El análisis de la canasta básica escolar es uno de los temas que siempre están en el candelero en esta época del año. Este año, cobra aún mayor relevancia cuando el incremento de dicha canasta se considera en el marco del proceso inflacionario en curso. El mismo, mostró su pico más algo durante el 2016 y muestra sustanciales señales de replicarse en el corriente año. Por otro lado, la caída del consumo global, afecta contra diferentes comercios PyME, que tienen que cerrar sus puertas, y se potencia el efecto de concentración en los canales de venta minorista.

Un Informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) muestra las variaciones de precios de la canasta básica escolar para el período febrero 2016 – febrero 2017.

Como se puede observar en la tabla que sigue los productos que componen la canasta básica escolar tuvieron incrementos significativamente mayores a la inflación anual para igual periodo. De los 18 productos seleccionados, 11 de ellos (el 61%) presentaron aumentos mayores al 41% de inflación, tomando como referencia el índice de precios al consumidor para la Capital Federal. También puede verse que sólo uno de estos redujo su precio en el periodo que va desde febrero de 2016 a febrero de 2017. Dentro de los productos de la canasta básica escolar algunos productos más que duplicaron sus precios, interanualmente. En efecto, los precios de crayones, marcadores, tijeras y cuadernos aumentaron más del 100%.

Si analizamos la incidencia que tienen algunos de los anteriores productos sobre el costo total de la canasta, se encuentra que la mayor parte del mismo (76%) se explica por el precio de la mochila escolar (que tuvo un incremento interanual del 65%) y del guardapolvo (con un aumento del 90%). Como se sabe, ambos elementos son indispensables para el comienzo de las clases. Agregando la totalidad de los artículos, se consolida el costo total de la canasta básica escolar, que pasó de febrero 2016 de $980,74 a febrero 2017 a $1653,58, lo que representa un incremento interanual del 69%.

Por otro lado, si se analiza el poder de compra del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) – que pasó de $6060 a $8060 – y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) – de $837 a $1103 – respecto a la Canasta Básica Escolar, se registran pérdidas en la capacidad de compra en cantidades. Ocurre que en el periodo febrero 2016 – febrero 2017, la cobertura del SMVyM sobre la Canasta Básica Escolar disminuyó de 6,18 veces a 4,87 veces (es decir, con un SMVyM se pueden comprar 1,3 canastas menos en el 2017, comparado con 2016), mientras que la AUH pasó de 0,85 de cobertura a 0,67.

De este modo la canasta básica escolar para el corriente año se caracteriza por contener incrementos en los precios de los productos que la componen que se ubican marcadamente por encima de la inflación general (tanto la anualizada a la fecha, como la proyectada para los próximos meses). En tanto, como viene sucediendo para la generalidad de los precios de la economía, los aumentos no poseen correlación con las mejoras salariales que se produjeron hasta el momento. En un contexto de inflación cercana al 70% para los útiles, de una actualización insuficiente de los ingresos nominales de los trabajadores, y con un escenario de merma generalizada en las ventas minoristas, el panorama para las librerías y comercios dedicados a la venta de artículos escolares resulta poco alentador.

En un contexto en el que los márgenes de ganancias se incrementan para pocas empresas y los precios aumentan en la medida que hacen caer el poder de compra real de los salarios (en el orden del 22% respecto a la canasta escolar), la reactivación de la discusión paritaria cobra primordial importancia. Si no se implementan aumentos en los salarios que recuperen el poder de compra perdido en el año 2016 por el proceso inflacionario (recordemos que la pérdida salarial en el 2016 dependiendo del sector se dio entre el 10 y 15% en la mayoría de los casos, y para sectores con menor poder de negociación, de un 20%) y cubran los incrementos futuros, no solo la canasta escolar será más cara, sino todos los bienes y servicios de la economía, deteriorando el salario en términos reales.

(por Ignacio Cantala) El 2017 arrancó con mucho ajuste y pocas buenas noticias. En el frente eléctrico la cara del “sinceramiento” es sin lugar a dudas el ministro de energía Juan José “tuerca” Aranguren. Quien en estos días, llevando al borde su vocación pedagógica sobre eficiencia energética, logró eclipsar buena parte de la batería de medidas regulatorias que dispararon desde el ENRE.

El afán blanqueador del nuevo gobierno, no llegó todavía a este Ente autárquico, que con un directorio sin concursar se puso al hombro la libreta de demandas de las principales empresas del sector. En tiempo de descuento, en marzo se realizaría el concurso de cargos para el directorio, los responsables del organismo avanzaron con algunas viejas cuentas pendientes del mercado. El primer objetivo fue alcanzado hace pocos días, con la realización en tiempo record de una Revisión Tarifaria Integral que dio como resultado lo que se esperaba, mucha tarifa para que las empresas distribuidoras del AMBA “hagan caja”. Tan exagerados parecen ser los supuestos del estudio, que algunas fuentes del sector comentan por lo bajo que los responsables políticos del experimento técnico presentado, deberán dar explicaciones, no solamente a los usuarios, sobre los márgenes de rentabilidad garantizados.

