El ministro del Interior formará parte del encuentro de Gobernadores del Norte, que se realizará este viernes en la ciudad de Iguazú.

El titular de la cartera del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, participará este viernes, de la VII reunión del Consejo de Gobernadores del Norte que se realizará en la localidad misionera de Iguazú.

De Pedro arribó anoche a la ciudad misionera junto al gobernador de Santiago del Estero y presidente protempore del Consejo, Gerardo Zamora. Allí, fueron recibidos en el aeropuerto por el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrara Ahuad.

En la primera reunión del año de gobernadores del Norte Grande participarán también el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas); Alexis Guerrera (Transporte); el secretario de Energía, Darío Martínez y los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raúl Jalil (Catamarca); Ricardo Quintela (La Rioja); Jorge Capitanich (Chaco); Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gustavo Sáenz (Salta).

También participarán del encuentro la secretaria de Provincias, Silvina Batakis y el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

El encuentro se realizará en la capital de Indonesia. El ministro buscará el respaldo internacional con sus pares de los países que tienen un peso en el directorio del organismo multilateral de crédito.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participará la semana próxima de la reunión del Grupo de los 20 (G-20), en momentos en que está por definirse la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El titular de la cartera económica nacional buscará en el encuentro el apoyo internacional en contactos con sus pares de los países que tienen un fuerte peso en el directorio del FMI.

El encuentro que se realizará en Yakarta, capital de Indonesia, reúne a ministros de Economía y Finanzas y presidentes de Bancos Centrales de países con poder de voto en el directorio del FMI.

Participarán ministros de Estados Unidos, Japón y Alemania, entre otros países que vienen mostrando posturas más fiscalistas y son reacios a los programas sin reformas estructurales, como lo establece el preacuerdo entre Argentina y el FMI.

El Palacio de Hacienda aún no confirmó oficialmente el viaje del ministro, aunque si no viaja, es segura su participación en el evento en forma virtual, según señalaron voceros extraoficiales.
La directora gerente del FMI , Kristalina Georgieva, junto con la vicedirectora Gita Gopinath, no estarán en el evento aunque participarán en forma online.

El Gobierno busca apoyo internacional para eliminar los sobrecargos en las tasas de interés de los países que están endeudados por encima de su cuota lo que le permitiría ahorrar más de USD 3.000 millones en los pagos por intereses al FMI.

Argentina quiere también acceder a la distribución adicional de Derechos Especiales de Giro del FMI, que podría beneficiarse con fondos adicionales, que el organismo tiene previsto enviar a los países de ingresos y bajos y medios, entre los que se encuentra nuestro país.

Por “mal desempeño en sus funciones”, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los magistrados.

Este jueves la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso presentó el jueves ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los magistrados Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, a quienes acusan de “mal desempeño en sus funciones”, por desvincular de una causa de espionaje a los responsables de la AFI en el Gobierno de Cambiemos, y avalar la teoría del “cuentapropismo” en la que habrían incurrido los agentes de ese organismo.

Los legisladores del Frente de Todos de esa comisión -encabezados por Leopoldo Moreau (FDT)- se reunieron la tarde del jueves con el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, a quien le presentaron un escrito de unas 25 páginas con los argumentos para impulsar un enjuiciamiento contra los dos miembros de la Cámara Federal Porteña.

Molea, junto a otros integrantes del organismo, como Graciela Camaño, recibió a Moreau y a los diputados Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdes, y Blanca Osuna.

La Cámara Federal porteña, con los votos de Llorens y Bertuzzi, desligó a los entonces titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sosteniendo que los agentes del grupo “SuperMarioBross” actuaban por su cuenta.

Moreau destacó que es la “primera vez que una comisión parlamentaria se presenta a pedir el inicio de un juicio político a dos camaristas por mal desempeño de sus funciones” por la sentencia “arbitraria que ellos llevaron adelante para exculpar” a Arribas y Majdalani.

Añadió que los exfuncionarios no pueden ser desligados de la causa los ex titulares de la AFI porque fueron “los responsables de un plan sistemático espionaje ilegal de persecución que no afecto solamente a quienes fueron víctimas, como centenares de personas y de organizaciones, sino que afecta a la democracia en su conjunto”.

Apuntó que si “esa sentencia es aceptada pacíficamente en la jurisprudencia de la Argentina, eso deja abierto a que cualquier gobierno pueda repetir y agravar el comportamiento de este tipo amparándose en la teoría de que fueron organizados por cuentapropistas o perejiles, como se dice en la jerga común”.

Moreau relató que Molea les dijo que “de inmediato iban a poner en marcha los mecanismos que tiene previsto el Consejo y que iban a pasar a una comisión que debe tramitar la denuncia; y estamos a la espera de una decisión”.

