Un lapidario informe de la consultora Zuban Córdoba y Asociados revela que el 61,9% de los argentinos votaría por un cambio de gobierno, con la economía diaria el mayor problema que reconocen la mayoría de los encuestados. Pero el rechazo general no solo se debe a causas económicas. Es la peor noticia para la gestión de Javier Milei que hace meses parece haber perdido el rumbo.

Un 77% se opone a la desregulación en la venta de tierras a extranjeros, proyecto que el Gobierno pretende llevar adelante a costa de la pérdida de soberanía nacional. Cada vez más cerca de las siguientes elecciones presidenciales, “la recuperación política del gobierno se vuelve compleja”, señala el informe.

Ante la pregunta de cómo votarían en las elecciones del 2027 para elegir presidente de la Nación, el 61,9% de encuestados votaría por un cambio de gobierno, un 33,4% por la continuidad del actual, y un 4,7% todavía no sabe. El panorama marca un fuerte revés para LLA y abre el camino para las fuerzas opositoras. El informe sostiene que en estos meses comienza una etapa determinante, donde se configurará la competencia electoral del año que viene. “El tiempo apremia”, señalaron.

El Presidente volvió a apuntar contra periodistas, docentes, estudiantes e investigadores y utilizó una expresión que generó fuertes cuestionamientos por su similitud con conceptos utilizados por el exdictador Jorge Rafael Videla durante uno de sus últimos alegatos judiciales.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras calificar como “terroristas disfrazados” a estudiantes, periodistas, docentes e investigadores durante una entrevista televisiva. Sus declaraciones provocaron un inmediato rechazo de distintos sectores políticos, académicos y de derechos humanos, que advirtieron sobre la gravedad institucional del mensaje y su semejanza con discursos pronunciados durante la última dictadura militar.

En una entrevista con LN+, Milei sostuvo que el pensamiento del intelectual italiano Antonio Gramsci fue utilizado para avanzar sobre la cultura, los medios de comunicación y las instituciones del Estado. En ese marco, afirmó que en la Argentina existen “terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores y terroristas disfrazados de investigadores”.

Las expresiones del mandatario fueron cuestionadas porque utilizan la palabra “terrorista” para referirse a sectores de la sociedad que ejercen actividades vinculadas a la educación, la investigación, el periodismo y la vida democrática. Para distintos referentes políticos y organismos de derechos humanos, ese tipo de descalificaciones profundiza un clima de confrontación y estigmatización.

Además, las declaraciones reavivaron el debate por su similitud con conceptos utilizados por el exdictador Jorge Rafael Videla durante uno de sus alegatos judiciales en 2010. En aquella oportunidad, el responsable del terrorismo de Estado también apeló a la figura de Antonio Gramsci para denunciar una supuesta estrategia destinada a controlar las instituciones de la República y cuestionó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La comparación generó nuevas críticas hacia el Presidente, ya que para diversos sectores el uso de categorías asociadas al terrorismo para describir a periodistas, docentes o estudiantes reproduce una lógica de persecución incompatible con la convivencia democrática.

Las declaraciones de Milei se suman a una serie de enfrentamientos que el Gobierno mantiene desde el inicio de su gestión con universidades públicas, científicos, medios de comunicación y organizaciones sociales, en un contexto de creciente tensión política y fuertes cuestionamientos por el tono utilizado desde la Casa Rosada.

Francisco Oneto, abogado identificado con el oficialismo y cercano a Javier Milei, afirmó que un dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU habilitaría la revisión de la condena contra Cristina Kirchner. La postura contradice a quienes sostienen que la sentencia quedó definitivamente cerrada y reavivó el debate sobre la causa Vialidad.

La discusión sobre la condena contra Cristina Fernández de Kirchner sumó un dato inesperado. Francisco Oneto, abogado vinculado al espacio de Javier Milei y una de las voces jurídicas más cercanas al oficialismo, sostuvo públicamente que un eventual dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría abrir la puerta a revisar la sentencia firme dictada en la causa Vialidad.