Contando entre sus filas con otrora directivos de las empresas reguladas, los funcionarios del Ente fueron por más y reformaron las condiciones para la calidad del servicio establecidas por los contratos de concesión. Es que, producto del desastroso servicio brindado, Edenor y Edesur acumulan millonarias deudas con el Estado por las multas que se niegan a pagar. Para evitarles seguir engrosando sus pasivos, los temerarios servidores públicos bajaron a la mitad, si a la mitad, el valor de los indicadores de calidad. Mientras tanto, el “tuerca” Aranguren exprime su imaginación para mantenerse en la escena mediática.

Pero como todos sabemos, la libreta de demandas nunca es corta, y la ansiedad empresaria puede volverse insoportable hasta para los políticos más experimentados. En su mayoría, con amplia trayectoria en el sector, los funcionarios reguladores saben que una vez iniciada la marcha, sólo resta acelerar.

Hace años se autorizó en la parte norte del área de concesión la realización de un experimento con medidores “de carga automática”. El sistema, bastante simple, consiste en la instalación de un medidor especial con un mecanismo “tipo SUBE”, que habilita el consumo eléctrico en tanto haya una carga registrada. Si no hay carga, no tenés luz. Es decir, si no cobrás o no llegás a fin de mes, vivís a la luz de la vela. Bajo los ojos empresarios, fue una experiencia fantástica, que además “ayuda a los pobres a ser más racionales con el consumo eléctrico”. Bajo los efectos del emprendedurismo pampero, la línea gerencial de Edenor convenció al “chelo” Mindlin de importar medidores al por mayor, que finalmente quedaron arrumbados en un galpón ante la sistemática negativa por parte del entonces ministro planificador.

Pero el sueño de los justos llegó. Casi como quien no quiere la cosa, los funcionarios del Ente publicaron una resolución donde se autoimponen avanzar en las reformas necesarias para habilitar la instalación de este nuevo sistema en toda el área de concesión. Algunas fuentes del sector dicen que el celular del ministro no para de sonar, del otro lado le piden aplazar el concurso un año más… La sinfonía fina llego al sector eléctrico, con la sello de origen de la gestión PRO: mayores ganancias empresarias, desregulacion y peor servicio a los usuarios.

En el día de la fecha, a través de las resolución 183-E/2017 del Ministerio de Comunicaciones, el gobierno de Mauricio Macri autorizó a un nuevo satélite extranjero (el HISPASAT 1D) a brindar servicios en nuestro país.

Esta autorización es un nuevo golpe a las posibilidades de desarrollo de la industria satelital argentina, ya que incrementa la competencia sobre los servicios que pueda brindar Arsat a través de sus satélites, fabricados en Argentina.

Por otra parte, al igual que con las anteriores autorizaciones de la actual gestión, se deslegitima la resolución 3609/99 (Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales) y la Ley de desarrollo satelital 27.208 promulgada en Noviembre de 2015.

El directorio de Arsat, ante estos incumplimientos por parte del organismo regulador, debería reclamar a las autoridades nacionales, en defensa de sus intereses, y apoyados en la legislación vigente en nuestro país. No lo hace, por relaciones familiares, porque el Ministerio es su accionista o por desidia.

En varias entrevistas, en el último tiempo, las actuales autoridades de Arsat, habían dicho que Hispasat sería denunciada por incumplir la regulación. Hispasat tiene una histórica y estrecha relación con los equipos de Telecomunicaciones del PRO. Su representante comercial en Argentina (Eduardo Tallarico) es asesor de Federico Pinedo en el senado y Tesacom, cuyo presidente es José Sánchez Elia (quien perdiera la pulseada para ocupar el cargo de ministro, con el experto en la materia, el radical Aguad), es su principal cliente.

“Así como me tengo que aggiornar a que se abran otros cielos y competir con otros privados, me presenté como empresa y denuncié a Hispasat por competencia desleal. Nosotros advertimos por una serie de pruebas que una empresa sin los landing rights autorizados le está proveyendo servicios satelitales a clientes a los que les fuimos a vender esos servicios (Tesacom es el gran comercializador). Es una presentación ante el Ministerio de Comunicaciones que es la autoridad con competencia exclusiva y originaria.” [1] dijo el Presidente de Arsat a fin de 2016.

Aquella denuncia terminó en la autorización del primero de los satélites de Hispasat y en breve vendrá el resto de los que la empresa española tiene operativos. Por las molestias ocasionadas al amenazar con denunciarlos, en un procedimiento que no cumple con la transparencia que pregona Arsat porque se adjudico por contratación directa, se le encomendó a Tesacom la instalación de antenas para el servicio de internet a escuelas rurales por varios millones de pesos.

