A través de un documento elaborado por la Cancillería se indicó que el despliegue de efectivos militares en las Islas constituye una “injustificada demostración de fuerza”.

El Gobierno nacional expresó su “contundente rechazo” a la realización de nuevas maniobras militares en las Islas Malvinas por parte del Reino Unido lo que, consideró, constituye “una injustificada demostración de fuerza” en territorio argentino “ilegítimamente ocupado” y un “deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de la ONU y de otros organismos internacionales”.

En una declaración emitida por la Cancillería, el Ejecutivo expresó una nueva protesta por los ejercicios militares británicos en el archipiélago, que se desarrollarán a partir de este lunes, hasta el 29 de abril. “La República Argentina rechaza en los términos más contundentes la realización de estas maniobras militares en territorio argentino ilegítimamente ocupado“, se pronunció el Palacio San Martín en el comunicado.

El documento oficial indica además que los nuevos ejercicios militares “constituyen una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas”.

“El Gobierno argentino ha tomado conocimiento de que entre los días 18 y 29 de abril el Reino Unido está realizando, una vez más, ejercicios militares en las Islas Malvinas, donde participan, entre otros, fuerzas británicas estacionadas en las Islas Malvinas, pertenecientes al Regimiento del Duque de Lancaster“, detalla el comunicado.

Según la información oficial, también participarán de las maniobras “la ilegítima Fuerza de Defensa de las Islas, en conjunto con fuerzas de la Royal Navy y de la Royal Air Force“, los que, detalla, “forman parte del despliegue militar de ocupación ilegal del Reino Unido en las Islas Malvinas.

De acuerdo con un comunicado del contingente militar británico en las Islas Malvinas (BFSAI), estos ejercicios se llevan a cabo para “demostrar la habilidad del personal del BFSAI para coordinar y realizar recursos para un ejercicio a gran escala”, señala la cartera que encabeza el canciller Santiago Cafiero.

En la declaración, se remarca que la presencia militar británica en las islas se “contrapone categóricamente con la permanente voluntad de la República Argentina de resolver la controversia por medios pacíficos, de conformidad con el Derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”.

En ese sentido, sostiene que “en particular, la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación por ella recomendado”.

Asimismo, manifiesta que “la presencia militar contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los estados de todas las demás regiones, en especial a los estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región”.

“El Gobierno argentino reafirma una vez más su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante del territorio nacional de la República Argentina, los que, estando ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas mediante la resolución 2065 (XX) y posteriores de la Asamblea General así como de otras organizaciones y foros internacionales”, subraya el documento oficial.

Por último, indica que “de conformidad con las resoluciones mencionadas, el Gobierno argentino reitera que se trata de una controversia de soberanía que debe ser resuelta de manera bilateral entre ambos países, y reafirma su disposición a reanudar las negociaciones”.

Por fin: la Inspección General de Justicia requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake SA.

La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., propiedad del magnate inglés Joe Lewis, por considerarla una “pantalla jurídica” para “frenar la aspiración” de cualquier persona a acceder al Lago Escondido, ubicado en la provincia de Río Negro, un derecho constitucional vedado hace 17 años. El poderoso Lewis es muy amigo de Mauricio Macri.

“Hidden Lake S.A. resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia, a la vez que para evitar o cuanto menos frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el Lago Escondido”, sostuvo este lunes el organismo.

Así fue expuesto por la IGJ, entre otras argumentaciones, para apoyar su pedido, que deberá resolver ahora la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, mientras la causa judicial referida al acceso al lago permanece desde hace 5 años sin movimientos en una cámara de Bariloche.

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro “asegura” el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

Aunque en 1994 se creó el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, en 1999 se modificó y se dejó al lago afuera del área protegida, reseñó Infonews.

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a cualquier persona, algo que no se cumple pese a que hubo varios fallos en ese sentido de la justicia rionegrina.

Uno de los planteos de la IGJ apunta a “hacer cesar el irregular e ilegal estado de cosas que se verifica hasta el presente, concretado a través de la antijurídica actuación en nuestro país del Sr. Lewis, utilizando de forma espuria a una sociedad comercial registrada en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en un estudio jurídico capitalino”.

El hecho ocurrió en agosto de 2019, cuando en pleno macrismo un oficial derribó de una patada a un hombre que vivía en la calle y que murió al golpear su cabeza en el asfalto en el barrio porteño de San Cristóbal.