A través de sus redes sociales, Oneto cuestionó a quienes aseguran que la intervención del organismo internacional no tendría efectos sobre la condena. “Es falso”, afirmó, y explicó que el artículo 366 inciso F del Código Procesal Penal Federal contempla expresamente la posibilidad de revisar una sentencia firme cuando un órgano de aplicación de un tratado internacional se pronuncia en una comunicación individual.

El abogado recordó que el Comité de Derechos Humanos tiene competencia para recibir denuncias individuales en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. En ese marco, sostuvo que un dictamen favorable a Cristina Kirchner “habilitaría la acción de revisión” y remarcó que “la cosa juzgada no es el muro que dicen”.

Las declaraciones cobran relevancia porque provienen de un abogado identificado con el oficialismo nacional y contrastan con el discurso de quienes aseguran que la condena ya no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia.

La defensa de Cristina Kirchner ya anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena en junio de 2025, agotando las instancias judiciales argentinas. El planteo buscará demostrar que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales del debido proceso.

Si bien el Comité no tiene facultades para anular directamente una sentencia judicial argentina ni ordenar la libertad de una persona condenada, un dictamen favorable podría convertirse en un elemento jurídico de peso para impulsar una revisión del fallo dentro del sistema judicial argentino, tal como planteó Oneto.

La postura del abogado volvió a instalar el debate sobre la solidez jurídica de la condena contra la expresidenta y alimentó las críticas del kirchnerismo, que sostiene desde hace años que Cristina Kirchner es víctima de una persecución judicial con fines de proscripción política.

El gobernador bonaerense defendió la soberanía sobre Vaca Muerta, cuestionó la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional y advirtió que los recursos naturales deben ponerse al servicio del desarrollo nacional y no de las exigencias del organismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta y reivindicó que los recursos estratégicos de la Argentina deben destinarse al desarrollo del país, en contraposición a las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

“A la directora del FMI le digo que el petróleo que fue a ver es argentino“, afirmó Kicillof durante un acto realizado este miércoles en Lomas de Zamora. El mandatario bonaerense sostuvo que esa riqueza energética “tendría que usarse para el desarrollo y la industria nacional, para que los argentinos puedan acceder a la energía a un precio posible”, en un mensaje dirigido tanto al organismo internacional como a la administración libertaria.

Las declaraciones llegaron después de que Georgieva recorriera por primera vez Vaca Muerta, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. La visita fue interpretada por distintos sectores como un fuerte respaldo del FMI al modelo económico extractivista del Gobierno y al papel que los recursos energéticos podrían desempeñar para garantizar el cumplimiento del programa acordado con el organismo.

Great visit to @YPFoficial’s Loma Campana operations with @LuisCaputoAR and @HoracioMarin_ok. Seeing Vaca Muerta firsthand highlighted the talent, innovation & entrepreneurship that public and private companies are deploying to drive Argentina’s bright energy future. pic.twitter.com/1oby72tsWu

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2026

Kicillof también cuestionó el modelo económico que impulsa la Casa Rosada y rechazó la idea de que la economía atraviese un proceso de recuperación. “La macro no está ordenada porque la gente no llega a fin de mes. Tienen miedo de perder el trabajo; ese es el orden para el FMI”, sostuvo.

En la misma línea, aseguró que la política económica está profundizando el deterioro de la producción y el consumo. “La industria está liquidada y el comercio también. Nos dicen que la situación económica es extraordinaria y que somos un orgullo. ¿Dónde está eso? Hay familias que no pueden pagar los servicios ni la comida y terminan endeudándose primero con los bancos, después con las billeteras virtuales y finalmente con prestamistas”, señaló.

El gobernador advirtió además que el escenario social es de una gravedad inédita y afirmó que “estamos en una situación que no hubo nunca”, incluso peor que la crisis de 2001 en algunos indicadores. “Es una crueldad y un abandono deliberado”, concluyó.