Mientras tanto, Arsat 3, espera que las autoridades responsables cumplan lo que el Congreso, a través de la Ley 27.208, encomendó a Arsat.

[1] Nota publicada por José Crettaz el 24/12/16.

(por Ignacio Cantala) La reunificación de las dos CTA cada vez más cerca. La unidad contra el neoliberalismo eje de la confluencia de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Por estas horas en las CTA, la de los Trabajadores conducida por el docente Hugo Yasky y la Autónoma conducida por el estatal Pablo Michelli, la cuestión en torno a la posible reunificación se lleva la atención de todos sus dirigentes.

Durante el 2016 ambas Centrales coincidieron junto a otras organizaciones sindicales en importantes movilizaciones contra el gobierno de Macri, lo que fue configurando un escenario de unidad de acción.

La unidad de las CTA sería un duro golpe al esquema de fractura, cooptación y sometimiento que el gobierno establece con los sindicatos a través de la utilización de recursos, especialmente con el triunvirato de la actual CGT. Manejo de los fondos de las obras sociales, freno a las causas judiciales, son parte central de la relación amigable que l CGT mantiene con Macri a pesar de las declaraciones y comunicados que alertan de la crisis. Todos saben que los hechos valen más que mil declaraciones.

Por su parte, ambas CTA han mantenido un discurso crítico contra la política de ajuste neoliberal del gobierno nacional y se han expresado en diversos oportunidades contra los despidos de trabajadores, la represión, el endeudamiento, etc.

Esta actitud les valió sumar muchos nuevos afiliados, desencantados de algunos gremios que alineados a la CGT mantenían una posición "dialoguista" con el gobierno que despedía a sus compañeros y ajustaba el poder adquisitivo de sus salarios.

Quienes siguen de cerca el mundo gremial afirman que Michelli se encuentra en una posición de debilidad tras la derrota de ATE Capital a finales de 2015 a manos del kirchnerista Daniel “Tano” Catalano. La derrota no solo significó perder en su propia casa, sino sobre todo dejar de contar con los recursos provenientes de una de las filiales más nutridas del país. Por ello, algunos ironizan diciendo que ya “no tiene fierros ni para hacerse la planchita”.

A fin de cuentas, las ironías componen lo anecdótico y la efectiva unidad lo relevante.

Existe otro espacio, al que sólo los medios afines al gobierno le dan entidad de “tercera CTA”. Se trata de la fracción que a comienzos del 2016 se desprendió de la CTA Autónoma por diferencias con Michelli, acusándolo de tomar decisiones inconsultas y ser totalitario. Quien encabeza este sector es el ex secretario adjunto de la CTA Autónoma Ricardo Peidró, aunque su referente y líder es Víctor De Gennaro.

Esta fracción se autodenominó “CTA Perón” y si bien aclaran que el nombre no tiene motivaciones políticas sino catastrales debido a la ubicación de la sede, sus críticos afirman que deberían mudarse a la calle Trotsky. Su inexistencia sería una representación exacta de su peso y volumen en esta coyuntura.

La unidad de la CTA impondrá varios desafíos.

Por un lado, será algo más que una molestia para la práctica colaboracionista del triunvirato "obrero", próximo a caerse de la cornisa del diálogo y el abismo donde se ubicaron.

También, desafía a los sectores más combativos como la Corriente Federal de los Trabajadores, planteando escenarios de unidad y profundización de la agenda nacional y popular. Y por último, pondrá a prueba las aptitudes políticas de un gobierno nacional que se encuentra más cómodo ante una CGT "cordial" y una CTA dividida.

(por Ignacio Cantala) El deterioro de la situación económica, social y laboral en la Provincia de Buenos Aires generado por las políticas de ajuste de Macri y Vidal ha impuesto en la política provincial una nueva institución: la intervención municipal.

La ausencia de signos de mejoría en el panorama general conjugada con la inexperiencia e incapacidad de gestión de los nuevos intendentes de Cambiemos, puso a Vidal en la necesidad de “intervenir” muchos municipios propios.

Quien encarna el rol de interventor es una figura conocida, no tanto por su gestión o su pensamiento sino por haber pertenecido a casi todos los espacios del universo peronista en los últimos años.

Joaquín de la Torre es el actual Ministro de Producción y en los hechos el responsable de comandar los destinos de los distritos más poblados del interior provincial o aquellos con fuertes problemas de gestión. Recientemente retó a los intendentes propios por la incapacidad para proyectar obra pública. Las dificultades en la administración de los recursos se saldan con horas de trabajo fue el mensaje.

