La información figura en un reporte del BCRA a la causa que investiga el préstamo del FMI al gobierno de Macri. Las operaciones fueron legales. Quiénes figuran en el informe.

El vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, transfirió a una cuenta en Estados Unidos 650 mil dólares el 12 de agosto de 2019, el día siguiente a las PASO en las que el candidato de Juntos por el Cambio, el entonces presidente Mauricio Macri, perdió por 16 puntos frente al postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

La operación –que fue perfectamente legal, puesto que el gobierno de Macri así lo permitía– fue realizada a través del Standard Chartered Bank (SCB), un banco con sede en Inglaterra y filial en la Argentina.

“Todas las transferencias por mí realizadas fueron originadas desde cuentas en bancos argentinos, autorizadas por el Banco Central, con dinero debidamente declarado”, explicó Rosenkrantz, ante la consulta de Tiempo.

El dato sobre Rosenkrantz es apenas uno de los muchos que figuran en un informe que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le envió, a regañadientes, a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien junto con el fiscal Franco Picardi llevan adelante la investigación por la deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Macri. Esa causa, impulsada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a instancias del presidente Alberto Fernández, tiene entre sus objetivos determinar si el dinero del préstamo se fugó de la Argentina.

Pese a que la jueza dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario para avanzar en la investigación, el BCRA venía demorando ese informe hasta que finalmente lo aportó al expediente la semana pasada. No obstante, hasta el viernes los investigadores no habían podido acceder de manera completa al voluminoso informe por un problema de compatibilidades de programas informáticos.

Rosenkrantz es solo uno de los muchos nombres vinculados directa o indirectamente con el Poder Judicial que aparecen con operaciones registradas en el BCRA de transferencia de dólares al exterior, todas legales y declaradas. Están también Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro y asesor judicial de Macri; el procurador general bonaerense Julio Conte Grand; su ahijado Esteban Conte Grand, exasesor del exministro de Justicia Germán Garavano; el ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los fiscales Ricardo Sáenz y Carlos Rívolo, y el juez Pablo Gallegos Fedriani.

Casi todos ellos explicaron, ante la consulta de Tiempo, que las operaciones son legales, que todo está declarado ante la Afip, que pagaron los impuestos correspondientes y que eso nada tiene que ver con fuga de divisas.

En el caso de Rosenkrantz no solo aparece la transferencia el día después de las PASO. El informe del BCRA (que tienen cientos de nombres de personajes públicos) muestra que el expresidente de la Corte también recibió pagos en dólares durante el proceso en que se aprestaba a asumir en el máximo tribunal, primero por un decreto de Macri y finalmente mediante el proceso que establece la Constitución Nacional.

El 12 de agosto de 2016, diez días antes de jurar como juez, Rosenkrantz recibió 68.622 dólares de Anheuser Busch Inbev, la empresa belga que es la mayor fabricante mundial de cerveza, desde una cuenta en Gran Bretaña; el 12 de abril, 77.160 de Chambre de Commerce, la cámara de comercio de Francia; el 16 de mayo, 40.015 desde una cuenta en Panamá. Hay otros ingresos, cuyas fechas y orígenes están aún sujetos a chequeo.

“Se corresponden a servicios profesionales realizados y legalmente facturados con anterioridad a mi asunción como juez de la Corte Suprema, y fueron debidamente declarados en su oportunidad”, indicó el magistrado.

Rosenkrantz integró un prestigioso estudio de abogados que trabajaba con varias de las principales empresas transnacionales, aquí y en el exterior. Fue designado juez de la Corte por decreto el 15 de diciembre de 2015 pero una semana después, el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decretó la inconstitucionalidad de ese nombramiento. Entonces su pliego recorrió el camino tradicional y el 15 de junio recibió el acuerdo del Senado. Podía haber jurado al día siguiente (de hecho, Horacio Rosatti, en su misma situación, asumió el 29 de junio), pero por una nunca bien explicada razón postergó más de dos meses su llegada a la Corte.

El procurador bonaerense Julio Conte Grand aparece en los registros en una transferencia importante con base en una cuenta en Estados Unidos. Pero consultados sus allegados por Tiempo, explicaron que esa operación no solo no sacó dinero al exterior sino que lo que hizo fue ingresar dólares a la Argentina el 26 de abril de 2019. “Es dinero declarado que ingresó para una operación inmobiliaria. No sacó dinero al exterior; lo trajo”.

