El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal ya recibió ocho amparos judiciales contra el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación de la economía impulsado por el presidente.

El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal ya recibió ocho amparos judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía impulsado por el presidente Javier Milei, con pedidos de suspensión hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma.

Uno de los amparos dados a conocer este martes fue el de Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien calificó al documento como “inconstitucional” y resaltó la importancia de “no innovar”, una medida que impediría que le decreto sea aplicable hasta una resolución de la Justicia.

“El DNU es inconstitucional, nulo e inaplicable. Se juega la continuidad del Poder Legislativo dentro de la división de poderes. No me meto en el fondo. Algunas cosas que están ahí las comparto como la derogación de la ley de alquileres, que pelee para que no saliera, pero no comparto el mecanismo”, dijo en declaraciones a la prensa.

DNU de Milei: exigen una medida de “no innovar”

Otra de ellas fue la radicada por Andrés Gil Domínguez, quien presentó una “acción declarativa de inconstitucionalidad” contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2’023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.

“Vengo a solicitar en los términos previstos por el artículo 195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y los artículos 13 y 15 de ley 26.854 el dictado de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se suspendan los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa”, reclamó Gil Domínguez.

El primer amparo, en tanto, fue el radicado la semana pasada por la “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad”. En la denuncia, el juez Esteban Furnari reconoció a la acción como un amparo. Además, también ingresó una acción de amparo de la “Asociación Civil por un Hogar en Argentina”.

ATE denunciará penalmente a Javier Milei y a otros funcionarios por el DNU

Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que denunciará penalmente al presidente Javier Milei por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impulsa el Gobierno.

“Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al Presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU”, publicó el sindicalista en su cuenta de la red social X.

El anuncio llega después de que Aguier ratificara que esa organización gremial se movilizará mañana en el marco de una nueva Jornada Nacional de Lucha, para repudiar la disposición oficial de “despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional“.

Las promociones bancarias y la “noche del Juguete” evitaron una caída mayor.

Las ventas de juguetes para navidad cayeron un 6 por ciento según la Cámara Argentina del sector, aunque las compras de último momento atenuaron el impacto de la restricción presupuestaria que afrontan las familias, ya que hasta fines de la semana pasada la caída era del 10%.

La Cámara Argentina del Juguete informó que 7 de cada 10 regalos de Papá Noel son juguetes y en este año, “con restricciones presupuestarias en las familias, se decidió privilegiar a los niños y niñas, reduciendo otros gastos de la nochebuena”. Según el informe esto se debe a que los juguetes aumentaron menos que otros productos.

Aún así hubo caída, que se atenuó en los últimos tres días producto de llamadas “compras de último momento” y de las promociones bancarias. ​​​” A partir del jueves, con la Noche de las Jugueterías se empezó a verificar una mayor afluencia de consumidores a los comercios de barrio y cadenas de jugueterías”, informó la Cámara.

Los artículos más económicos son los que se vendieron en mayor volumen y en base a observaciones del comportamiento del consumidor en locales, ​​se compraron artículos para que sean compartidos entre hermanos como los arcos y pelotas de fútbol o juegos de mesa.

“Salvo los productos de aire libre como pelotas, inflables, globos de agua, lanza aguas, andadores, juegos para la arena y didácticos para primera infancia, todas las categorías han presentado retrocesos”, indicó la Cámara.

El ticket promedio en jugueterías de barrio fue de $7000 por juguete, mientras que en cadenas de jugueterías, ascendió a $18000.

En la actualidad, no hay un juguete que se destaque sino que son muchos tipos de categorías que se demandan. Esto es bueno para el gremio ya que permite una venta más homogénea y no se concentran los pedidos en uno o dos productos únicamente. Existe mucha competencia hacia el interior del sector.

Los principales artículos con licencia de una compañía internacional son los de “Avengers”, “Peppa Pig”, “Merlina”, “La Granja de Zenón”, “Sofía” y los de siempre como “Princesas”, “Frozen” y “Mickey Mouse”.