La Justicia decidió procesar a dos efectivos de la Policía de la Ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta por encubrimiento agravado y falso testimonio. Están acusados de haber colaborado con el oficial que en agosto de 2019 derribó de una patada a un hombre que vivía en la calle y que murió al golpear su cabeza en el asfalto en el barrio porteño de San Cristóbal.
 
Según informó la Procuración, la decisión fue adoptada por la jueza nacional en lo Criminal y Correccional 8, Yamile Susana Bernan, en el marco de una investigación originada en el pedido de extracción de testimonios efectuado en su momento por la fiscal Ana Yacobucci en la causa principal por el homicidio preterintencional de Jorge Martín Gómez de 41 años.
 
Gómez murió en agosto de 2019 luego de haber sido derribado de un patada y golpearse la cabeza en la caída, en la calle Carlos Calvo entre Saavedra y Alberti, del barrio porteño de San Cristóbal.

Según consignó Télam, en diciembre pasado, el actual fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 32, había solicitado la indagatoria de tres efectivos policiales por los delitos de encubrimiento agravado, falso testimonio agravado y falsedad ideológica.
 
El fiscal sostuvo que actuaron “en forma conjunta y coordinada para ocultar, alterar y hacer desaparecer los rastros y pruebas del delito” para ayudar a otro policía, Esteban Ramírez (44), con el objetivo de que pueda eludir la investigación en su contra.
 
Los tres policías fueron indagados por la jueza Bernan que ahora procesó, aunque sin prisión preventiva a dos de ellos, la oficial primero Lorena Alejandra Luna y el oficial primero Sergio Daniel Sendra, como coautores de “encubrimiento agravado por haber sido cometido por funcionarios públicos” y de “falso testimonio”.
 
La jueza consideró que ambos oficiales de la comisaría vecinal 3B habían visto cuando el policía Ramírez dio una patada que hizo que Gómez cayera al suelo y que, incluso, habían advertido “la gravedad de las lesiones” ocasionadas al hombre.
 
De acuerdo a la resolución, eso permitió explicar por qué “obraron como lo hicieron” y con la finalidad de ocultar lo ocurrido para evitar que el policía “pudiese ser responsabilizado por ello”.
 
“Pese a sus años de experiencia y a que lo que acababan de presenciar ameritaba indudablemente intervención judicial, no iniciaron actuación alguna. Por el contrario, y sin perjuicio de la gravedad de lo ocurrido, actuaron como si nada hubiese pasado”, remarcó la magistrada.

 También señaló que cuando habían prestado declaración testimonial, Luna y Sendra declararon falsamente e intentaron hacer creer que Gómez -una persona indigente- había agredido a su colega con el cuchillo y que el policía “tan sólo había actuado defensivamente”.
 
En relación al tercer imputado en esta causa, el oficial inspector Héctor Alejandro Febula, la jueza destacó que su vinculación a la investigación se da porque, al producirse el hecho, era el jefe de servicio judicial de la comisaría vecinal 3B, y la persona que efectuó las consultas telefónicas por lo ocurrido con la fiscalía y el juzgado.
 
Sin embargo, a diferencia de los otros dos imputados, consideró que no existen pruebas en la investigación que lo ubiquen en la escena del crimen y que supiera exactamente lo que había ocurrido, por lo que dictó su falta de mérito, alqo que Gómez Barbella ahora evalúa apelar.
 
Por su parte, el policía Ramírez está imputado y elevado a juicio por homicidio preterintencional. Iba a comenzar a ser juzgado el 6 de septiembre pasado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 9, aunque el debate se suspendió tras un pedido del abogado querellante para que se aceptara como parte a otro de los hermanos de la víctima, porque el que estaba designado falleció por Covid-19.

Ocurrió en La Plata, donde un hombre oriundo de Neuquén fue detenido por amenazar con un rifle a una mujer. Aseguró que su objetivo era matar a la vicepresidenta.

Un hombre fue detenido por amenazar con un rifle a una mujer en plena vía pública de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. El implicado aseguró que su objetivo era matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Una conductora advirtió que un niño que acompañaba al protagonista del hecho estaba en peligro ya que se encontraba con el cuerpo saliendo una de las ventanillas.

El hombre, que se vestía con ropa camuflada como militar en combate, sacó su rifle y amenazó a la mujer. La agredida llamó al 911 para denunciar la situación.

El director de Seguridad de Edificios Públicos Municipales, Cristian López, redujo al individuo y le sacó el arma.

Efectivos policiales le encontraron un cuchillo y una navaja. El detenido aseguró que hacía tres días venía manejando desde Neuquén para matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros funcionarios del Gobierno nacional.