Esteban Conte Grand, su ahijado y hasta marzo de 2017 jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, aparece en una transferencia de 332 mil dólares a una cuenta en Estados Unidos el 17 de octubre de 2019, a través del SCB.  Los mismos allegados aclararon que para ese entonces ya no era funcionario y tampoco lo es actualmente, y que “esa transferencia fue de origen legal y está declarada”.

Ricardo Gil Lavedra aparece en una transferencia de 400 mil dólares a Uruguay el 27 de agosto de 2019.

Consultado por Tiempo, señaló: “Tengo desde hace mucho cuenta en Uruguay y dos departamentos. Me imagino que quieren hacer aparecer un tema de fuga. No es, en absoluto, mi caso”.

“Todos mis movimientos están declarados ante la Afip y no recuerdo que haya habido algo en la fecha del acuerdo con el FMI. Tengo que chequear, pero no hice nada en esa época. (La operación) figura un año después y la plata estaba en la cuenta antes del convenio”.

Gil Lavedra, candidato a presidente del Colegio Público de Abogados por una lista opositora a la actual conducción, resaltó: “Todos los años traigo dinero, repatriándolo. Todos los años. Si buscan a quienes fugaron, no soy yo. La eventual fuga del préstamo fue en 2018”.

El fiscal federal Carlos Rívolo figura en el reporte en una transferencia al exterior por 77 mil dólares el 15 de octubre de 2019, también a través del SCB. Ante la consulta de Tiempo, indicó: “Es dinero ahorrado que salió por el Banco Ciudad a mi cuenta afuera y allí permanece. Declarada acá y allá, y pagados los impuestos”.

Su colega Ricardo Sáenz, fiscal ante la Cámara del Crimen porteña desde hace casi 30 años, aparece mencionado en un giro por 200.400 dólares a una mujer cuya identidad este diario mantendrá en reserva. Tiempo intentó contactar al funcionario a través de WhatsApp, pero Sáenz clavó el visto y no respondió.

Con respecto a Bernardo Saravia Frías y del camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Gallegos Fedriani, quienes también aparecen en el reporte con importantes transferencias al exterior, Tiempo no pudo tomar contacto con ellos, razón por la cual los detalles de las operaciones permanecerán por ahora en reserva.

FUENTE: Tiempo Argentino

El ministro del interior fue al programa que conduce Jorge Rial. Al finalizar dejó el título más esperanzador para los argentinos.

El Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dialogó con el periodista Lautaro Maislin en C5N y sostuvo: “El Frente está unido, va a estar unido, las discusiones están para ser mejores, vamos a resolver cada uno de los problemas que nos dejó @mauriciomacri y vamos a ganar en el 2023”.

El funcionario del Gobierno fue optimista y con solidez manifestó que las diferencias dentro de la alianza oficialista son para “ser mejores”. Esperanzado expresó que su fuerza triunfará nuevamente en las elecciones de 2023.

En su programa de radio, la negra imitó a la conductora de televisión y reflexionó sobre pedantería.

Elizabeth Vernaci chicaneó a Viviana Canosa en su programa de radio en fm Pop e imitó a la polémica conductora que vive indignada y denunciando a todos y todas.

“Voy a poner a mis abogados a mandar cartas documento, todo lo que digan de mí, voy a mandar carta documento, me cansé, yo puedo decir lo que quiera, lo que se me ocurra porque soy limpia, porque me lavo la cachucha, porque me la depilo, porque soy una persona de bien, pero cualquiera que se atreva conmigo, ojo papu, forrx, pelotudx, ojo conmigo, porque yo soy libre, no como ustedes y esta que tengo acá también es libre, como el cuando amanece es libre”, expresó Vernaci con el tono de voz de la conductora Macrista.

“Siempre tenés que tener tu abogado en el panel, me olvide la parte yo soy más que todo el resto, porque para poder putear a todos desde una torre”, dijo la locutora entre risas, le responderá Canosa?…

Lo hará en el marco de la causa que lleva adelante el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi. El juez de Avellaneda deberá expedirese “acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano”, dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.

La ronda de declaraciones testimoniales en la causa que investiga espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo seguirá este próximo lunes con la citación al juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien podría pedir postergar el trámite como ya lo hizo Mariano Macri, el hermano del expresidente Mauricio Macri.

Por otro lado, en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi preparan cuestionarios de preguntas para enviar a otros dos de los testigos que fueron convocados, el diputado Diego Santilli y la interventora de la AFI Cristina Caamaño, quienes por sus cargos hicieron uso de su derecho a declarar por escrito, informaron fuentes judiciales.

