En apenas dos años el nivel de extracción se incrementó 26%. Los números de Neuquén siguen rompiendo récords.

No es una novedad que Vaca Muerta revolucionó al sector energético nacional, pero los números no dejan de sorprender. Según estadísticas publicadas por la Secretaría de Energía de la Nación, en los primeros cuatro meses de 2023 Argentina produjo el mismo crudo que hace apenas unos años tardaba cinco meses en producir.

En detalle, entre enero y abril de este año se extrajeron 11.929.654 m3 de crudo. Con esto, se registró un crecimiento del 11% en relación al mismo período del 2021 y por primera vez desde 2010 se superó la barrera de los 11 millones de m3 en ese cuatrimestre.

Repasando los datos históricos, se encuentra que la cantidad de crudo conseguido en los primeros cuatro meses de este año es muy similar a la que se registró entre enero y mayo del 2021 (11.930.696 m3) y superior a la de los cinco meses iniciales de 2020 (11.867.272 m3), entre otros años.
Además, la producción argentina de crudo de cada mes del 2023 fue récord en los últimos diez años. Hay que remontarse al 2009 para ver algunos números esporádicos más altos, pero los valores acumulados son superiores en la actualidad.

El impulso de Neuquén

Los datos generales a nivel nacional son claros y muestran una tendencia creciente en los niveles de producción, pero si se miran los números desagregados por provincia o yacimiento se encuentra que el impulso de la actividad se concentra únicamente en Vaca Muerta. De hecho, solo Neuquén logró incrementar sus niveles de producción en el primer cuatrimestre.

De acuerdo a los valores publicados por la Secretaría de Energía, entre enero y abril de este año se extrajeron 6.048.977 m3 de crudo en territorio neuquino. Ese valor representó un crecimiento de 1.268.579 m2 de petróleo en relación al mismo período del año pasado, con lo que se obtuvo una mejora del 26,54%. Desde que se mide el nivel de actividad del sector, Neuquén nunca tuvo un volumen tan alto.

En el resto de las provincias petroleras los resultados fueron bastante preocupantes. Si bien no hubo caídas significativas, ninguna consiguió mantener sus niveles de producción respecto a los años anteriores. En el caso de Chubut, por ejemplo, las estadísticas marcan que cerró el primer cuatrimestre con una producción de 2.638.070 m3, un 0,25% menos que en el mismo período del 2022. Aunque no se trató de una caída muy marcada, el balance de enero-abril es el más bajo de la última década.

Tampoco Santa Cruz tuvo un buen comienzo de año. En el primer cuatrimestre se extrajeron 1.295.479 m3 de crudo en esa provincia, con lo que registró una caída del 1,74% en comparación a los primeros cuatro meses del 2022. También fue el nivel de producción más bajo de la última década.
Es similar la realidad para Mendoza. En el primer cuatrimestre se extrajeron 1.045.925 m3 de crudo en la provincia cuyana, un 0,61% menos que el año pasado y cerca de 400 mil m3 menos que el volumen promedio de hace apenas seis años. Tampoco se encuentran números más bajos en los registros de la última década.

La historia se repite en Río Negro. En esa provincia la caída fue un poco más profunda (4,86%) el pasar de 430.606 m3 de crudo extraídos en los primeros cuatro meses del 2022 a 394.344 m3 en igual período de este año. Es la primera vez en la última década que esa provincia cae por debajo de los 100 mil m3 de crudo mensuales.

Fuente: Diario Neuquino

En un comunicado aseguraron que el Astillero Río Santiago “es víctima de la injusta violencia mediática con la que voceros de las corporaciones que están detrás de Juntos por el Cambio”.

A través de un comunicado, trabajadoras y trabajadores del Astillero Río Santiago repudiaron el informe realizado por el periodista Jorge Lanata en Canal 13. 

“Una vez más, el Astillero Río Santiago es víctima de la injusta violencia mediática con la que voceros de las corporaciones que están detrás de Juntos por el Cambio, preparan el terreno para un nuevo ataque contra los trabajadores/as del ARS y sus familias”.

El repudio se enmarca tras un informe que realizó Jorge Lanata sobre el Astillero Río Santiago, en el que aseguraba que la empresa no generaba nada. 

