Lo hará en el marco de la causa que lleva adelante el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi. El juez de Avellaneda deberá expedirese “acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano”, dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.

La ronda de declaraciones testimoniales en la causa que investiga espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo seguirá este próximo lunes con la citación al juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien podría pedir postergar el trámite como ya lo hizo Mariano Macri, el hermano del expresidente Mauricio Macri.

Por otro lado, en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi preparan cuestionarios de preguntas para enviar a otros dos de los testigos que fueron convocados, el diputado Diego Santilli y la interventora de la AFI Cristina Caamaño, quienes por sus cargos hicieron uso de su derecho a declarar por escrito, informaron fuentes judiciales.

En cuanto a Mariano Macri, el magistrado reprogramará la audiencia luego que el hermano del exPresidente pidió postergarla por razones de salud.

Carzoglio está convocado para el lunes al trámite que se haría a través de la plataforma Zoom, pero según fuentes del caso podría pedir postergación.

El juez de Avellaneda estuvo suspendido y está en la actualidad de licencia y fue convocado para que “se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano“, dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.

Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo, cuando estaba a cargo del juzgado de Avellaneda.

Martínez De Giorgi ordenó las citaciones para declarar bajo juramento de verdad, entre otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación que pasó del fuero federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación.

En la causa estuvieron procesados los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exjerárquicos del organismo y exagentes.

Pero cuando el caso llegó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal “cuentapropista” de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, Majdalani.

Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito.

La exfuncionaria quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como “Súper Mario Bros” por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.

El magistrado dispuso las nuevas medidas y, entre ellas, pidió con carácter de “muy urgente” informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de “un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente” entre ese organismo y la AFI “a través de un enlace dedicado o mecanismo similar”.

La interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.

Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe “si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación”, entre otros puntos.

A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los “números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros” entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.

El referente de Juntos y diputado de la oposición había sido citado para declarara “acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados” en la causa sobre espionaje durante el macrismo.

La causa por espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo se reactivará la semana próxima con el inicio de las declaraciones testimoniales ordenadas por el juzgado, entre ellas la del diputado nacional Diego Santilli, quien pidió responder por escrito.

Santilli está citado este lunes para expedirse “acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en autos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar”, según resolvió el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi.

Sin embargo, el diputado nacional, querellante como víctima del espionaje ilegal, hizo uso de su derecho a declarar por escrito y ante ello el juzgado le enviará un pliego de preguntas luego de consultar a las partes.

Para el martes 15 a las 10 hs sí está previsto que concurra a Comodoro Py 2002 otro testigo convocado, el exfuncionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, a quien en 2018 le dejaron una caja con explosivos en la entrada de su domicilio.

Un detenido en una causa por narcotráfico declaró luego que habría sido contactado por un abogado que trabajaba para la AFI para dejar la caja en la casa de Vila.

El próximo testigo convocado para el 21 de marzo es Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri y un día después, el 22, se espera a la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, aunque en su caso también podría optar responder por escrito.

A Caamaño, el magistrado detalló que se la citó como testigo en relación a un reportaje publicado por el diario Tiempo Argentino el 25 de diciembre pasado y se le hizo saber que “deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520”.

Otro testigo será el suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio, citado para el 28 de marzo “a fin de que se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano“, dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa. Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo.
Martínez De Giorgi ordenó las citaciones entre otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación iniciada en la justicia federal de Lomas de Zamora por orden de la Cámara Federal de Casación Penal.

En la causa estuvieron procesados los ex responsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exjerárquicos del organismo y exagentes. Pero cuando el caso pasó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal “cuentapropista” de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, Majdalani.

Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito. La exfuncionaria quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como “Súper Mario Bros” por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

Distintas querellas apelaron el fallo del 21 de diciembre pasado para llegar a la Cámara Federal de Casación, pero los recursos fueron rechazados y sólo resta ir en queja directa ante el máximo tribunal penal federal del país.

El abogado de Juan Pablo “Pata” Medina presentó un escrito en el marco de la causa que investiga el armado de causas judiciales.

El referente sindical de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Juan Pablo “Pata” Medina, solicitó este viernes en la Justicia que se amplíe la imputación del expresidente Mauricio Macri y que se llame a indagatoria a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y otros exfuncionarios, en el marco de la causa que investiga el supuesto armado de causas judiciales en su contra.

El escrito fue presentado por su abogado, César Albarracín, ante “la profusa prueba colectada que permite sospechar sobre la existencia de delitos de inusitada gravedad institucional cometidos por los nombrados”, según dice el texto de 65 carillas.

De esta manera, el sindicalista busca demostrar que Macri, Vidal y su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, llevaron a cabo una “persecución” para encarcelarlo.

Además de Macri, en el escrito se solicita que se amplíe la imputación de Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Gerardo Martínez; Federico Salvai; Gustavo Ferrari y Julio Conte Grand.

Por su parte, además de Vidal y Villegas, en el escrito se solicita también la indagatoria de los exfuncionarios provinciales Adrián Grassi, Roberto Gigante, el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador Juan Pablo Allan, el exdirector de jurídicos de la AFI macrista Juan Sebastián De Stefano, los exAFI Darío Alberto Biorci, y Diego Luis Dalmau Pereyra y empresarios que participaron de la reunión en el Banco Provincia.

