El Gobierno decidió disminuir el subsidio a las empresas prestatarias de Jurisdicción Nacional para concentrar la ayuda a los usuarios.

La Secretaría de Transporte decidió terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de Jurisdicción Nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar. De esta manera, esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas.

De igual manera, a partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE.

El aumento del transporte que anunció Massa

De esta manera, se cumple la advertencia que el exministro de Economía Sergio Massa hizo durante la campaña electoral.

En octubre de 2023, el entonces candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) subrayó que sin el aporte estatal, “en 20 días de ir a laburar y viajar sin subsidio serían 26 lucas”.

“La gente está planteando que es inviable la propuesta de Patricia Bullrich y Javier Milei de sacar el subsidio al transporte. Con la resolución del Ministerio de Transporte, esta campaña que quizás se tornó en polémica, pero hace varios días que vienen haciendo los gremios, le dicen a la gente que si ganan Bullrich o Milei, el boleto va a costar 1.100 pesos”, explicó en aquel momento Massa.

En esa línea sumó: “Una cosa es decir algo en la tele y en las redes y otra cosa es aplicarla en la vida real porque tiene impacto directo en el bolsillo del trabajador, del jubilado, del estudiante que se toma un colectivo o un tren y ve como el boleto del bondi se le va a $700 y el del tren a $1.100”.

“En 20 días de ir a laburar, el costo de viajar sin subsidio serían 26 lucas, lo que sería más del 10% del salario en un tipo que gana alrededor de 200 lucas”, precisó durante la campaña electoral Massa.

El Presidente despertó críticas con su curioso posteo amenazante.

Javier Milei sorprendió en las redes sociales republicando una imagen de Nik en la que él aparece caracterizado como Terminator y con la siguiente frase: “Belliboni detectado. Sindicalista detectado. Gobernador detectado. Diputado detectado. Casta la vista, baby”.

La respuesta al insólito posteo del Presidente, llegaron inmediatamente, con críticas como las siguiente:

•  ¿¿¿Detectaste los aumentos??? ¿¿¿Detectaste la baja de los salarios??? ¿¿¿Detectaste que todas las familias tienen que mandar a sus hijos a la escuela??? ¿¿¿Darles de comer??? ¿¿¿Detectaste que los no Conan también se alimentan??? ¡¡¡Detecta un poco más que al enemigo tuyo!!! Rápido por favor.
• Se nos está yendo de las manos.
• Un poco de seriedad, sos el presidente. Un impresentable.
• Cuánta masa encefálica perdieron los que dicen te vote para esto.
• Sos un chiste. No sé qué me da más vergüenza, si lo que posteas o los que te dan like y aplauden.
• Ni vergüenza tiene. Es todo una joda para el.
• Jubilado_detectado. Estudiante_detectado. Periodista_detectado. Laburante_detectado.

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Ubicado en el partido de Tigre, Nordelta es un exclusivo barrio cerrado dotado de viviendas de lujo y desarrollos urbanísticos modernos  compuesto por lagunas, espacios verdes y una amplia variedad de servicios y comodidades.

Si bien el edificio, que sus desarrolladores describen como sustentable y destinado a oficinas corporativas de calidad AAA, fue construido hace más de un año, todavía no tenía registrado ni un solo metro cuadrado en el catastro provincial. El ultramoderno edificio tiene 5 pisos edificados y cuenta con cocheras subterráneas. 

Los equipos de fiscalización de ARBA llevaron a cabo un operativo integral donde detectaron el complejo de oficinas de lujo de 14.500 m² construidos que pagaba el Impuesto Inmobiliario como si fuese un terreno baldío. Durante el operativo, ARBA encontró también irregularidades en otras partidas inmobiliarias, incluyendo más de 100 casas y 81 piletas. 

En total, sumando el edificio y el resto de las construcciones sin declarar, la Agencia de Recaudación detectó 45.000 m² no registrados. Los responsables fueron intimados y ahora deberán afrontar multas de hasta $25 millones. 

“Lo que estamos mostrándole a la sociedad, y a los contribuyentes, es que hay una Agencia que se está modernizando”, explicó Cristian Girard, director de ARBA.