En la presentación, la Bicameral destacó que “el mal desempeño denunciado ha quedado evidenciado y debe ser objeto de consideración por ese Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”

Agregó que “las propias víctimas de la organización delictiva investigada han descripto en sus presentaciones ‘las circunstancias objetivas que demuestran la gravedad institucional que reviste el caso'”.

“Por todo ello, resulta indispensable que de una vez por todas el servicio de administración de justicia se haga cargo de dar una respuesta respecto de hechos que exceden largamente el interés de las partes constituidas en la causa”, ya que “se encuentra en juego el normal funcionamiento de las instituciones democráticas en su conjunto”.

También señaló que se informó a la Corte Suprema pero “no sólo omitieron dar una respuesta jurisdiccional con la celeridad que el caso requería, sino incluso ahora se han apartado del mismo, sin brindar a tal efecto ninguna explicación plausible”.

“Por ende, ya es hora de que los miembros del Poder Judicial de la Nación, que en su enorme mayoría no se encuentran contaminados, le devuelvan a esta investigación el trámite que corresponde”, sostuvo el organismo parlamentario.

Y aseveró que eso se debe hacer “no solo por el interés de las partes constituidas en el presente proceso o por la conveniencia de algún sector político, sino antes bien para que en la Argentina se mantenga o restablezca, de manera irrestricta, la vigencia del Estado de Derecho, cuya recuperación, tanto sacrificio nos costara”.

El presidente encabezó el acto lanzamiento de la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria en Casa Rosada, junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk; y el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El presidente Alberto Fernández dio inicio este jueves a la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, reafirmó la vocación del Gobierno por apoyar el desarrollo de la ciencia y la educación pública y sostuvo que esta inversión se hace por “decisión política”, a pesar de que la oposición haya dejado “sin presupuesto” a la administración nacional.

Al encabezar por la tarde un acto en Casa Rosada junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk; y el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el jefe de Estado afirmó que se están “dando pasos para alcanzar un mejor mañana” mientras se deja “atrás un pasado ingrato”.

Según se informó oficialmente, la segunda etapa del Programa de Infraestructura comprende 75 obras que se realizarán en 24 provincias con una inversión por parte del Estado Nacional de 33.274 millones de pesos.

En su discurso, Fernández hizo mención a la deuda externa que el país contrajo durante la administración de Mauricio Macri y recordó que nada de lo que se haga para afrontar esos pagos se hará “a costa” de las áreas sensibles de la sociedad.

“Vivimos en un país que debe mucha plata y que se ha comprometido peligrosamente con un organismo de crédito. Y cuando llega el momento de ver cómo hacer frente a las obligaciones que otros tomaron, lo que siempre dijimos nosotros es que esto no es a costa de ajuste sobre la gente, de ajustes sobre la salud pública, sobre la obra pública, sobre la educación y menos sobre la ciencia y tecnología”, afirmó.

Acto seguido, recordó que la oposición parlamentaria rechazó, en diciembre de 2021, la llamada Ley de Leyes: “Más allá que no tengamos el presupuesto, lo que tenemos es la decisión política. Nos dejaron sin presupuesto pero no sin decisión política”, reiteró para justificar la inversión.

“Que nosotros sigamos desarrollando infraestructura en universidades es la mejor inversión que podemos hacer, porque estamos invirtiendo en el futuroy porque nada nos va a hacer más ricos que tener generaciones de argentinos que desarrollen el conocimiento, que puedan investigar y desarrollar la ciencia y la tecnología”, afirmó en la actividad de la tarde.

También subrayó que la Argentina, “que ha tenido el enorme privilegio de desarrollar la educación pública como la desarrolló, no puede quedar atrás, no puede desaprovechar el potencial que ha logrado fortaleciendo a lo largo de los años la educación pública y que hoy le permite tener universidades de excelencia”.

Los proyectos del Programa Infraestructura benefician a 1,5 millón de personas y son ejecutados con fondos del Ministerio de Obras Públicas en articulación con la Secretaría de Políticas Universitarias con un financiamiento mixto del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Tesoro Nacional.

El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación afirmó que el entendimiento con el FMI no modificará la política habitacional del Gobierno.

El titular de la cartera de de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional, Jorge Ferraresi, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no cambiará las políticas de vivienda” que implementa el Gobierno nacional, y recordó que este año “la inversión pública aumentará” en relación a lo que se destinó durante 2021.

“El acuerdo con el FMI no cambiará en nada la política habitacional del Gobierno. Seguimos con el objetivo de construir 100 mil viviendas por año. El año pasado tuvimos una inversión pública de 1,4 porciento del PBI y en 2022 tendremos una de 2.2%”, señaló el ex intendente de Avellaneda.

El funcionario señaló además que “una de las cuestiones que se ha tenido en cuenta la negociación con el FMI es justamente no postergar una de las deudas sociales con los argentinos“.