La visita de Georgieva a Vaca Muerta se produjo durante su paso por la Argentina para respaldar el programa económico del Gobierno nacional. Tras reunirse con funcionarios, la titular del FMI aseguró que el país “está por un buen camino” y consideró que, por el momento, “no habrá necesidad de más fondos”. Sus declaraciones reforzaron el respaldo del organismo a la gestión de Milei, en medio de un fuerte ajuste económico y de crecientes cuestionamientos por el impacto social de las medidas oficiales.

La expareja de Javier Milei también participó de la asunción de Keiko Fujimori. Dice que la conoció en Marbella el año pasado. El antecedente del exvocero.

“La actriz Fátima Florez fue invitada por Keiko Fujimori a su acto de asunción. No fue parte de la delegación argentina ni fue en el avión presidencial”. La desmentida del Gobierno llegó tres horas después de que la expareja de Javier Milei subiera una foto a su cuenta de Instagram con la leyenda “Hola Perú”.

La coincidencia alimentó más que rumores de reconciliación entre Milei y la vedette, quienes mantuvieron un noviazgo en la campaña presidencial de 2023 y en los primeros meses de mandato del libertario. Con el antecedente de la Caja de Pandora que destapó la presencia de la esposa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti, como parte de la comitiva presidencial en Nueva York, la Casa Rosada salió a negar que Florez se haya subido al avión Embraer de la Fuerza Aérea en el que viajó el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

¿Por qué Fátima Florez fue a Perú?

Según contó la propia actriz, fue invitada por la flamante presidenta de Perú. “Con Keiko nos conocimos el año pasado en una gala benéfica de la fundación de Antonio Banderas, en Marbella. Allí también coincidimos con Ismael Cala. Conversamos los tres, hicimos muy buena química y empezamos a seguirnos en redes sociales”, dijo. Según pudo corroborar este medio, efectivamente se siguen en Instagram.

Por otra parte, el periodista cubano contó que conoció a Fujimori, a quien entrevistó hace un mes, en Marbella.

Al cierre de esta nota, Florez no había subido ninguna foto que la mostrara con el Presidente, que se encontraba recibiendo el doctorado honoris causa en la Universidad San Martín de Porres. Tampoco la Casa Rosada difundió imágenes de Milei junto a la actriz.

El diputado habló de la disputa interna con el gobernador y reveló que existe discusión político. El gobernador de La Rioja busca que se encuentren en un homenaje el fin de semana próximo.

En medio de los preparativos para la cumbre peronista que organiza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para el próximo sábado en homenaje al obispo Enrique Angelelli, Máximo Kirchner relativizó anoche la pelea con Axel Kicillof. El diputado nacional aseguró que “no estamos en veredas opuestas” con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y calificó como ajena a su comprensión la disputa que, según dijo, “adelantó” un sector de la política.

“Estoy convencido que no estamos en veredas opuestas con Kicillof. Nosotros compartimos el peronismo en la provincia de Buenos Aires; él es presidente del PJ y gobernador, después hay debates y discusiones lógicas de adentro de la política, que no interesan”, planteó Kirchner en C5N. Y agregó, en un tono que combinó extrañeza y cierta autocrítica sobre la escalada de los últimos meses: “No sabría explicarte, me gustaría saber. No hay una pelea en el conurbano, puede haber cruce de declaraciones, pero después todos los intendentes trabajan para mejorarle la calidad de vida a la gente. Pero hubo gente que adelantó una pelea que yo nunca entendí mucho. Es algo que me vengo preguntando con mucho tiempo”. Más adelante en la nota, sumó otra frase en la misma línea: “Salimos en conjunto de la defensa de los bonaerenses”.

Aunque no lo dijo de manera explícita, la referencia de Kirchner a “la gente que adelantó una pelea” remite al desdoblamiento de las elecciones legislativas bonaerenses que Kicillof anunció el 7 de abril de 2025, cuando fijó los comicios provinciales para el 7 de septiembre, por afuera de las elecciones nacionales de octubre. Esa decisión, tomada tras semanas de negociaciones fallidas con Cristina y Máximo Kirchner, fue leída en ese momento como el quiebre definitivo entre el gobernador y el cristinismo, y La Cámpora había advertido antes del anuncio que desdoblar implicaba “romper” con la unidad. Tras la derrota del peronismo en octubre, la propia Cristina Kirchner responsabilizó a Kicillof por esa estrategia, a la que calificó de “error político”.