Cristian Girard, director de ARBA, se refirió a los operativos orientados a detectar evasión y recuperar deuda en segmentos de alto poder adquisitivo y sostuvo que, “lo que estamos mostrándole a la sociedad y, en definitiva, a las y los contribuyentes, es que hay una Agencia que se está modernizando, que simplifica, que aliviana el cumplimiento a la gran mayoría. Pero que a aquellos que no cumplen, teniendo capacidad contributiva para hacerlo, les va a caer con toda la fuerza y con todas las competencias que tiene conferida por ley”, y además agregó, “Creo que es muy importante comprometernos con generar recursos genuinos para el gobierno provincial, porque se vienen cuatro años que, todo indicaría, van a ser muy difíciles en términos financieros”.

Pero no detectaron solo viviendas y oficinas comerciales, sino también 2 yates de lujo que fueron retenidos por las autoridades. Sus propietarios adeudaban en conjunto más de $1,5 millones del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas. Por su valuación fiscal y nivel de deuda, los yates cumplían con las condiciones para ser secuestrados por el organismo. El procedimiento vigente en estos casos prevé la retención temporal de las embarcaciones y un plazo de 36 horas para que sus dueños regularicen la situación.

De no concretarse en el lapso previsto, que culmina hoy por la tarde, la Agencia de Recaudación aplicará sus competencias legales y procederá al secuestro definitivo de las embarcaciones, comunicando la medida al juez correccional de turno y a Prefectura Naval Argentina.

El operativo integral en Nordelta incluyó también controles sobre vehículos de alta gama, para notificar deudas del Impuesto a los Automotores y otros tributos. 

Del total de vehículos controlados, 104 estaban radicados en la provincia de Buenos Aires. De ellos, 21% registraban deuda en concepto de patente, y tras la notificación, los titulares con deuda firmaron compromisos de pago o abonaron de manera electrónica por un monto de $3,2 millones.  

Fuente: Perfil

Crisis política de Milei.

El gobierno de Javier Milei repite como un mantra que no hay plata para justificar un ajuste brutal, nunca visto, sobre la sociedad argentina. La caída del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados será superior al 20% en los primeros dos meses de gobierno libertario.

Ahora, Milei amaga con llamar a un plebiscito, que no sería vinculante, para debatir la ley ómnibus que el Congreso rechazó. Ese plebiscito le demandaría al Estado más de 50 mil millones de pesos. ¿Hay plata o no hay plata?

El presidente se la pasó retuiteando y poniendo “me gusta” a usuarios que le sugerían llamar a una consulta popular, una idea que ya había instalado durante la campaña, como para marcarle la cancha al Congreso y mostrar que él no los necesita ya que gobierna para el pueblo.

Pero el costo de la consulta chocaría de lleno con la bandera de ajuste y déficit cero que enarbola el presidente Los tres tramos de las elecciones del año pasado costaron, de acuerdo a lo informado por la jefatura de gabinete, alrededor de 160 millones de dólares. Es decir que cada tramo costó más de 50 millones de dólares.

Además, el llamado a la consulta popular tendría dos problemas extra. Por un lado, no es vinculante ya que solo el Congreso puede llamar a un plebiscito de ese orden. Pero además no está claro que si el Ejecutivo podría hacer una consulta por temas que lo exceden, ya que son parte del poder legislativo.

Su utilización determinó un incremento de los casos de gatillo fácil durante el gobierno de Mauricio Macri.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezará hoy la presentación del protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que reestablecerá la vigencia de la norma que había sido suspendida durante el Gobierno de Alberto Fernández.

La presentación se realizará a las 15 en la sede de la cartera, ubicada en Gelly y Obes 2289, y Bullrich estará acompañada por el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el jefe de Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez.

Con el restablecimiento del denominado «Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, la ministra expresará su «compromiso inquebrantable de proteger a quienes nos protegen”, se informó en un comunicado.

La normativa fue dictada por medio de la resolución 956/2018 cuando Bullrich era ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri.

Este protocolo fue dejado sin efecto por la exministra de Seguridad Sabina Frederic, el 20 de diciembre de 2019, una de las primeras medidas que tomó durante su gestión en el gobierno de Fernández.

El restablecimiento del protocolo fue cuestionado desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que criticó que esa norma «que habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas impunemente, determinó un incremento importante de fusilamientos de gatillo fácil».

«Los números hablan solos. Bastó que en diciembre de 2019 se derogara el protocolo Chocobar para que en los cuatro años siguientes hubiera 35 personas menos asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales», indicó la Correpi en un comunicado.