En cuanto a Mariano Macri, el magistrado reprogramará la audiencia luego que el hermano del exPresidente pidió postergarla por razones de salud.

Carzoglio está convocado para el lunes al trámite que se haría a través de la plataforma Zoom, pero según fuentes del caso podría pedir postergación.

El juez de Avellaneda estuvo suspendido y está en la actualidad de licencia y fue convocado para que “se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano“, dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.

Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo, cuando estaba a cargo del juzgado de Avellaneda.

Martínez De Giorgi ordenó las citaciones para declarar bajo juramento de verdad, entre otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación que pasó del fuero federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación.

En la causa estuvieron procesados los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exjerárquicos del organismo y exagentes.

Pero cuando el caso llegó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal “cuentapropista” de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, Majdalani.

Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito.

La exfuncionaria quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como “Súper Mario Bros” por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.

El magistrado dispuso las nuevas medidas y, entre ellas, pidió con carácter de “muy urgente” informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de “un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente” entre ese organismo y la AFI “a través de un enlace dedicado o mecanismo similar”.

La interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.

Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe “si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación”, entre otros puntos.

A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los “números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros” entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.

Después de 10 años el programa se despide en abril. No lo mira nadie

Intratables llega a su fin después de haber estado 10 años en pantalla. El programa fue uno de los ciclos que más ruido hizo en América TV.

Alejandro Fantino había dejado la conducción de “Animales Sueltos” en el 2019 por el bajo rating, y después condujo “Fantino a la tarde” que tampoco no funcionó bien

El periodista Pablo Montagna confirmó que el próximo viernes 29 de abril llegará a su fin el programa que comenzó con la conducción de Santiago Del Moro, siguió con Fabián Doman y Paulo Vilouta, pero no pudo resistir al desembarco de Alejandro Fantino al frente del programa.

De todos modos, el comunicador vinculado al macrismo tendrá su revancha con el regreso de Animales Sueltos, el programa preferido para las operaciones de Juntos por el Cambio (Cambiemos en ese momento) de la provincia de Buenos Aires.

En principio, la gran mayoría de los panelistas de Intratables serán ubicados en otros programas del canal, a los que concurrirían en forma rotativa, según se informó en las últimas horas.

Por ahora, salvo Nacho Ortelli, ninguno de los panelistas de Intratables iría a Animales Sueltos, debido a que se comenta en los pasillos de América TV que Fantino los responsabiliza del fracaso del programa.

Este viernes se confirmó que el organismo de crédito internacional, aprobó los términos del acuerdo alcanzado con el Gobierno argentino.

Este viernes, el board del directorio del Fondo Monetario Internacional, aprobó el acuerdo alcanzado con nuestro país, y que fue votado por el Congreso nacional la semana pasada. En este marco, el presidente Alberto Fernández publicó un mensaje en las redes sociales en donde recuerda que la deuda fue tomada por la gestión de Mauricio Macri. 

“En 2018 el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados de Juntos por el Cambio tomó la mayor deuda de la historia con el FMI y la cargó en las espaldas de generaciones de argentinas y argentinos”, comienza el texto de su posteo que fue acompañado con un video. 

“Lo hizo después de haberse endeudado con acreedores privados por una suma que superaba los 100 mil millones de dólares.”

“Con la excusa de levantar ese pasivo, tomó la deuda con el FMI, pero en realidad la mayor parte de esa nueva deuda terminó derivándose a la fuga de capitales”

“Con los dólares recibidos no quedaron reservas, no se construyeron hospitales, escuelas, puentes o rutas. Todo se esfumó en manos de especuladores y con la pasividad del gobierno de entonces”.

“Al asumir la Presidencia de la Nación, ambas deudas amenazaban la economía argentina. La deuda con los acreedores privados la reestructuramos. La deuda con el FMI hoy acordamos refinanciarla. Nosotros no tomamos ninguna de esas deudas”.

“Pagar sin un acuerdo era imposible. Solo este año debíamos afrontar pagos por 19.000 millones de dólares. No pagar nos conducía a un default que irremediablemente paralizaría el crecimiento de la economía argentina”

“Después de dos años de negociaciones, alcanzamos un acuerdo con el FMI que, tras aprobarse en el Congreso Nacional, hoy fue aprobado por el directorio de aquel organismo“

“Los compromisos que asumimos con el pueblo argentino nos garantizan seguir creciendo, aumentando la inversión en obra pública, creando empleo formal, promoviendo la inversión social, educativa y en ciencia y tecnología“.

