PresentaciÃģn de Cristina Kirchner que desnuda el lawfare judicial.
La vicepresidenta Cristina FernÃĄndez de Kirchner compartiÃģ un extenso documento con las 20 mentiras de la causa Vialidad, con la que el poder judicial, los grandes medios y el macrismo buscan un fallo condenatorio contra CFK sin pruebas. El documento es largo pero muy preciso: demuele cada una de las mentiras la operaciÃģn judicial.
A continuaciÃģn, el documento completo:
- NK y CFK asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria
a. Las decisiones en materia de inversiÃģn pÚblica son de resorte exclusivo de los Ãģrganos polÃticos y no existe ninguna norma jurÃdica que fije lÃmites sobre cÃģmo se debe llevar a cabo su distribuciÃģn. Asà lo reconoce la doctrina de los autores, entre ellos, la del actual Presidente de la CSJN, Horacio Rosatti y la jurisprudencia emanada de nuestro mÃĄs alto Tribunal (fallo âBustosâ)
b. La inversiÃģn en obra pÚblica vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el dÃĐficit que presentaba su red vial en el aÃąo 2003, asà como tambiÃĐn por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanÃa, entre otras. Esto quedÃģ demostrado en el juicio no solo a partir de las declaraciones de los ex Jefes de Gabinete, sino tambiÃĐn por los testimonios de los auditores de la DNV, que incluso prestaron funciones durante la gestiÃģn de Iguacel y miembros de las CÃĄmaras empresarias del sector.
c. Ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultÃģ improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposiciÃģn.
- Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo fueron diseÃąados de manera arbitraria e ilegal por NK y CFK
a. Se acreditÃģ en el juicio por prueba documental y testimonial que el proceso de elaboraciÃģn de los proyectos de ley de presupuesto cumpliÃģ con todos los controles legales y financieros y contÃģ con la intervenciÃģn de todas las oficinas competentes
b. TambiÃĐn se acreditÃģ que desde la Presidencia de la NaciÃģn jamÃĄs se impartiÃģ directiva alguna a la ONP indicÃĄndose cÃģmo debÃan efectuar su tarea
c. La FiscalÃa nunca convocÃģ como testigos al juicio ni a los Ministros de EconomÃa del perÃodo 2003-2015 ni al personal tÃĐcnico que cumpliÃģ funciones dentro del Sistema Nacional de InversiÃģn PÚblica.
- El Congreso de la NaciÃģn tuvo una participaciÃģn marginal en la sanciÃģn de las leyes de presupuesto
a. La ley de presupuesto es conocida como la âley de leyesâ y resulta ser una de las normas mÃĄs debatidas en el Congreso. Ello quedÃģ acreditado con las declaraciones testimoniales de los ex Jefes de Gabinete, los legisladores, los integrantes de las comisiones de asesoramiento y los funcionarios tÃĐcnicos del Poder Ejecutivo.
- Los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso
a. QuedÃģ probado en el juicio, incluso con las declaraciones de Margarita Stolbizer y Fernando SÃĄnchez (entre otros) que jamÃĄs se presionÃģ o coaccionÃģ a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del perÃodo 2004-2015
b. Se acreditÃģ que incluso la propia oposiciÃģn durante los ejercicios 2010 y 2011 presentÃģ proyectos de presupuesto alternativos que incluÃan las mismas obras que son cuestionadas en esta causa
c. AdemÃĄs, las leyes de presupuesto del perÃodo fueron votadas afirmativamente por legisladores de la oposiciÃģn, tales como Graciela CamaÃąo, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli. Y naturalmente, por quien se desempeÃąÃģ en todo el perÃodo como jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ãngel Pichetto
d. TambiÃĐn quedÃģ acreditado que nunca hubo partidas presupuestarias destinadas a la provincia de Santa Cruz que tuvieran como propÃģsito beneficiar a un contratista en particular.
e. A diferencia de la defensa de CFK, la FiscalÃa jamÃĄs solicitÃģ que se convocara a algÚn ex legislador que pudiera corroborar que hubiera sufrido presiones o amenazas desde la Presidencia de la NaciÃģn para votar favorablemente las leyes de presupuesto.
