El primer acto se realizó a las 11 en el Monolito colocado en su memoria frente a la Terminal de ómnibus de Pinamar.

Al cumplirse este jueves 27 años del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, sus familiares y colegas hicieron distintos homenajes para recordarlo, uno de ellos en la cava de General Madariaga en la que se halló su cuerpo calcinado el 25 de enero de 1997.

El primer acto se realizó a las 11 en el Monolito colocado en su memoria frente a la Terminal de ómnibus de Pinamar.

En simultáneo, se realizó otro recordatorio en la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), situada en Venezuela 1433.

La misma iniciativa se desarrolló en la plaza San Martín, de la ciudad de La Plata, convocada por el Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo).

En tanto a las 19, sus familiares y allegados planean homenajearlo mediante un acto en la cava de General Madariaga, ubicada a la altura del kilómetro 385 de la ruta provincial 11, donde fue hallado asesinado hace 27 años.

Al respecto, y en diálogo con Télam, la hermana de José Luis, Gladys Cabezas, dijo que, en ambos homenajes, como todos los años, “van a estar los colegas, los amigos y los familiares”.

“Como hace 27 años vamos a plantar un árbol”, en su memoria, contó la hermana del fotoperiodista, quien volvió a recordarlo como “un tipo bueno” que “podía hacer todo bien”.

“Ya sabemos las diferencias entre lo bueno y lo malo, cuando vos sos bueno, podés hacer todo bien y él hacía todo bien, no merecía estar muerto, pero bueno, pasó”, agregó.

“Tenemos que recordarlo y creo que es el momento justo para pedir a la Justicia, que por favor empiecen a trabajar”, exhortó Gladys, quien pidió que se termine con “las condenas ‘exprés'”, ya si las penas se cumplieran, “Umma hoy no estaría muerta”, dijo en referencia a la niña de 9 años, hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asesinada el pasado lunes por delincuentes en Lomas de Zamora.

Por último, Gladys pidió que no “haya más José Luis Cabezas”.

Un crimen que cambió la historia

Cabezas fue hallado asesinado el 25 de enero de 1997 y el primer juicio por asesinato se realizó en enero de 2000 en los Tribunales de Dolores y finalizó con las condenas a prisión perpetua del policía Gustavo Prellezo, del custodio del empresario Alfredo Yabrán, Gustavo Ríos; de los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta y de los integrantes de la banda “Los Horneros”Horacio Anselmo Braga, Sergio Gustavo González, Miguel Retana y José Luis Auge.

Pero en septiembre de 2003, el Tribunal de Casación bonaerense redujo las penas impuestas en base a la denominada la ley del “2×1” entonces vigente, que computaba doble el tiempo en prisión que habían pasado los acusados previo a ser sentenciados.

Fue así que los “Horneros”, con excepción de Retana que murió en la cárcel, fueron beneficiados con morigeraciones de la prisión.

En 2007, Braga y Auge violaron las condiciones de prisión domiciliaria y por orden de la Justicia volvieron a ser detenidos, aunque tiempo después volvieron a ser excarcelados.

A su vez, en un segundo juicio por el caso, realizado en 2002, fue condenado a reclusión perpetua el comisario de Pinamar Alberto “La Liebre” Gómez por liberar la zona para que se pueda consumar el crimen del reportero gráfico.

Conmoción en el Gobierno de la Ciudad. La causa del hecho se encuentra bajo investigación caratulada como “averiguación de muerte dudosa”.

Carlos Pedrini, titular del Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires (IVC), fue hallado sin vida en su casa del barrio porteño de Parque Chacabuco, por lo que se inició una causa por averiguación de causales de muerte.

El hecho ocurrió en horas de la tarde tarde en su domicilio ubicado en la calle Pumacahua al 600, del mencionado barrio, tras un llamado al 911 de un hombre que aseguró que su compañero de trabajo se encontraba sin vida en el interior de su vivienda particular, consignaron fuentes policiales a Télam.

La policía solicitó la presencia del Same, que constató el fallecimiento de Carlos María Pedrini, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, según informó la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa del hecho se encuentra bajo investigación caratulada como “averiguación de muerte dudosa”.

Pedrini de 48 años, comenzó en la gestión pública en 2008, en la Dirección General de la Economía Social de la Ciudad de Buenos Aires y luego ocupó el cargo de viceministro de Desarrollo Social de la Nación, en la gestión de Carolina Stanley como titular de la cartera, durante la presidencia de Mauricio Macri.

En 2023, Pedrini asumió el cargo titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión del exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y continuó bajo la actual del alcalde de CABA, Jorge Macri.