Las declaraciones llegan apenas días después de que este diario revelara los detalles de la cumbre que impulsa Quintela para el sábado en La Rioja, en el marco del 50° aniversario del asesinato de Angelelli. El gobernador riojano viene trabajando desde hace semanas para lograr la foto que, hasta ahora, parecía imposible: Kirchner y Kicillof compartiendo el mismo escenario, después de un año de silencio entre el cristinismo y el kicillofismo. El líder de La Cámpora ya confirmó su presencia, mientras que el mandatario bonaerense le prometió a Quintela que viajará, aunque en el entorno de Kicillof todavía relativizan esa posibilidad y desconfían de cualquier gesto de acercamiento con el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner.

El clima entre ambos espacios había llegado a un punto de máxima tensión hace poco más de dos semanas, cuando el diputado provincial Facundo Tignanelli, mano derecha de Kirchner en la Legislatura bonaerense, comparó a Kicillof con el dirigente sindical Augusto Vandor, asesinado en 1969 tras proponer un peronismo sin Perón. Esa comparación fue leída puertas adentro del Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación de Kicillof, como una amenaza directa, y profundizó la convicción de que cualquier instancia de diálogo con La Cámpora es, en rigor, una trampa para desgastar al gobernador y forzarlo a resignar su candidatura a la reelección en la provincia.

En el marco de la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, la militancia realizó una intervención sobre la fachada de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria tras la condena por la causa Vialidad, denunciada por el kirchnerismo como parte de una persecución judicial y política.

Durante la noche, la militancia proyectó sobre la fachada de San José 1111 la consigna: “Fuera ingleses de Malvinas. Fuera FMI de Argentina”.

El lugar elegido tiene un fuerte contenido político. Allí cumple prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación, luego de la condena en la causa Vialidad. Desde el peronismo y el kirchnerismo sostienen que el proceso judicial formó parte de una persecución política y que la sentencia derivó en la proscripción de la exmandataria.

La intervención se realizó en el marco de la visita al país de Kristalina Georgieva y de una delegación del Fondo Monetario Internacional. La presencia de la titular del organismo fue interpretada por los manifestantes como una señal de respaldo político al Gobierno de Javier Milei y a las políticas económicas vinculadas con las exigencias del FMI.

La consigna proyectada vinculó dos reclamos de soberanía. Por un lado, la exigencia histórica de recuperar las Islas Malvinas, bajo ocupación británica. Por el otro, el rechazo a la injerencia del Fondo Monetario Internacional en las decisiones económicas de la Argentina.

Así, la fachada de la casa donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria volvió a convertirse en un punto de expresión política, esta vez con un mensaje que vinculó la cuestión Malvinas, el rechazo al FMI y la situación judicial de la expresidenta.

El titular de la Cámara de Diputados puso como ejemplo a su padre para defender el ajuste y dijo que el jubilado “dejó de tomar su café caro”. El problema es que el exsenador Eduardo Menem percibe un haber que equivale a más de 100 jubilaciones mínimas, mientras los adultos mayores deben elegir qué medicamento comprar y qué comida dejar de consumir.

Martín Menem volvió a defender el ajuste del Gobierno y generó una fuerte polémica al utilizar a su propio padre como ejemplo de cómo los jubilados deberían adaptarse a la crisis económica.

Durante una entrevista radial, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que Eduardo Menem, exsenador y jubilado, “no se queja” y que decidió dejar de tomar café caro para comprar uno más económico.

“Mi papá es jubilado y no se queja. Dejó de tomar su café caro y ahora se compra uno más económico”, sostuvo.

La frase generó críticas por la distancia entre el ejemplo utilizado por el dirigente oficialista y la realidad de millones de jubilados que cobran haberes mínimos y enfrentan aumentos en alimentos, medicamentos, servicios y alquileres.

El argumento de Menem fue presentado como una defensa del equilibrio fiscal. Según su mirada, los adultos mayores deben resignar consumos y “pensar en el futuro del país”.