La decisión se informó por el Boletín Oficial. También se revisará la situación de los trabajadores que están desde antes y se buscará el congelamiento de los sueldos de los empleados públicos.

En el marco de su plan de ajuste y achicamiento del Estado, el presidente Javier Milei firmó otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, en este caso, ordenará no renovar los contratos de aquellos empleados públicos que hayan ingresado a partir de enero de este año y revisar la situación de todos aquellos que estén desde antes de esa fecha.

El Poder Ejecutivo estableció estas medidas por medio de los decretos 84/2023 y 77/2023, publicados en la edición de este martes del Boletín Oficial con las firmas del presidente, Javier Milei, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La primera norma, referida a las contrataciones de personal, sostiene en su primer artículo que las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1° de enero de 2023 en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156, no serán renovadas.

En este punto, se exceptúan las derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; el personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación; y el personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.

En tanto, las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° del Anexo de la Ley 25.164 (que regula el Empleo Público) y del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017, cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1° de enero de 2023, no podrán ser renovadas por un periodo mayor de 90 días corridos.

Además, se solicita a las autoridades de cada área un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 y, en el caso de que decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación.

Al mismo tiempo, se instruye a los titulares de las jurisdicciones a que informen a la Jefatura de Gabinete sobre la implementación de estas medidas.

El Decreto 1109/17 establece el régimen de contratación de personas humanas, para la prestación de servicios profesionales autónomos que sean necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales y establece que dichos contratos no podrán superar los 12 meses, siempre que no exceda el período presupuestario en curso.

ADEMÁS: Por la inflación, el Banco Central evalúa emitir billetes de $20.000 y $50.000
En los considerandos del Decreto 84 se recuerda, por otra parte, la modificación de la Ley de Ministerios que obliga a revisar todas aquellas contrataciones y la presente medida se condice con aquellos objetivos y a los fines de lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública, argumenta la norma.

En tanto, el Decreto 77 prorroga la vigencia del Decreto 426/22 hasta el 31 de marzo de 2024, por el cual se establecieron restricciones a las designaciones de personal en las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional.

Las restricciones son las comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y dicha norma tenía vigencia hasta el 31 de diciembre próximo.

El artículo 8º de esa norma establece que las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.

También se incluyen a las Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Además se incluye a Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

También están comprendidos en la norma los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

El controvertido DNU de Javier Milei propone un regreso a la década del ’90 y abre las puertas para la privatización, una vez más, de los trenes y otras empresas estatales clave.

Trabajadores ferroviarios y pasajeros se manifestaron este viernes en el hall central de la estación de trenes de Constitución en rechazo a los planes privatizadores del presidente Javier Milei.

Reunidos en el hall los trabajadores comenzaron a cantar que “los trenes no se venden” y poco a poco de les fueron sumando los pasajeros de la Línea Roca.

Entre los más de 300 artículos que componen el controvertido DNU que dio a conocer el presidente Javier Milei el miércoles pasado, se abren as puertas a la privatización de los ferrocarriles.

Milei dispuso la derogación del régimen de sociedades del Estado y de la normativa que impide la privatización de empresas públicas.

En virtud de ello, trabajadores de Trenes Argentinos se manifestaron en una de las estaciones cabecera de la Línea Roca. “No se venden, los trenes no se venden, los trenes no se venden”, se escuchó durante varios minutos esta tarde.

En el DNU publicado por Milei, además de la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y del régimen de sociedades del Estado, también se menciona la “transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización”.

“El gobierno israelí utiliza la inanición de civiles como método de guerra en la Franja de Gaza ocupada, lo que constituye un crimen de guerra”, denunció en un informe la ong con sede en Nueva York.

Internacional Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno israelí de someter intencionadamente a la población civil de Gaza a una hambruna como parte de su ofensiva en el asediado territorio palestino, a lo que Israel le respondió a la organización no gubernamental acusándola de “antisemita y antiisraelí”.