Mar del Plata fue su primera misión, cuando Vidal lo convidó a abandonar a Massa y sumarse a su equipo de gobierno. Allí, la sincera torpeza política de Carlos Arroyo, expresando genuinamente una versión tardía y estilo doñarosa del conservadurismo nacionalista, navegó durante todo el año en una marea turbulenta que conducía al municipio directo al naufragio.

De la Torre se instaló tres días de la semana en la ciudad y logró que el barco no se hunda. "Hay que pasar el verano" le dijo a Arroyo, quien poco gustoso escuchaba el parafraseo ucedeista.

Bahía Blanca, Olavarría y Junín son otros de los distritos que reciben permanentes "visitas técnicas" de De la Torre y su equipo.

Ante la inundación producida en San Nicolás, con la gobernadora en Playa del Carmen y el vicegobernador dando un tibio presente que nadie registró, De la Torre fue llamado nuevamente a la tarea.

Aunque cultive el bajo perfil y el alto colesterol, esta semana debió salir a aclarar que la gobernadora quiso volver de sus vacaciones pero sus funcionarios le dijeron que no. Difícil creerlo, excepto porque los mismos funcionarios quisieran ocultar sus falencias. Resulta común cuando la política se ejecuta desde el escritorio que los funcionarios le mientan a sus jefes.

Vidal gusta de recibir intendentes en su despacho, concurrir a actos relámpagos y enviar mensajes por los medios. La realidad de los pesares que aquejan a la provincia la penetran solo cuando su propia magnitud los hacen ineludibles.

La inundación de La Emilia tuvo en sus vacaciones una variable independiente a la estrategia del bloqueo mediático y le generó un altísimo costo político.

De la Torre debió enviar maquinarias y equipo humano de su distrito, San Miguel, para afrontar la situación. Un elemento novedoso de la actual intervención de San Nicolás es la decisión eventual de dejar caer al intendente Passaglia. En el arte de salvar a la reina todos son fusibles.

Por el lado de Nación, la Ministra Stanley envío algunos camiones con ayuda que fueron más útiles para la realización del video que daba cuenta de ello, que para mitigar las necesidades de los inundados. En desarrollo social la línea de la directora de comunicación a su equipo fue "hagamos el video, contemos la historia e impongamos los hechos". Ningún video pudo con los camiones hidrantes que Patricia Bullrich y Ritondo enviaron para reprimir a los vecinos.

Con Marcos Peña repartiendo pauta publicitaria más negocios y con los grandes medios como vehículo, Cambiemos asume a la perfección la noción de la historia como una lucha de interpretaciones, donde los hechos son subsumidos por la versión que de ellos se cuente. Lo hacen además por todas las redes sociales, incluidas las que sólo el micromundo de internautas frecuenta.

Impedir que los hechos sentidos se impongan a la realidad creada, requiere intervenciones territoriales que disminuyan el ruido distorsivo en un año electoral que se avecina complicado para el proyecto de Macri.

De la Torre viene a cumplir esa tarea. Y como las potencias que se disputan la reconstrucción de las ciudades que ellos destruyeron, el ex intendente viaja a cada localidad con todas sus empresas.

Vidal lo respeta. Salvai intenta ordenarlo. Pero ambos le desconfían. No es para menos, De la Torre fue fiel intendente K en 2007, luego impulsor del nunca realizado sciolismo rupturista, posteriormente armador estrella en los albores del Frente Renovador y hoy primera espada del peronismo sistémico en el PRO.

Lo cierto es que tanto dinamismo posicional es fundamento de su rol intervencionista. Su tarea es de corto plazo. Acomodar, contener, recaudar, pero siempre con el objetivo inalterable de permanecer en el sistema político.

Un dirigente del Frente Renovador que pidió reserva afirmó "sus convicciones son del tamaño de la intención de voto de sus circunstanciales jefes". Confirmando este modus operandi donde la imagen pesa mas que las realidades el propio De la Torre admitia en la semana previa a su pase al PRO que "bajó el trabajo, subieron los gastos y la gente esta apretada","la situación (social) está mucho peor, porque el ingreso de los trabajadores ha bajado".

El 11% de intención de voto que posee Massa en Buenos Aires parecen darle la razón a la fuente y explicar su salida anticipada del Frente Renovador.

"Van a correr detrás de Stolbizer" se jactan los hombres de De la Torre. "La ambición de Sergio le restó credibilidad en la gente y para evitar licuarse buscan a quien sacó menos de 4 puntos en la última elección. Que nos digan traidores, pero ellos son patéticos" lanza uno de los hombres más cercanos al ministro.

La guerra fría entre Vidal y Monzó, tiene en la figura de De la Torre un terreno de expresión. Mientras Monzó busca sumar peronistas a Cambiemos, el hombre de San Miguel bajo las órdenes de Vidal, se preocupa por dividir y enfrentar las facciones de peronistas. A Monzó lo acusan de querer sumar y armar para consolidar un equipo de un futuro gobierno massista. Por ahora De La Torre lo enfrenta, aunque si el viento sopla hacia otro rumbo él estará dispuesto a respetar su trayectoria. La del viento, que es la propia.