La medida alcanza a Vidal y a todos los que se reunieron el 15 de junio de 2017 en el salón de usos múltiples del edificio porteño del Banco Provincia, oportunidad en la que empresarios, funcionarios públicos y directivos de la agencia federal de inteligencia discutieron estrategias para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales como Medina.

Ayer, Vidal -actual diputada nacional por Juntos- negó que desde su gobierno se hayan armado causas y que hubiera existido un “modus operandi” para perseguir a gremialistas opositores.

Así lo aseguró Leopoldo Moreau en relación al video que muestra la connivencia entre espías y funcionarios macristas.

El diputado nacional y miembro de la comisión en el Congreso que investiga el espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. “La ley de inteligencia prohíbe el contacto con funcionarios de los agentes de la AFI”, aseguró. Justamente, esa connivencia entre macristas y espías está largamente comprobada, como se vio en el video de la “gestapo de Vidal”.

“Vidal encabeza un grupo de mentirosos diciendo que no sabían que eran agentes de la AFI, hay amistades íntimas de por medio”, insistió. “En la bicameral y en el juzgado constan dos horas de video de la reunión, pero lo que se vio es más que suficiente, se tiran encima la mitad del código penal”, agregó.

“Villegas dice que no sabía nada pero entró ocho veces a la AFI a entrevistarse con los que estaban sentados ahí y dice que no los conocía”, aseguró Moreau en relación al ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires. En el video se ve cómo los agentes llegan, se presentan y arrancan la reunión. ¿Ahora nadie sabía quiénes eran?

“Uno podría hablar de las pruebas, pero acá lo grave es que Macri y su gente rompieron el pacto democrático”, resumió. Por primera vez en la historia de la democracia argentina pos dictadura militar, un gobierno usó el espionaje ilegal para perseguir a opositores.

Así lo comparó la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, a la hora de evaluar el escándalo por la Gestapo antisindical.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, consideró hoy que la instalación de una mesa judicial durante el gobierno de Cambiemos “no fue algo improvisado” y aseguró que el exmandatario Mauricio Macri “viene armando esto desde que era presidente de Boca”.

“Esto no fue algo improvisado. Los que piensan que Macri es nada más que un tilingo, se equivocan”, puntualizó Caamaño esta mañana en diálogo con AM 750 y en el mismo sentido profundizó: “Esto (la coordinación entre espionaje y Poder Judicial) él lo viene armando desde hace muchos años, desde que era presidente de Boca. Las causas cuando llegan a Comodoro PRO se frenan”.

La funcionaria explicó que cuando la gestión del Frente de Todos decidió intervenir la AFI cambiaron los discos en las computadoras “y los viejos fueron a tecnología, donde “se los ha ido revisando para ver si se podían reutilizar“.

“Ahí encontraron este archivo, donde se ve la reunión de la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires“, siguió Camaaño en referencia al video hallado en los archivos de AFI que registró a funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal reunidos con empresarios y exagentes de inteligencia proponiendo armar una “Gestapo antisindical”.

Sobre esa filmación, remarcó que en las imágenes se observa a “parte de la mesa judicial de Vidal, que se completa con la mesa judicial nacional, que era la mafia de Macri”.

Además, destacó que “en el video se escucha a Villegas (exministro de Trabajo bonaerense) decir que tiene todo arreglado con el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, con los jueces y con la fiscal”.

Caamaño insistió en la sospecha de que las cámaras que grababan las reuniones en la sede del Banco Provincia “fueron puestas por la AFI” y definió como “una Caja de Pandora” todo el material encontrado en las oficinas del organismo de inteligencia, por lo que no descarta que puedan aparecer más videos.

La interventora subrayó que el presidente Alberto Fernández le “encomendó” no sólo “hacer denuncias cuando encontremos irregularidades”, sino también “llevar al Estado de Derecho todo lo que se pueda a una Agencia Federal de Inteligencia, y dedicarnos a una inteligencia estratégica”.

En este sentido, destacó que actualmente “debe haber 10 teléfonos encriptados en toda la Agencia”, mientras que durante la gestión anterior “había 120, de los cuales 60 pertenecían a gente del Gobierno y no de la Agencia“.

Sobre este último punto, identificó a algunos funcionarios que poseían estos teléfonos, tales como “la exgobernadora María Eugenia Vidal, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici; el consultor Jaime Durán Barba, y el abogado particular de Macri”.

En la misma línea, especificó que “por supuesto que va a haber algunas operaciones secretas, pero son mínimas, igual que los gastos reservados” y puntualizó que “cuando nosotros llegamos más del 99 por ciento de los gastos eran reservados” y “los únicos (haberes) públicos eran el sueldo de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani”.

El Presidente, a través de su cuenta de Twitter, se refirió al escándalo de la Gestapo sindical. Además, alentó a la Justicia a “que se investiguen acciones del anterior gobierno”.

Alberto Fernández se refirió este martes al caso de espionaje ilegal en el que están involucrados funcionarios del gobierno anterior a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

A una semana de la aparición de una grabación en video de una reunión en la que integrantes del gobierno provincial de la exgobernadora María Eugenia Vidal mencionan su deseo de crear una “Gestapo sindical” para enjuiciar a sindicalistas.

“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores. A partir de la nueva información quisiera recordar: al inicio de la gestión denunciamos la existencia de mas de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos“, señaló Fernández en su cuenta de Twitter.

“Así, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros. ¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?”, se preguntó Fernández.

“Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible. Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos”, añade el mandatario.

Y en su mensaje final anuncia que “he impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”.