“El gobierno israelí utiliza la inanición de civiles como método de guerra en la Franja de Gaza ocupada, lo que constituye un crimen de guerra”, denunció en un informe la ong con sede en Nueva York.

“Las fuerzas israelíes bloquean deliberadamente el suministro de agua, alimentos y combustible, al tiempo que impiden intencionadamente la ayuda humanitaria, arrasando aparentemente zonas agrícolas y privando a la población civil de objetos indispensables para su supervivencia”, añadió.

El ministerio de Salud de la Franja de Gaza afirmó que más de 18.800 personas, en su mayoría mujeres y menores de 18 años, han muerto por la ofensiva de Israel.

Tras meses de intensos bombardeos y combates, la mayor parte de la población de la Franja de Gaza se ha visto desplazada y sufre la escasez de alimentos, agua, combustible y medicinas.

Israel aprobó el viernes la entrega “temporal” de ayuda a través de su paso fronterizo de Kerem Shalom. Un primer convoy entró ayer, indicó un funcionario de la Media Luna Roja egipcia bajo condición de anonimato.

Un estudio sacó a la luz que la primer semana de gobierno del presidente impactó en su imágen positiva. “Las medidas de Milei han sido realmente impopulares”, advierten.

A una semana de la asunción de Javier Milei aparecen las primeras encuestas que midieron el impacto en la opinión pública de las primeras medidas del equipo económico de La Libertad Avanza que encabeza el ministro de Economía, Luis Caputo.

En ese sentido, Paola Zuban, Directora de Zuban Córdoba, reveló que “Milei tiene poco menos del 50% de imagen positiva”, e informó que “de ese universo que a él lo vota en segunda vuelta ha perdido unos puntos en estos primeros 7 días de gobierno“, y apuntó contra la dirección economía del presidente. “Las medidas de Milei han sido realmente impopulares”, alertó.

En contrapartida, señaló que “un porcentaje muy alto de la ciudadanía está dispuesta a esperar a Milei por lo menos tres meses. Un núcleo duro de sus votantes lo esperaría los cuatro años”, aunque en el mismo tono advirtió que “los apoyos políticos son muy volátiles”.

A su vez, detalló que “Milei ha logrado un núcleo duro de entre un 17% y 22% que está muy dogmatizado por su discurso”.

Cabe indicar, que el 21 de enero de 2016, Zuban, Córdoba & Asociados analizó el primer mes de presidencia de Alberto Fernández, donde detalló que en ese momento casi el 60% de los argentinos encuestados aprobaba la gestión del Frente de Todos, y un 22,7% indicó que la situación en el país “mejoró mucho”. Dos datos que Milei ve de muy atrás y describen el impacto inicial del duro paquete de ajuste de Caputo.

Así lo aseguró la ministra de Capital Humano de Javier Milei. Además, anunció otras medidas en dirección a castigar a los beneficiarios de planes sociales que salgan a protestar contra el ajuste.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificó este lunes la decisión del Gobierno de Javier Milei de quitarle los planes sociales a quienes participen de cortes de calles y movilizaciones. “Perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”, dijo.

“Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra“, repitió Pettovello en un mensaje difundido en las redes sociales de su Ministerio.

La ministra también anunció que el Gobierno comenzará “a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales”, por lo que que se iniciará “un proceso para la eliminación de la intermediación” y que se eliminarán los “certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales”.

“Por otra parte queremos darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esa razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales” a los manifestantes, explicó.

En su breve anuncio, Pettovello también se refirió a la movilización que el próximo miércoles realizarán en Plaza de Mayo las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) como respuesta a “los anuncios” de la semana pasada del ministro de Economía, Luis Caputo.

“Si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”, sostuvo. “Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado a una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”, señaló.

Para la ministra, la “preocupación” del Gobierno son “las madres que concurren con sus hijos a las marchas, es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones”.

Cientos de manifestantes se congregaron este viernes en la noche en Tel Aviv para protestar por la muerte de tres rehenes de Israel que fueron abatidos “por error” por las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) en Gaza.