El 12 de enero pasado, Bullrich recibió al expolicía Luis Chocobar, condenado por matar a un delincuente que había atacado a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en el año 2017.

En el encuentro hablaron sobre planes para “modernizar y adaptar” la legislación del Código Penal para “garantizar un marco legal que ampare a quienes defienden la seguridad pública”.

Trascendió que los gobernadores más cercanos al oficialismo están furiosos con el Presidente y creen que los eligió como enemigos por sobre el peronismo.

Por el destrato de Javier Milei, ahora el radicalismo quiere voltear el Mega DNU en el senado. Incluso los gobernadores más cercanos al oficialismo están furiosos con el presidente y creen que los eligió como enemigos por sobre el peronismo.

En la UCR identifican a Milei con el “peronismo fascista” y aseguran que por eso “odia que le hablen de diálogo y consenso”. Consideran que todos los insultos presidenciales se dirigen hacia ellos. Por eso quieren rechazar el DNU en el Senado.

“Tener coraje para emprender reformas no implica insultar, gritar y pensar que sólo uno tiene razón. Tampoco es ensañarse con insultos contra los que expresan opiniones diferentes”, dijeron los gobernadores de Juntos en un comunicado.

En el centenario partido comenzaron a cansarse de las vulgaridades de Milei, que horas después de conseguir la aprobación de la Ley Ómnibus en general trató a los diputados de vagos. Y llegó la primera advertencia de Julio Cobos.

Lejos de amilanarse, el presidente siguió tensando la cuerda. Cuando la discusión se puso más áspera en varios artículos de la ley, Milei continuó con su metralla de “me gusta” en Twitter que incluyeron amenazas a los gobernadores.

Tras la debacle en el recinto, un Milei furioso siguió agraviando a los radicales. Le dio me gusta a un mensaje que se refería a la UCR como las “putitas del peronismo” y publicó una lista negra que incluyó a varios miembros del partido.

La actitud de Milei causó enojo y sorpresa. Maxi Pullaro fue uno de los blancos de los trolls, a pesar de que los diputados de Santa Fe que responden al gobernador apoyaros todas las iniciativas del oficialismo. Quienes rechazaron el proyecto son dos socialistas de Santa Fe que ya habían avisado que no acompañarían.

Los insultos del presidente descolocaron incluso a Alfredo Cornejo, tal vez el gobernador más cercano a los libertarios firmó un comunicado pidiendo que no les “falten el respeto”. Gustavo Valdés, de Corrientes reclamó “más práctica política” y “más pericia legislativa para poder sacar las leyes”. También se quejó de que los libertarios hubieran puesto “en la misma bolsa a aquellos que trabajamos enormemente para que salga la ley y a aquellos que hicieron todo lo posible para que la ley no salga”.

La sorpresa reinó en las filas de la UCR: salvo un grupo de legisladores que respondían a Facundo Manes, los diputados radicales estaban dispuestos a votar casi todos los artículos que comenzarían a discutirse el martes.

Ante la incertidumbre de si el gobierno nacional pondrá en marcha este instrumento, las discusiones provinciales se complican, y se comienza a ver una vuelta a clases con mayor conflictividad que otros años.

En los últimos días, dos colectivos de docentes alertaron sobre los problemas que afronta la educación pública para iniciar las clases de este año. Por un lado los gremios que pertenecen a la CGT se declararon en “estado de alerta y movilización” por las medidas que se quieren imponer en la Ley Ómnibus, que finalmente se cayó por falta de acuerdo. Además, las organizaciones con presencia en todo el país se quejaron por la falta de fecha para reunión a la Paritaria Nacional Docente, que la secretaría de Educación adelantó que mantendrá, pero no hay indicios de en qué fecha o con qué alcance.

Este punto es central para las negociaciones provinciales, ya que se marca el salario inicial que debe regir para todo el territorio, y los adicionales que dispondrá Nación para que se cumpla. Pero la sospecha que existe es que de llamarse, la paritaria no resolverá estas cuestiones antes que se deba volver a las aulas. Por eso, la dirigencia sindical considera que “peligra el normal comienzo de las clases”, y responsabiliza al gobierno de Javier Milei por esta situación. En esta semana, se abrieron varias mesas de negociaciones en las provincias que no pudieron avanzar en acuerdos, por esta realidad, y en algunos casos ya se habla de plan de lucha para los próximos días.

