La Secretaría de Comercio convocó a los supermercados para que ofrezcan descuentos en 20 artículos de consumo básico. Lo difundieron los empresarios como un aporte del sector privado.

A contramano de lo que siempre pregona Javier Milei, y de forma obligada ante los aumentos sin control que se están registrando en los supermercados, el Gobierno tomó la decisión de lanzar una nueva versión de «Precios Cuidados«.

La realidad llevó al Ejecutivo a abandonar su idea de dejar que sólo el propio mercado sea el que regule los precios, y la nueva Secretaría de Comercio impulsó un acuerdo entre el sector privado para ofrecer descuentos en 20 artículos de consumo básico.

La canasta de ofertas a «precios muy convenientes» comenzará este miércoles y estará disponible en todo el país durante dos meses, a partir del acuerdo con la Red de Supers Argentinos, integrada por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (Fasa).

La novedad fue presentada como una contribución «voluntaria y tansitoria» del sector privado en tiempos de nula intervención estatal con controles de precios. Sin embargo, se diagramó a pedido del Gobierno, a partir de una reunión en la Secretaría de Comercio.  

Cómo es el nuevo «Precios Cuidados«

«En esta nueva etapa, sin controles de precios, congelamientos y otras formas de intervención del Estado, los empresarios contribuyen, de manera voluntaria y transitoria, para que el flagelo inflacionario afecte en menor medida a la capacidad adquisitiva de los consumidores», consignó un comunicado firmado por los titulares de CAS, Ricardo Zorzón, y Fasa, Víctor Palpacelli, titulado «Precios diferenciados: un compromiso nacional».

En detalle, se aplicará un descuento del 20% en los precios de 20 productos de la canasta básica, durante 60 días, a partir del miércoles 27 de diciembre. 

La oferta, según informaron, estará integrada por alimentos como azúcar, yerba, fideos, harina, aceite, galletitas saladas, galletitas dulces, huevos, leche, pan, legumbres, puré de tomate, dulce de leche, gaseosas, té y mate cocido. 

También tendrá productos de cuidado personal, como papel higiénico o jabón de tocador, y productos de limpieza para el hogar, como lavandina, rollos de cocina y detergente.

La Red de Súper Argentinos explicó que esta iniciativa fue el resultado de las reuniones llevadas a cabo con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a cargo de Comercio Interior, Fernando Blanco Muiño. 

El Gobierno y los «acuerdos voluntarios«

El Gobierno siempre buscó desmarcarse de los controles de precios, en todas sus versiones, por lo que había decidido no extender «Precios Justos». Sin embargo, ahora debió impulsar una canasta de 20 productos con precios «convenientes».

El anuncio se da también en medio del resurgimiento de la guerra entre supermercados y alimenticias por los fuertes aumentos que se registraron en las últimas semanas. Los super señalan a las marcas productoras más grandes por las subas exorbitantes e incluso la falta de entrega de productos.

«Se terminan los controles. Queremos dar vuelta la página de 17 años de controles de precios. Y habiendo terminado ´Precios Justos´, pero en el difícil escenario actual, les planteamos a ver si ellos podían proponer algo. Apuntamos a tener acuerdos voluntarios, no que sea una imposición», señalaron desde la Secretaría de Comercio.

Como antecedente de esto hay que recordar el acuerdo de precios que se logró días atrás para los cinco cortes populares de carne vacuna entre frigoríficos exportadores y supermercados, también facilitado por el Gobierno. 

Eso comenzó el miércoles pasado y estará vigente hasta el 31 de diciembre, es decir, durante el período de Fiestas. La canasta contempla ofertas para asado, matambre, vacío, tapa de asado y falda.

Fuente: Gestión Sindical

El suministro eléctrico había sido interrumpido por el fuerte temporal que ocurrió el 16 de diciembre y que provocó la muerte de 13 personas, decenas de heridos e importantes daños.

El 90 por ciento de los usuarios de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca recuperó el servicio de energía eléctrica, que había sido interrumpido por el fuerte temporal que ocurrió el 16 de diciembre y que provocó la muerte de 13 personas, decenas de heridos e importantes daños.

Así lo informó la Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES), prestataria del servicio, al señalar que “las obras continúan enfocadas en recuperar los daños más complejos de aquellos casos puntuales donde la red esta extremadamente afectada”.