Estos días una delegación de funcionarios estadounidenses se encuentra en el país para tratar cuestiones de seguridad en medio de la escalada de violencia en el país.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instó este lunes a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, a no permitir la presencia de las tropas estadounidenses en el país, afirmando que la medida solo conducirá a “caos y violencia”.

“No le abra las puertas de su país al diablo. Dígame, presidente Noboa, pueblo de Ecuador, ¿un solo país del mundo donde los Estados Unidos hayan ayudado a que se estabilizara?“, expresó el líder venezolano, refiriéndose a la visita de una delegación de altos funcionarios del Gobierno de EE.UU. a Quito para abordar asuntos en materia de seguridad.

De acuerdo con sus palabras, en los países donde llegan militares estadounidenses se impone el caos. “No será el Comando Sur […], quien lleve la paz y la seguridad verdadera, con pleno respeto a la Constitución, al pueblo de Ecuador”. Maduro subrayó que EE.UU. busca apoderarse de las riquezas de los países, “meten sus garras” y donde el Comando Sur se presenta, “llega el caos, violencia y llega más narcotráfico”, dijo.

Previamente el mismo día, se informó que la delegación, que incluye a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, está de visita en Ecuador “para acelerar la cooperación bilateral en materia de seguridad” y estará allí hasta el próximo jueves.

La semana pasada, el mandatario ecuatoriano aseveró que las autoridades de EE.UU. estaban dispuestas a colaborar en la “guerra” contra la criminalidad –que fue declarada hace dos semanas–, y que Quito recibiría ese apoyo con brazos abiertos.

Fuente: RT

Caída del casi 30%.

La producción de las pyme industriales se desplomó en diciembre, en el primer mes de gobierno de Javier Milei: registró una caída interanual del 26,9% según el Índice de Producción Industrial (IPI) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado a partir del relevamiento de la situación de 410 industrias pymes “a nivel federal”.

El desempeño económico de diciembre fue brutal. Si bien no se trató de un buen año para el sector industrial PYME, la caída estuvo largamente por encima del promedio del año. En general, todos los sectores cayeron en promedio 2,6% en el año, pero hubo sectores que terminaron con saldo positivo. Sin este diciembre negro, posiblemente el sector PYME hubiera podido zafar un año complicado.

Los motivos de la caída tiene que ver con la brutal devaluación que llevó adelante Milei a lo que se suma el aumento en el combustible. Ese combo explosivo golpeó sobre los ingresos de las familias, que redujeron el consumo, de forma lógica. Para las PYMES industriales la consecuencia fue lógica: una caída de la actividad récord.

En enero se espera una situación similar, porque la inflación seguirá en topes históricos, lo que impacta sobre el consumo y la producción. El gobierno parece apostar a una recesión para resolver los problemas económicos, algo insólito para cualquier teoría. ¿Salir de una crisis produciendo menos? ¿Eso no agravará la crisis?

Así lo estableció el Gobierno a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Los médicos deberán consignar el nombre genérico o denominación común internacional en la receta, aunque también podrán sugerir una marca comercial que el farmacéutico podrá sustituir por otra de menor precio a pedido del consumidor, según estableció el Gobierno a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, al tiempo que definió que la venta libre de medicamentos en establecimientos no habilitados como farmacias estará limitada a los antiácidos y analgésicos.

Con esta medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 63/2024, el Poder Ejecutivo avanza en la reglamentación de los artículos concernientes al área de salud, vinculados a la prescripción de medicamentos y su comercialización que contiene el DNU 70/2023 firmado en diciembre último.

El Ministerio de Salud destacó que el diálogo con los distintos sectores permitió avanzar en las especificaciones sobre la prescripción de medicamentos y su comercialización

Según indicó el Ministerio de Salud, en esta nueva norma “se definen los alcances del primer decreto reglamentario, estableciendo medidas complementarias y aclaratorias para su mejor aplicación, garantizando las condiciones de seguridad sanitaria”.

Estas medidas disponen el principio rector de facilitar la utilización de genéricos, las condiciones que facultan a los profesionales a prescribir especialidades medicinales bajo un sistema electrónico, así como para la comercialización de aquellas de venta libre fuera de farmacias, y el despacho de recetas por parte de las droguerías habilitadas.

Según detallaron fuentes de la cartera sanitaria, “en esta dirección, y como resultado del diálogo con los distintos sectores, se avanzó en la definición de las especificaciones sobre la prescripción de medicamentos y su comercialización”.

Prescripción y venta

Según el nuevo decreto, los profesionales de la salud facultados a prescribir especialidades medicinales deberán consignar el nombre genérico o denominación común internacional del medicamento en la receta y podrán sugerir una marca comercial, mientras que el farmacéutico “tendrá la obligación, a pedido del consumidor, de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades que el prescripto”.

