convocatoria a una demanda colectiva, las organizaciones buscan frenar la implementación de la norma y reabrir la discusión sobre la protección de los recursos naturales.

En ese escenario, la defensa de los glaciares vuelve a instalarse como un eje central de debate, con un nuevo capítulo que ahora se jugará en los tribunales.