“La reparación de estas redes requiere una reconstrucción completa para poder darle luz a pequeños grupos de usuarios”, sostuvo la prestataria en el último parte.

Según se indicó, más de 450 personas, movilizadas en 102 cuadrillas, continúan reconstruyendo el sistema, llevando adelante más de 800 obras sobre los más de 2.795 kilómetros de redes, entre tendidos troncales y domiciliarios, que se vieron afectados por la caída de gran cantidad de árboles, techos, ramas y estructuras.

EDES señaló que se colocaron 19 grupos generadores en las últimas 48 horas y este miércoles se instalaran otros 4 equipos más.

“Desde que el temporal golpeó la ciudad se ha resuelto la atención de los usuarios más sensibles, garantizando el suministro a los hospitales y brindando grupos electrógenos a centros asistenciales”, agregó la firma.

El Gobernador buscará aprobar el jueves en la Legislatura un proyecto para crear la “Empresa bonaerense de emergencias en salud” y el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, buscará aprobar el jueves en la Legislatura bonaerense un proyecto para crear la “Empresa bonaerense de emergencias en salud” y el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”, dos sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria que tienen como objetivo profundizar la integración del sistema de salud.

Las iniciativas fueron incluidas dentro de un proyecto enviado el viernes pasado por el Poder Ejecutivo a las cámaras en el que además se busca prorrogar el estado de emergencia vigente en diversas áreas como seguridad, salud y educación, y se solicita autorización de endeudamiento por el equivalente en pesos de US$ 1.800 millones para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo.

Según explicó en declaraciones formuladas a Télam el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se trata de “herramientas claves para profundizar la integración del sistema de salud”.

Kreplak detalló que se proyecta que “ambas iniciativas se constituyan bajo el modelo de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, lo que quiere decir que la provincia tendrá su control”.

Describió que “la Empresa bonaerense de emergencias en salud busca mejorar el sistema de emergencia de toda la provincia mejorando los estándares de calidad y el financiamiento”.

“Sabemos que son grandes problemas que cada distrito y cada localidad tiene. Tenemos el proyecto y sabemos cómo hacer para contribuir a esa solución. Esperemos que nuestros legisladores y legisladoras las puedan convertir en ley para inmediatamente trabajar para concretarlas”, cerró.

En las propuestas, a las que tuvo acceso Télam, se precisa que el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”, en jurisdicción del Ministerio de Salud, tendrá por objeto “realizar la investigación, el desarrollo, la producción, el fasoneo, el fraccionamiento, la transformación, la terminación, la importación y/o la exportación, la compra, la venta y la distribución por mayor y/o menor así como el control de calidad de todo tipo de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, equipamientos, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos sanitarios y cualquier otro insumo necesario para la salud”.

También, se dedicará “al control de calidad fisicoquímico y microbiológico de alimentos y agua, la explotación de patentes de invención, licencias, fórmulas y marcas nacionales o extranjeras, actividades de representación, mandato, comisión y consignación, la importación y exportación, así como toda otra actividad tendiente a fortalecer el desarrollo tecnológico, científico, productivo, de innovación de la propia sociedad, así como del sector público y privado de la provincia de Buenos Aires”.

En la propuesta enviada a la Legislatura se pretende crear la “empresa bonaerense de emergencias en Salud”, en jurisdicción del Ministerio de Salud, con el objeto de “prestar el servicio de emergencias en salud que comprenderá la asistencia sanitaria ante urgencias o emergencias”.

En paralelo, se ocupará de la logística y transporte de usuarios y usuarias del sistema de salud, ya sea traslados pre hospitalarios o bien traslados y derivaciones inter hospitalarios, la logística y transporte de insumos críticos del sistema de salud y residuos patogénicos de establecimientos de salud, y el manejo de un sistema integral de emergencias en salud”.

En la norma enviada a la Legislatura se aclaró que “el Poder Ejecutivo dictará los estatutos societarios de las sociedades creadas con el fin de optimizar el cumplimiento del objeto social” y se indicó que “a tales fines podrá autorizarlas a emitir, en el país o en el extranjero, debentures, obligaciones negociables y otros títulos de deudas en cualquier moneda con o sin garantía real, especial o flotante, convertibles o no, para el cumplimiento de su objeto social”

El peronismo de la Provincia convocó a empresarios, políticos y dirigentes para plantarse al decreto antidemocrático impulsado por el Presidente.

