Además, el presidente la firma minera Exar destacó que empresas de EEUU, Australia, Canadá e Inglaterra “están invirtiendo hoy en el desarrollo de del litio”,
Más de 50% de las inversiones en materia de minería en el país es de capitales chinos, en particular en el mercado del litio, para el cual es tambien el principal destino de las exportaciones del mineral considerado clave para la electromovilidad, con el 40% de los embarques, por sobre Japón, Corea y Estados Unidos.
Así lo destacó el presidente de la minera Exar, Franco Mignacco, empresa cuyo accionista principal en el proyecto Cauchari-Olaroz es la firma china Ganfeng Lithium, y que tiene otros dos proyectos en desarrollo en Salta.
“Hoy China ha realizado más de 50% de las inversiones en materia minera en el país, así que Argentina tiene un vínculo con el mundo, no solamente con China, sino también empresas americanas, australianas, canadienses, inglesas, que están invirtiendo hoy en el desarrollo de del litio”, expresó Mignacco.
Exar comenzó a producir y exportar litio hace cuatro meses en Jujuy y el 80% de su producción la destina al mercado chino “porque es parte de los acuerdos previos en el momento de conseguir el financiamiento”, precisó el directivo.
Buena parte del esquema de desarrollo del litio en los próximos años es “vender ese producto a las terminales y a las plantas de producción de baterías que se encuentran en China, que a su vez tienen contratos con compañías internacionales como BMW, Volkswagen, LG, Samsung, que son grandes multinacionales”.
“Es algo complejo poder prescindir de estas relaciones comerciales y más para Argentina porque parte del financiamiento que hoy tenemos en lo que es materia de reservas es el swap chino. También China es uno de los grandes aportantes del Fondo Monetario Internacional. Y lo mismo con países como Brasil, que son los principales socios comerciales de Argentina”, reseñó.
“Por eso creo que el mundo está bastante integrado y globalizado, es decir no hay que prescindir de relaciones con ninguno de los países”, enfatizó.
En la actualidad, compañías líderes como Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Hanaq Group, Tsingshan Holding Group, Zangge Mining Group Ltd., son controlantes o tienen participación accionaria en numerosos proyectos mineros en estados avanzados de desarrollo.
De los 12 proyectos que actualmente cuentan con capitales chinos en el país, 7 son de litio, lo que manifiesta el interés por este mineral, 2 de oro-plata, 1 de plata-cobre-plomo, 1 de cobre-oro y 1 de hierro.
“El litio, tanto como el gas, la economía del conocimiento, la agroindustria, el turismo, son parte de los pilares que van a poder transformar la necesidad de divisas que necesita el país para este año”, continuó Mignacco.
Agregó que “esta eclosión en las exportaciones son las que se necesitan para cubrir todas las deudas comercial, financieras y con organismos internacionales que tiene el país y fortalecer la las reservas del Banco Central”.
El Ministerio de Transporte dispuso la gratuidad del transporte público para la segunda vuelta de las elecciones nacionales.
El transporte público será gratuito este domingo, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, para facilitar el traslado de los ciudadanos en trenes y colectivos y garantizar la mayor concurrencia a los comicios.
Así lo dispuso el Ministerio de Transporte a través de la resolución 610/2023, que estableció la gratuidad para todo el transporte de jurisdicción nacional y la posibilidad a las provincias de que adhieran con los servicios jurisdiccionales.
El Gobierno nacional financiará el servicio y distribuirá las compensaciones económicas en base de datos estadísticos disponibles a partir del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y, en el caso de que no hayan implementado aún el sistema SUBE, será complementada con la información disponible.
“El domingo vamos a tener una de las elecciones más importantes de las últimas décadas, donde se define el futuro del país. En ese contexto, pensamos que la democracia sólo es posible si todas las personas tienen las mismas posibilidades para ir a las urnas, por eso decidimos que todo el transporte de jurisdicción nacional sea gratuito durante el transcurso de los comicios”, afirmó el ministro de Transporte, Diego Giuliano.