- NK y CFK aumentaron las partidas del presupuesto a travÃĐs de DNU sin intervenciÃģn del Congreso para beneficiar a las empresas de LÃĄzaro BÃĄez
a. Todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la NaciÃģn
b. Todos los DNU contaron con los controles de legalidad practicados por los servicios jurÃdicos
c. Todos los DNU ampliaron partidas presupuestarias con carÃĄcter general.
d. Este tipo de herramienta legal fue utilizado por todos los gobiernos constitucionales a partir de la reforma del aÃąo 1994 y tiene una clara justificaciÃģn econÃģmica (utilizar los fondos presupuestarios disponibles que son obtenidos por mayores recaudaciones a lo largo del ejercicio).
- NK y CFK utilizaron los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervenciÃģn del Congreso para financiar ilegÃtimamente obras viales en la provincia de Santa Cruz
a.El fideicomiso ya existÃa con anterioridad al aÃąo 2003 y habÃa sido creado durante la Presidencia de Fernando De la RÚa, con el propÃģsito de financiar proyectos de inversiÃģn viales
b. En cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, la utilizaciÃģn de los fondos del fideicomiso fue informada en cada uno de los proyectos de ley de presupuesto y su asignaciÃģn fue validada por el Congreso de la NaciÃģn
c. La utilizaciÃģn de estos fondos fue informada periÃģdicamente al Congreso por los Jefes de Gabinete y finalmente aprobada en las Cuentas de InversiÃģn
d. Los DNU 104 y 508 del aÃąo 2004, dictados por NK y cuestionados por los Fiscales fueron utilizados con la finalidad prevista en el Decreto de constituciÃģn del fideicomiso (financiaciÃģn de obras viales), tenÃan carÃĄcter general y fueron expresamente validados por el Congreso de la NaciÃģn.
- CFK dictÃģ el Decreto N° 54/2009 incorporando a la DNV como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opiniÃģn contraria de los servicios jurÃdicos y con el propÃģsito de que se asignaran fondos a las empresas de LÃĄzaro BÃĄez
a. QuedÃģ acreditado en el juicio que este decreto constituyÃģ una simple norma de asignaciÃģn de funciones, tal como expresamente lo explicÃģ Sergio Massa ante las preguntas efectuadas por la FiscalÃa
b. El decreto fue refrendado por distintos Ministros del Poder Ejecutivo y contÃģ con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurÃdicos en la esfera administrativa
c. JamÃĄs existiÃģ un dictamen jurÃdico que aconsejara que este decreto no fuera firmado
d. El decreto no tenÃa relaciÃģn alguna con la asignaciÃģn de fondos para ninguna obra vial en particular.
- NK y CFK hicieron uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos econÃģmicos en favor de LÃĄzaro BÃĄez
a. De la simple lectura de la CN (art. 100) y de las leyes dictadas en su consecuencia (ley 26.124) surge que la ejecuciÃģn del presupuesto de la naciÃģn es una competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete, que en base a esta competencia dictan las decisiones administrativas necesarias para abrir las partidas y dar cumplimiento a la ley de presupuesto. Todo esto fue explicado en detalle por los ex Jefes de Gabinete y los funcionarios tÃĐcnicos de las ÃĄreas competentes
b. Las decisiones administrativas cuestionadas en la causa tuvieron carÃĄcter general e incluyeron a las distintas ÃĄreas del Estado, entre ellas el Poder Judicial de la NaciÃģn y el Ministerio PÚblico.
c. Las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete no solo aumentaban partidas sino tambiÃĐn las disminuÃan cuando ello era necesario, tal como ocurriÃģ con relaciÃģn a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz
d. Todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamÃĄs recibieron instrucciones por parte de NK o CFK para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz
e. Se acreditÃģ la falsedad de lo afirmado por la FiscalÃa, en cuanto a que las decisiones administrativas cuestionadas tuvieran como exclusivo Ãģrgano iniciador al Ministerio de PlanificaciÃģn, echando por tierra el argumento de que estos actos venÃan prestablecidos desde dicha cartera.
