El drama de “Ximena” es el de muchas mujeres víctimas de violencia de género que deciden dejar su hogar y no encuentran respuestas ante el abandono y el incumplimiento de la cuota alimentaria.
Tras cinco años de litigio judicial iniciado por alimentos y cuidado personal, una mujer de Vicente López, a quien llamaremos “Ximena” para proteger su intimidad, fue instada por el Juzgado de Familia N°4 a asistir a una audiencia judicial junto a su hija.
A pesar de que la mujer explicara la imposibilidad de asistir por falta de recursos económicos y por encontrarse en el interior del país, donde tuvo que huir junto a su hija para resguardarse de la violencia y hostigamiento que sufría, el magistrado impuso una multa de $50.000.
La citación se dio en el marco de una denuncia por hostigamiento que realizó la mujer ante el mismo Juzgado que trabajó todas las causas con su ex marido (divorcio, alimentos, cuidado personal y denuncias de violencia mutuas entre los ex cónyuges).
Las irregularidades se iniciaron a mediados de 2017, cuando su ex pareja interpuso una medida cautelar para expulsarla del hogar familiar. Esto provocó que durante semanas dependiera de la solidaridad de amigos y allegados para tener un lugar donde vivir junto a sus hijos, hasta encontrar una solución habitacional.
El caso de Vicente López no es una situación aislada. El acceso a la justicia para víctimas de violencia por razones de género se ve diezmado por la falta de perspectiva de género de las y los efectores judiciales y la ineficacia de la administración judicial para la resolución de casos.
Tiempo después, vino la sentencia de divorcio que la desproveyó de sus derechos económicos en la división de bienes y omitió establecer una cuota alimentaria en favor de la mujer acorde al nivel de ingresos para sostener el nivel de vida de sus hijos.
Como en el juicio de divorcio no se había fijado cuota alimentaria, la dependencia económica que tenía la mujer se profundizó aún más, y quedó a merced de un aporte mensual insuficiente del progenitor, que aprovechó para seguir ejercerciendo control y vigilancia sobre su vida privada, con la amenaza constante de no proveer más recursos.
La constante violencia y la hostigamiento que ejercía el “Sr. Pérez” sobre su ex pareja escaló hasta sus hijos menores de edad a quienes tomó como rehenes para realizar diferentes denuncias hacia su ex pareja y, a su vez Ximena, realizó una contra denuncia la cual ponía en eje, el impacto que toda la situación tenía sobre sus hijos.
El domicilio en el cual vivían Ximena y sus hijos debía abonarse en su mayoría por el progenitor, sin embargo el Sr. Pérez dejó de abonar sin previo aviso, lo que la llevó a ser demandada por desalojo por falta de pago del alquiler.
Cuatro años tardó el Juzgado de Familia N°4 de San Isidro, hoy a cargo de Gustavo Halbide, en fijar la cuota alimentaria, fue en 2021, en 14 mil pesos para ambos niños, un monto irrisorio para costear la crianza de dos niños menores de edad.
Además, el progenitor fue detenido por una causa caratulada como “Producción. Comercialización de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales” en el marco de un mega operativo que se desplegó en forma simultánea en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires contra la distribución de videos y fotos de abuso infantil en la que intervinieron sietes fiscalías, entre ellas la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de San Isidro, y que se viralizó por todos los medios de comunicación.