Y agregó: “Es el aporte que podemos hacer desde el Ministerio de Transporte de la Nación para garantizar el derecho al voto e invitamos a cada provincia a hacer lo mismo, para que las y los argentinos tengan la posibilidad de expresar su voluntad, sin importar la distancia que los separa de la escuela que les tocó. Nuestro objetivo es que nadie se preocupe por tener que pagar un boleto a la hora de votar”.
En aquella lluviosa jornada del 17 de noviembre de 1972, su llegada significó un triunfo para la lucha de dos generaciones de militantes peronistas que marcharon a Ezeiza o lo vieron por televisión.
El general Juan Domingo Perón volvía hace 51 años a la Argentina después de un largo destierro de 17 años, iniciado en 1955 tras su derrocamiento como Presidente constitucional del país, y el retorno del líder del justicialismo fue el resultado de un amplio proceso de movilización política y social.
La llegada del hombre que fundó el movimiento de masas que cambio la vida política del país en el siglo XX significó un triunfo para la lucha de dos generaciones de militantes peronistas que en aquella lluviosa jornada del 17 de noviembre de 1972 vieron la concreción de un largo anhelo.
Ese era el sentimiento que imperaba en millones de argentinos que marcharon a Ezeiza o vieron por televisión cuando Perón descendió del avión de la empresa Alitalia que lo trajo desde Roma al país.
La dictadura militar que entonces lideraba Juan Carlos Onganía comenzó a ver cómo hacía agua su proyecto político de un régimen autoritario a largo plazo
La imagen del viejo caudillo, saludando desde la pista al pie de la escalera del avión, mientras el dirigente metalúrgico José Ignacio Rucci lo cubría de la lluvia con un paraguas, ilustró para la posteridad ese día que comenzó a gestarse mucho tiempo antes.
Un largo camino de regreso
En 1964, Perón había intentado volver a la Argentina desde España, pero al realizar una escala en Brasil, fue detenido y enviado de regreso a Madrid por expreso pedido del Gobierno de Arturo Umberto Illia.
Las presiones del poder militar y los temores del gobierno frustraron ese retorno de Perón, que iba a volver a la patria en un avión negro, como sostenía una extendida creencia popular.
Pero tras el estallido social del “Cordobazo” en mayo de 1969, el contexto social se modificó sensiblemente en la Argentina.
La dictadura militar que entonces lideraba Juan Carlos Onganía comenzó a ver cómo hacía agua su proyecto político de un régimen autoritario a largo plazo, que gobernaría a una sociedad pacificada desde los cuarteles.
En noviembre, Perón, que residía desde hacía años en Madrid, decidió volver a la Argentina y lo hizo con una nutrida comitiva de más de 100 personalidades de la política y la cultura
A esa rebelión en Córdoba se le sucedieron otras luchas populares, huelgas y movilizaciones, mientras se gestaban las organizaciones guerrilleras de ERP, FAR y Montoneros, entre otras agrupaciones.
Onganía, que se pensaba como un presidente que gobernaría por veinte años debió dejar el poder en julio de 1970, derrocado por los mismos militares que entendieron que necesitaban negociar una salida política ante un clima de creciente malestar social.
Foto: Archivo.
Tras el efímero mandato del general Marcelo Levingston, otro general y jefe del Ejército, Alejandro Agustín Lanusse, decidió asumir la presidencia y convocó al Gran Acuerdo Nacional (GAN), una estrategia para llamar a elecciones sin proscripciones, normalizar las instituciones y dejar sin sustento a las organizaciones guerrilleras.
La entrega del cadáver de Eva Perón que los militares habían ocultado por años y sepultado de forma clandestina en un cementerio de Italia, fue otro de los gestos de distensión que el régimen quiso trasmitirle a esa convulsionada y movilizada sociedad.
La comitiva que acompañó a Perón permaneció largas horas en el hotel internacional de Ezeiza, en lo que se asemejó a una detención que tensó la situación
Arturo Mor Roig, ministro de Interior de Lanusse, diseñó una estrategia política para dificultar el ascenso del peronismo al poder. Las personas que no se encontraban con residencia fija en el país al 25 de agosto de 1972 no podrían presentarse como candidatos a las elecciones.