Por Gabriel Lerner para El Cronista.

En el ideario de la derecha, el endurecimiento penal tienen un lugar destacado; reducir excarcelaciones, bajar la edad de punibilidad o incrementar las penas son parte de su menú. No es casual que sea el actual gobierno –que avala la detención de Milagro Sala y observa con simpatía que genocidas vuelvan a sus casas– el que lanzó –usando con oportunismo un doloroso homicidio– una campaña para convencernos que habrá menos delito ampliando el castigo hacia los pibes pobres y buscando apoyo para bajar la edad a 14 años. Afortunadamente un amplísimo espectro de referentes sociales, académicos y políticos, profesionales y religiosos, de especialistas y trabajadores del mundo de la niñez reaccionamos, rechazando de plano ese planteo represivo.

Desde una posición casi sin adeptos hoy, la Dra. Laura Musa y la Fundación Sur sostienen –ver nota de El Cronista del 13 de enero– que reducir la edad de punibilidad a 14 años es parte de una reforma garantista y democratizadora. Proponen hacer lo mismo que postula Garavano pero le asignan al hecho un curioso e hipotético efecto favorable a los Derechos Humanos. ¿Cómo llegan allí? La Dra. Musa reitera una compartida critica a la ley 22.278 –su origen dictatorial, su colisión con la Convención sobre los Derechos del Niño, su utilización para castigar en nombre de la protección o su empleo para justificar aplicación de penas brutales– para terminar aceptando que con cualquier cambio legal obtendríamos un régimen penal juvenil democrático. Hay allí una trampa: parecería imprescindible reducir la edad penal para salir de la 22.278 e instaurar un marco legal respetuoso de los Derechos Humanos. ¿Es necesario aceptar mayor punición a cambio de mayores garantías? ¿Los que nos expresamos en contra de la baja de la edad de punibilidad –organismos de DDHH, UNICEF o la Iglesia, por ejemplo– no querríamos una legislación respetuosa de derechos? No, de ningún modo. Somos muchos los que aspiramos a una ley penal para adolescentes centrada en la prevención y la especialidad; con un régimen de sanciones socio–educativas limitado, acorde a su madurez; que privilegie las medidas alternativas a la privación de libertad; que impida confundir sanciones con protección. Y con el mismo énfasis, estamos convencidos que la edad mínima debe seguir siendo la de 16 años. Es falso que debamos optar.

Desde la Red ‘Argentina No Baja‘ señalamos que reducir la edad mínima no es eficaz como medida de política criminal, que empeora la situación de los chicos lejos de mejorarla, que contribuye a demonizar a la infancia pobre y que es inconstitucional. Y dijimos que confunde: porque es necesario derogar el régimen de la dictadura, pero ello no hace imprescindible reducir la edad de punibilidad a 14 años. En síntesis: abogamos por un régimen legal penal respetuoso de derechos para adolescentes de 16 y 17 años.

En su artículo la Dra. Musa dice que los que resistimos la regresión antidemocrática somos divulgadores de consignas y que los 16 años de edad penal mínima es un mito de la dictadura. No responderemos con faltas de respeto. Sí haremos un señalamiento que la autora debiera considerar: no existe una sola conquista democrática conseguida en nuestro país –ni para los niños, ni para los adultos– que fuera obtenida cuando sectores democráticos o progresistas admitieron convertirse en furgón de cola de la derecha conservadora. La reforma del régimen penal para adolescentes no será una excepción a esa regla histórica.

Informe del Centro de Economía Política Argentina evidencia que los despidos producidos  en el sector público y la construcción sirvieron como habilitador y propulsor de los despidos en el sector privado. 

En los informes previos -presentados a lo largo de 2016- se indicó que, en términos secuenciales, a los despidos producidos en una primera instancia en el sector público y la construcción (esta última como resultado de la paralización de la obra pública) entre los meses de diciembre 2015 y enero 2016, le siguieron una ola de despidos y suspensiones en el sector privado, particularmente en la industria (acompañando la retracción de la producción), que seguidamente impactó de manera negativa en el sector de servicios.

Durante el mes de agosto ese proceso se conjugó con una nueva ola de despidos del sector público. En septiembre, una reducción en la cantidad de despidos hacía parecer cierta estabilización en la dinámica del empleo. Sin embargo, tanto octubre como noviembre volvieron a mostrar una elevada cantidad de despidos y la continuidad de las suspensiones en la industria, reflejando la profundización de la retracción en la producción de bienes. Finalmente, en diciembre pareciera iniciarse nuevamente el ciclo: son los despidos del sector público los que impulsan la destrucción de puestos de trabajo en el mercado laboral.

