El pasado diciembre la Corte Suprema dispuso que el Consejo de la Magistratura debe volver a la conformación sancionada en 1999, modificada luego en 2006, de 20 miembros

En diálogo con el canal oficial de la Cámara de Diputados, legisladores de distintas fuerzas políticas se refirieron al proyecto para una nueva composición del Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte Suprema estableciera como inconstitucional la actual composición de 13 miembros.

“Hay un fallo de la Corte Suprema que le solicita al Congreso Nacional que dicte una Ley acorde a la manda constitucional del equilibrio entre los estamentos políticos y no políticos, expresó el diputado Juan Martín, del Bloque de la UCR, y agregó: “Sobre eso tenemos el desafío de llegar a un acuerdo y un entendimiento en la medida de lo posible con todos los bloques políticos”.

Por otro lado, Graciela Landriscini, del Frente de Todos consideró necesario aumentar los miembros del Consejo de la Magistratura “para tener una mayor representatividad de los actores legislativos, académicos y profesionales”.

“Se requiere una Justicia transparente, una participación más abierta de quienes son los responsables de las elecciones de jueces y una participación que incorpore la distintas jurisdicciones y territorios del país porque esto nos compete a todos y todas”, aseguró.

El pasado diciembre la Corte Suprema dispuso que el Consejo de la Magistratura debe volver a la conformación sancionada en 1999, modificada luego en 2006, de 20 miembros. El fallo otorgó un plazo de 120 días.

A casi cinco años de iniciada la causa, el juez Alejo Ramos Padilla determinó que “son las numerosas irregularidades descriptas y vinculadas a los aportantes” de campaña de Cambiemos para las elecciones de 2017.

La justicia electoral federal de la Provincia de Buenos Aires comprobó “al menos 79 casos” de aportantes truchos a la campaña proselitista de Cambiemos para las elecciones de 2017. Casi un lustro después de la denuncia, que en cualquier otro escenario debió genera un escándalo de enormes dimensiones políticas, el juez Alejo Ramos Padilla determinó que “son las numerosas irregularidades descriptas y vinculadas a los aportantes privados los que impiden categóricamente aprobar los informes presentados por la agrupación” en su rendición de cuentas sobre cómo financió su campaña en territorio bonaerense. Y dispuso, además, “investigar la posible comisión de algún delito penal”. 

Según informó el portal Tiempo Argentino, la Justicia electoral platense decidió multar al partido PRO con 3.246.965,53 pesos; a sus socios mayores en la coalición, la UCR y la Coalición Cívica – Ari, con 990.599,65 pesos a cada uno, y a los socios menores (Partido Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Ucedé, Espacio abierto para el Desarrolla y la Integración Social, Fe, Partido del Diálogo, Movimiento Social por la República), con 34.395,82 pesos por fuerza. 

Ramos Padilla tenía los elementos y las pruebas para sacar esta resolución a finales del año pasado, en pleno proceso electoral. Pero prefirió pulir los detalles y demorar el fallo para despegarlo de cualquier intencionalidad política que pudiera atribuírsele.

A lo largo de medio centenar de páginas, el ex juez federal de Dolores concluyó que “se pudieron constatar -al menos- 79 casos de personas que, mediante denuncias o declaraciones testimoniales, negaron haber realizado el aporte declarado por la agrupación” Cambiemos Buenos Aires, tal el nombre que por entonces tenía el oficialismo en los principales distritos electorales de la Argentina.

Acerca de los aportantes, muchas de las personas negaron haber realizado voluminosos aportes eran beneficiarios de planes sociales -AUH, Plan Hogar (garrafa a precio subsidiado) monotributo social-, trabajaban para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o eran monotributistas cuyo aporte excedía su límite de facturación mensual”.

“Se constató que la agrupación libró recibos a favor de dichas personas, que incluían datos personales como Cuil y dirección, y fueron presentados en este tribunal”.  Cuando una investigación periodística de Juan Amorín dejó al desnudo ese sistema de financiamiento ilegal, tan perverso como antiguo, Cambiemos intentó emprolijar la situación. “La agrupación realizó tres rectificaciones masivas, donde excluyó a más de 1.400 aportantes, e incluyó a más de 300 nuevos aportantes”. Pero “no brindó ninguna explicación de cuáles fueron los errores que llevaron a realizar dichas rectificaciones, no explicó quiénes fueron los responsables de dichos errores, cómo se produjeron, en qué momento se detectaron, por qué ocurrieron, cuáles fueron las bases de datos involucradas”.  Para colmo, “tampoco anuló los recibos de los aportantes excluidos” y “excluyó a personas que habían ratificado el aporte”.