Defendamos nuestros derechos ✊

NO al DNU
NO a la Ley Ómnibus #SomosSUTEBA pic.twitter.com/v7ywBsTE3v

— SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) February 7, 2024

La incertidumbre por la apertura de la Paritaria Nacional Docente enturbia las negociaciones locales, ya que sin ese salario base es complicado negociar a nivel provincial. Además, esos gobiernos no saben si dispondrán de recursos adicionales, lo que complica más el panorama. En provincia de Buenos Aires, distrito que tiene una alta visibilidad y marca el “termómetro” del sector, la propia gestión anunció que no sabe en que condiciones afrontará el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 1° de marzo.

“La verdad es que no sabemos si va haber paritaria nacional, no está claro que vaya a funcionar”, dijo el titular de la Dirección General de Escuelas, Alberto Sileoni, por lo cual “no podemos garantizar como en años anteriores que va a ocurrir”, en referencia al inicio de clases. Estas declaraciones fueron vistas con alarma por los gremios docentes, que afirman que si el propio funcionario dice eso, “la cosa está complicada”.

“No tenemos fecha ni para la paritaria nacional ni para volver a discutir salarios en la provincia de Buenos Aires”, le dijo a Data Gremial un dirigente del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). “La situación está compleja, al no haber convocatoria a la paritaria nacional que brinda los adicionales salariales, si eso no va a estar o está congelado obliga a la provincia de Buenos Aires más recursos”, agregó el mismo dirigente. Por eso, dijo, “peligra el inicio de clases”.

La misma fuente explicó que “para que los docentes cobren un nuevo aumento en marzo, se necesita que la negociación paritaria sea antes del 18 de febrero, algo que está ‘verde’ por ahora”. Si esto no ocurre, los aumentos se trasladan a abril, que el dirigente consultado consideró “demoledor para los trabajadores”. Este año, los docentes bonaerenses cobraron el aumento del cierre de la negociación 2023 más un adelanto del 10 por ciento de este año, que aseguran no alcanza a cubrir la inflación y la devaluación, por lo cual al recibirlo de forma unilateral lo consideraron “insuficiente”.  

A medida que los días pasan, las posibilidades de conflictos en las provincias crecen. Según un mapa de las principales discusiones, hay grandes chances que haya medidas en Salta, Catamarca y Córdoba, donde el gobierno no pagó los acuerdos del 2023, y entró en conflicto con los gremios por su apoyo a la Ley Ómnibus, que limita el derecho a huelga de los docentes, entre otras cuestiones.

En tanto, la lista Multicolor de SUTEBA se reunirá este viernes para analizar los pasos a seguir. Fuentes del espacio clasista le adelantaron a Data Gremial que hay “posibilidades de aprobar un paro”, porque “la situación es muy preocupante en lo salarial y en lo presupuestario, si el de 2023 ya no cubría las demandas, este año pasará lo mismo, y así no se cubre el SAE, y otras cuestiones”.

Fuente: Data Gremial

¿Se viene una alianza entre el PRO y los libertarios?

El ex presidente Mauricio Macri quiere aprovechar la crisis de Javier Milei con los cordobeses para meter a María Eugenia Vidal al frente de la Anses. Por eso, la ex gobernadora bonaerense redobló su discurso a favor del gobierno libertario. Vio luz y se quiere acomodar…

El actual titular del organismo previsional, Osvaldo Giordano, quedó al borde del precipicio luego de la caída de la ley ómnibus, en la que el bloque de cordobeses no acompañaron al oficialismo. De hecho, la diputada Alejandra Torres, pareja de Giordano, votó en contra. Ayer a la noche, Milei retuiteó a un usuario que compartió una foto de la diputada con el ex ministro de Finanzas de Juan Schiaretti y los marcó por votar en contra del proyecto.

Si echan a Giordano, el PRO quiere presionar a los libertarios para quedarse con ANSES, que cuenta con una amplia estructura gerencial, lo que permite sumar a muchos dirigentes del propio espacio. A diferencia de todo el discurso anti-casta, el macrismo quiere quedarse con una estructura del Estado para sus negocios propios.

En caso de que se cumpla el pedido de la CGT, el salario mínimo alcanzaría los $290.000.