“El farmacéutico, debidamente autorizado por la autoridad competente, es el único responsable y capacitado para la debida dispensa de especialidades medicinales que requieren recetas, como así también para su sustitución”, agrega la norma.

Asimismo, el sistema de receta electrónica deberá devolver al profesional actuante la información, en caso de sustitución en farmacia, para preservar un adecuado seguimiento del tratamiento clínico del paciente.

Los medicamentos de venta libre en establecimientos que no sean farmacias no estarán al alcance del público, debiendo ser entregados por un dependiente

En cuanto al expendiendo de medicamentos en establecimientos que no sean habilitados como farmacias, que había generado reclamos por parte del sector tras la publicación del DNU 70/2023, el nuevo decreto especifica que la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre “estará limitada a los antiácidos y analgésicos”.

A tales efectos, y con carácter previo a la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, dichos establecimientos deberán presentar la documentación que acredite su derecho sobre el inmueble, de acuerdo con la legislación vigente, y una póliza de seguro que cubra riesgos de venta de productos farmacéuticos por una suma asegurada mínima equivalente a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos, vitales y móviles.

También, contar con un espacio para almacenar las especialidades medicinales, separado e independiente de otros productos comercializados por el establecimiento, resguardado bajo llave y que reúna las condiciones de higiene, seguridad, limpieza, amplitud, luz y ventilación adecuadas conforme las especificidades que determine la autoridad de aplicación.

Por otra parte, los medicamentos de venta libre en establecimientos que no sean farmacias deberán encontrarse de modo tal que el público no pueda acceder directamente a las especialidades medicinales y fuera del alcance de los niños, debiendo ser entregados por un dependiente del establecimiento.

En tanto, la temperatura máxima del establecimiento no podrá superar los 24 grados centígrados.

El decreto añade que se encuentra prohibida la comercialización de las especialidades medicinales a menores de 18 años y que queda prohibido el fraccionamiento del envase primario y secundario en todos los casos.

Según el nuevo decreto, la autoridad competente podrá establecer por vía reglamentaria otros requisitos para asegurar que las especialidades medicinales indicadas en el primer párrafo conserven inalteradas sus propiedades fisicoquímicas.

En tanto, las droguerías podrán despachar únicamente al público recetas en las que se prescriba exclusivamente medicamentos oncológicos o los de tratamientos especiales listados por la autoridad de aplicación. Así, quedará excluida de este canal la comercialización de cualquier otra especialidad medicinal.

Finalmente, en el artículo 5 del decreto se indica que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) podrá incorporar otros ingredientes farmacéuticos activos (IFA), como monodroga o como asociación o combinación a dosis fija para la realización de estudios de bioequivalencia/biodisponibilidad, así como establecer excepciones sobre la base de la evidencia científica y/o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Fuente: Télam

A través de una carta dirigida al Congreso, artistas de todo el país se oponen a las iniciativas del Poder Ejecutivo Charly Garcìa, Fito Páez, León Gieco, y Leonardo Sbaraglia, entre otros son las personalidades firmantes.

Charly García, Fito Páez, León Gieco, Cecilia Roth, Claudia Piñeiro y Leonardo Sbaraglia son algunas de las más de 20.000 figuras de Argentina que firmaron una carta publicada este domingo en rechazo a las reformas en el sector cultural en Argentina contenidas en la denominada Ley Ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei.

La advertencia de los artistas está contenida en una solicitada publicada en varios diarios titulada “La cultura está en peligro”, que posee más de 20.000 firmas de personalidades del arte en todas sus manifestaciones.

En el texto manifiestan su descontento y piden que no se realicen las modificaciones planteadas por el Gobierno que buscan el “desfinanciamiento” del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y de las Bibliotecas Populares.

Por otro lado, exigen que no se cierre el Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y que no se derogue la Ley de la Actividad Librera.

“Queremos seguir teniendo una identidad propia como Nación. De otro modo, sólo nos quedará el destino triste de no ser. De eso se trata esta lucha. Un país es tan grande o tan pequeño como la medida de su proyecto cultural”, expresan en la misiva dirigida hacia los diputados y senadores nacionales que tratan la Ley Ómnibus. A los legisladores, les solicitan que “estén a la altura”, debido a que “la cultura es lo único que no se puede importar, la hacen los pueblos”.

Los referentes culturales exponen que la administración de Milei “pretende derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural” del país y aseguran: “Arremete contra la cultura, los medios públicos y los organismos descentralizados que fomentan la producción cultural de nuestra Nación”.