En medio del revuelo social y político por la presentación de un súper DNU por parte del presidente Javier Milei para “desregular la economía”, desde el PJ bonaerense salieron a plantar la bandera del rechazo a las medidas y convocaron a presentar resistencia no solo en el Congreso, sino también en las calles.

Desde la organización que comanda Máximo Kirchner, señalaron que el gobierno de Milei “tiene una serie de desafíos por delante que decidió encarar de la peor forma: de manera inconstitucional, de espaldas al pueblo y a sus representantes en el Congreso, pretende imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que no tiene una sola coma de novedoso”.

“No por casualidad los personajes de la foto son los mismos que llevaron a la Argentina al desastre con los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri”, sentenciaron.

En ese plano, señalaron que el DNU “inconstitucional” del presidente Milei “agrava todos y cada uno de los problemas que dice buscar resolver: la pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo; la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional; la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado”.

“El resultado de la aplicación de estas medidas no va a ser distinto al que tuvo la Argentina cada vez que experimentó este tipo de recetas fracasadas: la destrucción del empleo y el entramado PyME, la pérdida de soberanía sobre nuestro territorio y sus bienes naturales comunes, el quiebre del sistema de protección y cuidado sobre nuestra gente”, aseveraron.

“La sociedad argentina eligió como presidente a Javier Milei y su decisión debe ser respetada en el marco de las reglas democráticas. Pero su mandato es tan legítimo como el del Congreso de la Nación y la plena vigencia de la Constitución Nacional”, subrayaron.

Por eso, desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires rechazaron tanto el decreto como el contenido de estas medidas, las que, aseguraron, vienen a “desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente y la casa común que habitamos para garantizar y hacer crecer la ganancia de un pequeño grupo”.

Finalmente, convocaron a “todos los actores y sectores de nuestra vida política y social, a los partidos políticos, los sindicatos, a los empresarios y representantes de las PyMES, a los movimientos sociales y los bloques en el Congreso de la Nación a rechazar las medidas propuestas por el presidente Milei y trabajar en conjunto, de cara a la sociedad, con la responsabilidad necesaria que el tiempo histórico y nuestro pueblo nos demanda”.

Quiso usar la campaña que tiene como objetivo recaudar fondos que comenzó “Manu” Ginóbili para engañar a personas que aportan a la colecta. Pidió perdón y dijo que se trató de una broma.

Iván Safar, hijo de la concejal de Avanza Libertad Valeria Rodríguez, creó en las últimas horas una cuenta similar a la impulsada por Manu Ginóbili y otras figuras destacadas para ayudar a las víctimas del temporal, pero en su caso para estafar a los bahienses.

La fiscal Marina Lara habló esta mañana en La Brújula 24 respecto de la investigación en torno al accionar del acusado.

“El Ministerio Público Fiscal tiene la potestad y la obligación de actuar de oficio cuando toma conocimiento de hechos que pueden ser tipificados como delito. Por eso, teniendo en cuenta esa normativa legal y que las dependencias policiales hoy están funcionando a medias, de hecho muchas no tienen luz, es que estamos armando causas de oficio”, dijo la profesional. Y agregó que “efectivamente, lo hice, por la noticia que salió en todos los medios masivos de comunicación”.

“Formé la causa y le pedí allanamiento a la jueza de garantías, con el único objetivo de recolectar elementos probatorios que puedan dar sustento a una eventual imputación. Se concedió la orden y se allanaron dos domicilios, incautándose CPU y una PlayStation, porque son dispositivos que tienen acceso a internet”, relató Lara.

Y a modo de análisis, dijo que “imputación todavía no hay ninguna, podría existir una tentativa de estafa, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones muy técnicas”. Y explicó: “Hay que ver si la tentativa fue acabada o no, es decir, si a esta cuestión de querer inducir a error a través de la creación de una cuenta similar, de una cuenta que tuvo trascendencia pública, si le dio publicidad o no”.

«ME FUMÉ UN PORRO Y LO HICE»

Cabe recordar que después de la impresionante difusión mediática que tuvo el caso, Safar dijo que se trató de un “error”, tras haber fumado marihuana con sus amigos. Pero amén de la excusa, en las últimas horas allanaron su domicilio.