La vuelta al país
En noviembre, Perón, que residía desde hacía años en Madrid, decidió volver a la Argentina y lo hizo con una nutrida comitiva de más de 100 personalidades de la política y la cultura que partieron desde Roma
Además, se estableció la segunda vuelta electoral, en la creencia de que el peronismo no alcanzaría más del 50% de los votos.
El 27 de julio, Lanusse mostró su costado más desafiante hacia la figura de Perón: “No me corran más a mí, ni voy a admitir que corran más a ningún argentino, diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan porque no quiere, pero en mi fuero íntimo diré porque no le da el cuero para venir”.
Tres días antes del plazo impuesto por el gobierno para que Perón pudiera volver y presentarse como candidato, 19 militantes políticos eran asesinados en la base Pedro Almirante Zar de Trelew por efectivos en un hecho que perturbó el clima de transición ordenada que pretendía transmitir el gobierno.
Ante una salida electoral no exenta de dificultades, Montoneros decidió ampliar su base de sustentación social con la creación de agrupaciones de superficie como la Juventud Peronista y sus distintas vertientes que se movilizaron al calor de una consigna que se volvió en un emblema: “Luche y Vuelve”.
En noviembre, Perón, que residía desde hace años en Madrid, decidió volver a la Argentina y lo hizo con una nutrida comitiva de más de 100 personalidades de la política y la cultura que partieron desde Roma, Italia.
En declaraciones a la prensa antes de partir desde Roma, Perón pedía “calma y tranquilidad” y elogiaba a la “juventud maravillosa” que había enarbolado las banderas del movimiento.
El 16 de noviembre a las 20.25, la hora en la cual se informó el deceso de Evita, el general embarcó en Roma con destino a la patria que lo había visto caer en septiembre de 1955.
Numerosas columnas de militantes se movilizaron hasta Ezeiza bajo la fuerte lluvia, en medio de un fuerte operativo de seguridad, mientras la CGT declaraba “un día no laborable”.
Foto: Archivo.
Pasadas las 11 de la mañana, Perón llegaba a Argentina. En la pista Rucci lo protegía de la lluvia con un paraguas y, junto al general, se dejaba ver Juan Abal Medina, hermano de Fernando, fundador de Montoneros que había muerto dos años antes un enfrentamiento en la localidad William Morris.
La comitiva que acompañó a Perón permaneció largas horas en el hotel internacional de Ezeiza, en lo que se asemejó a una detención que tensó la situación.
El camino a las urnas
A la madrugada del 18, Perón dejó Ezeiza y se trasladó a una quinta de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, que se convirtió en un lugar de peregrinación de dirigentes políticos y militantes que ansiaban entrevistarse con el general o al menos verlo saludar desde uno de los balcones de la vivienda.
Su estadía en Argentina se extendió hasta el 14 de diciembre y, en medio de todos los encuentros que tuvo se encontró con el líder radical Ricardo Balbín, con quien se dio un histórico abrazo en la puerta de Gaspar Campos.
Un día antes de partir, le comunicó a Abal Medina que Héctor Cámpora sería el candidato a presidente del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), con el cual el peronismo competiría en los comicios del año siguiente.
Tras una estancia en Paraguay, viajó a Perú y luego retornó a Madrid. Tras unas declaraciones que el gobierno de Lanusse consideró “injuriosas”, se le prohibió nuevamente el regreso hasta después de las elecciones, lo que significó un breve segundo exilio.
El 11 de marzo de 1973, Cámpora se impuso con más del 49% de los votos, y ante la contundencia del resultado, Lanusse decidió que no era conveniente convocar a una segunda vuelta electoral.
Perón retornó definitivamente a la Argentina el 20 de junio de 1973, en una jornada luctuosa y plagada de enfrentamientos a sangre y fuego entre distintos sectores del peronismo.
De acuerdo a lo trascendido, los agresores pintaron con color rojo la cara de la estatua de la ex primera dama ubicado en la rotonda de las avenidas Güemes, Belgrano y Mujeres Argentinas.