“No hay en la letra de su desarrollo el mero atisbo de participación ni interés alguno en el quehacer cultural, y por el contrario, el texto tiene una mirada mercantilista que apunta sin miramientos a desfinanciar y anular el desarrollo de las actividades de nuestra cultura nacional”, agregaron.

La carta abierta también cuenta con el apoyo de León Gieco, Santiago Mitre, “Palito” Ortega y Martin Caparrós, entre otros.

Las medidas, que estos referentes consideran que van en contra de los valores esenciales para la Argentina, fueron repudiadas por el sector. De hecho, se realizaron manifestaciones frente al Congreso, la Casa Rosada y en distintas ciudades del país. De las movilizaciones participaron desde actores y músicos hasta gestores culturales.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa, advirtió sobre los alcances de la “ley ómnibus” en los sectores productivos y exportadores de la provincia.

Durante los últimos días, el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa, han mantenido reuniones con referentes de la industria metalúrgica, sectores del campo y de los biocombustibles, la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y de la Industria Metalmecánica y Componentes de Córdoba, quienes han manifestado su preocupación por las medidas incluidas en el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y en la “ley ómnibus” que afectan a los sectores productivos.

“Nosotros hemos recibido a todos los sectores productivos de Córdoba que nos han acercado su preocupación por las retenciones de exportación que el DNU está aplicando a todos los productos que se producen en nuestra provincia y que son exportables. Ese 15% a algunos sectores les hace mucho daño y a algunos otros prácticamente lo saca del mercado”.

Estos sectores -al igual que los autopartistas provinciales y los autopartistas- nos han hecho llegar la gran preocupación de que podrían llegar a perder todos los mercados que han ganado en el exterior. Este 15% los deja completamente afuera de mercado y de competencia en el exterior con otras marcas que vienen de otros países –y que son marcas de punta-. Y es que ellos han invertido muchos años de esfuerzos para imponer su marca. Porque una fábrica -de sembradoras, o fumigadoras, o de autopartes- lo que vende es una marca; e imponer una marca de estas características en el mercado es muy difícil, lleva muchos años. Este 15% de retenciones de exportación hace que se pierda ese mercado, y aunque dure solo un año la medida lamentablemente si se pierde el mercado un año se pierde todo el mercado del exterior. Por lo tanto, la gran preocupación por ese 15% -que no le significa mucho a la administración nacional- es que para Córdoba significa una fuerte pérdida de productividad y del efecto “derrame” en toda la provincia -y en varias localidades de modo más puntual-, destaco el funcionario.

Economías regionales

“Con los biocombustibles pasa lo mismo que con las economías regionales –que son economías de agregado de valor a varios productos primarios –como el poroto, el garbanzo, el maíz pisingallo, el maní, la alfalfa, y algunas otras más-. Si se pierden esas pequeñas economías regionales -que dan el valor agregado a esos productos primarios- mucha mano de obra se vería afectada. En el caso de la alfalfa –con la elaboración de fardos exportables- y del pisingallo quedarían totalmente fuera de mercado, y hay muchísimo “derrame” económico que se pierde. En el caso de los biocombustibles ahora se ha llegado a un arreglo en el cual se le va agregar un artículo donde le exigen a las petroleras la presencia de un “corte” en las naftas y en el biodiesel. Aquí, en Córdoba – al igual que en Santa Fe –, se han hecho fuertes inversiones en el área de los biocombustibles que se perderían completamente de no modificarse el punto que los afecta.

El gobierno de la provincia está de acuerdo en líneas generales con la ley ómnibus. Vamos a apoyar; hay que apoyar al gobierno nacional. Sabemos que hay que hacer un cambio estratégico en la administración nacional y que eso incluye muchas leyes. Pero esas leyes no deben afectar a la industria y menos a la del interior -del interior-.

Fuente: La Nueva Mañana

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Gustavo Weiss, manifestó su preocupación por la suspensión de obras que generan una deuda acumulada de más de $30 millones.

Según el dirigente sectorial, “la obra pública está prácticamente sino totalmente paralizada en todo el país. Independientemente del origen de los fondos, de si son nacionales, provinciales o municipales, las obras están frenadas”.

“Hay desde grande obras de infraestructura hasta lo que se dice cordón cuneta. Entre aquellas que ya han sido facturadas y la que está en trámite, la deuda debería ser del orden de los $300.000 millones“, agregó.

Sobre aquellas obras que permanecen paralizadas en el medio del proceso de construcción, Weiss remarcó: “El Gobierno quiere que se concesione todo lo que sea y las obras las hagan los privados, pero (el ministro de Infraestructura) Guillermo Ferraro sabe que hay obras que no se pueden hacer por el sector privado porque no tienen rentabilidad y las tiene que encarar el Estado”.