El niño, que sería hijo del apresado, fue destinado al área de Niñez de la Municipalidad de La Plata, mientras que el hombre fue trasladado a la Comisaría cuarta platense.

En el Boletín Oficial el Gobierno nacional oficializó los nuevos montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar que alcanza a más de 4 millones de personas.

El Gobierno nacional oficializó el aumento del 50 por ciento del monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que perciben 2,4 millones titulares y alcanza a 4,1 millones de personas. El incremento corresponde al pago de abril y se cobrará en los primeros días de mayo.

La Resolución 371/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, indica los nuevos montos que se percibirán a partir del próximo son:

– $9.000 para padres o madres con un hijo de 0 a 14 años inclusive; mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) y familias con una persona con discapacidad a su cargo, sin límite de edad.

– $13.500 para padres o madres con 2 hijos que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1, y mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) con un hijo que cumpla con un criterio de focalización (A o C) de la Categoría 1.

– $18.000 para padres o madres con 3 hijos/as que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1, y mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) con al menos dos hijos/as que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1.

El incremento corresponde al pago de abril, que demandará una inversión por parte del Estado de $27.000 millones, y se acreditará en las tarjetas del programa, según informaron fuentes oficiales.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió en el Salón de Honor del Congreso a gobernadores de las provincias del Norte Grande para avanzar en el trabajo de leyes federales de promoción económica para la región en los próximos 30 días.

Participaron el gobernador de Santiago del Estero y presidente Pro Témpore del Consejo Regional del Norte Grande, Gerardo Zamora; el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

También estuvieron presentes el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, y su par en Diputados, Germán Martínez.

En el marco del encuentro de trabajo, los mandatarios provinciales le presentaron al presidente de la Cámara de Diputados un listado de temas y le solicitaron que formen parte de la agenda legislativa en los próximos 30 días.

Los temas presentados por los gobernadores fueron el Tratado de Integración del Norte Grande; la Ley Automotriz y Desarrollo Federal de Autopartes; la Ley de Electromovilidad y Diseño en la Norma de Régimen de Promoción de las provincias productoras de Litio; la Ley de Cannabis Medicinal para promover en el Norte la industria médica; el Comité de Bajos Submeridionales; la ley de Compre Argentino; la transferencia de Inmuebles; y la Ley de Tarifa Energética Diferencial.

Incluye 42 modelos de motos nacionales con una centena de marcas que están incluidas en el convenio con la banca nacional.

Este lunes 18 de abril comienza una nueva etapa del programa Mi Moto, que permite el acceso a créditos por hasta $ 300.000 a través del Banco Nación (BNA) para la adquisición de motos de fabricación nacional, en 48 cuotas y con tasas bonificadas por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Será la décimo segunda etapa del programa que estará habilitado tanto para clientes como para no clientes del BNA y que incluye 42 modelos de motos nacionales de 13 marcas participantes (Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Motomel, Suzuki, Guerrero, Okonoi, Zanella y Kiden).

El monto máximo a financiar por usuario será de hasta $300.000, a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, aunque el importe a financiar no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (patentamiento, fletes, sellados, etc.).

“Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes a través del BNA, será de 19,50%, en tanto que para el resto de los usuarios será de 29,50%”, detallaron a Télam desde el Banco nación.

La garantía es a sola firma y se financia el 100% de la motocicleta. Para iniciar la gestión del crédito hay que ingresar a través de la web del Banco Nación, donde el cliente será precalificado, luego podrá reservar la motocicleta mediante el link informado en el correo electrónico, lo cual permitirá el acceso a Tienda BNA.

Una vez culminada la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la sucursal.

Las modelos de motocicletas disponibles para el programa podrán ser consultadas en el sitio tiendabna.com.ar/mi-moto.

El patentamiento de motos se ubicó en marzo en torno a las 45.000 unidades, con un crecimiento de 30% en relación al mismo mes de 2021, según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), mientras que en todo 2021 se patentaron 393.059 unidades, 44,9% más que en el 2020, cuando las restricciones para combatir la pandemia afectaron a toda la economía.

Será destinado al financiamiento de programas a favor de las personas con discapacidad y que estará financiado con fondos públicos y aportes privados.

El Gobierno nacional dispuso este lunes la creación del Fondo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Fonadis), que -mediante el decreto 187 firmado por el presidente Alberto Fernández– “será destinado al financiamiento de programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad” y estará financiado con fondos públicos y aportes privados.