Fuera del Museo de Arte de la ciudad, en la que se conoce como la “plaza de los rehenes”, los manifestantes portaron pancartas y velas antes de marchar hacia una base militar para pedir al gobierno israelí que negocie un acuerdo para la liberación del resto de personas que permanecen secuestradas por Hamás.

“Tráiganlos a casa” era el mensaje escrito en las pancartas con las imágenes de los rehenes que fueron capturados hace ya 70 días.

Sin embargo, las autoridades israelíes afirman que la presión militar es la única forma de traerlos de vuelta a casa.

El incidente, calificado de “trágico” por el ejército israelí, añade presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu.

“Profundo remordimiento”

Yotam Haim, de 28 años, Samer Talalka, de 22, y Alon Shamriz, de 26, fueron abatidos por las tropas israelíes al ser identificados erróneamente como una “amenaza” durante la ofensiva terrestre de las FDI en el norte de Gaza.

Según informaron las FDI, uno de sus soldados vio a los rehenes salir de un edificio sin camisas, sosteniendo un palo con una tela blanca.

El soldado se sintió amenazado y abrió fuego, declarando que los hombres eran terroristas. Dos rehenes murieron inmediatamente. Otro resultó herido y volvió corriendo al interior del edificio.

El teniente coronel Richard Hecht, portavoz de las fuerzas israelíes, le dijo a la BBC que lo ocurrió “fue contra las reglas de enfrentamiento de las FDI”.

En declaraciones al programa Newshour, Hecht afirmó que están investigando en profundidad lo que pasó, pero descartó castigar a los soldados que abrieron fuego.

Según Frank Gardner, corresponsal de Seguridad de la BBC que se encuentra en Jerusalén, se trata de un “trágico error” que cuestiona “los controvertidos esfuerzos del gobierno israelí por recuperar con vida a sus rehenes”.

Fuente: con información de la BBC y DW

Se trata de Eduardo Roust, quien había sido designado para tener contacto con periodistas. Su nombramiento aún no había sido formalizado.

El subsecretario de Comunicación del gobierno de Javier Milei, Eduardo Roust, encargado del contacto con periodistas, anunció que dejará la función para la que había sido convocado, tan sólo seis días después de iniciada la nueva administración.

Según detalló, la decisión obedece a “motivos personales” y habló de la exigencia de una “velocidad informativa sin precedentes”. En tanto, el consultor, que había empezado a ejercer las tareas del cargo el 10 de diciembre, nunca había sido nombrado formalmente.

“Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido. El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco “inhumano” y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida”, dijo. Y deslizó que en su opinión, la labor de los periodistas es “grandiosa”.

Con despacho en la planta baja de la Casa Rosada, el consultor formó parte del equipo que lidera la secretaria de Comunicación, Belén Stettler, y que está integrado también por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Con una larga trayectoria en el sector, durante la campaña de este año Roust había aconsejado durante sus respectivas carreras proselitistas al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, cuando estaban vigentes sus intenciones de ser candidato a Presidente, y antes al entonces gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que tenía la misma ambición.

El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación,  Clément Nyaletsossi Voule, manifestó su preocupación por la iniciativa del gobierno de Javier Milei que “criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza”.

El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación,  Clément Nyaletsossi Voule, manifestó su preocupación por la iniciativa del gobierno de Javier Milei que “criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza”. “Sigo de cerca la situación”, advirtió.

La noticia del nuevo protocolo “antipiquetes” de Patricia Bullrich cruzó las fronteras argentinas. Las Naciones Unidas ya conocen de la disposición de la ministra de Seguridad: el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación manifestó su preocupación por la iniciativa este sábado en Twitter.

“Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”. Así se expresó el relator Clément Nyaletsossi Voule al compartir el texto que busca regular la protesta social y que tuvo amplias críticas por la idea de querer cercenar libertades consagradas en la Constitución.

“Las autoridades deben garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica. Sigo de cerca la situación en Argentina”, añadió el jurista nacido en Togo sobre la iniciativa. En su segundo tuit arrobó a la cuenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).