“Estamos muy bien en ese camino con todos los programas destinados a saldar una deuda social con los argentinos que es la de garantizar la casa propia. Estamos trabajando con los sindicatos para avanzar con programas de viviendas para sus trabajadores“, precisó en relación a los proyectos venideros.

A la hora de repasar el estado de la construcción de viviendas, el funcionario consignó “hay más de 110 mil viviendas a construir en todo el país y el mes de marzo se estaremos entregando la vivienda número 40 mil”.

A su vez, remarcó que “el programa de crédito directo para que se construyan viviendas en terrenos ya adquiridos o de familiares viene creciendo muchísimo porque el primer sorteo fue de 13 mil personas y en el último sorteo ya se inscribieron más de 48 mil”.
Tras dos jornadas seguidas de entrega de viviendas en desarrollos urbanísticos en la ciudad de Buenos Aires, Ferraresi sostuvo que el programa Procrear II “cada vez tiene más volumen” y destacó que “en los últimos días se han entregado viviendas” en el distrito porteño.

“Lamentablemente, el Gobierno de la Ciudad no acompaña. No hay interacción, pero nosotros seguimos construyendo en los terrenos nacionales que tenemos y esa es la tarea”, ratificó.

De esta manera, el kilo del popular alimento pasará a costar 300 pesos, a raíz del incrementos de las materias primas y los servicios.

A partir del lunes que viene, el precio del pan aumentará entre un 20% y un 25% y, de esta forma, pasará a costar entre $240 y $300 el kilo.

El aumento se debe a la suba de precios de los combustibles, de los servicios y de las materias primas, según informó este miércoles la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires (FIPBA).

Según explicó el presidente de la FIPBA, Raúl Santoandré, “los huevos, por ejemplo, en diez días aumentaron un 30%; el azúcar un 33%; los plásticos y el papel, un 10%, y la levadura un 35% por ciento”.

“Es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios”, agregó el dirigente empresario sobre los motivos del alza del precio del pan.

Además del pan, otros productos clásicos de las panaderías tendrán incrementos. Las facturas, por ejemplo, costarán entre $400 y $600 la docena a partir del lunes próximo, según el anticipo de Santoandré.

Los panaderos justifican estos aumentos en los precios por la suba de los costos. La semana pasada, el combustible aumentó un 9% en promedio, entre ellos el gasoil, y la mayoría de las materias primas que se necesitan para la elaboración de los panificados se traslada en camiones.

El juez Ramos Padilla rechazó los informes de campaña 2017 de Cambiemos y condenó a la coalición opositora con una multa total de más de $5.5 millones.

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, ­desaprobó la rendición contable de la filial bonaerense de Cambiemos del año 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires y sumó más dudas al escándalo de los aportantes falsos para la ­campaña electoral.

Se trata de los informes de recursos y gastos asignados a la campaña del frente Cambiemos Buenos Aires (nombre que adoptó la coalición en la Provincia) para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y que al año siguiente fueron el centro de un escándalo cuando se reveló que muchos de los supuestos aportantes habían sido inscriptos sin su conocimiento y no habían realmente aportado fondos para la contienda electoral.

El magistrado impuso además una multa total de más de 5,5 millones de pesos a los partidos que integraban la coalición macrista en territorio bonaerense.

El partido que deberá pagar el mayor monto es PRO, la principal fuerza de esa alianza, fundada por Mauricio Macri: Ramos Padilla le impuso una suma de $3.246.965,53. En tanto, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) deberán desembolsar $990.599,65 en cada caso.

Otras ocho fuerzas políticas que integraban Cambiemos en la Provincia fueron sancionadas con multas de $34.395,82. Se trata del Partido Demócrata Progresista (PDP), el Partido Conservador Popular, el Partido Demócrata, la Unión del Centro Democrático (Ucedé), el Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, el Partido Fe, el Partido del Diálogo y el Movimiento Social por la República.

La lista de Cambiemos Buenos Aires para el Senado estaba encabezada por Graciela Ocaña, y la de postulantes a diputados, por Esteban Bullrich.

En su fallo, el juez electoral decidió ­“desaprobar los informes finales de recursos y gastos de campaña de la alianza Cambiemos Buenos Aires de este distrito para la elección primaria del 13 de agosto de 2017, correspondientes a las categorías de diputados nacionales y senadores nacionales”, y “sancionar a los partidos que conformaron la alianza” con las multas detalladas arriba, por un total de $5.503.331,39.

No solo eso, también dispuso “iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito, de conformidad con lo establecido” en el Código Electoral Nacional.

Ocurre que, según se reveló en 2018, Cambiemos Buenos Aires habría anotado como aportantes a personas que figuraban en las bases de datos de beneficiarios de planes sociales; personas que, claramente, no estaban en condiciones de aportar dinero para una campaña y que, en la mayoría de los casos, se enteraron de que figuraban en la lista cuando estalló el escándalo.