- El Ministerio de PlanificaciÃģn y la DirecciÃģn Nacional de Vialidad, por orden de NK y CFK, aumentaron ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de LÃĄzaro BÃĄez
a. Las decisiones adoptadas en el ÃĄrea de PlanificaciÃģn y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a travÃĐs de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la NaciÃģn
b. Tales decisiones fueron notificadas a la ONP, la cual efectuÃģ un control de razonabilidad y de legalidad con carÃĄcter previo a su aprobaciÃģn
c. Todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen existido interferencias desde la Presidencia de la NaciÃģn para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular
d. Estos actos no solo aumentaban partidas sino tambiÃĐn las disminuÃan cuando ello era necesario, tal como ocurriÃģ con relaciÃģn a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz.
- Durante los aÃąos 2003 y 2015 el Poder Ejecutivo Nacional impidiÃģ que el Congreso de la NaciÃģn tuviera conocimiento sobre cuÃĄl era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagÃģn informativo)
a. QuedÃģ probado en el juicio que durante los gobiernos de NK y CFK se promovieron mÚltiples iniciativas tendientes a fortalecer todos los sistemas de informaciÃģn correspondientes a las cuentas pÚblicas. En ese sentido se implementÃģ la herramienta informÃĄtica E-SIDIF y se lanzÃģ el programa BAPIN II, el cual cuenta con un registro detallado de las obras, sus plazos, costos y estudios de impacto
b. Los testigos convocados al juicio corroboraron que todas estas iniciativas constituyeron una polÃtica de Estado iniciada antes de los gobiernos de NK y CFK y que se continuÃģ hasta el presente
c. Las leyes de presupuesto incorporadas como prueba documental a la causa demuestran que las obras investigadas fueron informadas al Congreso siguiendo la misma tÃĐcnica legislativa que se venÃa adoptando, utilizada antes y despuÃĐs de los gobiernos de NK y CFK
d. QuedÃģ demostrado que la FiscalÃa deliberadamente ocultÃģ los crÃĐditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas
e. QuedÃģ demostrado que la FiscalÃa deliberadamente ocultÃģ todos los actos del Poder Ejecutivo a travÃĐs de los cuales se disminuyeron las partidas asignadas a las obras viales de Santa Cruz
f. El Congreso contaba con informaciÃģn detallada de todas las obras viales realizadas en Santa Cruz, no solo al sancionar las leyes de presupuesto, sino tambiÃĐn durante su etapa de ejecuciÃģn
g. Las obras que se realizaban por convenios con la provincia de Santa Cruz ademÃĄs estaban previstas en las leyes de presupuesto votadas por la legislatura provincial.
- El Congreso de la NaciÃģn aprobÃģ las Cuentas de InversiÃģn sin efectuar ninguna evaluaciÃģn seria, siendo ello el resultado de la simple imposiciÃģn de mayorÃas polÃticas
a. Las Cuentas de InversiÃģn contienen un detalle exhaustivo de cada uno de los pagos que se efectÚan con fondos pÚblicos
b. El personal administrativo de la DNV explicÃģ que no hubo ningÚn pago efectuado a las empresas de LÃĄzaro BÃĄez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informÃĄticos administrados desde la ONP (sistema SIDIF)
c. Con carÃĄcter previo a su aprobaciÃģn, las Cuentas de InversiÃģn fueron evaluadas por la ComisiÃģn Mixta Revisora de Cuentas, que cuenta a su vez con la asesorÃa de la AGN
d. La FiscalÃa jamÃĄs solicitÃģ ninguna medida de prueba que demostrara tan siquiera que al menos un legislador votara afirmativamente las Cuentas de InversiÃģn en contra de su voluntad.
- A finales de noviembre de 2015 CFK ordenÃģ aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a LÃĄzaro BÃĄez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos
a. Durante el aÃąo 2015 el Poder Ejecutivo Nacional redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a la provincia de Santa Cruz para realizar obras viales
b. A finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningÚn pago en favor de las empresas de LÃĄzaro BÃĄez
c. La prueba incorporada a la causa y en particular la informaciÃģn brindada por la DNV durante la gestiÃģn de Iguacel prueba que las empresas de LÃĄzaro BÃĄez contaban con una gran cantidad de certificados de obra impagos.