Pero el ejemplo elegido expuso una diferencia que resulta difícil de ignorar.

Una jubilación de privilegio de $41 millones

El padre de Martín Menem es el exsenador Eduardo Menem, quien percibe una jubilación de privilegio que ronda los 41 millones de pesos mensuales.

El haber fue obtenido luego de una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. La resolución dejó firme un fallo que elevó sus ingresos a una suma equivalente a más de 100 jubilaciones mínimas. Además, recibió un pago retroactivo de alrededor de 1.500 millones de pesos.

Por eso, la comparación con los jubilados que deben resignar consumos básicos para llegar a fin de mes generó un fuerte rechazo.

Mientras el presidente de la Cámara de Diputados les pide a los adultos mayores que cambien el café caro por uno más económico, la mayoría de los jubilados debe hacer cuentas para comprar medicamentos, pagar los servicios y garantizar la comida del mes.

Los senadores volverán a cobrar casi $12 millones

La polémica se da, además, en un contexto en el que los senadores nacionales volverán a recibir un aumento en sus dietas.

Desde agosto, los legisladores de la Cámara Alta pasarán a cobrar casi 12 millones de pesos brutos por mes. El incremento acumulado será del 6,7%, luego de una suba del 12,5% otorgada durante el primer cuatrimestre.

Con la actualización, la dieta llegará a unos 11.877.000 pesos brutos mensuales, sin contar los descuentos correspondientes.

La diferencia con los jubilados es evidente. Para los adultos mayores, la receta oficial es resignar. Para quienes ocupan cargos legislativos, los ingresos continúan actualizándose.

El mensaje de Martín Menem volvió a poner sobre la mesa una de las principales críticas al Gobierno de Javier Milei: mientras se les exige esfuerzo y sacrificio a los sectores que menos tienen, los funcionarios y legisladores mantienen ingresos que están muy lejos de la realidad de la mayoría de los argentinos.

Y en ese contexto, pedirle a un jubilado que deje de tomar un café caro no parece una solución económica. Parece, más bien, una muestra de la distancia entre quienes toman las decisiones y quienes deben pagar el costo del ajuste.

Un reciente informe reveló un contundente rechazo a la postura oficial sobre la prohibición de banderas en la semifinal del Mundial 2026.

El impacto del reciente Mundial 2026 trascendió lo estrictamente deportivo para reactivar una fibra íntima de la identidad nacional, en especial luego de la semifinal contra Inglaterra y el enorme gesto de los jugadores de la Selección Argentina pidiendo por la soberanía argentina de las Islas Malvinas.

Un estudio de opinión pública elaborado por la consultora CEOP Latam para C5N y minutouno.com, titulado “El Mundial y Malvinas”, expuso con números contundentes la centralidad del reclamo soberano y la brecha existente entre la percepción ciudadana y el accionar del Poder Ejecutivo.

En torno al inolvidable cruce de semifinales ante Inglaterra, el 72% de los encuestados afirmó que el enfrentamiento “fue algo más que un partido”, ratificando la carga simbólica e histórica que rodea cada duelo ante el conjunto británico.

Rechazo a la restricción del Gobierno y respaldo absoluto al plantel

Uno de los puntos centrales del relevamiento abordó la polémica previa al encuentro, cuando se restringió la portación de insignias relativas al archipiélago con el aval de las autoridades nacionales. Ante la consulta sobre la postura del Ejecutivo al acompañar dicha prohibición, el 65% sostuvo que “el Gobierno debería haber defendido el derecho a mostrar la bandera de Malvinas”.

En contrapartida, la reacción del equipo dentro del campo tuvo un aval masivo: el 83% se mostró de acuerdo con la actitud de los futbolistas de exhibir la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras el silbatazo final (un 66% se declaró “muy de acuerdo” y un 17% “bastante de acuerdo”), mientras que apenas un 6% manifestó estar “nada de acuerdo”.

Causa Malvinas y la mirada sobre el Presidente Javier Milei

Más allá de la pelota, el estudio ratificó el consenso irrestricto que genera el reclamo territorial: un 93% catalogó a la Causa Malvinas como “importante” fuera del ámbito deportivo, alcanzando un 76% que la definió categóricamente como “muy importante”.