En las últimas horas, se viralizó un hecho vandálico contra el monumento de Eva Perón emplazado en Avellaneda. Según trascendió en las redes sociales, los agresores pintaron con color rojo la cara de la estatua de la ex primera dama, que se encuentra en la rotonda de las avenidas Güemes, Belgrano y Mujeres Argentinas.
Todo esto se da en el marco de las elecciones a presidente, que tienen como protagonistas a Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza), quienes competirán en el balotaje de este domingo por llegar a la Casa Rosada.
Otra vez el odio y la intolerancia
El monumento a Evita fue vandalizado en el Paseo Mujeres Argentinas. Los sectores que alientan la misoginia y la violencia no se impondrán.
En este sentido, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferrarasi, describió el hecho como “otra vez el odio y la intolerancia” al monumento a Evita. “Los sectores que alientan la misoginia y la violencia no se impondrán. El domingo vamos a votar por la unidad y el reencuentro nacional”, agregó el jefe municipal.
Así se pronunció el candidato a presidente por Unión por la Patria, en una conferencia llevada a cabo en el Hotel Alvear de Recoleta ante empresarios del país.
El candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo presente este jueves en una conferencia llevada a cabo en el Hotel Alvear de Recoleta, ante empresarios, donde afirmó que “si los argentinos y Dios” le dan “la responsabilidad de gobernar, el 10 de diciembre empieza una etapa nueva” en el país.
En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda destacó que “el primer gran cambio que Argentina debe recorrer es la construcción de un acuerdo de unidad nacional con la definición de 10 políticas de Estado que nos den previsibilidad a largo plazo”.
En su último día de campaña, el funcionario destacó que “los 40 años de democracia nos fueron moldeando y enseñando cuáles son los errores que debemos corregir y los valores a construir”. Por esta razón, hizo una especial apreciación sobre dos públicos para los cuales construirá políticas de forma específica: las mujeres y los jubilados.
“Yo no quiero vivir en un país donde esté legalizada la libre portación de armas, me preocupan las mujeres que son víctimas de violencia de género”, indicó Massa en alusión a las propuestas del libertario Javier Milei, al mismo tiempo que señaló la incorporación de un futuro “seguro de caución para alquileres”, a fin de que las mujeres puedan salir de las casas donde sus derechos son violentados.
En relación a los jubilados, el ministro señaló: “Cuando escucho que la propuesta es la vuelta de las AFJP, yo pienso en el jubilado que va a perder el subsidio en los medicamentos”. En este sentido, detalló que “un jubilado que cobra por AFJP en Argentina recibe entre 5 y 20 mil pesos por mes” y, por eso, indicó que le preocupa que los jubilados “sepan esto, que elijan, pero teniendo toda la información”.
Seguidamente y en términos estrictamente económicos, Massa expuso los ejes de su plan económico para su eventual gobierno ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, criticó al gobierno de Mauricio Macri por la deuda que tomó en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que sirvió para la fuga de capitales y pidió a todos los partidos políticos alcanzar un acuerdo en el Congreso para limitar la toma de deuda nacional solamente a objetivos de infraestructura intergeneracionales.
“Es fundamental definir acuerdos alrededor del endeudamiento. Argentina no puede seguir tomando deuda que es compromiso intergeneracional para financiar gasto corriente. Debe haber un acuerdo sancionado y registrado en el Congreso que establezca que no nos puede pasar mas que tomamos deuda para financiar fuga de capitales o financiamiento de gasto corriente”, sostuvo.
El organismo que agrupa a los titulares de las universidades públicas nacionales volvió a manifestarse en contra del arancelamiento de la educación superior.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó su defensa de la educación pública, a seis días de concretarse el balotaje presidencial que postula a dos proyectos de país, antagónicos e irreconciliables entre sí. En señal de una posición tomada, de apoyo a la propuesta estatista, los rectores de más de medio centenar de casas de estudios nacionales sostuvieron que el sistema universitario debe financiarse “con más becas y no con ‘vouchers’”.