El mandatario volvió a aclarar que “Este acuerdo no quita derechos. No propicia reformas laborales ni jubilatorias. Tampoco dispone reformas estructurales en el Estado”

“En un contexto global de incertidumbre derivado de la pandemia y de conflictos bélicos, logramos este acuerdo que nos permite visualizar un horizonte de crecimiento. La comunidad internacional nos ha acompañado”, señaló Fernández, con imágenes que registran el apoyo de distintos líderes mundiales.

“Logramos este acuerdo, por primera vez en la historia, con la aprobación del Congreso y con apoyo de trabajadores, empresarios, organizaciones sociales y gobernadores de nuestra Patria”, concluyó. 

Organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron la actitud de Nelly Morales, quien compartió y suscribió el posteo de una funcionaria de su gestión que niega la existencia de 30 mil desaparecidos y califica a los juicios contra el terrorismo de Estado como “actos de venganza”. 

Organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron y pidieron la renuncia de la jefa comunal de la localidad cordobesa de Los Aromos, Nelly Morales (PRO), quien realizó una publicación en redes sociales negando el terrorismo de Estado, al conmemorarse ayer el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Este 24 de marzo, la funcionaria del sector de Salud Animal de la comuna, Marité Colautti, publicó en su cuenta de Facebook: “Semana de la memoria: No son 30.000. Son 6.415. No fue un genocidio, fue una guerra. No eran jóvenes idealistas, eran terroristas. No es Negacionismo. Ocultar a las víctimas del terrorismo sí lo es. No es Justicia, son juicios de venganza. Nunca más terroristas de ERP y Montoneros”.

La intendenta Morales reaccionó a la publicación, a través de la misma red social, y escribió: “Marité nada más ni nada menos!!! Así es”.

 Distintas organizaciones sociales y de derechos humanos del departamento cordobés de Santa María repudiaron esa expresión y reclamaron la renuncia de la funcionaria.

“Este tipo de expresiones solo desnudan la negación e incomprensión de lo determinado por la Justicia Federal, que ha condenado a los principales responsables del genocidio y lo reclamado por la inmensa mayoría de la sociedad que a unísono exclama ¡Nunca más!”, expresó la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de ese valle de Paravachasca

Además solicitó que a las funcionarias se les “inicien las acciones político administrativas pertinentes al caso”.

También desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba repudiaron las expresiones: “Creemos que el negacionismo es un hecho condenable y que las provocaciones de este tipo no pueden tener lugar en un día tan importante y doloroso para nuestro país y para nuestra provincia”, indicaron en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, el bloque de legisladores provinciales del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) anunció la presentación de un proyecto para “repudiar enérgicamente las publicaciones” de ambas funcionarias por “apología del genocidio y del terrorismo de Estado y exaltan la figura de Jorge Rafael Videla”.

Mientras el Jefe de Gobierno viaja por el mundo, los médicos y enfermeros paralizaron los hospitales públicos.

La Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM) y la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE) convocaron a un paro de actividades en los hospitales porteños y se manifestarán en reclamo de “aumentos salariales por encima de la pauta inflacionaria, mejoras en las condiciones laborales y reconocimiento profesional”. Mientras, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viaja por Europa.

“Se cumplen dos años de ser declarada la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Desde ese momento, todo el mundo se encerró, excepto los médicos y médicas, y todo el equipo de salud que estuvo al pie del cañón en todos los hospitales”, resaltó Jorge Gilardi, presidente de la AMM a través de un comunicado.

Con la consinga “Nos llaman esenciales, nos tratan como descartables”, médicos y enfermeros reclaman por mejores salarios y condiciones laborales.

“No hubo un reconocimiento al equipo de salud. Es momento de que se les brinde a los médicos lo que se merecen. En este momento, nos ofrecen una paritaria que consideramos insuficiente. Pedimos que se supere la pauta inflacionaria, porque el sueldo de los médicos está retrasado”, aseguraron.

Un nuevo reclamo golpea las puertas de la prestataria del servicio eléctrico Edesur, una de las más deficientes de la provincia.

Un nuevo reclamo golpea las puertas de una de las prestatarias del servicio eléctrico más deficiente de la provincia. Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense denunciaron a Edesur por no respetar la Ley de Clubes que establece el beneficio de la tarifa cero para las asociaciones civiles.