En noviembre se produjeron 11.228 despidos y suspensiones, mientras que en diciembre se trató de 9.488 casos. Si bien la cantidad de diciembre resulta levemente menor, se observan 4.435 casos en el sector público y 5.053 del sector privado, muy distinto de lo producido en noviembre, con -769 casos del sector público y 11.997 en el sector privado. En efecto, entre agosto y noviembre la cantidad de incorporaciones en el estado supero al número de despidos registrados.

Cabe indicar que dentro del total de despidos de diciembre, 2.600 casos están vinculados a tutores virtuales de educación, que según lo acordado en el conflicto (que involucró una toma del Ministerio impulsada por trabajadores estatales), tendrían una solución de continuidad en sus puestos de trabajo.

Adicionalmente, en CONICET tuvo lugar un importante conflicto a fines de diciembre, dado por el no ingreso de 508 investigadores a carrera que habían sido evaluados positivamente en distintas instancias internas. Luego de una toma del Ministerio extendida por una semana, se acordó la continuidad laboral por un año de los investigadores, con beca postdoctoral, y la conformación de una mesa de negociación con el Ministerio de Ciencia y Técnica.

Adicionalmente, si se tiene en cuenta que en el sector privado se registraron 1.700 despidos en la empresa petrolífera YPF, y que éstos han sido impulsados por Cambiemos (producto de la baja de 33 equipos de producción), el 65% de los despidos del mes derivaron de las decisiones de la política del gobierno nacional.

Además de los despidos en YPF y en el Ministerio de Educación (3.000 en total de los cuales sólo 2.600 fueron "revisados”), en la amplia mayoría de los Ministerios hubo cesantías, aunque en cantidades menores: Producción, Cancillería, Interior, Modernización, Salud, Cultura, Trabajo, Sec. Gral. De la Presidencia y ENACOM. A esto se suman 70 casos en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, y casos en las municipalidades de Neuquén, Chivilcoy y Trevelín.

Siempre la industria

Se manifiesta, dentro del sector privado, una significativa representación de los despidos de la industria sobre el total de los relevados. En diciembre los 4.110 casos de la industria representan el 89% de los despidos.

Vale indicar que no hubo suspensiones en el mes de diciembre. Los despidos en el sector primario han sido importantes al interior del sector, pero poco significativos en el conjunto. En los servicios y la construcción no hay despidos significativos.

En el total de los despidos y suspensiones, el 84% de los casos de la industria están vinculados a ocho actividades: metalúrgica, textiles, automotriz (con autopartes y neumático), electrónica y electrodomésticos, alimentos y bebidas, petróleo, energético y frigorífico.

Sobre el conjunto de los casos, en el mes de diciembre el 81% de los despidos se han concentrado en cuatro actividades: petróleo, metalúrgica, alimentos y bebidas y electrónica y electrodomésticos.

Honrando el compromiso asumido

Entre mayo y agosto, a pesar de la existencia del compromiso firmado por el Presidente Mauricio Macri y las grandes empresas por 90 días, se puede percibir que el comportamiento empresario fue homogéneo respecto de los despidos y suspensiones durante y después del mismo: siguieron expulsando trabajadores.

Seguidamente, el nuevo acuerdo realizado a fines de noviembre recorre el mismo camino. En el informe de despidos correspondiente al mes de noviembre, se indicó que sólo en la semana posterior al acuerdo se produjeron 511 despidos. Este derrotero continuó durante diciembre, con el dato característico de haber sido impulsados desde el Gobierno.

Resulta sintomático el corrimiento del Ministerio de Trabajo y el mayor protagonismo el Ministerio de Desarrollo Social. Macri vetó la Ley Anti despidos, no concedió la reapertura de paritarias exigida por un amplio arco sindical del sector público y privado, y plantea que los convenios colectivos son vetustos y tienen que ser del siglo XXI, pero acepta sin demasiados cuestionamientos con dos Ministros clave como Stanley y Triaca la emergencia social. Básicamente, porque este esquema de contención es directamente funcional al modelo excluyente en el orden económico, que apunta a la flexibilización laboral.

Finalmente, cabe indicar que Mauricio Macri sostuvo el 17 de enero del presente año "Las estadísticas dicen que hay más empleo". El presidente se refería a la reciente publicación del Ministerio de Trabajo en base a SIPA para octubre de 2016, cuya información muestra un aumento de 40.000 puestos en dicho mes, explicados por un incremento aproximado de 10 mil puestos en el sector público, 10 mil a través de monotributo y 20 mil en el sector privado. El informe del MTEySS da cuenta de resultados netos en cantidad de trabajadores, es decir, no refleja la evolución de los despidos sino la cantidad final de trabajadores a un determinado mes, mientras que el presente informe de CEPA releva despidos y suspensiones producidas. Esto hace que ambos informes resulten sólo parcialmente comparables. Con esta salvedad, vale la pena mencionar las siguientes cuestiones:

Desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2016, el sector público expulsa a aproximadamente 70 mil trabajadores. Sin embargo, esa dinámica se modifica desde abril en adelante, conjugándose despidos en menor cuantía e incorporación de personal, llegándose en la actualidad a superar la cantidad de trabajadores existentes en diciembre de 2015. Es decir, el incremento neto de empleo público que se observa hacia finales de año 2016 no invalida la existencia de despidos durante el ciclo macrista y el efecto disciplinador de los mismos.