Así lo reflejaron en un documento publicado este martes, en el que los titulares de las universidades reafirmaron su inclinaciónpor un modelo de educación pública “como política de Estado”.
“Las universidades públicas queremos una Argentina con más educación pública de calidad, sin aranceles que expulsen a estudiantes ni políticas educativas mercantilistas que piensen en la educación como un bien transable, que condene al país a una mayor desigualdad y exclusión de amplios sectores sociales”, indica el CIN en uno de los apartados del comunicado.
Además, el texto agrega: “Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas. Es con más científicas y científicos investigando, y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente”.
Ocurrió como consecuencia de una serie de desperfectos técnicos que desencadenaron una tragedia en la que murieron sus 44 tripulantes. El destrato del macrismo a los familiares de los fallecidos.
El submarino ARA San Juan (S-42) se hundía hace cinco años, un 15 de noviembre de 2017, en las profundidades del Atlántico sur. En la actualidad se siguen varias causas judiciales por este hecho ocurrido durante el Gobierno de Mauricio Macri, y además un Consejo de Guerra estableció sanciones disciplinarias para los mandos superiores de la Armada con responsabilidades en ese siniestro.
El sumergible fue construido a principios de la década de 1980 en el astillero alemán Thyssen Nordseewerke y contaba con 65 metros de eslora (el largo del buque), un diámetro de casco resistente de siete metros y era propulsado por cuatro motores diésel MTU 16 V de 6720 HP.
El San Juan tuvo una reparación de media vida que se extendió entre 2007 y 2014 en el complejo Tandanor, tarea que incluyó más de 600 trabajos, entre ellos el replacado de las 960 baterías y el reemplazo de sus cuatro motores.
En 2016, el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña informó al Congreso que el submarino “estaba operativo” en la base de Mar del Plata.
El funcionario fue advertido por legisladores sobre la necesidad de llevar el submarino hacia “dique seco” para efectuarle reparaciones, pero no contestó sobre ese requerimiento.
Informaciones periodísticas consignaron semanas después de la tragedia que se había reportado en el submarino un problema con el snorkel (la válvula de acceso de aire), que originó el ingreso de agua a la nave.
El 8 de noviembre de 2017, la nave había partido desde la base naval de Ushuaia en una misión de patrullaje por el litoral marítimo argentino, y se sabe que un día antes de su desaparición reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en su sala de máquinas, que resultó subsanado por la tripulación.
“Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado”, comunicó el comandante del ARA San Juan, el capitán de fragata Pedro Martínez Fernández, a la 7.30 del 15 de noviembre de 2017.
Por la noche del día 16, los medios de comunicación informaron que las autoridades habían perdido contacto con el submarino, cuando la nave se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge.
Horas más tarde, el Ministerio de Defensa a cargo de Oscar Aguad reconoció el extravío de la nave, y activó el protocolo SAR para la búsqueda y rescate de embarcaciones.
El Gobierno de Macri solicitó ayuda internacional y navíos de Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Perú, Uruguay y Rusia participaron de un operativo que se desplegó en un área de más de casi 500.000 kilómetros cuadrados.
Con las operaciones en marcha, el 23 de noviembre, el vocero de la Marina, capitán de fragata Enrique Balbi, informó a la prensa que la Marina de los Estados Unidos y la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), con sede en Viena, Austria, habían detectado “un evento anómalo, corto y consecuente con una explosión/implosión” en la zona por la cual navegaba el sumergible.
Dos días después, la entonces diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió afirmaba en un programa de televisión que los tripulantes del ARA San Juan estaban “muertos”, y el 30 de noviembre Defensa admitió que no había posibilidades de encontrar con vida a los marinos.
Familiares de las víctimas reclamaban que se informara cuál era la misión del submarino y rechazaron por esos días que se declarara un duelo nacional hasta que no se hallaran los restos de la embarcación.
En tanto, la búsqueda de sobrevivientes era abandonada por parte de las autoridades argentinas y la zona de rastrillaje quedaba despejada.
Tras 50 días de acampe en Plaza de Mayo, los familiares lograron que el Gobierno acelerara el proceso de contratación de una empresa para iniciar la búsqueda.