El hombre se desvaneció este jueves por la madrugada mientras una gran cantidad de personas se manifestaba en el centro de La Plata. Falleció en el San Martín.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del hombre que fue internado de urgencia tras desmayarse en medio del cacerolazo que reunió a gran cantidad de personas en el centro de La Plata en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente Javier Milei.

El episodio se registró durante la madrugada de este jueves, cuando aún perduraba la movilización en la esquina de 7 y 50. Según informaron fuentes policiales y médicas, la víctima fue identificada como Jorge Antonio Messina, de 72 años.

De acuerdo a lo indicado, el personal del SAME La Plata acudió de inmediato a la escena tras un llamado al sistema de emergencias y lo trasladó al hospital San Martín, debido a que “había entrado en paro”.

Este jueves por la mañana, los voceros confirmaron a este medio que finalmente murió como consecuencia del paro cardíaco sufrido. No obstante, la causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte”, mientras la investigación esté en curso.

ÍMAGINES SENSIBLES

Minutos antes de las 23 del miércoles, varias personas acudieron con sus cacerolas a la icónica esquina de 7 y 50 para hacer oír su repudio frente al “megadecreto” de Milei para desregular la economía.

El descontento también se hizo sentir en otros puntos de la ciudad, con vecinos golpeando cacerolas desde los balcones de los edificios y saliendo a la calle.

Arana y Centenario, en Villa Elisa, fue otro de los lugares donde en principio un grupo de unas 30 personas se acercó para manifestarse pacíficamente, tal como indicaron fuentes policiales a este medio.

LA CADENA NACIONAL DE JAVIER MILEI

El presidente Javier Milei grabó en Casa Rosada la cadena nacional que se emitió este miércoles a las 21, donde presentó su Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para desregularizar la economía. El mandatario estuvo acompañado por todo su gabinete.

Entre las principales iniciativas de este decreto con el que se pretende modificar o derogar más de 300 leyes sin la necesidad de pasar por el Congreso, figuran cambios en el sistema laboral, la simplificación de algunos trámites burocráticos para modernizar el Estado, un plan de achicamiento de gastos públicos y la derogación de la Ley de Alquileres.

El intendente de Pehuajó apuntó contra el decreto del Presidente. Pidió a los Diputados que no lo avalen y advirtió que quién lo haga será un traidor a la Patria.

En cadena nacional, el presidente Javier Milei enumeró los principales artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia que deroga 300 leyes entre ellas la de Alquileres, de Góndolas, Compre Nacional y Abastecimiento. También avanza hacia la privatización de empresas pública, la cesión del paquete accionario de Aerolíneas y la llegada de las SA al fútbol e incluye cambios en la medicina prepaga y las obras sociales.

Desde sus redes sociales, el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, cruzó el anuncio del DNU. “¡Que lindo anuncio de la casta! Estamos en presencia de otro enorme perjuicio al pueblo argentino”, dijo .

Y pidió “¡POR FAVOR Diputados no avalen este avasallamiento! El que avale esto será un traidor a la Patria”.

La Federación Marítima y Fluvial FeSiMaF se reunió con el sector empresario tras la circulación de rumores que indican que el Gobierno de Javier Milei pretende desregular el sector y arrinconar a la Reserva de Cabotaje Nacional. Alertan sobre el peligro que implica para los puestos de trabajo del sector.

El sector empresario de la Marina Mercante Argentina con representantes de la FENA, la CNA y la CARBA respondieron al pedido de reunión de la Federación Marítima y Fluvial FeSiMaF.

El peligro empieza a sonar en forma de rumores que circulan desde el oficialismo. Junto a medidas desregulatorias en actividades productivas, industriales y de servicios, el Gobierno de Milei buscaría eliminar la Reserva de Cabotaje Nacional para buques argentinos o con tratamiento de bandera.

Aseguran que los argumentos circulan en función del «alto costo comparativo de los fletes de cabotaje nacional respecto del que eventualmente cobrarían las flotas extranjeras».

Por el momento no informaron ni consultaron al sector para tomar estas medidas, pero aseguran que si esto fuera confirmado oficialmente «pondrá en grave peligro la continuidad de la Marina Mercante Argentina y consecuentemente, nuestros puestos de trabajo».

Al respecto, todos los gremios mantendrán la unión en todas las negociaciones «en defensa de los puestos de trabajo y planificar las distintas acciones conducentes a alcanzar esos objetivos».