Además, según la resolución de Ramos Padilla, “se verificaron irregularidades en algunas de las personas que ratificaron el aporte, como por ejemplo, el hecho de que quienes ratificaron el aporte lo hicieron varios años después de presentados los informes contables”. 

Aclarado que los aportantes no estaban en capacidad de contribuir a promocionar las candidaturas de Esteban Bullrich y Gladys González, quienes finalmente ganaron la elección para senadores nacionales por la Provincia de Buenos Aires, la auditoría ordenada por el juzgado buscó determinar de dónde provenían esos fondos.

“Se constataron diversos casos que, a criterio del perito, constituyen aportes indirectos prohibidos, ya que se vinculaban con personas pertenecientes a una misma empresa con cargos jerárquicos y que aportaban exactamente el mismo monto dinerario”. Empresas y particulares que, presuntamente, no querían aparecer como los verdaderos financistas de Cambiemos. La investigación penal que dispuso Ramos Padilla deberá centrarse en ellos.

El médico denunció haber sido “hostigado” el pasado fin de semana mientras participaba de la “Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía” a Lago Escondido.

El medico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid fue rescatado este martes con un helicóptero por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca). El hombre se encontraba retenido luego de haber denunciado haber sido “hostigado” el pasado fin de semana mientras participaba de la “Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía” a Lago Escondido, ubicado en la zona cordillerana de la provincia de Río Negro.

Los participantes de la manifestación sufrieron agresiones por parte de sujetos armados que decían responder a Lewis, una información se conoció a través de una denuncia realizada el domingo por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

No obstante, la Justicia Federal de Bariloche rechazó en las últimas horas dos pedidos de hábeas corpus en favor de los manifestantes, y ante este hecho, Fipca, que respalda las actividades de esta marcha a Lago Escondido, comunicó a través de sus redes sociales que llevará a cabo un operativo de rescate.

Por su parte, Leandro Rachid, hijo del médico sanitarista había afirmado esta mañana en declaraciones a Télam que su padre “estaba bien de salud“, y se encontraban “a la espera de que llegue una brigada de Bomberos de Montaña” para bajar de la zona al dirigente peronista.

Leandro Rachid había informado antes de que se conociera la puesta en marcha de este rescate que hoy mismo su padre bajaría del camino del Lago Escondido con ayuda de los bomberos y “los demás manifestantes estaban viendo cómo lo harían”.

La Justicia falló contra el ex jugador de Boca y la Selección Argentina por una deuda impositiva correspondiente al Impuesto de Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2020.

El juzgado Federal de ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 4 le dio la razón a la AFIP y condenó al ex futbolista Carlos Tevez a pagar 42.361.511,85 de pesos, por una deuda impositiva correspondiente al Impuesto de Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2020.

No se confirmó, aunque se estimaba, que Tevez apelará el fallo, y deberá pasarse a una segunda instancia.

Según difundió Diario Mendoza Today, Tevez argumentó que “presentó la declaración jurada definitiva del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2020, cuya cancelación fue instrumentada mediante la suscripción de un plan de pagos en los términos de la RG 4057 (Plan N° PO53792) en la que no se computó suma alguna en concepto de pagos a cuenta”.

Ello fue refutado por el fallo del juez Elías Alfredo Tapia, quien condenó finalmente al ex jugador de Boca, “haciendo lugar a la demanda interpuesta sólo respecto de los intereses resarcitorios y punitorios reclamados respecto de tales obligaciones”.

En consecuencia, se determinó “llevar adelante la presente ejecución contra Tevez hasta que haga íntegro pago a la parte actora (AFIP) de los accesorios previstos en los arts. 37 y 52 de la ley 11.683 (t.o.1998 y sus modif.) cuya cancelación se encuentre pendiente”.