De hecho, el informe de CEPA para octubre computa 135 despidos que evidentemente fueron más que compensados con ingresos nuevos de personal. Asimismo, el presente informe (diciembre) menciona una sensible cantidad de despidos en el sector público "compatibles” con esta dinámica, es decir, presumiblemente reemplazados.

Por otro lado, si bien la evolución de la cantidad de monotributistas no presenta un comportamiento uniforme en relación a los trabajadores registrados, resulta llamativo el aumento de estos durante dicho mes y a lo largo de todo el 2016: se observa que entre enero y octubre se produjo un incremento en la cantidad de monotributistas de casi 66 mil personas.

En lo referido al sector privado, se observa que, sin el efecto de estacionalidad, la cantidad de puestos de trabajo nuevos se reduce a sólo 1.583 casos. Se destaca allí mismo el dinamismo del sector agropecuario, explicado por la estacionalidad de puestos particularmente en la provincia de Entre Ríos (que aumentó en el mes más de 5% su plantilla, tal como sucede cada año en octubre y noviembre).

En línea con la dinámica mencionada previamente, la industria se ve afectada nuevamente en el mes de octubre: se computan 3.313 trabajadores netos menos en la industria.

Poder ver el informe completo acá: Informe laboral CEPA – El inicio de un nuevo ciclo – a Dic 2016

La democracia argentina, débil en su constitución ante la dictadura económica y mediática neoliberal. La democracia argentina, débil por una clase política que entrega derechos de millones de argentinos que son la base para iniciar la idea de una patria justa en defensa de sus privilegios y visibilidad mediática. Son parte del paisaje inocultable para los que saben que en el individualismo estará la penitencia.

Hace unos años el Grupo Clarín ponía los trabajadores delante de sus empresas y montaba un show. Hoy los despide, los manda al tacho, los descome. Cablevisión toma 500 millones de dólares de deuda en el exterior. El gobierno aumenta la pauta oficial en 500 millones de pesos y más aún al Grupo. Pero aparte de cobardes los Ceos, suelen ser ingratos. Bien lo sabía Jorge Rafael Videla que murió en un inodoro mientras Héctor Magnetto, a quien parece la justicia nunca llegará y principal beneficiario de la dictadura, vuelve a hacerse del control de la Argentina.

Lo cierto es que la Argentina está hoy bajo el pulgar de una secta. Son unos pocos patrones sentados en la mesa a la que invitan a comer de sus migajas a muchos integrantes privilegiados de las clases políticas y sindicales que se sientan pero de rodillas. Lejos, una mayoría popular que empieza a comprender que estar de pie es el comienzo para volver a caminar hacia una patria justa, libre y soberana.

La secta sacrifica al pueblo. Lo ofrece en los altares de la timba financiera internacional esperando la lluvia. De dólares. De endeudamiento. Más preocupados por cuidar los intereses de quienes cobrarán por lo “prestado” que los intereses de las mayorías ciudadanas. Populares. Palermo Chico es una Argentina chica.

Y con aires de creerse más que el resto brotan las palabras sobradoras nacidas del desprecio. Vas a tener que descomer para pagar los regalos del gobierno a mineras y petroleras. Luz, gas, lo que se te ocurra. Precios internacionales que pagar, salarios nacionales por cobrar. Si tenés trabajo.

Transformar nuestro país en una maquila asiática. Bajos salarios, explotación y si no te gusta palos, balas, desocupación y esperar la caridad de un sol para los chicos en canal 13. Transformarte a vos en un peregrino diario que no deje de pensar en los telegramas  de despido para que sepas que siempre puede ser peor. Y así vivir la vida. Resignación por miedo a que todavía puede ser peor. Eso termino siendo la revolución de la alegría.

La denostación de lo colectivo por cuestiones individuales es el ejercicio preferido de quienes gobiernan y te informan. Ante este reduccionismo el pensamiento chatarra hace pata ancha en vastos sectores que se creen educados. A tragar sin culpa.