En Caleta Olivia, Santa Cruz, se inició dos días después de la desaparición del submarino una causa judicial a cargo de la magistrada Marta Yáñez.
En 2018, los familiares iniciaron una campaña en reclamo de “búsqueda, verdad y justicia”, y pedían que el Gobierno licitara la contratación de un buque que realizara un rastrillaje en la zona en la cual el submarino se había perdido.
Tras 50 días de acampe en Plaza de Mayo, los familiares lograron que el Gobierno acelerara el proceso de contratación de una empresa para iniciar la búsqueda.
Finalmente, el Estado contrató a la empresa con sede en Estados Unidos Ocean Infinity que movilizó hasta la zona al buque Seabed Constructor, que inició la búsqueda con familiares de la tripulación del ARA San Juan a bordo.
El 17 de noviembre de 2018, la Armada confirmó que el Seabed había detectado al submarino a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Los restos del ARA San Juan estaban muy cerca de la posición donde el buque oceanográfico chileno “Cabo de Hornos” había indicado que podía encontrarse, una información aportada en diciembre de 2017.
En julio de 2019, la Comisión Bicameral estableció en un dictamen que hubo “una clara responsabilidad política y administrativa” de Aguad y sus funcionarios en el hundimiento del submarino.
De los 12 legisladores de la comisión, cuatro integrantes del oficialismo de Cambiemos firmaron en disidencia este informe, que también estableció que el submarino no resultó hundido como consecuencia de un ataque o debido a falencias en el proceso de refacción que concluyó en 2014.
En febrero del 2020, Yáñez procesó a seis altos oficiales navales: el contraalmirante Luis López Mazzeo, al capitán de Navío Claudio Villamide, al contraalmirante Luis Malchiodi, al capitán de navío Hector Alonso, al capitán de fragata Hugo Miguel Correa y al capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia por estrago doloso al haber desoído las advertencias sobre el funcionamiento defectuoso del instrumental del submarino.
En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la magistrada que ampliara su investigación sobre las responsabilidades que pudieron haber tenido en el hecho Macri, Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.
La pérdida más importante sufrida por la Armada desde la Guerra de Malvinas motivó la realización de un Consejo de Guerra por parte del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.
Integrado por el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército), el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea) y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi -en calidad de presidente-, el Consejo dispuso, tras varios meses de análisis, el arresto riguroso por 45 días de Srur y la destitución del capitán de navío Claudio Villamide, exjefe del comando de submarinos.
De cara al balotaje del próximo domingo, y a raíz de las polémicas propuestas del candidato Javier Milei, el Hospital Garrahan se pronunció públicamente por la “continuidad de la salud pública” y la inversión de Estado.
El Consejo de Administración del reconocido centro pediátrico argentino, presidido por Gabriela Bauer, afirmó que el Garrahan “no es indiferente a las propuestas concretas de salud, educación y seguridad social para los próximos años”, en una carta en su sitio web a favor de la continuidad de la salud pública.
En la publicación realizada, el Consejo de Administración del Garrahan resaltó que se trata de un “hospital público de tercer nivel que da respuesta a niños, niñas y adolescentes con problemas complejos de salud” y que es“un centro de referencia nacional y regional” con 36 años de trayectoria y más de 5200 trabajadores.
El Hospital, que afirma jerarquizar la calidad de la atención y priorizar el desarrollo institucional, detalla que la institución nació en democracia y “atravesó los distintos contextos adversos de la Argentina, siempre con la convicción de avanzar y colaborar en el desarrollo de otras instituciones pediátricas del país y de la región”.
“El Garrahan fue un factor esencial para el desarrollo de políticas públicas que hoy nos enorgullecen a los argentinos y argentinas”, sostuvo el pronunciamiento e hizo referencia al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, la Red Nacional de Oncopediatría y la producción de medicamentos de uso pediátrico, entre otras cosas.