Sin embargo, al ser evaluado el rol institucional, la figura del presidente Javier Milei quedó comprometida en la consideración social: el 66% de los entrevistados opinó que al mandatario no le importa la recuperación de las islas, elevándose la cifra al 54% bajo la premisa de que “no le importa nada”.

El análisis del especialista

Al sintetizar las conclusiones del trabajo, el titular de la consultora, Tito Backman, analizó el impacto simbólico de los datos. “El episodio Malvinas condensa un problema que excede el fútbol. La sociedad reveló un sentimiento potente y transversal (93,3% valora la causa), el Gobierno se ubicó a contramano de ese sentimiento (65,4% desaprobó su postura sobre la bandera) y, como saldo, quedó expuesta una percepción corrosiva: para dos tercios, a Milei las Islas Malvinas no le importan”, explicó el sociólogo.

Finalmente, Backman enfatizó la dimensión de este desgaste en la coyuntura actual. “En un contexto donde el Gobierno ya venía golpeado en el terreno económico, este informe agrega una vulnerabilidad de otra naturaleza. No se trata de bolsillo ni de expectativas, sino de identidad y símbolos: el territorio donde las naciones se reconocen a sí mismas”.

“Milei podía discutirle a la sociedad el rumbo económico y defender su modelo; en Malvinas, en cambio, no hay modelo que defender, solo un consenso al que se lo ve ajeno. Y cuando un gobierno debilitado también pierde pie en lo simbólico, el desgaste deja de ser solo material para volverse, además, emocional”, concluyó el analista político.

Movimientos populares se concentraron en el principal acceso a la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la jornada nacional de protesta. Un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad bloquea el paso hacia la Capital Federal.

La mañana en el área metropolitana comenzó con un escenario de máxima tensión en el Puente Pueyrredón, donde una multitudinaria columna de organizaciones sociales y movimientos populares se concentró para visibilizar sus reclamos contra la política económica del Gobierno nacional. La manifestación forma parte de la jornada nacional de protesta que promete resentir los accesos clave a la Capital Federal durante todo el día.

En el lugar se montó un desmedido operativo de seguridad a cargo de las fuerzas federales y de la Policía Bonaerense, que desplegaron vallas, carros hidrantes y un cordón de efectivos para impedir que la columna de manifestantes avance e ingrese al territorio porteño. El cara a cara entre los trabajadores de la economía popular y los uniformados generó momentos de alto nerviosismo e interrupciones totales en el tránsito vehicular desde la zona sur del conurbano.

Los puntos centrales del reclamo en las calles:

• Emergencia alimentaria y social: Las agrupaciones exigen la restitución urgente de asistencia y alimentos para los comedores comunitarios, denunciando que la demanda en los barrios populares se multiplicó en los últimos meses debido a la pérdida del poder adquisitivo.
• Rechazo al ajuste y la reforma laboral: La marcha en el acceso sur coincide con el inicio del plan de lucha trazado por la multisectorial sindical y social para frenar la quita de derechos laborales y el impacto de los aumentos tarifarios sobre los sectores más vulnerables.
• El protocolo de seguridad en la mira: Referentes de los movimientos denunciaron que el despliegue policial busca “criminalizar la protesta social” en lugar de dar respuestas institucionales a la crisis de empleo y pobreza que afecta a las barriadas.

El bloqueo en el Puente Pueyrredón provocó severos desvíos y demoras kilométricas en las vías alternativas, como el Puente Nicolás Avellaneda y el Puente Victorino de la Plaza. Mientras las agrupaciones evalúan la continuidad de la permanencia en el lugar, las fuerzas de seguridad mantienen la orden estricta de no permitir el despeje hacia la avenida 9 de Julio.

Con el conflicto social escalando en la calle y la presencia de dirigentes de las centrales sindicales acompañando los reclamos, la jornada se perfila como un nuevo punto de inflexión en la relación entre los movimientos populares y el Ministerio de Seguridad.