Tevez, además, se había negado a pagar el gravamen extraordinario correspondiente a las grandes fortunas, sancionado el año pasado, con motivo de la pandemia.

A dos días de iniciadas las clases en la Ciudad, explotó la sala de electricidad de la Escuela n°8 ubicada en Boedo.

Este martes una fuerte explosión se produjo en la sala de electricidad de la Escuela n°8 del Distrito Escolar 6 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en la calle Maza 1935 del barrio de Boedo. Como consecuencias del hecho resultó herido un operario, con quemaduras de segundo grado y debió ser hospitalizado de urgencia.

Lucila, docente de la escuela, en declaraciones al portal La Izquierda Diario relató que estaban en su segundo día de trabajo “y de repente se escuchó una explosión muy grande. Bajamos a ver qué había pasado y se había producido una explosión en la sala de electricidad. El operario que estaba trabajando tercerizado para el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta quedó en shock con quemaduras de segundo grado. Evacuamos el edificio”.

La docente relató que la escuela hace años tiene un grave problema. “La sala de electricidad está al lado de la sala de calderas, que a su vez están al lado de donde comen los chicos”, con lo que el riesgo es permanente.

Las trabajadoras y los trabajadores de la institución denuncian que desde hace por lo menos diez años se vienen pidiendo al Gobierno porteño que solucionen estos problemas estructurales, sin ningún tipo de respuestas. “Vienen, arreglan la caldera así nomás y se van. Siempre chorrea agua caliente del techo de la biblioteca, del techo de la vicedirección. Esto no puede seguir, corre riesgo la salud de los chicos y de quienes trabajamos acá, donde incluso hay trabajadores que lo hacen en forma tercerizada”, afirmó Lucila.

El hecho se produjo a dos días del comienzo del ciclo lectivo y hubiese sido una situación mucho más grave de haberse encontrado allí niñas y niños. La escuela viene reclamando desde hace años por problemas eléctricos y el mal estado de las aulas, pero en lugar de resolverlos el Gobierno de la Ciudad tomó la decisión de instalar paneles solares.

El Grupo de Abogados Solidarios presentó la denuncia contra los empleados del empresario británico que impidieron el avance de la Marcha por la Soberanía del Lago Escondido.

Un grupo de abogados presentó este martes una denuncia penal contra empleados del empresario británico Joe Lewis por privación ilegal de la libertad, actos de piratería y sedición y atentados contra la soberanía nacional, tras las acciones realizadas contra los manifestantes de la Sexta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido.

En la denuncia presentada en el juzgado de Bariloche por el Grupo de Abogados Solidarios, que integra Daniel Llermanos, se relata que el pasado domingo “la movilización arribó a la cabecera norte del que denominaron ‘Lago Soberanía’ – Lago Escondido– y el contingente fue allí interceptado, hostigado y privados de su libertad por aproximadamente cincuenta hombres, a caballo y armados, organizados por una persona que ejercía el mando y que fuera identificada como Nicolás van Ditmar”.

Esa situación, según consta en la denuncia, obligó a los miembros de la expedición a intentar replegarse hacia la cabecera sur del lago, donde “pasaron la noche en condiciones de precariedad y con grave riesgo para la salud de las víctimas”.

El secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro y adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, denunció que existe “un ejército paramilitar” solventado por el magnate británico para impedir el ingreso público al Lago Escondido. “Hay una situación de máxima tensión por el dispositivo policial desplegado en el lugar y hubo jinetes armados que respondían a Lewis que amenazaron a quienes participaban de la marcha”, señaló Aguiar en declaraciones a Radio Nacional.

 “La cuestión se habría agravado cuando dos uniformados –policías de montaña- tomaron la decisión de abandonar el lugar dejando a las personas sin ninguna clase de protección y asistencia”, agregaron.

“Atentan claramente contra el derecho de circular garantizado por la Constitución Nacional”

En la presentación judicial, se sostiene que “el maltrato y humillación que tuvieran que soportar los peregrinos, sobrepasó hasta la mente más perversa del nacionalsocialismo, cuando los agresores les proferían que “’iban a cenar asado de la carne de sus cuerpos’”.