Fuente: infogremiales

La medida se basa en violaciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. La provincia ya había imputado a Rappi por prácticas similares, sancionándola con una multa de $59 millones.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires sancionó a la empresa de delivery “PedidosYa”, que deberá devolver dinero a sus clientes bonaerenses, retirar de sus contratos una cláusula abusiva y pagar una multa de $ 62.400.000, informó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

En un comunicado, se indicó que el Poder Ejecutivo le ordenó a la empresa la devolución del dinero cobrado a usuarios y usuarias bonaerenses en concepto de “tarifa de servicio”, y le informó que deberá suprimir ese costo adicional en sus contratos.

“La Provincia había imputado en marzo a la empresa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, dándole la posibilidad de evitar la multa si retiraba ese extra, aunque la firma decidió no hacerlo“, se explicó.

La compañía, además del gasto por envío, cobra -y continúa cobrando- un cargo extra denominado “tarifa de servicio”, que no se informa con antelación y del que la persona consumidora se entera únicamente en el momento del pago.

Desde Producción se planteó que “se trata de un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias, a costas de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a las y los consumidores y usuarios”.

Se aclaró que en el procedimiento llevado a cabo por la la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, dependiente de la cartera productiva provincial, “se garantizó a PedidosYa su derecho de defensa”, y se planteó que “sin embargo, la empresa se negó a modificar su conducta por lo que, además de la multa, se le ordenó cesar el cobro y suprimir el concepto ‘tarifa de servicio’”.

Así, la Provincia ordenó a PedidosYa que arbitre los mecanismos adecuados para reintegrar a las y los consumidores bonaerenses los montos abonados por este concepto, que no existía hasta fines de 2021 y fue incluido en enero de 2022.

Ese dinero, actualizado a la fecha de hoy, deberá ser devuelto a usuarios y usuarias bonaerenses.

“No es en absoluto una actitud antiempresa, sino al contrario, se le dio a la empresa la posibilidad de corregir esa cláusula, pero decidió no corregirla y por eso llega la multa”, destacó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, Ariel Aguilar. Y agregó: “Si PedidosYa quitaba ese concepto, la multa no llegaba”.

En marzo de este año, la Provincia ya había imputado a las empresas Rappi y PedidosYa por presuntas prácticas abusivas detectadas por autoridades bonaerenses, a partir del cobro de cargos extra en los envíos, con apercibimiento de aplicarles multas por más de 400 millones de pesos, que en ese entonces era el máximo permitido por la ley.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores, la cartera productiva imputó a las empresas Rappi y PedidosYa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

En ese marco, la empresa Rappi fue sancionada en septiembre con una multa de 59 millones de pesos. Además, le fue ordenado retirar la “tarifa de servicio” y devolver a usuarios y usuarios de la Provincia lo cobrado por ese cargo.

En momentos de las imputaciones, se había detectado que las empresas no daban información detallada y precisa respecto de cuál era el motivo o la composición de la “tarifa por servicio” que aplicaban a sus usuarios y usuarias, y que obligaban a pagarlo para finalizar la compra, negando la posibilidad de rechazar el cargo.

De esta forma, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de las empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad, que deben estar a cargo de las respectivas plataformas.

La sanción a PedidosYa es un importante precedente para la defensa de los derechos de los consumidores en la provincia de Buenos Aires.

“El valor de la harina se disparó, hoy una bolsa sale 11 mil pesos y esto no para. El pago es al contado y el precio es hoy”, dijo presidente de la Federación Industrial Panaderil bonaerense.

Raúl Santoandre, presidente de la Federación de la Industrial Panaderil Bonaerense habló sobre el aumentó del pan y también contó cuál es el precio hoy del pan dulce en las panaderias.

“El valor de la harina se disparó, hoy una bolsa sale 11 mil pesos y esto no para. El pago es contado y el precio es hoy”, aseguró

“El pan está desde 1700 a 2 mil pesos. La docena de facturas está en 3 mil pesos y el pan dulce en una panadería 10 mil”. 

“Antiguamente se dejaba un stock para comercializar internamente y abastecer a todos los argentinos, aparentemente ese stock se exportaría a valor internacional, entonces el trigo, ese mismo trigo que se convierte en harina lo quieren comercializar en nuestro país, eso esta ocurriendo hoy, por eso el valor de la harina se disparo”, afirmo el presidente de la Federación Panaderil Bonaerense.

Fuente: Radio Continental.