El comunicado del Garrahan
Entre sus logros del último año, el centro pediátrico destacó “la atención de 613.000 consultas, 22.000 internaciones, 11.000 cirugías y 120 trasplantes”, el recibimiento del “40% de los pacientes oncológicos pediátricos del país”. “Los servicios brindados alcanzan a toda la comunidad”, indicó y subrayó que “el 70% de los pacientes tienen cobertura pública exclusiva”.
“Todo el accionar de la institución es posible por el compromiso del Estado que garantiza el presupuesto que la complejidad exige”, insistió el Consejo de Administración del Hospital y explicó que en materia de financiamiento el 80% es aportado por el Estado Nacional y un 20% por la Ciudad de Buenos Aires.
Sin explicitar nombres, el pronunciamiento continuó: “Abogamos fuertemente por un modelo de salud pública con un Estado presente que dé respuestas al cuidado integral con equidad y que sostenga el valor de los trabajadores y las trabajadoras de la salud”.
A su vez, remarcó: “Aspiramos a que el modelo de salud para los próximos años preserve la continuidad del funcionamiento institucional, la calidad de la atención, el papel federal creciente del Hospital y el pleno derecho de sus trabajadores y trabajadoras”.
“Solo de esta forma, podremos superar las dificultades actuales y avanzar hacia una mayor equidad y un mejor acceso a la salud de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra Patria”, concluyó el mensaje de parte del centro pediátrico de referencia en salud pública.
La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la unificación de dos proyectos que proponen una ley de desarrollo de la danza y la creación del Instituto Nacional de la Danza – INDA -.
Los proyectos unificados fueron impulsados desde el bloque oficialista y la izquierda. Son de autoría de las diputadas Marisa Uceda (Frente de Todos) y Romina Del Plá (Frente de Izquierda). Por su parte, el titular de la Comisión de Cultura, Hernán Lombardi, aclaró que Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio que “achica el tema fiscal”. La discusión sobre los recursos destinados a la ley nacional de la danza se deberá dar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Durante su defensa del proyecto de ley, Uceda destacó la importancia de “avanzar con un reclamo histórico”. “Ha sido un trabajo en conjunto, los proyectos son muy parecidos y fue fácil llegar a una síntesis. Es el resultado de un profundo ejercicio democrático, en donde la ciudadanía representada en las organizaciones de la danza empezó a manifestar la necesidad del sector y encontraron en dos espacios políticos la voluntad política de avanzar”, sostuvo Uceda.
“Esta ley define el valor social fundamental y trascendente de la danza en el desarrollo cultural de nuestro país. El Estado se reconoce como garante de la obligación de fomentar a la danza en todos los aspectos, creando el Instituto Nacional de la Danza con un criterio profundamente federal”, añadió.
En tanto, Del Plá dijo que la ley lleva 15 años de reclamos de parte de la comunidad de la danza. “Me parece fundamental que el Instituto Nacional de la Danza tenga como objetivo el fomento de la danza independiente”, dijo, al mismo tiempo que destacó que las organizaciones de la danza “van a tener sustento y participación a la hora de integrar las autoridades” del Instituto Nacional de la Danza.
“La danza es trabajo y necesitamos su reconocimiento”, concluyó Del Plá, una de las impulsoras del proyecto de ley unificado.
La vicepresidenta se presentará el próximo 24 de noviembre en el Aula Magna de dicha universidad para una charla titulada “La insatisfacción democrática“.
La Universidad de Nápoles Federico II, que celebra los ochocientos años de su fundación (1224), está desarrollando encuentros con personalidades de la cultura y de la política nacional e internacional.
En ese marco, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue invitada a brindar una clase magistral el próximo 24 de noviembre en el Aula Magna de dicha universidad. El título de la ponencia será: “La insatisfacción democrática“.
Il 24 novembre, alle 17, nell’Aula Magna Storica della #FedericoII
“Su presencia en nuestra Universidad tendría el significado de fortalecer las relaciones entre los sistemas de educación superior de nuestros dos Países y sería perfectamente coherente con la Cátedra de Cultura Argentina llevada a cabo en nuestra Universidad”, destaca el recto de la Universidad, Matteo Lorito, en una carta enviada a la vicepresidenta.