Además de Llermanos, firman la denuncia Mario Filozof, Jorge Oscar Chueco, Rafael Resnick, Carlos Roble, Luis Salvatierra, Daniel Trava, Héctor Jorge Rodríguez, todos abogados pertenecientes al Grupo de Abogados Solidarios.

 “No sólo proferían amenazas, sino que han pasado a los hechos concretos, como ser la provocación del hundimiento de la embarcación en la cual se encontraba navegando el -médico sanitarista- Jorge Rachid, el cual se encuentra descompensado y con graves riesgos a su salud, sin poder tener acceso a las vías de comunicación que le permita concurrir al centro asistencial más cercano”, denunciaron los abogados.

El director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires cuestionó a su par porteña, Soledad Acuña, por la decisión de eliminar protocolos para el regreso a clases.  

Tras la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de eliminar los protocolos para el regreso a clases, el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, apuntó hoy contra CABA y aseguró que es “un modo de instalar espectacularidades y de diferenciarse” del resto de las jurisdicciones.

“Me parece que lo que hace la CABA es un modo de instalar espectacularidades y de diferenciarse. Yo preferiría hacerlo en otro sentido, pero las características de la provincia y la Ciudad son muy similares. Las decisiones (entre uno y otro distrito) deberían ser en conjunto, como lo fueron en algún momento fueron”, señaló el funcionario bonaerense en declaraciones radiales.

En ese sentido, Sileoni advirtió que “todavía la pandemia (de coronavirus) no terminó y la ciudad de Buenos Aires se adelanta con la decisión anunciada ayer”, y recordó que “el próximo jueves hay una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) entre los ministros de Salud y Educación de Nación y de todas las jurisdicciones para trabajar en los lineamientos para este año que se inicia”.

Este lunes, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anunció las nuevas medidas de cara al Ciclo Lectivo 2022 que comenzará el 21 de febrero que tendrá como una de sus nuevas recomendaciones no exigir el pase sanitario en ninguna escuela. Tampoco habrá más sistema de burbujas, esto significa que se elimina el sistema de burbujas por aula que se utilizó hasta diciembre del año pasado. La dinámica escolar regresará a la normalidad y todos los espacios de interacción de los chicos serán libres.

Y por último, se elimina el aislamiento por contacto estrecho, por lo que frente a un caso positivo, se le dará avisó a las familias para que puedan advertir rápidamente en caso de que un alumno presente síntomas

En este marco, Sileoni consideró que “la pandemia está en una etapa menos dura que las anteriores” pero si bien “tiene que haber presencialidad y clases, porque es lo que pide la sociedad, las aulas tienen que ser cuidadas y fundamentalmente alentando a la vacunación de todos”.

Sostuvo que “este año tiene que haber clases, pero de manera cuidada”, y añadió que desea “que las aulas exploten de pibes porque ahí hay un bien precioso a resguardar y la pandemia ha dejado un montón de pibes fuera del sistema”. El titular de la cartera educativa dijo “aún hay 60 mil estudiantes con una relación más distante y sabemos lo que hemos perdido por la falta de vínculo y lo queremos recuperar, pero no de cualquier manera sino vacunando y cuidando”.

Se compraron equipamientos para fuerzas de seguridad y se gastaron 9 millones de dólares.

La Oficina Anticorrupción denunció penalmente a Patricia Bullrich por la compra de material para el G20, que se realizó en Argentina en noviembre de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Bullrich era ministra de Seguridad y habría pagado sobreprecios del 300%.

“La Oficina Anticorrupción denunció a Patricia Bullrich por la compra de material para el G20 que llegó 5 meses después del evento y por el que se pagaron sobreprecios de hasta 315%. Chalecos antibalas, scanners, pistolas, ambulancias, equipos antiexplosivos: U$ 9 millones”, contó en redes sociales la periodista Irina Hauser.

Por ahora no se conocieron más detalles de la denuncia que seguramente será una bomba política porque implica, nada menos, que a la presidenta del PRO. Bullrich hasta el momento no hizo declaraciones sobre el tema.

Es por posibles incosistencias en sus declaraciones juradas de impuestos.