Al respecto, las y los trabajadores respondieron que “la industria naval es una inversión del Estado desde su fundación en todo el mundo. No existe un Astillero que no esté financiado por su propio Estado, con fines estratégicos. Las ganancias de esta industria no se miden solo desde el aspecto comercial por venta de barcos, sino principalmente por los beneficios para la Armada y la Marina Mercante de cada país”.

Asimismo, recalcaron que en el informe no dijeron nada sobre los 70 años de la empresa y los trabajos realizados hasta entonces: “Estamos orgullosos/as de las otras cosas que también se hacen en el Astillero, y principalmente de las políticas de género que las mujeres del ARS han sabido conquistar en esta empresa tan emblemática”.

“Los trabajadores/as del ARS, sabemos que mienten. Lo sabemos porque el ARS tiene obras de sobra en su haber, durante sus 70 años de lucha por la producción. También sabemos que la Provincia y la Argentina, sí necesitan un Astillero que construya buques para recuperar soberanía sobre nuestros ríos interiores, el mar argentino y el Canal Magdalena que se debe concretar, aunque estos voceros de las embajadas quieran que se achique lo más posible el Estado argentino”. 

Y agregaron: “También sabemos que ellos sí quieren “que echen a los 3000 tipos”, porque ya lo intentaron durante el gobierno anterior, y también sabemos que no quieren que laburamos, si hasta nos cortaron los insumos a la hora de intervenir la empresa. “Por todo esto nos preguntamos, ¿para quién hace campaña Lanata desprestigiando al ARS?”.

Por último, aseguraron que continuarán profundizando lazos de unidad con el pueblo y la región “que siempre nos han apoyado y les advertimos a estos trasnochados que siguen soñando con dinamitarnos, que: ‘Todavía no nació, el que se va a llevar puesto al Astillero’”.

Fuente: El teclado

La propuesta ya cuenta con el aval de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, y de lograr hoy dictamen favorable quedaría en condiciones de ser tratada en el Recinto.

En un encuentro parlamentario, la Comisión de Comunicaciones e Informática buscará dar dictamen de consenso al proyecto que reúne dos iniciativas para modificar la Ley 26.485 de Protección integral a las mujeres e incorporar la figura de “Violencia digital”.

La propuesta ya cuenta con el aval de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, y de lograr hoy dictamen favorable quedaría en condiciones de ser tratada en el Recinto.

Compete a la Comisión de Comunicaciones e Informática dictaminar sobre todo asunto o proyecto de concesión, régimen, gobierno y ejecución de obras, sistemas privados o del Estado, relativo a las comunicaciones internas o externas de la Nación, correos, telecomunicaciones, radiodifusión, televisión, medios de comunicación social y actividades relacionadas, así como todo asunto o proyecto vinculado al tratamiento automático de la información por medio de ordenadores electrónicos.

La actividad se podrá seguir en los siguientes links:

En TV: Diputados TV

En la web: dtv.diputados.gob.ar

YouTube: Hcdn.tv

FB: /diputados.argentina

Así lo denunció la entidad que nuclea a los médicos a nivel nacional en un comunicado donde manifiesta la crisis del sector.

Las entidades que forman parte de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra) publicaron un duro comunicado donde describen la crisis del sector a partir de la desaparición de sanatorios, el éxodo de profesionales a otros países, el retraso de salarial y sobre las situaciones de violencia que padecen los trabajadores de la salud, entre otros puntos.

A partir de la información que están relevando las filiales de la Comra en los distritos, la baja de médicos en las cartillas es de alrededor del 10% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Calculan que hasta un 15% de las renuncias de profesionales a las cartillas de prestadores son debido a la crisis que afronta el sistema sanitario, según un informe publicado por el diario La Nación.

Mientras que en el Interior del país “puede alcanzar el 15% o más, según la jurisdicción”, precisaron desde la entidad. Una tendencia entre los profesionales de la salud es continuar en las cartillas y cobrarle al paciente un valor diferencial en las consultas y las prácticas; de esta forma pueden para llegar a una suerte de “un honorario decente”, señalaron desde las entidades.

Por este motivo, es cada vez más complejo el acceso a la atención porque se debilita la disponibilidad de profesionales con experiencia y genera una complicación económica en los pacientes, mientras que los turnos están cada vez más demorados.

“La salud está quebrada”, es el título del contundente comunicado que compartieron desde la entidad, que en cierra con un mensaje contundente: “Hoy, después de la pandemia estamos peor que antes, cuando todos suponíamos que íbamos a salir con un sistema de salud más robusto y eficiente del que teníamos”.