El pedido del organismo que conduce Guido Lorenzino se originó con la queja hecha por el Club Defensores de Banfield, entre otras asociaciones que accedieron a la Ley de Clubes y recibieron una intimación de Edesur de pagar el servicio eléctrico bajo amenaza de la suspensión de la prestación.

“Hoy las asociaciones civiles de primer grado están amparadas por la ley debido a la emergencia sanitaria por la pandemia, que las benefició con la Tarifa Cero para todos los servicios públicos. Que Edesur las amenace con cortarles la luz es otro atropello de la empresa que es necesario frenar”, sostuvo Lorenzino.

En su reclamo, la Defensoría le pidió tanto a Edesur como al resto de las prestatarias que operan en la provincia que cumplan con la Ley de Clubes vigente que establece la Tarifa Cero, y que se abstengan a interrumpir el servicio a estas entidades, como así también realizar intimaciones o suspensiones.

“Las asociaciones civiles tienen un papel importantísimo en materia de inclusión, convivencia y contención social, lo que quedó en evidencia en estos años que llevamos de pandemia. El Estado debe protegerlas y evitar que sucedan situaciones como éstas, más cuando hay una ley que las ampara”, puntualizó Lorenzino.

Este pedido de la Defensoría se sumó a las reiteradas quejas del organismo contra Edesur, que incluye la solicitud de la inmediata rescisión de la concesión de la empresa debido a las fallas en la adecuada prestación del suministro eléctrico y la falta de concreción de los planes de obras que la empresa se comprometió a realizar.

Edesur, que pertenece a Enel, una empresa estatal italiana que produce y distribuye energía eléctrica y gas con presencia en varios centros urbanos sudamericanos, distribuye energía a cerca de 2,5 millones de clientes, llegando a más de 2 millones de hogares y abasteciendo a comercios y a grandes empresas. Pese a su cuantiosa recaudación sigue cosechando reclamos por los pésimos servicios prestados.

Por último, la Defensoría solicitó que las asociaciones civiles que vean vulnerados los derechos establecidos en la Ley de Clubes por parte de Edesur que se comuniquen al organismo, ya sea por WhatsApp (+54 221 358-1323), a la línea gratuita 0800-222-5262, por la web defensorba.org.ar o mediante las redes sociales.

De qué trata la Ley de Clubes que niega Edesur  

La Ley de Clubes sancionada en septiembre de 2020 declaró de interés público a las asociaciones civiles de bajos recursos -a las que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, jardines comunitarios- y a las mutuales de organizaciones de comunidades migrantes.

Desde ese momento, las asociaciones civiles pudieron acceder a beneficios tales como tarifa cero en el servicio público de agua, gas, electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto (mientras dure la emergencia sanitaria provincial).

Además, la Ley de Clubes contemplará la prórroga de plazos para presentar la documentación anual; exención del Impuesto Inmobiliario; condonación de deudas documentales; asesoramiento técnico gratuito; la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles de las asociaciones de primer grado; y la eliminación de los gas

“No se puede desaprovechar una oportunidad de generación de empleo”, sostuvieron.

Los 50 sindicatos nucleados en la CGT Regional Mar el Plata expresaron un contundente apoyo al proyecto de exploración de petróleo en la costa bonaerense, al considerar “la implicancia que tiene en términos de generación de empleo y que tanto la actividad pesquera como la turística no se verán amenazadas por esta explotación”.

La central obrera tomó la postura en un plenario en el que participaron funcionarios del gobierno nacional quienes brindaron información detallada del proyecto. En la primera etapa, se realizará la explotación para ver el caudal de reservas de petróleo y gas offshore.

“Sostenemos que Mar del Plata no puede desaprovechar esta magnífica oportunidad de generación de empleo, de dinamización de la economía y de sacar a miles de marplatenses y batanenses de la pobreza”, aseguraron. Y agregaron que “numerosas experiencias nacionales e internacionales demuestran la profunda transformación y el crecimiento de aquellos lugares vinculados a la explotación petrolera”.

De cara al impacto en el plano laboral que puede tener el proyecto, la CGT destacó el valor de “tener trabajo y que sea de calidad” y consideró que “la posibilidad de que las nuevas generaciones tengan un proyecto de vida en su ciudad de origen, es un derecho del que hasta ahora muchos conciudadanos se ven privados”.

En este sentido, se puso en relieve el compromiso de la Secretaría de Energía en garantizar que las distintas normativas en materia de la explotación offshore “prioricen y promuevan el empleo para las personas radicadas en la ciudad, así como la capacitación específica que se requiera en relación a este proyecto”.