La AFIP intimó a 32.746 contribuyentes con incumplimientos en las fiscalizaciones electrónicas. Los procedimientos se encuentran abiertos por inconsistencias en la valuación de inmuebles en el exterior, el uso de facturas apócrifas, liquidaciones de granos no declaradas y la falta de presentación de declaraciones juradas referidas a rendimientos financieros, entre otros motivos.

Las fiscalizaciones electrónicas automáticas son verificaciones y controles no presenciales que se basan en información de distintas bases de datos para detectar inconsistencias en el cumplimiento tributario. La herramienta es utilizada por la AFIP desde 2020. A lo largo de los últimos dos años, los ingresos generados por la herramienta automática superan los $ 4.500 millones en casi dos años.

La AFIP está redoblando los controles para tratar de reducir al máximo la posible evasión de impuestos. A partir del acuerdo con el FMI, el país deberá achicar su déficit fiscal cada año. Una manera de hacerlo sin ajuste es a través del aumento de recaudación.

La fiscalización electrónica potenció las tareas de control sobre los sectores de mayor capacidad contributiva en el marco de la pandemia. Se trata de utilizar recursos para identificar inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes. El mecanismo permite realizar fiscalizaciones de amplio alcance a partir de distintas fuentes de información que, en la mayoría de los casos, no requieren ningún tipo de información adicional de las y los contribuyentes, reseñó el organismo de recaudación en un comunicado oficial.

Los datos de la AFIP mostraron un elevado nivel de respuestas de los contribuyentes a estas fiscalizaciones, que fueron rectificando declaraciones juradas y cumplieron la pretensión fiscal. No obstante, el organismo identificó a un grupo de contribuyentes que no cumplieron con los requerimientos o que no se allanaron a la pretensión fiscal.

Las notificaciones enviadas por el organismo representan el paso previo al inicio de las acciones de fiscalización presencial que, ante la persistencia de los incumplimientos por parte de los contribuyentes, permitirán profundizar en el análisis de las inconsistencias identificadas.

Organismos de Derechos Humanos solicitaron a la AFA que mueva el día del encuentro para la realización del partido por las eliminatorias mundialistas, por coincidir con el aniversario 46 del inicio de la última dictadura cívico-militar.

Diferentes organismos de Derechos Humanos le enviaron una carta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para pedir que cambie la fecha del partido ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022, a disputarse el 24 de marzo próximo.

Los organismos de DD.HH. que integran el espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia pidieron que el partido que está previsto para esa fecha en Santiago del Estero, no se juegue ese día ya que se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar, en el aniversario del Golpe de Estado de 1976.

“Esta fecha fue declarada Feriado Nacional con el objetivo de mantener viva la memoria y el repudio a la dictadura genocida que asolara a nuestro país a partir del 24 de Marzo de 1976. Esta dictadura asesina cometió secuestros, desapariciones, violaciones, torturas, asesinatos, robos de bebés y todos y cada uno de los delitos que figuran en el Código Penal Argentino y algunos que ni siquiera están en él. Esta es razón por la que el 24/3, durante cada año, el pueblo argentino se moviliza y expresa la exigencia por MEMORIA , VERDAD Y JUSTICIA, bajo las consignas de NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS“, señala el comunicado.

También recordaron “la vergonzosa utilización de la pasión de nuestro pueblo por el fútbol, para convertir al Campeonato Mundial de 1978 en una usina de propaganda en contra de quienes denunciábamos las violaciones a los DD.HH. que en ese mismo momento se estaban cometiendo. Recordamos que el campeonato que se desarrolló en junio de ese año, se utilizó también, para hostigar a los familiares que hacían colas para denunciar las desapariciones que estaban ocurriendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA”, expresaron.

“Por estas razones, los abajo firmantes, venimos a solicitar una entrevista personal con el Presidente de la AFA, Sr. Claudio Tapia, para que interceda personalmente ante la FIFA en la exigencia del cambio de fecha del partido de Argentina vs. Venezuela”, concluye.

Los organismos que firman el comunicado son: La Asociación de Profesionales en Lucha, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, el Centro de Abogades por los Derechos Humanos, el Comité de Acción Jurídica, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el Colectivo Memoria Militante, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, el Encuentro Militante Cachito Fukman, Hermanos y hermanas de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de La Plata y Zona Oeste y el Servicio Paz y Justicia.