- El 30 de noviembre de 2015 CFK viajÃģ a la provincia de Santa Cruz para reunirse con LÃĄzaro BÃĄez y diseÃąar el plan limpiar todo, que consistÃa en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de BÃĄez
a. La noticia periodÃstica aportada por la FiscalÃa tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondÃa al dÃa 30/11/2015 sino al 29/11/2015
b. El dÃa 30/11/2015, en el mismo momento en que segÚn la FiscalÃa CFK tenÃa un encuentro con BÃĄez, CFK participaba de un acto pÚblico en RÃo Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el paÃs
c. Los mensajes extraÃdos de manera sesgada del telÃĐfono de JosÃĐ LÃģpez, a partir de los cuales la FiscalÃa intentÃģ fundar una falsa acusaciÃģn en contra de CFK, en rigor de verdad demostraban, entre otras cosas, que LÃģpez mantenÃa una relaciÃģn mucho mÃĄs que fluida con el âhermano del almaâ de Mauricio Macri, NicolÃĄs Caputo -tanto en el ÃĄmbito pÚblico como privado-, como asà tambiÃĐn con otro importante empresario de la construcciÃģn, aportante de campaÃąa de Cambiemos y en cuya casa, ademÃĄs, LÃģpez vivÃa. Todos estos datos fueron deliberadamente ocultados durante el alegato de Mola y Luciani.
- Las relaciones comerciales entre LÃĄzaro BÃĄez y NK y CFK eran actos ilegales que encubrÃan el retorno de ganancias ilÃcitas producidas a raÃz de la adjudicaciÃģn de obra pÚblica vial en Santa Cruz
a. Los contratos comerciales que enumera la FiscalÃa como prueba de un delito ya habÃan sido denunciados muchos aÃąos antes, determinando la justicia que no constituÃan ilÃcito alguno
b. Es falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas (vgr., pago del precio de un alquiler o la compra de un bien)
c. La simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamÃĄs existiÃģ una relaciÃģn de sociedad entre NK, CFK y LÃĄzaro BÃĄez
d. La justicia determinÃģ con autoridad de cosa juzgada que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y una persona o empresa que tuviera contratos de obra pÚblica con el Estado no suponÃan ningÚn conflicto de intereses ni mucho menos un ilÃcito penal.
- CFK dio las Ãģrdenes para que se adjudicaran de manera ilegÃtima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario LÃĄzaro BÃĄez
a. La Presidencia de la NaciÃģn no tiene competencia alguna en los procesos de licitaciÃģn, ejecuciÃģn o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningÚn otro que se hubiese realizado en el perÃodo 2003 y 2015
b. La prÃĄctica de realizar convenios entre la DNV y organismos provinciales es absolutamente legÃtima, fue realizada a lo largo de toda la historia de la DNV y en todo el paÃs y tenÃa una justificaciÃģn particular en lo que hace a la provincia de Santa Cruz. Asà lo explicaron en detalle no sÃģlo los tÃĐcnicos de la DNV, sino tambiÃĐn el principal asesor jurÃdico de Javier Iguacel, Ricardo Stoddart.
c. Todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepciÃģn, afirmaron que jamÃĄs recibieron de NK o CFK orden alguna para beneficiar a LÃĄzaro BÃĄez o a cualquier otro contratista del Estado
d. El nombramiento de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional constituyen actos legÃtimos y de ellos no pueden extraerse criterios que permitan responsabilizar a la Presidencia por posibles irregularidades que estos funcionarios eventualmente cometieran
e. Pese a que la hipÃģtesis de la acusaciÃģn consistiÃģ en que NK y CFK habÃan dado tales Ãģrdenes ilÃcitas, durante todo el juicio la FiscalÃa se opuso a que se formulara tal pregunta.