Intensificar el despliegue territorial, recorrer centímetro a centímetro todos los ámbitos de desarrollo, sumar a un concepto de patria y no a una organización en particular como acción principal. Extender la mano al que la extiende y dejarla extendida al que pronto lo hará. Ponerle el cuerpo a aquello que comprobamos es posible y nos decían que era imposible. La certeza de ir por aquellos que nos buscan convencer de la eterna imposibilidad. Ir por lo que falta. Profundizar, corregir y avanzar.

Como sociedad estamos comprobando que cambiar por cambiar es la alegría de unos pocos que hacen del odio bandera y de las decisiones de gobierno, puñal artero.

Como militantes también sabemos que estar por estar es lo mismo que nada. A buscar. Que quedarse quietitos parece ser seguro. Solo parece. Hacer de la costumbre y el posibilismo no está, no estuvo, ni estará en la agenda de lo que nos conduce al futuro. Hay un pueblo que espera. Día a día iremos transformando la realidad asumiendo que debemos ser mejores. Trascender nuestros miedos, que lo bueno fue bueno y puede ser mejor.  Que si nos los proponemos este amor no es un sueño. Que nuestra patria tiene un solo dueño y es su pueblo.

(Por CEPA) El Gobierno Nacional decidió reemplazar a Melconian por González Fraga al frente del Banco Nación. Más allá de ligeros matices en la mirada económica, ambos economistas reflejan un rumbo común en materia económica.

La mirada económica. El recambio en la dirección del Banco Nación implicó la salida de un economista

amante del ajuste ortodoxo, quien había sido mencionado por el propio Menem como su candidato a

Ministro de Economía en un eventual nuevo gobierno, y que sostenía a principios de noviembre de 2015

y en plena campaña electoral “…Y ahora no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las

jubilaciones arriba de esto…”.

Su reemplazante no se aleja demasiado de ese lugar. Cuando se refirió a la política del gobierno kirchnerista indicó “le hizo creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”, además de cuestionar a los pobres actuales inquiriendo “a mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres".

Los deberes a favor del establishment. En 1984, cuando era jefe del Departamento de Deuda Externa del

BCRA, fue Melconian quien sepultó las investigaciones sobre fraudes de grupos económicos con los

seguros de cambio, mecanismo por el cual se estatiza la deuda pública.

Tal como menciona Maximiliano Montenegro en Pagina 12, en agosto de 1984, se crea el cuerpo de

inspectores de la deuda externa dentro de la órbita del BCRA. Esta área pone a la luz las maniobras

realizadas por las mayores empresas de la Argentina (multinacionales como IBM, Esso, Kodak, Renault y

Cargill, y de la oligarquía diversificada como Pérez Companc, Bridas, Macri y Aluar) consistentes en

autopréstamos, falsos créditos y otras maniobras por 6000 millones de dólares. Entre las empresas

figuraba SIDECO y SOCMA del Grupo Macri. Melconian fue quien elevó el informe al Directorio del BCRA,

a contramano de los indicado por los auditores, con la propuesta de cerrar los cuestionamientos a las

compañías. Finalmente, las deudas fueron consideradas legitimas e incluidas en la deuda pública

argentina.

El caso de González Fraga es similar. Como cuenta Verbitzky, en cuanto González Fraga se hizo cargo del

BCRA, “disolvió su Centro de Estudios Penales, creado por el penalista David Baigún, entre cuyas

finalidades estaba la realización de investigaciones empíricas sobre los delitos financieros [y] la

sincronización de las tareas de prevención delictiva”.

Los negocios primero. Ya en épocas más recientes, Melconian no se privó de demandar al país ante el

juez Griesa, como titular de u$ 772.268 en bonos. El esfuerzo del conjunto de los argentinos para atender

dichas obligaciones no fue un impedimento para el hoy ex Presidente del Banco Nación.

Por su parte, tal como indicó oportunamente el diario Miradas al Sur, “antes de asumir en el BCRA,

González Fraga había sido representante y lobbista del inversor saudita Gaith Pharaon, dueño del Banco

de Crédito y Comercio Internacional (Bcci) que fue el epicentro de un escándalo financiero a escala

planetaria cuando se comprobó que sus principales inversiones provenían del tráfico de armas y

estupefacientes”. González Fraga, utilizando la consultora Alpha, que “vendió” a su socio para asumir en

el Banco Central, autorizó que el Bcci instalara una sucursal en nuestro país y construyera el Hotel Hyatt

a través de la empresa presidida por Gaith Pharaon, que sólo invirtió 11 millones de dólares, porque el

resto (27 millones) se saldaron con títulos de deuda pública argentina que el Bcci compró al 20 por ciento

del valor reconocido por el Banco Central.

Los parecidos mencionados dan cuenta de una coherencia, al fin y al cabo, característica de la ortodoxia

económica, que no solo comparte fuertes premisas teóricas sino además tiene un historial común de

beneficios al poder económico., cada vez que tuvo la oportunidad.

Centro de Economía Política Argentina.