El presidente de Camarco presentó sus dudas respecto de la suerte del RIGI, el régimen de promoción de inversiones con el que el Gobierno busca tentar fondos externos. “Me parece bien que venga todo el capital privado que pueda porque el déficit de infraestructura es gigantesco, pero no van a venir con esta macro.

La ley ómnibus, ingresada al Congreso y debatida por estos días en comisión, plantea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un sistema con beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para promover inversiones productivas y de infraestructura que serán aplicables a vehículos titulares de un único proyecto de inversión y que aplicaría, eventualmente, a las obras públicas en suspenso.

“Si hoy viene Ferraro y me dice ´acá tenés la plata, empezá a hacer las obras´, no lo hago, porque pierdo plata por la inflación“, aseguró.

“Una crisis como ésta es inédita. Hemos pasado períodos de paralización, pero esta crisis nos impacta con muchas obras en ejecución, con empresas con mucha carga, mucha deuda. En 2001 las empresas tenían pocos contratos, entonces se pudo capear”, explicó el referente sectorial.

Fuente: Ámbito.

Natalio Lattanzi, intendente de Rufino, aseguró que “no se pueden abandonar las obras públicas”, en relación a la ruta 33.

Natalio Lattanzi, intendente de Rufino, en la provincia de Sante Fe, quien en la campaña apoyó la candidatura de Javier Milei, aseguró que “hay vuelcos y accidentes por la paralización de obras” en las ruta nacionales 33 y 7.

“No se pueden abandonar las obras públicas”, dijo en El Destape Radio y agregó: “Los gobiernos nacionales que no trabajen con los gobiernos locales se equivocan de acá a la China”.

Rufino es una ciudad ubicada al sur de la provincia de Santa Fe y, en los últimos días el Jefe Comunal se quedó de la suspensión de una obra pública que se estaba ejecutando sobre la Ruta Nacional N° 33. Al respecto, recordó que “las obras públicas en nuestra región son de hace 20 años”.

El intendente señaló que “la obra está con contrato vigente, pero la empresa la paró hace 6 meses y quedaron baches abiertos en un tramo de 75 km, generando vuelcos, rotura de llantas, y accidentes. No podemos dejar una ruta abandonada”.

“Los municipios somos la primera puerta que golpea el vecino; somos los primeros que estamos en la ruta auxiliando”, dijo en referencia a la incertidumbre que genera tener la obra paralizada. “Tenemos que llegar a un punto de acuerdo”, exigió y volvió a apoyar al gobierno de Milei: “Si alguien plantea hacer las cosas distintas a las que se venían haciendo hay que acompañarlo”.

Para Lattanzi “con todos los recursos que genera la región y aporta al tesoro nacional, que en 25 años se hagan 35 km es un despropósito”. Por otra parte, el dirigente contó que mantuvo varias “reuniones con intendentes de General Villegas”, ciudad vecina, y que recién el jueves “recibí respuesta de Vialidad Nacional para no discontinuar con la obra y hacer el seguimiento permanente”. De esa manera, el mismo día, “tapamos el 95% de los baches”.

Faltando pocos días para el inicio de la competencia, la AFA difundió los precios de las entradas generales para la Primera División y el ascenso.

Luego de las vacaciones, el próximo fin de semana la pelota volverá a rodar en las canchas del fútbol argentino. El viernes 26 de enero iniciará formalmente la Copa de la Liga.

En este sentido, a pocos días del retorno, la Asociación del Fútbol Argentino decretó el nuevo precio mínimo y máximo para las entradas generales de cada una de las categorías que la componen el fútbol argentino.

Como era de esperarse, los nuevos costos reflejan un aumento considerable del 100% con respecto a los últimos precios publicados en el pasado mes de agosto.

Se estableció que las entradas generales para los partidos de la Liga Profesional el mínimo pase de $4.000 a $8.000 con el máximo escalando de $4.900 a $9.900.

En la misma tónica y en porcentaje similares el aumento sucedió en todas y cada una de las categorías, como lo son “jubilados, pensionados y damas”, que en la máxima categoría pasa de un mínimo de $1.600 y un máximo de $2.500 a uno nuevo valor mínimo $3.200 y $5.050 como máxima. En lo que respecta a menores, las cifras pasan a estar entre $1.700 y $2.750 cuando antes estaban entre $850 y $1.600.

El mismo aumento, que oscila el 100% con relación a los últimos precios publicados en agosto, también sucede en las entradas de Primera Nacional, Primera B, Primera C y Fútbol Femenino.