El fondo será financiado con los recursos recaudados por aplicación de la ley 25.730, que es la que establece “sanciones para los libradores de cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales”.

También se nutrirá de “legados y/o donaciones de personas y/o instituciones privadas nacionales o extranjeras“, además de los “fondos provenientes de organismos internacionales, tanto públicos como privados”.

El decreto establece que el Fonadis se financiará asimismo con los “fondos recaudados por la aplicación” de la ley de Cheques (N° 24.452), por “asignaciones de recursos no utilizados, o de planes que hubieran caducado, o que hubieran sido cancelados, o con devoluciones de recursos que hubieran sido adjudicados en exceso por cualquier causa”.

También se costeará con los “demás fondos que las leyes especiales destinaren al mismo”.

El Fonadis estará destinado al desarrollo de “programas que favorezcan la inclusión y participación de las personas con discapacidad en todas las actividades de la vida comunitaria, la autonomía, la accesibilidad al medio físico y comunicacional y el incentivo a la investigación y desarrollo sobre la temática”, entre otros.

El decreto lleva las firmas del presidente Fernández y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

La cifra es la más baja en seis meses, hasta el momento hay 412 internados por Covid-19. En siete provincias no hay contagiados.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 428 contagios en las últimas 24 horas en la Argentina y no reportó muertos por coronavirus, algo que no sucedía hace dos años, en el comienzo de la pandemia, cuando entre marzo y abril de 2020 se veían los primeros casos pero sin fallecidos.

Con este último reporte, que indicó la cifra de contagios más baja en seis meses, los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional continúan siendo 128.344 mientras que los contagiados totales son 9.060.923.

A partir de hoy, según consensuaron el Consejo Federal de Salud (Cofesa), los ministros y ministras de Salud, los indicadores y la difusión de la información pasará a ser semanal.

“Con actualización los días domingo del monitor con la información epidemiológica y los martes de la sala de situación completa para que también se pueda descargar semanalmente con todos los indicadores que se están midiendo”, aclararon.

La cartera sanitaria indicó que son 412 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 37,5% en el país y 37,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 97.644.273, de los cuales 40.677.307 recibieron una dosis, 37.130.432 las dos, 3.027.449 una adicional y 16.809.085 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 105.014.714 y las donadas a 5.083.000.

Este domingo reportaron en la provincia de Buenos Aires 94 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 174; en Corrientes, 1; en Córdoba, 6; en Entre Ríos, 2; en Formosa, 2; en La Pampa, 13; La Rioja, 1, en Mendoza, 1; en Misiones, 102; en Neuquén, 1; en Río Negro, 14; San Juan, 1; Luis, 13; en Santa Cruz, 2; en Santa Fe, 6; en Santiago del Estero, 1 y en Tucumán, 7.

Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Salta, San Luis, y Tierra del Fuego no registraron contagios.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 7.299 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 35.723.368 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

En tanto, cerca de las 18 el sitio oficial se actualizó por primera vez con las cifras de la semana, en la que informó que hubo 146 muertos y 8.887 casos.

En ese período murieron 90 personas en Buenos Aires, 11 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en Chaco, 3 en Córdoba, 4 en Entre Ríos, 6 en Jujuy, 1 en La Pampa, 2 en Río Negro, 6 en Salta, 1 en San Juan, 18 en Santa Fe, y 1 en Tucumán.

El economista fue el responsable del desastre de los 90 que terminó en la crisis de 2001.

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a elogiar al líder de La Libertad Avanza Javier Milei. “Puede llegar a ser Presidente”, aseguró. Milei propone políticas que Cavallo ya llevó a la práctica en la década de los 90, con estruendoso fracaso: la Argentina no creció, cayó la producción y el empleo y se multiplicaron la pobreza, el hambre y el desempleo.

“La economía está muy mal organizada. Desde el 2002 se acumularon una gran cantidad de problemas. No es sorprendente que la inflación sea tan alta”, evaluó Cavallo en declaraciones al canal Metro. Desde 2002, hasta 2011, Argentina creció a tasas chinas y mejoró todos sus indicadores sociales.

En un tramo de una nueva entrevista televisiva, Cavallo aseguró que le “hubiera gustado ser Presidente, pero es una utopía”. Cavallo fue ministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando De La Rúa, entre 1993 y 2001. Su gestión tuvo un balance horrible: todos los indicadores sociales y económicos cayeron. Entre 2000 y 2001 se fueron argentinos del país como nunca en la historia.