OcurriÃģ como consecuencia de una serie de desperfectos tÃĐcnicos que desencadenaron una tragedia en la que murieron sus 44 tripulantes. El destrato del macrismo a los familiares de los fallecidos.
El submarino ARA San Juan (S-42) se hundÃa hace cinco aÃąos, un 15 de noviembre de 2017, en las profundidades del AtlÃĄntico sur. En la actualidad se siguen varias causas judiciales por este hecho ocurrido durante el Gobierno de Mauricio Macri, y ademÃĄs un Consejo de Guerra estableciÃģ sanciones disciplinarias para los mandos superiores de la Armada con responsabilidades en ese siniestro.
El sumergible fue construido a principios de la dÃĐcada de 1980 en el astillero alemÃĄn Thyssen Nordseewerke y contaba con 65 metros de eslora (el largo del buque), un diÃĄmetro de casco resistente de siete metros y era propulsado por cuatro motores diÃĐsel MTU 16 V de 6720 HP.
El San Juan tuvo una reparaciÃģn de media vida que se extendiÃģ entre 2007 y 2014 en el complejo Tandanor, tarea que incluyÃģ mÃĄs de 600 trabajos, entre ellos el replacado de las 960 baterÃas y el reemplazo de sus cuatro motores.
En 2016, el entonces jefe de Gabinete Marcos PeÃąa informÃģ al Congreso que el submarino “estaba operativo” en la base de Mar del Plata.
El funcionario fue advertido por legisladores sobre la necesidad de llevar el submarino hacia “dique seco” para efectuarle reparaciones, pero no contestÃģ sobre ese requerimiento.
Informaciones periodÃsticas consignaron semanas despuÃĐs de la tragedia que se habÃa reportado en el submarino un problema con el snorkel (la vÃĄlvula de acceso de aire), que originÃģ el ingreso de agua a la nave.
El 8 de noviembre de 2017, la nave habÃa partido desde la base naval de Ushuaia en una misiÃģn de patrullaje por el litoral marÃtimo argentino, y se sabe que un dÃa antes de su desapariciÃģn reportÃģ un desperfecto elÃĐctrico y un principio de incendio en su sala de mÃĄquinas, que resultÃģ subsanado por la tripulaciÃģn.
“Ingreso de agua de mar por sistema de ventilaciÃģn al tanque de baterÃas N° 3 ocasionÃģ cortocircuito y principio de incendio en el balcÃģn de barra de baterÃas. BaterÃas de proa fuera de servicio al momento en inmersiÃģn propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. MantendrÃĐ informado”, comunicÃģ el comandante del ARA San Juan, el capitÃĄn de fragata Pedro MartÃnez FernÃĄndez, a la 7.30 del 15 de noviembre de 2017.
Por la noche del dÃa 16, los medios de comunicaciÃģn informaron que las autoridades habÃan perdido contacto con el submarino, cuando la nave se encontraba a 432 kilÃģmetros de la costa patagÃģnica, a la altura del Golfo San Jorge.
Horas mÃĄs tarde, el Ministerio de Defensa a cargo de Oscar Aguad reconociÃģ el extravÃo de la nave, y activÃģ el protocolo SAR para la bÚsqueda y rescate de embarcaciones.
El Gobierno de Macri solicitÃģ ayuda internacional y navÃos de Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran BretaÃąa, Noruega, PerÚ, Uruguay y Rusia participaron de un operativo que se desplegÃģ en un ÃĄrea de mÃĄs de casi 500.000 kilÃģmetros cuadrados.
Con las operaciones en marcha, el 23 de noviembre, el vocero de la Marina, capitÃĄn de fragata Enrique Balbi, informÃģ a la prensa que la Marina de los Estados Unidos y la OrganizaciÃģn del Tratado para la ProhibiciÃģn Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), con sede en Viena, Austria, habÃan detectado “un evento anÃģmalo, corto y consecuente con una explosiÃģn/implosiÃģn” en la zona por la cual navegaba el sumergible.