Luego de que se confirmara la fecha de la reunión del Consejo del Salario, la Confederación General del Trabajo (CGT) exigió que el Salario Mínimo, Vital y Móvil aumente al menos un 85%.

“La convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil es un ámbito de diálogo a los fines de recuperar en algo el poder adquisitivo de los sectores más empobrecidos”, señaló la confederación gremial a través de su cuenta de Twitter.

Y agregaron: “La devaluación, que se suma a la brutal inflación acumulada Dic. 2023/ Feb 2024 (sobre todo en insumos de canasta básica de alimentos y salud) imponen una actualización de al menos 85%”.

Según informó el periodista de C5N Mariano Martín la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue la encargada de convocar al encuentro y señaló que será presidido por el secretario de Trabajo, Omar Yasín. “El Consejo debió sesionar en enero y su resultado es clave para actualizar el valor de los planes sociales (si eso se mantiene) y jubilaciones”, expresó.

La negociación se dará en medio de una ríspida relación con el Gobierno nacional y, en caso de que se cumpla el pedido de la CGT, el salario mínimo alcanzaría los $290.000. Cabe recordar que en el último cónclave, que se realizó en septiembre de 2023, se acordó un incremento escalonado que llevó a $156.600 en diciembre.

El titular del gremio, Jorge García, manifestó su preocupación. Además, informaron que la brecha fue del 41 por ciento de retraso salarial frente a los índices que miden el IPC.

A casi dos meses de la asunción del presidente ultraliberal, Javier Milei, las diferentes organizaciones sindicales denuncian la perdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores de todo el país. En este caso, el Sindicato de Peones de Taxis de Capital Federal, que lidera Jorge García, manifestó su preocupación por la pérdida salarial que vive el sector de taxis, el cual tuvo una caída del 41 por ciento en el último año.

A través de un comunicado de prensa, el secretario General Jorge García junto al Adjunto, Miguel Ángel Soto, señalaron que “estamos trabajando para revertir este desfasaje que golpeó duro por el brote inflacionario en los últimos meses por los aumentos”.

En ese marco, el gremio aseguró que un peón de taxi en la Ciudad de Buenos Aires cobra un básico de 347.697 pesos, y que no cubre los actuales niveles de costo de vida de una familia. Desde enero del 2023 a la fecha, la brecha fue del 41 por ciento de retraso salarial frente a los índices que miden el IPC.

“El impacto golpea también a la rentabilidad empresaria, y no podemos permitir que crezca la brecha. Las últimas subas de los combustibles se sienten”, expresó el titular del gremio.

A pesar del incremento que hubo en febrero de un 20 por ciento, lo que llevó la bajada de bandera diurna a 657 pesos, y del pautado para el mes que viene que rondará el 30 por ciento, “la recesión ya se ve en las calles. Hoy un peón debe trabajar un promedio mínimo de 12 horas diarias para pelearle al costo de vida. Necesitamos que se achique la inflación, si los porcentajes crecen, la crisis pegará de lleno”, indicaron desde el gremio.

Vale recordar que el Sindicato de Peones de Taxis es un brazo estratégico de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Opinión sobre la caída de la “Ley Ómnibus”

Con respecto a lo sucedido este martes en el Congreso de la Nación donde se volvió a comisiones la denominada Ley Ómnibus, García y Soto coincidieron en que primó la “racionalidad” y además, descomprime la presión social.

“Estuvimos presentes en las calles junto a los gremios hermanos de la CGT haciendo oír nuestro rechazo a lo que consideramos que es un atropello de Javier Milei a la ciudadanía. Continuaremos defendiendo la actual Ley de Contrato de Trabajo o luchando contra cualquier interés que impulse una reforma laboral que precarice las condiciones de vida de los trabajadores”, expresaron los dirigentes.   

A su vez, los Peones de Taxis participaron de la masiva movilización convocada por la CGT el pasado 24 de enero. Desde el gremio aseguraron que dicha acción produciría “el primer round entre sindicatos y Gobierno, lo que podría ser clave para la defensa de los derechos laborales a partir del fuerte rechazo al DNU 70/23 y al proyecto de ley ‘Bases'”.

En tanto, para García también titular de la Federación “el movimiento obrero está de pie” y dijo que tiene que “mantenerse unido en la defensa de los derechos laborales ante la presión del Gobierno”.

Fuente: Data Gremial