El texto completo del comunicado de Comra:
“A lo largo y ancho del país, cada día se nota más el abandono y el creciente malestar que sufren los pacientes por el deterioro en la asistencia sanitaria. A esto se suman los problemas de acceso a las prestaciones más elementales, de las que se tienen que hacer cargo”, comienza el texto.

“Al mismo tiempo, los integrantes del equipo de salud manifiestan su descontento por las condiciones inapropiadas para atender a los pacientes, por la violencia de la cual son víctimas y por el atraso en el pago de sus honorarios y falta de actualización salarial. En definitiva, las variables de ajuste del sistema, son los honorarios de los profesionales y el bolsillo de los pacientes. También hay sanatorios que desaparecen, prepagos que se achican y médicos que se van. Sin presupuesto público suficiente o mal administrado y sin financiamiento privado, la salud está en quiebra”, agrega.

“Desde la COMRA venimos denunciando esta situación desde mucho antes de la pandemia, y creíamos que cuando terminara mejorarían la atención y las condiciones de trabajo en el sector salud. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, motivo por el cual hoy hay tantos reclamos. El resultado es que los médicos más capacitados migran a otros países por mejores condiciones laborales y los que deciden quedarse abandonan las cartillas de las obras sociales y de los prepagos. Algunos, de mayor experiencia, renuncian y los más jóvenes, no cubren los cargos del sector público por las malas condiciones de trabajo y los magros salarios”, sostiene más adelante el mismo comunicado.

“La carencia de médicos especialistas en áreas críticas, que se observa en especial en los hospitales y en la Seguridad Social, hace que los turnos se dilaten en el tiempo, aumentando el riesgo de oportunidad en el tratamiento de los pacientes y en el caso de aquellos que pueden, el costo de pagar una consulta”, apunta.

Y señala: “Lamentamos sobremanera la falta de planificación sanitaria que hay en la actualidad en todos los niveles de gestión. Desde nuestra institución venimos propiciando una reforma sanitaria sin ser escuchados. Pero lo más preocupante es cuando avizoramos un futuro cercano: en el discurso de los candidatos para las próximas elecciones no existe ningún tipo de referencia a la política sanitaria y además se desconoce que proponen las distintas plataformas de los partidos que actualmente se disputan el poder”

“Observamos atónitos cómo esos discursos se encuentran alejados totalmente de las necesidades de la población, sin pensar en la prevención y cuidado de la salud, dejando totalmente desamparados a los más vulnerables, a aquellos que dicen proteger con sus políticas”, prosigue.

“Hoy, después de la pandemia estamos peor que antes, cuando todos suponíamos que íbamos a salir con un sistema de salud más robusto y eficiente del que teníamos, y al cual desde hace décadas veníamos denunciando y proponiendo reformas. Tenemos derecho a la protesta porque dejamos a muchos colegas y compañeros de trabajo en el camino y hoy vemos desvalorizada nuestra labor”, puntualiza la entidad.

“Por último, es necesario recordar que la salud es un derecho humano fundamental, por lo menos desde que existen las sociedades y los Estados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inobservancia de este derecho, por parte del Estado puede llevar a consecuencia sanitarias graves. Con recursos escasos, sin propuestas y sin debate, el destino inminente del sistema sanitario argentino es la quiebra”, cierra el mensaje.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, recibió este lunes en la casa de Gobierno provincial al secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Oscar Alpa (ex rector de la Universidad Nacional de La Pampa), con quien dialogó sobre el sistema universitario en general y la situación particular de la Universidad Nacional de La Pampa.

Según la información oficial, repasaron “varios proyectos que desarrollan en forma conjunta” como “UNLPam en el territorio”, que promueve el acceso a la educación superior en localidades de la provincia que no cuentan con sedes de la Universidad articulando con municipios y comisiones de fomento.

En el encuentro, dialogaron sobre los dichos de Patricia Bullrich, precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, quien utilizó información falsa de egreso estudiantil de la Universidad Nacional de La Pampa para desprestigiar a las universidades nacionales.

En contra del sistema educativo

Bullrich, atacó a la propia UNLPam, a la que acusó de “ineficiente”.

“Es claro que tanto Bullrich como los demás candidatos de Juntos por el Cambio están en contra de un sistema de educación público y gratuito”, aseguró Ziliotto y consideró que “el estudio ha sido, es y será un instrumento de ascenso social”.