- CFK omitiÃģ llevar a cabo controles que impidieran la comisiÃģn de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de LÃĄzaro BÃĄez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro Lavagna y por la AGN
a. No existe ninguna disposiciÃģn constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la NaciÃģn el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un Ãģrgano provincial (AGVP)
b. El ex Ministro Lavagna explicÃģ que su denuncia fue canalizada a travÃĐs de la ComisiÃģn de Defensa de la Competencia y que NK no debÃa tomar ningÚn tipo de intervenciÃģn en ese trÃĄmite. AdemÃĄs expuso que la supuesta relaciÃģn existente entre esta denuncia y el pedido de renuncia que le efectuara NK era una simple especulaciÃģn periodÃstica
c. Se probÃģ en el juicio que lo que la FiscalÃa denomina como âalerta de la AGNâ no es mÃĄs que una opiniÃģn personal de Leandro Despouy.
d. Si bien Alejandro Nieva (auditor general de la NaciÃģn) efectuÃģ cuestionamientos ante los medios de comunicaciÃģn por supuestos sobreprecios, discrecionalidad en la asignaciÃģn de fondos hacia Santa Cruz y otorgamiento de obras a las empresas de LÃĄzaro BÃĄez, no pudo corroborar ninguna de esas manifestaciones en el juicio; expresamente indicÃģ que ello no le constaba.
- NK y CFK utilizaron abusivamente el aparato estatal para que la obra pÚblica vial de Santa Cruz se concentrara en un Único grupo empresario y que su titular (BÃĄez) pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz
a. La concentraciÃģn de obra pÚblica en empresarios locales es un fenÃģmeno que se da en forma generalizada en el resto del paÃs
b. Los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningÚn tipo de irregularidad (asà lo declarÃģ entre otros Ãngelo Calcaterra)
c. Los titulares de las empresas adquiridas por LÃĄzaro BÃĄez descartaron la existencia de presiones para vender sus empresas y afirmaron que lo hicieron por valores que los dejaban satisfechos.
- Por orden de NK y CFK se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pÚblica) con el exclusivo propÃģsito de que las empresas de BÃĄez ganaran las licitaciones de Santa Cruz
a. Se encuentra acreditado en el juicio que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pÚblica
b. El Congreso de Santa Cruz votÃģ libremente tales leyes
c. Las preferencias para empresarios locales que se establecen en tales leyes existen en otras provincias y suelen estar contempladas en los pliegos licitatorios. Asà los declararon distintos empresarios y tÃĐcnicos de la DNV.
- En todas las licitaciones ganadas por las empresas de LÃĄzaro BÃĄez se pagaron sobreprecios millonarios
a. La FiscalÃa jamÃĄs pidiÃģ un estudio pericial que demostrara esta acusaciÃģn
b. El estudio pericial se realizÃģ exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sÃģlo 5 obras elegidas segÚn criterios fijados por los acusadores
c. Se permitiÃģ que participara en la causa como perito oficial (Eloy Pablo Bona) una persona que tenÃa una activa participaciÃģn en redes sociales expresando sus opiniones en contra de la familia Kirchner
d. El criterio utilizado por este perito, asà como tambiÃĐn el del propuesto a instancias de la FiscalÃa (Roberto Panizza) resultaba manifiestamente ilÃģgico y contrario a las reglas mÃĄs elementales de su profesiÃģn. Asà quedÃģ establecido cuando los nombrados debieron prestar declaraciÃģn en el juicio
e. La Única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la Ing. Adriana Alperovich, quien de manera fundada descartÃģ la acusaciÃģn de sobreprecios.
- Pese a que BÃĄez cobrÃģ todos sus pagos en tiempo y legal forma, las obras se demoraron de manera injustificada, presentaron deficiencias constructivas o directamente no se hicieron
a. La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostrÃģ que las demoras que las obras registraban se encontraban debidamente justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados al respecto
b. La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostrÃģ que no se advirtieron deficiencias constructivas de relevancia y que todo lo pagado a las empresas de BÃĄez se correspondÃa con trabajos efectivamente ejecutados (no se hicieron pagos por obras no realizadas)
c. Los auditores de la DNV corroboraron que lo informado en el programa PPT acerca de obras que conducÃan hacia la nada era falso
d. Las obras fueron deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generÃģ el verdadero perjuicio para el Estado.