Así lo informó el director general de la OMS Tedros Ghebreyesus. A la vez, aseguró que “cualquier sensación de seguridad puede cambiar de un momento a otro”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó esta semana que bajaron los casos y las muertes en el mundo producto de la pandemia. Al mismo tiempo, su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió este miércoles que la pandemia de coronavirus “no terminó” y pidió más apoyo para combatirla.

Días atrás en su informe epidemiológico semanal, la OMS dijo que los casos de coronavirus cayeron un 17% durante la última semana en el mundo en comparación con la semana anterior, incluida una caída del 50% en Estados Unidos, mientras que las muertes disminuyeron un 7%.

En ese sentido, Ghebreyesus lanzó su advertencia y anunció oficialmente un campaña de 23.000 millones de dólares para financiar los esfuerzos del organismo de salud de la ONU y conseguir una distribución mundial equitativa de test, vacunas y medicamentos para el coronavirus.

“Dependiendo donde viva uno, podría parecer que la pandemia de Covid-19 está casi terminada o podría parecer que está en su peor momento. Pero donde sea que viva uno, la Covid-19 no terminó “, dijo Tedros.

“Sabemos que este virus va a seguir cambiando, pero no estamos indefensos. Tenemos las herramientas para prevenir esta enfermedad, diagnosticarla y tratarla”, añadió, según informó la agencia de noticias Europa Press.

En su informe epidemiológico, la OMS dijo Ómicron es cada vez más dominante y representa casi el 97% de todos los casos contabilizados, mientras que un poco más del 3% de los casos correspondían a la variante Delta.

“La prevalencia de la variante Ómicron ha aumentado a nivel mundial y ahora se detecta en casi todos los países”, dijo la OMS.

“Sin embargo, muchos de los países que informaron un aumento temprano en el número de casos debido a la variante Ómicron ahora han informado una disminución en el número total de casos nuevos desde principios de enero de 2022”, agregó.

Sus comentarios llegaron en momentos en que algunos países han anunciado el fin de las restricciones por el coronavirus o planes para ponerles fin luego de superar recientes picos provocados por la variante Ómicron o de empezar a hacerlo.

Tedros dijo que las “enfermedades no respetan fronteras” y que la altamente transmisible Ómicron demostró que “cualquier sensación de seguridad puede cambiar de un momento a otro”.

La economía crea empleo privado hace 13 meses de forma consecutiva.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la industria registró en diciembre un incremento del 10,1% respecto a igual mes de 2020 y cerró el año con un alza de 15,8%, mientras que la actividad de la construcción subió en diciembre un 4,6% interanual y acumuló un 30,8% de crecimiento. La economía ya recuperó lo perdido por la pandemia y por varios años del ajuste macrista. Impresionante.

Al respecto de la actividad industrial, el rubro que mejor suba mostró fue el de automotores y equipos de transporte con un alza del 50,9% sobre el acumulado del año anterior. La industria ya funciona a nivel de 2016/2017.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que tanto la construcción como la producción llevan 14 meses consecutivos en alza, y logró ubicarse en un nivel de actividad que resulta un 26,5% superior a la prepandemia.

Ese crecimiento de la economía argentina viene acompañando de la creación de puestos de trabajo. Hace más de un año que cada mes se incrementa el número de personas ocupadas en el sector privado. Ya casi se recuperaron todos los puestos perdidos durante la pandemia. Ahora, habrá que remontar los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que fueron una catástrofe para los trabajadores argentinos.

Así lo revelaron los estudios de laboratorios de las dosis secuestrada en los allanamientos policiales.

Las primeras pericias aseguraron que la cocaína adulterada que mató a 24 personas en la provincia de Buenos Aires tenía clorhidrato piperidina, un precursor del fentanilo.

La información fue confirmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien informó que el estudio fue realizado en un laboratorio privado.

En ese contexto, Berní aseguró: “Estuvimos a nada de una tragedia masiva“, para luego detallar que “las víctimas contaron que en cuestión de minutos ya sentían que se morían”.

El ministro bonaerense indicó que en los operativos realizados por la Policía se secuestraron 25 mil dosis que estaban listas para vender y adelantó que se encuentran a la espera de que la Justicia apruebe nuevos allanamientos, ya que estiman que aún hay un remanente de dosis adulteradas.

Según explicó, “la piperidina es un precursor del fentanilo, el cual se clasifica dentro de los opioides, sustancias que son anestésicos y analgésicos”. A su vez advirtió que la sustancia “estaba en forma de clorhidrato, pero no como clorhidrato de cocaína”, lo que arroja como resultado que se trataba en realidad de clorhidrato de piperidina.

Berni sostuvo que, a su criterio, “estábamos ante la presencia de un simulacro de cocaína que salió mal”.