“Ideológicamente y por convicción política nosotros respaldamos la educación pública y gratuita, porque creemos que todas y todos los jóvenes, más allá de donde vivan o de su condición económica, deben tener derecho a estudiar”, remarcó.

80% en universidades públicas

Por su parte, Alpa cargó contra la candidata de Juntos por el Cambio a quien acusó de estar “desinformada” y detalló que más del 80% de los estudiantes que cursan nivel superior “lo hacen en universidades públicas”.

Finalmente, Ziliotto advirtió que los dichos de Bullrich y los demás candidatos de Juntos por el Cambio “son el anticipo del ajuste que planifican sobre el sistema educativo”.

“Debemos estar atentos y no permitir que avasallen uno de los principales derechos de nuestra juventud, como es la posibilidad de estudiar con el respaldo de un Estado presente”, remarcó el gobernador.

Fuente : Periferia Ciencia

La defensa de la familia del ex jugador de Barracas Central pidió que se condene a la pena de prisión perpetua a los tres policías de la Ciudad imputados.

El abogado de la familia de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a balazos en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, pidió que se condene a la pena de prisión perpetua a los tres policías de la Ciudad imputados por el homicidio del jugador de Barracas Central.

Gregorio Dalbon, letrado querellante, solicitó la máxima pena para los policías Gabriel Alejandro Issasi (42), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (38), por el “homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, placer y odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función o cargo por ser miembro de una fuerza policial”, de Lucas y la tentativa de homicidio agravado de Julián Salas (19), Joaquín Zúñiga (18) y Niven Huanca (19).

Además, para Sebastián Jorge Baidón (28), oficial de la Comisaría Vecinal 4D pidió 30 años de cárcel por el “encubrimiento” del crimen y por las “torturas” sufridas por uno de los amigos de la víctima.

En tanto, Dalbón solicitó 20 años de prisión para el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48), el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Inca (47) (a este último le endilgó el delito de “falsedad ideológica”), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También requirió la misma pena para los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D, Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

A todos ellos los acusó “por haber ayudado a Issasi, Lopez y Nieva a eludir el accionar de la Justicia y por haber alterado rastros, pruebas e instrumentos del delito agravado doblemente por la calidad de funcionario público de los autores, por ser el delito precedente especialmente grave, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley privaron de la libertad a Lucas González, Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Nieven Huanca y porque en el desempeño de un acto de servicio omitió evitar la comisión del delito de tortura en su calidad de coautor todos en concurso real”.

Por último, a Héctor Claudio Cuevas (50), quien provocó el 3 de junio pasado la detención de otro efectivo de la Policía de la Ciudad en el marco de la causa, el oficial Facundo Matías Torres, a quien acusó de haber sido quien en su moto fue a buscar a la comisaría y trajo junto al policía Issasi, el arma de juguete plantada en el auto de las víctimas con el fin de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes, pidió 3 años y 6 meses de prisión al quitarle el delito de “omisión de evitar tortura”.

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.

En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

El ex presidente argentino Eduardo Duhalde se refirió al momento político y económico que vive Argentina. “Si no se puede pagar, no se paga. El Fondo sabía que la Argentina no le podía pagar”, dijo. Además, bancó la candidatura de Daniel Scioli en el peronismo.

“Me reúno permanentemente con Scioli, soy amigo hace más de 30 años y para mi es la mejor opción. Coincidimos con Scioli que la solución de la Argentina es la producción”, contó.

Después, pidió unas PASO competitivas en el peronismo: “Para mí debería haber PASO, estaría bueno que los dirigentes se midan el aceite y no que crean que son candidatos porque tienen amigos que le dicen”.

Además, pidió una convocatoria amplia: “Deberían estar todos los candidatos con el símbolo justicialista de fondo y que la gente elija al mejor”.

La interrupción en el sector del transporte de cargas y pasajeros será ante “la negativa patronal a aumentar los salarios”.

El miércoles que viene, la Unión Ferroviaria, Señaleros y de Personal de Dirección anunciaron un paro de trenes de 24 horas mientras que La Fraternidad convocó a una medida similar para el jueves 15, de 0 a 24. La interrupción en el sector del transporte de cargas y pasajeros será ante “la negativa patronal a aumentar los salarios”.