Dos dÃas despuÃĐs, la entonces diputada nacional de la CoaliciÃģn CÃvica Elisa CarriÃģ afirmaba en un programa de televisiÃģn que los tripulantes del ARA San Juan estaban “muertos”, y el 30 de noviembre Defensa admitiÃģ que no habÃa posibilidades de encontrar con vida a los marinos.
Familiares de las vÃctimas reclamaban que se informara cuÃĄl era la misiÃģn del submarino y rechazaron por esos dÃas que se declarara un duelo nacional hasta que no se hallaran los restos de la embarcaciÃģn.
En tanto, la bÚsqueda de sobrevivientes era abandonada por parte de las autoridades argentinas y la zona de rastrillaje quedaba despejada.
Tras 50 dÃas de acampe en Plaza de Mayo, los familiares lograron que el Gobierno acelerara el proceso de contrataciÃģn de una empresa para iniciar la bÚsqueda.
En Caleta Olivia, Santa Cruz, se iniciÃģ dos dÃas despuÃĐs de la desapariciÃģn del submarino una causa judicial a cargo de la magistrada Marta YÃĄÃąez.
En 2018, los familiares iniciaron una campaÃąa en reclamo de “bÚsqueda, verdad y justicia”, y pedÃan que el Gobierno licitara la contrataciÃģn de un buque que realizara un rastrillaje en la zona en la cual el submarino se habÃa perdido.
Tras 50 dÃas de acampe en Plaza de Mayo, los familiares lograron que el Gobierno acelerara el proceso de contrataciÃģn de una empresa para iniciar la bÚsqueda.
Finalmente, el Estado contratÃģ a la empresa con sede en Estados Unidos Ocean Infinity que movilizÃģ hasta la zona al buque Seabed Constructor, que iniciÃģ la bÚsqueda con familiares de la tripulaciÃģn del ARA San Juan a bordo.
El 17 de noviembre de 2018, la Armada confirmÃģ que el Seabed habÃa detectado al submarino a mÃĄs de 900 metros de profundidad y a 500 kilÃģmetros de la costa patagÃģnica, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Los restos del ARA San Juan estaban muy cerca de la posiciÃģn donde el buque oceanogrÃĄfico chileno “Cabo de Hornos” habÃa indicado que podÃa encontrarse, una informaciÃģn aportada en diciembre de 2017.
En julio de 2019, la ComisiÃģn Bicameral estableciÃģ en un dictamen que hubo “una clara responsabilidad polÃtica y administrativa” de Aguad y sus funcionarios en el hundimiento del submarino.
De los 12 legisladores de la comisiÃģn, cuatro integrantes del oficialismo de Cambiemos firmaron en disidencia este informe, que tambiÃĐn estableciÃģ que el submarino no resultÃģ hundido como consecuencia de un ataque o debido a falencias en el proceso de refacciÃģn que concluyÃģ en 2014.
En febrero del 2020, YÃĄÃąez procesÃģ a seis altos oficiales navales: el contraalmirante Luis LÃģpez Mazzeo, al capitÃĄn de NavÃo Claudio Villamide, al contraalmirante Luis Malchiodi, al capitÃĄn de navÃo Hector Alonso, al capitÃĄn de fragata Hugo Miguel Correa y al capitÃĄn de corbeta Jorge AndrÃĐs Sulia por estrago doloso al haber desoÃdo las advertencias sobre el funcionamiento defectuoso del instrumental del submarino.
En noviembre del aÃąo pasado, la CÃĄmara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenÃģ a la magistrada que ampliara su investigaciÃģn sobre las responsabilidades que pudieron haber tenido en el hecho Macri, Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.
La pÃĐrdida mÃĄs importante sufrida por la Armada desde la Guerra de Malvinas motivÃģ la realizaciÃģn de un Consejo de Guerra por parte del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.
Integrado por el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan MartÃn Paleo (EjÃĐrcito), el brigadier Pedro Girardi (Fuerza AÃĐrea) y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi -en calidad de presidente-, el Consejo dispuso, tras varios meses de anÃĄlisis, el arresto riguroso por 45 dÃas de Srur y la destituciÃģn del capitÃĄn de navÃo Claudio Villamide, exjefe del comando de submarinos.