Los trabajadores de UF, ASFA y Apdfa pararán en las empresas Ferrovías (Línea Belgrano Norte) y Metrovías (Urquiza), en tanto La Fraternidad lo hará en esas compañías y otras de cargas en reclamo de una inmediata recomposición salarial parcial para el período abril 2023-marzo 2024, por lo que los cuatro sindicatos ferroviarios irán a la huelga durante dos jornadas.

El Sindicato la Fraternidad, que lidera Omar Maturano informó en un comunicado que la huelga se realiza ante “la dilación mostrada por las Empresas de Pasajeros Metrovías y Ferrovías, del sector Cargas, Nuevo Central Argentino; Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano, para la renovación de las condiciones económicas de nuestros representados”. En caso de no haber una solución al conflicto la huelga se realizará de 0 a 24 del jueves y paralizará los trenes de todo el país.

Las líneas que pararán el jueves 15 son el San Martín, Urquiza, Sarmiento, Roca, Mitre, Belgrano y los de larga distancia. “Debido a la dilación mostrada por las empresas de pasajeros Metrovías y Ferrovías, del sector Cargas, Nuevo Central Argentino, Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano para la renovación del acuerdo paritario abril 2023-marzo 2024, convocamos a un paro general a nivel nacional en defensa de los intereses de nuestros representados”, informó en un comunicado Maturano.

Asimismo, destacó: “Firmamos un acuerdo salarial con las empresas nacionales, un 40% de lo que nos debían de abril hasta agosto y juntarnos a discutir de vuelta. Las empresas privadas no pueden pagarlo dicen, estamos discutiendo hace 20 días. Por último, hizo hincapié en el que el paros será total pero esperan llegar a un acuerdo con el Ministerio para “lograr esa paz social que necesita el país”.

La Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Cecilia Moreau, sesiona con la presencia del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, Ing. Agustín Rossi.

Para brindar informes a esta H. Cámara sobre la marcha del gobierno, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 101 de la Constitución Nacional.

La actividad se podrá seguir en los siguientes canales:

En TV: Diputados TV

En la web: dtv.diputados.gob.ar

YouTube: Hcdn.tv

FB: /diputados.argentina

La denuncia se realizó mediante una carta al organismo internacional especializado en Trabajo de las Naciones Unidas en la que se solicitó la “inmediata intervención” al director general, Gilbert Houngbo, “tras las modificaciones que ha introducido el gobierno provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga”.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA-A), liderada por Hugo “Cachorro” Godoy, denunció este lunes al gobernador jujeño Gerardo Morales –precandidato a presidente por Juntos por el Cambio- ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la “violación de convenios internacionales” en esa provincia, frente al decreto del viernes pasado del gobierno provincial que sanciona el derecho a huelga y la protesta social. 

El pedido cuenta con las firmas de Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y los secretarios de Relaciones Internacionales y Administrativo, Adolfo Aguirre y Daniel Jorajuría y detalló los alcances del conflicto docente que registra la provincia de Jujuy y las “peligrosas consecuencias que pueden traer” las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que sanciona a quienes “se manifiestan, con represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones”.

Desde la CTA-A recordaron que Argentina ratificó el convenio 87 de la OIT y los tratados internacionales que tienen nivel constitucional y afirmaron que esta modificación de las normas “genera un perjuicio” a quienes intenten “ejercer el más elemental derecho de la ciudadanía”, como el derecho a la huelga y a la protesta social.

Además, denunciaron que en la provincia de Jujuy “se vulneran frecuentemente los derechos de los trabajadores del sector público”, siendo la “conflictividad habitual”.

Los trabajadores adelantaron que “hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para detener el estado represivo que pretende ejercer el gobierno provincial“, que encabeza Morales.

EL DECRETO DE MORALES EN CONTRA DEL DERECHO A HUELGA

El decreto Nº 8464, firmado por Morales, se conoció en medio de las protestas que llevan adelante los trabajadores docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado en reclamo de “salarios dignos”. 

En su artículo 1º el decreto dice que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”. 

Para la CGT, “el uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Punir y sancionar con el código contravencional a quienes permanezcan en espacios públicos ejerciendo sus derechos constitucionales de protesta y huelga, y determinar el uso de las fuerzas de seguridad para desalentar tales manifestaciones sociales y sindicales, son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra nación“, remarcó la central que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano..

Fuente: con información de El Destape y Política Argentina